Fidel Maldonado Román

Expediente 589/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
589/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Fidel Maldonado Román
  • Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistente en el toca I-114/2020; lo anterior para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo promovido por Fidel Maldonado Román; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad, la documental consistente en el toca I-114/2020, en dos tomos que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: O Morelia, Michoacán, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 589/2020-VII, promovido por Fidel Maldonado Román, contra actos que reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de agosto de dos mil veinte, y remitido por esta al Tribunal Colegiado, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, quien por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se declaró incompetente para conocer del acto reclamado. Por lo que mediante oficio 2519, dicho Tribunal Colegiado turnó los autos a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por razón de turno se remitieron a este juzgado el mismo día, y de la demanda de amparo se desprende que Fidel Maldonado Román, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO. Sentencia definitiva que puso fin al juicio de fecha 3 tres de julio del año 2020, dos mil MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 veinte, que se dictó dentro del toca número 114/2020 formado con motivo del recurso de apelación que se hizo valer en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, en las diligencias de jurisdicción voluntaria número 659/2019, sobre información testimonial Ad perpetuam, que promoví a mi favor. Sentencia mediante la cual se confirma el fallo de primer grado que había declarado la improcedencia de dichas diligencias". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y se estimó innecesario solicitar el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, por ya obrar en autos; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 3 artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 5 Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 7 aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de tres de julio de dos mil veinte, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, dentro del toca civil 114/2020, que confirmó la interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veinte dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, en la que se declararon improcedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad perpetuam para suplir título de dominio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.- Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 9 Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las autoridades responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en toca original 114/2020, y original de las diligencias de jurisdicción voluntaria 659/2019. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el seis de julio de dos mil veinte, según se desprende de la constancia que obra a foja 15 del cuaderno de pruebas; por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente hábil, esto es, el siete del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 11 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el ocho de ese mes y año y concluyó el once de agosto del año en cita, término al que se le descuentan los correspondientes al periodo vacacional de la autoridad responsable que transcurrió del veinte al treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el cuatro de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, Fidel Maldonado Román, promovió en la vía de jurisdicción voluntaria diligencias de información testimonial Ad perpetuam, para suplir la falta de título escrito de dominio, respecto del inmueble rústico denominado anteriormente La Quiringucua y actualmente conocido como Las Anonas, ubicado en la brecha sin nombre de la población de San Ignacio, municipio de Huetamo, Michoacán, por lo que en proveído de uno de octubre de ese año, el Juez Mixto de Primera MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 Instancia de esa localidad, admitió a trámite dichas diligencias, registrándolas bajo el número 659/2019. 2. En resolución emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se dictó resolución interlocutoria, en la que se declararon improcedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad perpetuam para suplir título escrito de dominio. 3. Inconforme con esa determinación, el allá promovente interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, quien en ejecutoria de tres de julio de dos mil veinte, confirmó el fallo impugnado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 13 Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 15 cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que acude a esta instancia, en la calidad de parte dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. Ahora, la quejosa en diversas porciones del único concepto de violación refiere que la responsable no emitió una resolución fundada y motivada. La parte anterior del concepto de violación resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, el fallo combatido no adolece de falta de fundamentación y motivación que refiere la impetrante, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en primer término procedió a fijar su competencia; enseguida realizó una síntesis de los agravios planteados por la recurrente, y procedió a dar contestación a los agravios planteados, declarándolos infundados, para concluir confirmando MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 17 el auto recurrido; por lo tanto, el acto reclamado cumple con la garantía de legalidad que todo acto reclamado debe reunir. En diversas porciones del único concepto de violación, el quejoso señala que la responsable aplica en su perjuicio de forma retroactiva los artículos 2156 y 2157 del Código Civil del Estado, los cuales fueron derogados antes de que se promovieran las diligencias de jurisdicción voluntaria, los que estima no resultan aplicables porque precisamente han sido derogados. El anterior motivo de disenso resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, el Magistrado responsable en ningún momento fundó la resolución combatida en los referidos preceptos 2156 y 2157 del Código Civil del Estado, y por el contrario, señaló que el normativo citado en último término, había sido derogado, y si bien hizo alusión del mismo, esto se debió a que el diverso artículo 1174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado remite al referido artículo 2157, pero en ese aspecto el Magistrado precisó que éste último es correlativo del dispositivo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado; de ahí la exigencia de que acreditara la posesión con el dicho de