Fidel Manuel Cuevas Aguirre

Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
548/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Fidel Manuel Cuevas Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.548/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de dieciséis de mayo del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 3.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 4. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.548/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida en línea el trece de mayo de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por ******, a través de su autorizado legal licenciado *******, contra un acto del magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 548/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Fidel Manuel Cuevas Aguirre, a través de su autorizado en términos legal licenciado Julio César Morales Carrasco, reclama lo siguiente: Del magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar y notificar la sentencia en el expediente 45/2020. Por su parte, resulta necesario precisar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." (Lo resaltado es propio). Como se ve, del análisis conjunto de los preceptos transcritos se puede advertir el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional, el cual se materializa en la figura procesal de la parte quejosa, que implica, en lo que interesa, que solamente aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo que considere afectado por el acto de autoridad, podrá instarlo ya sea por propio derecho, su representante legal o apoderado. En ese sentido, del análisis íntegro de la demanda de amparo y de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte lo siguiente: La demanda de amparo fue promovida por el licenciado Julio César Morales Carrasco, quien dijo ser autorizado en términos amplios de Fidel Manuel Cuevas Aguirre. El promovente licenciado *** refirió que el once de agosto de dos mil veinte su "poderdante" presentó demanda de nulidad contra el oficio OP/DG/DPE/627/2020, de cinco de marzo de dos mil veinte. En auto de trece de agosto de dos mil veinte se radicó dicho asunto con el registro 45/2020, de la estadística de la ******* . En ese auto, entre otras cuestiones, se tuvo al licenciado Julio César Morales Carrasco, como autorizado de la parte actora en términos del artículo 148, quinto párrafo, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Dicho lo anterior se sigue que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada, debido a que al promovente licenciado Julio César Morales Carrasco le reviste el carácter de autorizado en términos del artículo 148, quinto párrafo, de la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en el juicio natural 45/2020 tramitado por la parte actora, aquí quejoso Fidel Manuel Cuevas Aguirre. Sin embargo, tal autorización no tiene el alcance de tenerlo como representante legal o apoderado en los términos del artículo 6, párrafo primero, de la ley de Amparo, porque dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio natural (expediente 45/2020), ya que el alcance de las facultades ".para rendir pruebas y alegar e interponer recursos, así como para presentar todo tipo de promociones." que estable el numeral 148, quinto párrafo, de la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca solo se limitan a la tramitación del proceso de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal o apoderado; ello es así, porque debe advertirse el contexto en el cual se da dicha facultad, es decir, dentro de un juicio seguido bajo las reglas de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; empero, este juicio de amparo constituye un medio de control constitucional de carácter extraordinario y no una instancia procesal más prevista por esa codificación. Además, porque esa autorización, se reitera, no confiere al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades de defensa se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que la parte autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las 'facultades' que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó. Esto es, los actos directamente vinculados con la formulación de la demanda de amparo, en todo caso, son exigibles a ******B, o a su representante legal o apoderado, carácter que hasta el momento de la presentación de la demanda no acreditó tener Julio César Morales Carrasco, aun cuando fue autorizado en términos del artículo 148, párrafo quinto de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, pues esa autorización no se equipara a una representación, menos para representarlo fuera del juicio en el que fue autorizado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 327, registro 2005035, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio". (Lo resaltado es propio) Así como la tesis XIX.1o.A.C.30 C, por los razonamientos expuestos, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 70, septiembre de 2019, Tomo III, página 1808, registro 2020619, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la demanda sea promovida por quien no resulte ser el titular del derecho subjetivo que se alega afectado de manera real y actual, por el acto reclamado; cuando no sea promovida por el representante legal o apoderado del quejoso; o bien, cuando el quejoso no la promueva por conducto de su representante legal o apoderado. Es decir, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que obliga a que la demanda sea promovida por quien se ve directamente afectado por el acto reclamado, por lo que es necesario que ésta sea firmada por el quejoso, su representante legal o apoderado, ya que sólo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado es quien está legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal, lo que puede hacer por sí o por su representante legal o apoderado. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso, su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, porque dicha autorización con la que cuenta, no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las "facultades amplias" que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó, pero no para representar a la autorizante fuera de ese procedimiento". (Lo resaltado es propio) Y la diversa la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-diciembre de 1990, página 566, registro 225116, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS. Si en el juicio constitucional comparece la quejosa por sus propios derechos, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra la sentencia dictada en un procedimiento judicial, donde fue demandada la sucesión a bienes del arrendatario y en donde el actor dijo que ella era la representante de la sucesión, en la especie se estima que el acto reclamado no afecta a la quejosa, en virtud de que la sentencia que se reclama recayó sobre la sucesión, la cual resulta ser la directamente agraviada, y quien en un momento dado es la única que podría promover a través de su representante legal o albacea el juicio de garantías de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de la materia, en virtud de que la amparista compareció por sus propios derechos y no como representante ni albacea de la sucesión aunque el actor le haya señalado un carácter, pues no existe prueba al respecto". 5. Determinación. Por lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, primer párrafo, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. 6. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 24 segundo párrafo de la Ley de Amparo, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas precisadas en la demanda de amparo, por así haberse solicitarlo. 7. Autorización para la consulta y notificación vía Electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de "jcesarmorales", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario proporcionado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. 8. Precisión del domicilio para recibir notificaciones. No pasa inadvertido que en la demanda de amparo haya autorizado un domicilio físico; sin embargo, se reitera, considerando la contingencia ocasionada por el virus covid-19, y el peligro de la propagación que representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones personales en el domicilio físico; por tanto, aquéllas se harán vía electrónica, a través del usuario ya referido, y únicamente en caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se hará en el domicilio físico proporcionado. 9. Medios electrónicos. Además, como lo solicita de acuerdo a la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga, por lo cual estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial; por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser trasmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Por ello, se indica al(a) actuario(a) de este Juzgado que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Con la precisión que para que pueda consultar el expediente, deberá de atender los lineamientos establecidos en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 13. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 14. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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