Fidel López Montor
Expediente 660/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Fidel López Montor
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el juez responsable, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas de la causa penal 128-2/2009 que constituyen el tomo de prueba I, devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil diecisiete. Vista la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, oficio 19195/2017 y copia certificada de las actuaciones del juicio de amparo 346/2017, del índice de la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, promovida por Fidel López Montor, por su propio derecho, con motivo de la resolución de separación de juicios de amparo en la que se determinó separar el procedimiento para conformar juicio de amparo por cada uno de los actos reclamados que se hicieron consistir en las órdenes de reaprehensión dictadas en contra del citado quejoso, dentro de las causas penales 115/2003-I y 128-2/2009, dictadas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, la primera por el delito de daños, en agravio de Narciso Molina Joanico, y la segunda por el diverso ilícito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por el artículo 179 del Código Penal abrogado, en agravio de Lucio García López, y por razón de turno a este Órgano de Control Constitucional le correspondió conocer de la orden de reaprehensión, emitida dentro de la causa penal 128-2/2009, por el delito y agraviado antes mencionados. Acúsese recibo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 660/2017, y fórmese expediente. Este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto. Sin que en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, resulte necesario dictar mayor pronunciamiento en cuanto a la admisión de la demanda de amparo promovida por Fidel López Montor, por su propio derecho, únicamente por cuanto hace a la orden de reaprehensión atribuida al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, y de otras autoridades, derivada de la referida causa penal 128-2/2009, por el delito de daños imprudenciales, en agravio de Lucio García López. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Y TOMO DE PRUEBA De las constancias que se allegaron al presente asunto, entre otras, copia certificada de los cuadernillos del incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa; con apoyo en el numeral 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, manéjense por cuerda separada los cuadernos de referencia, y dado que en éstos ya se emitió la interlocutoria que determinó sobre la suspensión definitiva de las autoridades responsables, debe prevalecer en sus términos, al no haber hasta este momento un hecho superveniente que pueda modificarla; asimismo, hágase el cambio de carátulas de los incidentes INFORME JUSTIFICADO Sin que resulte necesario requerir el informe con justificación a las autoridades designadas como responsables en este asunto, dado que ya obran en autos; por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, téngase por rendidos dichos informes, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto de las constancias remitidas por el Juez responsable, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas de la causa penal 128-2/2009, de la que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle cinco de mayo, número treinta y uno, despacho veinte, primer piso, colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Olegario Fernández Díaz, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan José Ponciano Peralta y Genoveva Santamaría Arellano, por no cumplir con el requisito anterior. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por otra parte, de las actuaciones que integran el presente asunto, se desprende que el uno de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, mediante el cual informó y remitió copia certificada del auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, declaro extinguida la acción penal ejercitada en contra de Alberto Fidel López Montor, por el delito de daños imprudenciales, en agravio de Lucio García López, en razón de que el citado agraviado le otorgó el perdón al quejoso de mérito, dictado en la causa penal 128-2/2009; y tomando en consideración que en el presente juicio se reclamó la orden de reaprehensión de diez de marzo de dos mil diecisiete, se actualiza la causal de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las actuaciones remitidas en copia certificada por el juzgado declinante, específicamente las recibidas en acuerdo de uno de junio del presente año, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que al haber otorgado la parte ofendida el perdón al quejoso, se declaró extinguida la acción penal y se ordenó el sobreseimiento a favor de esta última; motivo por el cual, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando la quejosa en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En esas condiciones, al sobrevenir de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya promovido su demanda con el nombre de Fidel López Montor; puesto que advierte como un error que no es de tal naturaleza que impida identificar a la persona que se le atribuye ese nombre, si existe coincidencia en los otros elementos que integran su denominación, de modo que no existe la posibilidad de considerar que se trata de una persona diversa. Finalmente, no pasa inadvertido que no se notificó el inicio del presente juicio al tercero interesado Lucio García López, sin embargo, dado el sentido del presente