cinco testigos de notorio arraigo en el lugar de ubicación de los bienes a que la información se refiere, además de los requisitos que establecen los artículos 1168, 1169 y 1170 de la legislación en comento. En esos términos, acorde a lo apreciado por la responsable, la derogación de los artículos resulta intrascendente, al existir un precepto legal que expresamente establece que la información debe ser rendida por cinco testigos con notorio arraigo del lugar de la ubicación del inmueble objeto de las diligencias. MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 De igual forma afirma el quejoso en diversa porción de su concepto de violación que la responsable aplicó de forma inexacta el artículo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Raíz por indebida interpretación, porque dicho precepto no establece que se requiera de cinco testigos para acreditar la posesión de inmueble, sino que únicamente exige que para que el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria se inscriban o registren, deben cumplir con las exigencias que establece el código civil y procesal civil del Estado; que por lo tanto, la responsable infringió la garantía de legalidad al no aplicar la ley conforme a la letra o a la interpretación jurídica. El anterior argumento se estima infundado, porque contrario a lo que sostiene, acorde a lo estimado por el Magistrado responsable, el referido artículo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Raíz, es correlativo del diverso 2157 del código civil derogado; por lo tanto si el normativo 1174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado hace alusión al derogado 2157, en nada afecta la cita de dicho normativo para fundar la resolución combatida, porque como se dijo, éste es correlativo del diverso 62 que sí se encuentra vigente, y siendo ello así, no es dable interpretar el referido artículo 62 de forma aislada, sin observar lo que al respecto dispone el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado, como lo pretende el quejoso. Por otra parte, el quejoso precisa en una diversa porción del concepto de violación, que la responsable no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, porque no emitió la resolución en los términos que fijan las leyes. MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 19 Lo anterior resulta infundado, puesto que el precepto constitucional en cita al hacer alusión a los términos que fijen las leyes, consagra en favor de los gobernados el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, esto es, que las autoridades están obligadas a emitir las resoluciones dentro del plazo que establecen las leyes, y es el caso que no se aprecia una dilación en la emisión de la sentencia que resolvió el fondo del asunto, puesto que de la fecha en que se citó a las partes para oír sentencia ( uno de julio de dos mil veinte)1 transcurrieron tan sólo dos días para su emisión; de ahí lo infundado de su argumento. Por último, el quejoso señala que el Magistrado responsable no cumple con el debido proceso, porque no valoró la totalidad de las pruebas que fueron admitidos y desahogados. El anterior motivo de disenso resulta inatendible, puesto que tal como lo precisó la responsable, si el allá promovente no acreditó la posesión del inmueble, resultaba intrascendente entrar el estudio de los demás medios de convicción ofrecidos y desahogados en aquellas diligencias. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Fidel Maldonado Román. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante 1 Foja 6 MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fidel Maldonado Román, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 589/2020-VII, promovido por Fidel Maldonado Román, contra actos que reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de agosto de dos mil veinte, y remitido por esta al Tribunal Colegiado, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, quien por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se declaró incompetente para conocer del acto reclamado. Por lo que mediante oficio 2519, dicho Tribunal Colegiado turnó los autos a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por razón de turno se remitieron a este juzgado el mismo día, y de la demanda de amparo se desprende que Fidel Maldonado Román, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO. Sentencia definitiva que puso fin al juicio de fecha 3 tres de julio del año 2020, dos mil MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 veinte, que se dictó dentro del toca número 114/2020 formado con motivo del recurso de apelación que se hizo valer en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, en las diligencias de jurisdicción voluntaria número 659/2019, sobre información testimonial Ad perpetuam, que promoví a mi favor. Sentencia mediante la cual se confirma el fallo de primer grado que había declarado la improcedencia de dichas diligencias". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y se estimó innecesario solicitar el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, por ya obrar en autos; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 3 artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 5 Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 7 aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de tres de julio de dos mil veinte, emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, dentro del toca civil 114/2020, que confirmó la interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veinte dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, en la que se declararon improcedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad perpetuam para suplir título de dominio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.- Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 9 Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las autoridades responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en toca original 114/2020, y original de las diligencias de jurisdicción voluntaria 659/2019. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el seis de julio de dos mil veinte, según se desprende de la constancia que obra a foja 15 del cuaderno de pruebas; por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente hábil, esto es, el siete del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 11 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el ocho de ese mes y año y concluyó el once de agosto del año en cita, término al que se le descuentan los correspondientes al periodo vacacional de la autoridad responsable que transcurrió del veinte al treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el cuatro de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, Fidel Maldonado Román, promovió en la vía de jurisdicción voluntaria diligencias de información testimonial Ad perpetuam, para suplir la falta de título escrito de dominio, respecto del inmueble rústico denominado anteriormente La Quiringucua y actualmente conocido como Las Anonas, ubicado en la brecha sin nombre de la población de San Ignacio, municipio de Huetamo, Michoacán, por lo que en proveído de uno de octubre de ese año, el Juez Mixto de Primera MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 Instancia de esa localidad, admitió a trámite dichas diligencias, registrándolas bajo el número 659/2019. 2. En resolución emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se dictó resolución interlocutoria, en la que se declararon improcedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad perpetuam para suplir título escrito de dominio. 3. Inconforme con esa determinación, el allá promovente interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, quien en ejecutoria de tres de julio de dos mil veinte, confirmó el fallo impugnado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 13 Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 15 cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que acude a esta instancia, en la calidad de parte dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. Ahora, la quejosa en diversas porciones del único concepto de violación refiere que la responsable no emitió una resolución fundada y motivada. La parte anterior del concepto de violación resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, el fallo combatido no adolece de falta de fundamentación y motivación que refiere la impetrante, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en primer término procedió a fijar su competencia; enseguida realizó una síntesis de los agravios planteados por la recurrente, y procedió a dar contestación a los agravios planteados, declarándolos infundados, para concluir confirmando MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 17 el auto recurrido; por lo tanto, el acto reclamado cumple con la garantía de legalidad que todo acto reclamado debe reunir. En diversas porciones del único concepto de violación, el quejoso señala que la responsable aplica en su perjuicio de forma retroactiva los artículos 2156 y 2157 del Código Civil del Estado, los cuales fueron derogados antes de que se promovieran las diligencias de jurisdicción voluntaria, los que estima no resultan aplicables porque precisamente han sido derogados. El anterior motivo de disenso resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, el Magistrado responsable en ningún momento fundó la resolución combatida en los referidos preceptos 2156 y 2157 del Código Civil del Estado, y por el contrario, señaló que el normativo citado en último término, había sido derogado, y si bien hizo alusión del mismo, esto se debió a que el diverso artículo 1174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado remite al referido artículo 2157, pero en ese aspecto el Magistrado precisó que éste último es correlativo del dispositivo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado; de ahí la exigencia de que acreditara la posesión con el dicho de cinco testigos de notorio arraigo en el lugar de ubicación de los bienes a que la información se refiere, además de los requisitos que establecen los artículos 1168, 1169 y 1170 de la legislación en comento. En esos términos, acorde a lo apreciado por la responsable, la derogación de los artículos resulta intrascendente, al existir un precepto legal que expresamente establece que la información debe ser rendida por cinco testigos con notorio arraigo del lugar de la ubicación del inmueble objeto de las diligencias. MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 De igual forma afirma el quejoso en diversa porción de su concepto de violación que la responsable aplicó de forma inexacta el artículo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Raíz por indebida interpretación, porque dicho precepto no establece que se requiera de cinco testigos para acreditar la posesión de inmueble, sino que únicamente exige que para que el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria se inscriban o registren, deben cumplir con las exigencias que establece el código civil y procesal civil del Estado; que por lo tanto, la responsable infringió la garantía de legalidad al no aplicar la ley conforme a la letra o a la interpretación jurídica. El anterior argumento se estima infundado, porque contrario a lo que sostiene, acorde a lo estimado por el Magistrado responsable, el referido artículo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Raíz, es correlativo del diverso 2157 del código civil derogado; por lo tanto si el normativo 1174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado hace alusión al derogado 2157, en nada afecta la cita de dicho normativo para fundar la resolución combatida, porque como se dijo, éste es correlativo del diverso 62 que sí se encuentra vigente, y siendo ello así, no es dable interpretar el referido artículo 62 de forma aislada, sin observar lo que al respecto dispone el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado, como lo pretende el quejoso. Por otra parte, el quejoso precisa en una diversa porción del concepto de violación, que la responsable no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, porque no emitió la resolución en los términos que fijan las leyes. MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 19 Lo anterior resulta infundado, puesto que el precepto constitucional en cita al hacer alusión a los términos que fijen las leyes, consagra en favor de los gobernados el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, esto es, que las autoridades están obligadas a emitir las resoluciones dentro del plazo que establecen las leyes, y es el caso que no se aprecia una dilación en la emisión de la sentencia que resolvió el fondo del asunto, puesto que de la fecha en que se citó a las partes para oír sentencia ( uno de julio de dos mil veinte)1 transcurrieron tan sólo dos días para su emisión; de ahí lo infundado de su argumento. Por último, el quejoso señala que el Magistrado responsable no cumple con el debido proceso, porque no valoró la totalidad de las pruebas que fueron admitidos y desahogados. El anterior motivo de disenso resulta inatendible, puesto que tal como lo precisó la responsable, si el allá promovente no acreditó la posesión del inmueble, resultaba intrascendente entrar el estudio de los demás medios de convicción ofrecidos y desahogados en aquellas diligencias. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Fidel Maldonado Román. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante 1 Foja 6 MARBELLA JUAREZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.18 10/02/22 11:13:17 haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fidel Maldonado Román, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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