Fidel Macedo Garcia
Expediente 115/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fidel Macedo Garcia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Como del oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Uruapan, Michoacán, se advierte que devuelve debidamente diligenciado en sus términos el exhorto 95/18, que le fue remitido para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado ordenara a quien correspondiera notificar el proveído de ocho de febrero del año que transcurre al quejoso -, lo que así hizo y acredita con las constancias que adjunta; en ese sentido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto este órgano jurisdiccional tenga conocimiento de la autoridad jurisdiccional que conocerá del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes. Dese de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente y acúsese recibo de estilo. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, quince de febrero de dos mil dieciocho. Por recibido el telegrama de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del exhorto 95/2018 del índice de éste órgano jurisdiccional, e informa que en cumplimiento a lo ahí solicitado se procedió a diligenciar en sus términos. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que suscribe el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que de acuerdo a lo solicitado en proveído de ocho de los actuales, efectuó la compensación de cargas ordenada en el sistema de cómputo, quedando asentado en el sistema con el número de orden 000591/2018 del rubro de demanda de amparo y contabilizado a favor de éste juzgado, para lo cual anexa la papeleta respectiva. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Director General del Centro Federal de Reinserción Social número 17 "CPS Michoacán" y otras autoridades, a quienes les reclama la omisión de proporcionarle anteojos de donación para que pueda ver mejor. El artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales disponen lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas, o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama la omisión por parte de las autoridades responsables de proporcionar al quejoso anteojos de donación para observar mejor, actos que producen implícitamente efectos positivos, lo que indubitablemente implica una ejecución material que se concreta en la acción de negarle de cierta forma el acceso a la salud y al suministro de artículos de uso personal, lo cual atento a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expuso el quejoso se llevan a cabo en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar en el que se encuentra el Centro Federal de Reinserción Social Número Diecisiete, pues es ahí donde resiente la afectación material de las omisiones de las autoridades penitenciaras, o sea, la ejecución de los mismos, en la acepción que debe atribuirse correctamente al artículo 37 de la Ley de Amparo, según se explicó anteriormente. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, sí es un hecho cierto que las responsable serán quienes tomen la determinación de permitir o no al quejoso el suministro de los artículos señalados con antelación; entonces, como tal ejecución material del acto reclamado tendrá acaecimiento en dicha localidad corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno con residencia en Uruapan, Michoacán, por ser el que ejerce jurisdicción en aquella ciudad. Consecuentemente, si las omisiones reclamadas conllevan ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en turno con residencia en Uruapan, Michoacán, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno con residencia en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis publicada en la página 4311, Tomo 5, con número de registro 2000066, Enero 2012, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO.La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado." No pasa inadvertido para el suscrito, que de un análisis del escrito de demanda, se desprende que el quejoso señala la omisión por parte de las responsables de proporcionarle medicamento para que cesen los dolores de cabeza que le provocan el forzar la vista, sin embargo, tampoco es óbice que ya se le concedió la suspensión de plano en el amparo II-116/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, para el efecto de que se le proporcione la atención médica adecuada para salvaguardar su bienestar físico; lo que constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, señala como violadas en su perjuicio las garantías contenidas en el artículo 22 Constitucional, empero no ha lugar a decretar la suspensión de plano toda vez que del propio libelo constitucional no se advierte que el mismo se encuentre incomunicado o bien, en alguno de los supuestos que establece dicho dispositivo constitucional. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por tanto al encontrarse dicho domicilio fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con apoyo en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria en Materia de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, se constituya en el domicilio señalado con anterioridad y le notifique al quejoso al presente auto. Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez para que habilite días y horas inhábiles a efecto de llevar a cabo el emplazamiento encomendado. Gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a fin de que se haga la compensación respectiva. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
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