acuerdo, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso insistir dicho llamamiento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIELCISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil diecisiete. Vista la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, oficio 19195/2017 y copia certificada de las actuaciones del juicio de amparo 346/2017, del índice de la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, promovida por Fidel López Montor, por su propio derecho, con motivo de la resolución de separación de juicios de amparo en la que se determinó separar el procedimiento para conformar juicio de amparo por cada uno de los actos reclamados que se hicieron consistir en las órdenes de reaprehensión dictadas en contra del citado quejoso, dentro de las causas penales 115/2003-I y 128-2/2009, dictadas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, la primera por el delito de daños, en agravio de Narciso Molina Joanico, y la segunda por el diverso ilícito de daños imprudenciales, previsto y sancionado por el artículo 179 del Código Penal abrogado, en agravio de Lucio García López, y por razón de turno a este Órgano de Control Constitucional le correspondió conocer de la orden de reaprehensión, emitida dentro de la causa penal 128-2/2009, por el delito y agraviado antes mencionados. Acúsese recibo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 660/2017, y fórmese expediente. Este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto. Sin que en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, resulte necesario dictar mayor pronunciamiento en cuanto a la admisión de la demanda de amparo promovida por Fidel López Montor, por su propio derecho, únicamente por cuanto hace a la orden de reaprehensión atribuida al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, y de otras autoridades, derivada de la referida causa penal 128-2/2009, por el delito de daños imprudenciales, en agravio de Lucio García López. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Y TOMO DE PRUEBA De las constancias que se allegaron al presente asunto, entre otras, copia certificada de los cuadernillos del incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa; con apoyo en el numeral 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, manéjense por cuerda separada los cuadernos de referencia, y dado que en éstos ya se emitió la interlocutoria que determinó sobre la suspensión definitiva de las autoridades responsables, debe prevalecer en sus términos, al no haber hasta este momento un hecho superveniente que pueda modificarla; asimismo, hágase el cambio de carátulas de los incidentes INFORME JUSTIFICADO Sin que resulte necesario requerir el informe con justificación a las autoridades designadas como responsables en este asunto, dado que ya obran en autos; por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, téngase por rendidos dichos informes, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto de las constancias remitidas por el Juez responsable, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas de la causa penal 128-2/2009, de la que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle cinco de mayo, número treinta y uno, despacho veinte, primer piso, colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Olegario Fernández Díaz, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan José Ponciano Peralta y Genoveva Santamaría Arellano, por no cumplir con el requisito anterior. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por otra parte, de las actuaciones que integran el presente asunto, se desprende que el uno de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, mediante el cual informó y remitió copia certificada del auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, declaro extinguida la acción penal ejercitada en contra de Alberto Fidel López Montor, por el delito de daños imprudenciales, en agravio de Lucio García López, en razón de que el citado agraviado le otorgó el perdón al quejoso de mérito, dictado en la causa penal 128-2/2009; y tomando en consideración que en el presente juicio se reclamó la orden de reaprehensión de diez de marzo de dos mil diecisiete, se actualiza la causal de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las actuaciones remitidas en copia certificada por el juzgado declinante, específicamente las recibidas en acuerdo de uno de junio del presente año, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que al haber otorgado la parte ofendida el perdón al quejoso, se declaró extinguida la acción penal y se ordenó el sobreseimiento a favor de esta última; motivo por el cual, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando la quejosa en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En esas condiciones, al sobrevenir de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya promovido su demanda con el nombre de Fidel López Montor; puesto que advierte como un error que no es de tal naturaleza que impida identificar a la persona que se le atribuye ese nombre, si existe coincidencia en los otros elementos que integran su denominación, de modo que no existe la posibilidad de considerar que se trata de una persona diversa. Finalmente, no pasa inadvertido que no se notificó el inicio del presente juicio al tercero interesado Lucio García López, sin embargo, dado el sentido del presente acuerdo, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso insistir dicho llamamiento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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