Fidel López Martínez

Expediente 400/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
400/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Fidel López Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 400/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar al tercero interesado Pablo López Guzmán la resolución de veintiocho y auto de treinta, ambos de agosto de dos mil dieciocho, por las razones que en la misma expone. En mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, al advertirse que el tercero interesado Pablo López Guzmán no se apersonó en este juicio de amparo, ni señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal, practíquense las notificaciones de la sentencia y auto de referencia, así como las subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe...AUTO Y SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ...Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 400/2018-IV, promovido por FIDEL LÓPEZ MARTÍNEZ, constante de ciento diez fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio, así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 400/2018-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 291/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Fidel López Martínez, por su propio derecho, en contra del acto del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 12 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Fidel López Martínez por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcribe: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- LIC. JAVIER HERNANDO ROMERO ULLOA, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. IV. ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha VEINTIUNO DE FEBRERO 2018, donde decreta me impone como medida cautelar la PRISIÓN PREVENTIVA, POR EL DELITO DE violencia familiar". Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 19, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuyo titular, mediante proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 13 a 19 del juicio de amparo) registró la demanda con el número 400/2018-IV; y la admitió a trámite; solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, a las diez horas con catorce minutos del día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que obra a foja 76 del juicio de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de junio de dos mil dieciocho (foja 77 del expediente de amparo), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 400/2018-IV de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento a la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en el dictado de sentencias de juicios de amparo indirecto; así, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 291/2018-III; por tanto, al haber iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de diecisiete de mayo actual, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto con ejecución en Jojutla, Morelos, donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: La resolución decretada en audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en la causa penal JCJ/059/2018 que se instruye en contra del quejoso por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Pablo López Guzmán, Pedro y Elizabeth, ambos de apellidos López Martínez, en lo referente a la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. Acto reclamado del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la certeza del acto que se le reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto, pues las manifestaciones de la responsable constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la constancia que acompañó la juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y las copias certificadas de la carpeta penal JCJ/059/2018; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos del juicio de garantías, son los siguientes: 1. Ante el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos, se radicó la causa penal JCJ/059/2018, en contra del ahora quejoso Fidel López Martínez por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Pablo López Guzmán, Pedro y Elizabeth ambos de apellidos López Martínez. 2. En audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se llevó al cabo la audiencia inicial en que el juez responsable decretó de legal la detención del peticionario del amparo, se formuló imputación en su contra por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 202 bis del Código Penal del Estado de Morelos y a solicitud de la representación social, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva.. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio. De conformidad con lo previsto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por tanto, en cuanto al acto reclamado indicado en el considerando que antecede, debe decirse que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia y que por ser de orden público, debe analizarse preferentemente en el juicio de garantías, consistente en la cesación del acto reclamado, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Precepto legal transcrito, del que se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, es decir, cuando son destruidos en forma total esos efectos, de tal modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación que se aduce. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" . Ahora bien, de las constancias enviadas por la juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, residente en Jojutla, recepcionadas por el juzgado auxiliado el diez de agosto de dos mil dieciocho, y en este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente (con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional), se advierte que en audiencia de juicio oral iniciada el tres y culminada el seis de julio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal JOJ/038/2018, se dictó fallo absolutorio en favor del quejoso Fidel López Martínez, por la comisión del delito de violencia familiar, por lo que se ordenó su inmediata libertad. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por autoridades en ejercicio y con motivo de sus funciones. Encuentra apoyo lo dicho, en la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo expuesto se advierte, sin lugar a dudas, que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, pues el acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en que se impuso al quejoso como medida cautelar prisión preventiva, cesó en sus efectos al haberse absuelto al quejoso del delito imputado y haber obtenido su libertad, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de la autoridad responsable; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejó, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en los derechos subjetivos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional. Es aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, se invoca la jurisprudencia III.2o.C. J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, el suscrito juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa en su demanda, en relación con la inconstitucionalidad que aduce del mencionado acto combatido. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia VI, 1o.J/23 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Fidel López Martínez, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del secretario Cuauhtémoc Fuentes Rodríguez, que firma y da fe, hoy veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 400/2018-IV, promovido por FIDEL LÓPEZ MARTÍNEZ, constante de ciento diez fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio, así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 400/2018-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 291/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Fidel López Martínez, por su propio derecho, en contra del acto del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 12 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Fidel López Martínez por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcribe: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- LIC. JAVIER HERNANDO ROMERO ULLOA, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. IV. ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha VEINTIUNO DE FEBRERO 2018, donde decreta me impone como medida cautelar la PRISIÓN PREVENTIVA, POR EL DELITO DE violencia familiar". Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 19, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuyo titular, mediante proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 13 a 19 del juicio de amparo) registró la demanda con el número 400/2018-IV; y la admitió a trámite; solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, a las diez horas con catorce minutos del día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que obra a foja 76 del juicio de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de junio de dos mil dieciocho (foja 77 del expediente de amparo), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 400/2018-IV de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento a la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en el dictado de sentencias de juicios de amparo indirecto; así, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 291/2018-III; por tanto, al haber iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de diecisiete de mayo actual, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto con ejecución en Jojutla, Morelos, donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: La resolución decretada en audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en la causa penal JCJ/059/2018 que se instruye en contra del quejoso por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Pablo López Guzmán, Pedro y Elizabeth, ambos de apellidos López Martínez, en lo referente a la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. Acto reclamado del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la certeza del acto que se le reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto, pues las manifestaciones de la responsable constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la constancia que acompañó la juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y las copias certificadas de la carpeta penal JCJ/059/2018; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos del juicio de garantías, son los siguientes: 1. Ante el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, residente en Jojutla, Morelos, se radicó la causa penal JCJ/059/2018, en contra del ahora quejoso Fidel López Martínez por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Pablo López Guzmán, Pedro y Elizabeth ambos de apellidos López Martínez. 2. En audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se llevó al cabo la audiencia inicial en que el juez responsable decretó de legal la detención del peticionario del amparo, se formuló imputación en su contra por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 202 bis del Código Penal del Estado de Morelos y a solicitud de la representación social, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva.. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio. De conformidad con lo previsto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por tanto, en cuanto al acto reclamado indicado en el considerando que antecede, debe decirse que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia y que por ser de orden público, debe analizarse preferentemente en el juicio de garantías, consistente en la cesación del acto reclamado, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Precepto legal transcrito, del que se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, es decir, cuando son destruidos en forma total esos efectos, de tal modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación que se aduce. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" . Ahora bien, de las constancias enviadas por la juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, residente en Jojutla, recepcionadas por el juzgado auxiliado el diez de agosto de dos mil dieciocho, y en este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente (con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional), se advierte que en audiencia de juicio oral iniciada el tres y culminada el seis de julio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal JOJ/038/2018, se dictó fallo absolutorio en favor del quejoso Fidel López Martínez, por la comisión del delito de violencia familiar, por lo que se ordenó su inmediata libertad. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por autoridades en ejercicio y con motivo de sus funciones. Encuentra apoyo lo dicho, en la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo expuesto se advierte, sin lugar a dudas, que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, pues el acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en que se impuso al quejoso como medida cautelar prisión preventiva, cesó en sus efectos al haberse absuelto al quejoso del delito imputado y haber obtenido su libertad, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de la autoridad responsable; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejó, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en los derechos subjetivos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional. Es aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, se invoca la jurisprudencia III.2o.C. J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, el suscrito juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa en su demanda, en relación con la inconstitucionalidad que aduce del mencionado acto combatido. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia VI, 1o.J/23 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Fidel López Martínez, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del secretario Cuauhtémoc Fuentes Rodríguez, que firma y da fe, hoy veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio 03830/18 signado por el Juzgado Primero de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que por unanimidad dictaron el fallo absolutorio a favor del acusado -aquí quejoso- Fidel López Martínez, ordenando el levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo cual adjunta para acreditar lo anterior copias certificadas y un disco de video (DVD) que contiene las audiencias de juicio oral de tres y seis de julio de dos mil dieciocho; agréguese únicamente al cuadernillo provisional el oficio original y en virtud de que el cuaderno principal se encuentra en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato remítanse por correo acelerado las copias y el disco (DVD) en comento. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano