Fidel Jaime Ruiz Caballero

Expediente 1018/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1018/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
22/01/2018

Partes del expediente

  • Fidel Jaime Ruiz Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA II A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación del Secretario, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Comuníquese a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, el duplicado del expediente penal 71/2014 de ese índice, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el Actuario adscrito, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercera interesada la sentencia dictada en este asunto, por las razones que expone. En tal virtud, como se encuentra ordenado en proveído de trece de diciembre pasado, notifíquese la aludida determinación a dicha parte procesal por lista de acuerdos. INSERCCION Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FIDEL JAIME RUIZ CABALLERO contra los actos que reclamó al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, consistente en la omisión de dictar sentencia en los autos de la causa penal 71/2017. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1018/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 7 a 15), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y remitida a este Juzgado Octavo Distrito el mismo día, por razón de turno, FIDEL JAIME RUIZ CABALLERO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que hizo consistir en: "4. EL ACTO QUE SE RECLAMA ES LA NEGATIVA A DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA DENTRO DE LA CAUSA NÚMERO 71/2014." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 16 y 17), con dicha demanda se ordenó formar el expediente 1018/2017 y se previno a la parte quejosa para que precisara diversas circunstancias de la aludida demanda de amparo. Previo cumplimiento a la aludida prevención, el veintisiete de septiembre siguiente (fojas 26 y 28), se admitió la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete y se citó a las partes a la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite del juicio, la audiencia constitucional se celebró en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que el acto que se reclama se ejecutará en un territorio sobre la cual ejerce competencia este órgano de control constitucional, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio, se advierte que el acto reclamado, a la autoridade responsable, es: Del Juez Cuarto de lo Penal de Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca: La omisión de dictar sentencia en la causa penal 71/2014. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez Cuarto de lo Penal del distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad Oaxaca, reconoció la existencia del acto reclamado (foja 35 y 36). Además, dicha certeza se corrobora con el duplicado del expediente penal 71/2014, de su registro, que por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. De las constancias que integran el sumario, valoradas en párrafos precedentes, se deduce, en lo que interesa: 1. El veinte de marzo de dos mil trece (fojas 3 y 8) el Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría General Zona Norte declaró el inicio de la averiguación previa bajo el número 34(F.M.)2013. 2. Seguida la etapa de la indagatoria, mediante resolución de veintidós de abril de dos mil catorce (fojas 187 a 197), la Fiscalía Investigadora resolvió ejercitar acción penal contra Fidel Jaime Ruiz Caballero y otros. 3. El veintidós de julio de dos mil catorce (fojas 1, 198 a 217), en la causa penal 71/2014, el Juez Cuarto de lo Penal del Centro, al resolver la solicitud de orden de aprehensión de la representación social, determinó librarla. 4. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce (foja 218), un Agente Estatal de Investigaciones dejó a disposición del juez de la causa a Fidel Jaime Ruiz Caballero, en virtud de haber ejecutado la orden de aprehensión. 5. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce (foja 222 a 226), Fidel Jaime Ruiz Caballero declaró en preparatoria ante la autoridad judicial responsable. 6. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce (fojas 256 a 275), transcurrido el plazo constitucional, se resolvió la situación jurídica de Fidel Jaime Ruiz Caballero, en la que la autoridad judicial determinó dictar auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de Marcelino Carrasco Matadamas. 7. Contra dicho auto de término, Fidel Jaime Ruiz Caballero, promovió juicio de amparo indirecto cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 566 vuelta último párrafo); por lo que en cumplimiento, se dejó insubsistente el auto de plazo constitucional de veintitrés de septiembre de dos mil catorce. 8. El quince de abril de dos mil quince (fojas 588 a 607), nuevamente se resolvió la situación jurídica del quejoso Fidel Jaime Ruiz Caballero, en la que se volvió a dictar formal prisión en su contra por el delito de equiparado a la retención cometido en perjuicio patrimonial de Marcelino Carrasco Matadamas. 9. El once de mayo de dos mil quince (foja 611), Fidel Jaime Ruiz Caballero promovió recurso de apelación contra la resolución de quince de abril de dos mil quince. 10. También, derivado de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el que declaró fundado el recurso de inconformidad 26/2015, promovida por Fidel Jaime Ruiz Caballero, el dos de diciembre de dos mil quince (fojas 700 vuelta y 701), nuevamente se dejó insubsistente todo lo actuado en la aludida causa penal, a partir de la diligencia de declaración preparatoria de dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 11. El nueve de diciembre de dos mil quince (fojas 709 a 726), se resolvió la situación jurídica del quejoso Fidel Jaime Ruiz Caballero, en la que se volvió a dictar formal prisión en su contra por el delito ya mencionado. 12. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis (fojas 731 a 733), el juez de la causa dictó auto en el que agregó la resolución emitida por el tribunal de alzada en el recurso de apelación promovido por Fidel Jaime Ruiz Caballero, contra la resolución de quince de abril de dos mil quince -en la que se dictó formal prisión en su contra por el delito de equiparado a la retención cometido en perjuicio patrimonial de Marcelino Carrasco Matadamas-, resolución que ordenó la reposición del procedimiento a partir del discernimiento del perito en materia de grafoscopía y grafología al carecer de firma. 13. De igual manera en el siguiente cuatro se relacionan los escritos presentados por el quejoso, las pruebas desahogas y pendientes de desahogar, así como el motivo para ello: ESCRITO (PETICIONES PRESENTADAS POR EL PROCESADO) INTERROGATORIO (ACUERDO) CAREOS (ACUERDO) PERICIALES (ACUERDO) - En diligencia de 18/09/2014 se ofrecen y se admiten -fojas 226 a 246- Se admite el 18/09/2014 -foja 226- Grafología y grafoscopía Admitida el 18/09/2014 -foja 226- Programada para el 22/09/2014 El 22/092014 el perito informa su imposibilidad en virtud de que los puntos ofertados son materia de diversa pericial -fojas 247 a 255- 6/10/2014 Reintera interrogatorio y pericial en documentoscopía y caligrafoscopía y caligrafía -fojas 505 y 506- En auto de 19/11/2014 se programa para el 9/12/2014 -fojas 504 y 507- En escrito de 24/09/2017 se ofrece pericial en documentoscopía -foja 307- 5/11/2014 Reintera interrogatorio y pericial en documentoscopía y caligrafoscopía y caligrafía -fojas 522- 9/12/2014 certifica no desahogo de interrogatorios, el 10/12/2014 reprograma para el 5/01/2015 -fojas 537 vuelta y 539 vuelta- En auto de 19/11/2014 se requiere perito en grafoscopía y grafología -fojas 504 vuelta- 6/01/2015 Reintera interrogatorio y solicita fecha y hora para discernimiento de cargo de perito designado -fojas 522- 5/01/2015 certifica no desahogo de interrogatorios, el 20/01/2017 reprograma para el 24/02/2015 -fojas 542 vuelta y 550 y 554- El 10/12/2014 PGR designa perito. -foja 539 a 541- 11/02/2015 revoca domicilio y defensor -foja 568- 24/2/2015 certifica no desahogo de interrogatorios, el 9/04/2015 reprograma para el 13/04/2015 -fojas 563 vuelta y 570 vuelta- 04/02/2016 se programa el 10/02/2017 para el discernimiento de cargo de perito en materia de grafoscopía y grafología -foja 731- 13/04/2015 nuevamente revoca domicilio y defensor -foja 577- 13/04/2015 certifica no desahogo de interrogatorios, el 13/04/2015 reprograma para el 14/04/2015 -fojas 575 y 576- 10/02/2015 certifica no desahogo discernimiento de cargo de perito, el 11/02/2015 reprograma para el 18/03/2015 -fojas 770 vuelta y 771- 08/06/2015 solicita presentación de testigos y querellantes por medio del ministerio público -foja 654- 14/04/2015 certifica no desahogo de interrogatorios, el 14/04/2015 reprograma para el 15/04/2015 -foja 585- 19/8/2015 -Revoca defensor y domicilio -insiste en interrogatorio -Pide citación de perito. -foja 667- 15/04/2015 certifica no desahogo de interrogatorios -foja 588- 18/02/2016 revoca defensor y señalada al de oficio -foja 774- 02/02/2016 revoca defensor y señala a defensor particular -foja 775- 09/09/2015 se ordena requerir informes a diversas autoridad para que informe el domicilio que tengan registrado del ofendido y la testigo -foja 664 vuelta, 672 y 673- El 2/12/2015 se señala 4/12/2015 para la diligencia de interrogatorios -foja 701- 7/12/2015 certifica no desahogo de interrogatorios -foja 703- 10/05/2016 programa para el 14/06/2016 la diligencia de interrogatorios. -fojas 779 a 781- 29/04/2016 nombra persona de confianza -foja 789- 14/06/2016 se desahoga interrogatorio -foja 793 a 820- 26/05/2016 solicita careos e interrogatorio -fojas 838- 15/07/2016 programa careos para el 30/08/2016 -fojas 821 y 822- 8/9/2016 y 7/10/2016 vuelve a solicitar careos -fojas 848 y 849- 30/08/2016 certifica no desahogo de careos, el 17/10/2016 reprograma para el 15/11/2016 -foja 585- 26/10/2016 vuelve a ofrecer careos y solicita defensor de oficio -foja 858 y 859- 15/11/2016 solicita careos supletorios -foja 866- 28/12/2016 se programa para el desahogo de los careos el 30/01/2017 -fojas 862- 26/01/2017 solicita revisión de medida cautelar y desiste de cualquier prueba -fojas 907 a 910 y 911- El 17/02/2017, se reprograma la diligencia de careos para el 24/04/2017 -fojas 871, 913 a 915- 24/04/2017 revoca defensor y domicilio señala nuevos -foja 934- 07/06/2017 insiste en los careos y ofrece documentales que deben ser requeridos -fojas 945 y 946- El 23-06/2017 se programa el 25/07/2017 para los careos -fojas 943- 15/08/2017 se reprograman los careos para el 08/09/2017 y ordena la presentación del ofendido y los atestes por medio de la fuerza pública -fojas 951 vuelta y 953- 13/10/2017 nuevamente reprograma los careos para el 22/11/2017, y ordena la presentación de presentación del ofendido y los atestes por medio de la fuerza pública y impone multa. -fojas 963- 06/09/2017 se realiza discernimiento de cargo de perito. -fojas 978 vuelta y 979- QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, procede el estudio del acto reclamado y los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Así, la parte quejosa argumenta: 1. Que la actuación de la responsable contraviene lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Federal porque a pesar de haber desarrollado pruebas en su defensa, por circunstancias como vacaciones de los secretarios, cambio de juez y otras mas, han retrasado el desarrollo del proceso, y por tanto, no se ha dictado sentencia 2. Que de acuerdo al nuevo proceso, la fiscalía no ha demostrado con claridad que haya cometido el delito de retención equiparada, menos aun con su obligación de presentar pruebas que lleven a la convicción de que haya cometido el delito. Los motivos de inconformidad expuestos, como se dijo, son infundados. Precisión. Resulta oportuno destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, el artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, por cuanto hace al sistema procesal penal previsto en la modificación a tales preceptos, así como las garantías que consagra la Constitución Federal en el tema que nos ocupa, su entrada en vigor se encontraba condicionada a la declaratoria que al efecto realizaran los poderes legislativos locales. Situación anterior que en el Estado de Oaxaca, para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, aconteció el uno de noviembre de dos mil catorce, según se advierte del Decreto 637, por medio del cual se establece la entrada en vigor del citado código, y se reforma el artículo Primero Transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, declarando incorporado por regiones, al orden jurídico de dicha entidad, el Sistema procesal penal acusatorio y oral que se consagra en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, para el municipio Oaxaca de Juárez, Oaxaca, entraría en vigor, a partir del día tres de mayo del año dos mil dieciséis, de acuerdo al artículo Primero Transitorio, inciso d), al corresponder a la región de Valles Centrales de esa entidad federativa. De lo anterior, tenemos que si los hechos motivo de la omisión reclamada acontecieron el trece de marzo de dos mil trece, es decir, con antelación a la entrada en vigor de la reforma constitucional de mérito en el Estado de Oaxaca, el análisis del acto que se reclama se atenderá al texto anterior de la Carta Magna, por resultar aplicable al caso concreto. Bajo ese contexto, el artículo 20, apartado "A", fracción VIII, Constitucional, en relación con el 242, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías. A. Del inculpado: [.] VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; [.]". CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE OAXACA. "Artículo 242.- [.] Igualmente se le harán saber todas las siguientes garantías que le otorga el artículo 20 de la Constitución Federal: que se le recibirán todos los testigos y las pruebas que ofrezca, en términos legales, ayudándole para obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio; y que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y consten en el proceso." De los numerales transcritos se advierte que uno de los derechos constitucionales de toda persona sometida a un proceso penal por la comisión de un delito, es que sea juzgada antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. En el caso, el acto reclamado lo constituye la omisión de dar cumplimiento a lo previsto por la fracción VIII, apartado "A", del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho; esto es, la omisión de dictar sentencia en el proceso penal 71/2014, del Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, que se instruye al aquí quejoso FIDEL JAIME RUIZ CABALLERO y otros, por el delito de equiparado a la retención cometido en perjuicio patrimonial de Marcelino Carrasco Matadamas. El delito por el que se encuentra privado de su libertad el quejoso es el de equiparado a la retención, el cual tiene una penalidad de cinco a diez años de prisión, de conformidad con los artículos 378 y 379, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, vigente en la época de los hechos y que de acuerdo con la ley suprema y procesal antes citadas, el inculpado debe ser juzgado antes de un año, si la pena máxima excede de dos años de prisión. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que el quejoso ha estado detenido con motivo de los hechos que se le imputan desde el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en que fue cumplimentada la orden de aprehensión emitida en su contra, es decir, hace más de tres años; empero, lo cierto es que el retraso de que se duele ha sido con el fin de salvaguardar su derecho a una defensa adecuada, como lo es el desahogo de diversas probanzas ofrecidas por su defensa. Al respecto, previo a determinar si la prisión preventiva que ha guardado el quejoso es excesiva y, con ello se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental que consagra el artículo 20, apartado "A", fracción VIII, de la Constitución, es preciso explicar la figura del "plazo razonable", de la prisión preventiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la prisión preventiva es la privación de la libertad deambulatoria por el tiempo que dure el proceso hasta que se resuelva la situación jurídica del inculpado; en tanto que la prisión punitiva se refiere a la sanción privativa de la libertad por la comisión de un delito. Asimismo ha señalado, que la prisión preventiva debe formar parte de la pena, como lo reconoce el legislador constitucional en el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte en que dispone que: "En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención". Tal disposición implícitamente estatuye que la prisión preventiva y la prisión punitiva comparten de manera afín una restricción a un derecho fundamental, ya que más allá de cualquier tecnicismo procesal o ejecutivo, ambas traen aparejada la pérdida de la libertad del individuo. Sin embargo, el hecho de que la prisión preventiva y la punitiva compartan los mismos efectos restrictivos al derecho fundamental de la libertad de un individuo, no significa que su naturaleza sea la misma, ya que la primera consiste en una medida cautelar provisional que no puede exceder de un término procesal, mientras que la segunda corresponde a la sanción relativa a la conclusión del proceso instaurado en contra del inculpado, donde en forma definitiva se considera justificado privarlo de su libertad por ser penalmente responsable en la comisión de un delito merecedor de ese castigo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva transcurre hasta el dictado de la sentencia irrevocable; porque a partir de ahí comienza la fase de ejecución de la sentencia, y que ello se colige de la expresión del artículo constitucional transcrito: "Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso." Entonces es válido concluir, que el tiempo de la prisión preventiva incluye el periodo en que el inculpado permanece privado de su libertad hasta en tanto no existe resolución firme respecto de su situación jurídica. Sustenta lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme." Así como la tesis aislada número 1a. CLXXXII/2011 (9a.) , también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia." Así, de conformidad con la Constitución Federal, la prisión preventiva no puede prolongarse por más tiempo del que como límite establece la ley para el delito que motiva el proceso. Al respecto, la Primera Sala citada, afirmó que desde la perspectiva de la ley fundamental, una aproximación para considerar razonable el plazo de la prisión preventiva es: a) Cuatro meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión; b) Un año, si la pena excede de ese tiempo; o c) Mayor tiempo, si el inculpado ejerce su derecho de defensa. Pero que, establecer un "plazo razonable" únicamente desde esa óptica, podría ser atentatorio de los derechos humanos de la persona, pues podía darse el caso de que al inculpado se le mantuviera privado de su libertad con motivo del auto de formal prisión y éste ya no quisiera ofrecer pruebas, siendo su deseo renunciar al plazo constitucional para ser juzgado y que se le sentenciara de inmediato a pesar de que todavía no hubiera transcurrido el tiempo que la ley suprema establece para tal efecto (cuatro meses o un año); que entonces, el que se le constriña sin decisión firme a permanecer en prisión preventiva hasta la culminación de los plazos constitucionales sería excesivo. La Suprema Corte determinó que ello es así, pues podía infringirse el principio de "plazo razonable", al darse el supuesto de que un proceso penal se pudiera instruir y sentenciar en un lapso inferior al fijado en la constitución, cuando el procesado ya no quisiera ejercer su derecho de defensa, renunciaba a los plazos y no obstante ello, se le mantuviera en prisión preventiva con motivo del auto de formal prisión y no se le sentenciara. En el caso, se actualiza el último supuesto señalado en el inciso c), por las siguientes consideraciones: Debe reiterarse que, si bien es cierto que nuestra carta magna en relación con la ley adjetiva penal establecen un término para que el imputado sea juzgado y no se vulneren en su perjuicio sus derechos humanos, también cierto es, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese lapso en que el inculpado se encuentre privado de su libertad con motivo de la prisión preventiva, no debe exceder del término que como pena máxima se imponga por el delito cometido y debe ser razonable. Ahora, si bien es cierto que el inculpado ha estado detenido con motivo de los hechos que se le imputan desde el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en que fue cumplimentada la orden de aprehensión emitida en su contra, es decir, hace más de tres años; cierto también es, que el retraso de que se duele ha sido con el fin de salvaguardar su derecho a una defensa adecuada, como lo es el desahogo de diversas probanzas ofrecidas por sus defensores particulares; así también, derivado de los juicios de amparo y los recursos de apelación que ha promovido; como ha quedado acreditado en el cuerpo de la presente resolución Circunstancia que corrobora la autoridad responsable al rendir su informe justificado donde hace hincapié en que el retraso en el proceso penal que se sigue contra el aquí quejoso, es debido a que existen pruebas pendientes por desahogar ofrecidas por la defensa; así como los careos constitucionales, haciendo constar además que en diversas ocasiones el mismo procesado a revocado a sus defensores. Lo cual se acredita con las constancias que remite, de donde se advierte que los careos estaban programadas para las trece horas del veintidós de noviembre del año en curso, citando al ofendido por medio de la fuerza pública (fojas fojas 951 vuelta y 953 y -fojas 963), asimismo, que el seis de noviembre de dos mil diecisiete se realizó el discernimiento de cargo de perito en materia de grafoscopía y grafología (fojas 978 vuelta y 979), Además, se advierte que es el procesado quien ha insistido en el desahogo de los careos, pero sobre todo que la responsable no ha dejado de actuar a fin de lograr su desahogo. Por lo tanto, aunque hayan excedido los términos que establece el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, la instrucción no puede darse por concluida sin haberse desahogado las probanzas admitidas, respecto de las cuales no existe desistimiento de la parte oferente. Cabe precisar que la garantía de defensa establecida en la fracción VIII del artículo 20, apartado A, de la ley fundamental, en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, es de mayor rango por proteger directamente al gobernado de la acusación formulada en su contra, que aquélla que solo tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2o.P.J/5, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que señala: "DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO. Es violatoria de derechos subjetivos públicos la circunstancia de que en la instrucción no se hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por el quejoso, aun cuando estuviese excedido el término que señala el artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, pues aunque esta última es una garantía establecida en beneficio del procesado, no debe perderse de vista que si éste ofrece pruebas para su mejor defensa, la instrucción no puede darse por concluida sin haberse desahogado las probanzas admitidas, por el solo hecho de que se haya rebasado el citado término, ya que entonces se violaría su garantía de defensa establecida en la fracción V del invocado precepto y apartado de la Ley Fundamental, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, es de mayor rango por proteger directamente al gobernado de la acusación formulada en su contra, que aquella que sólo tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo." Por lo tanto, es evidente que en el presente asunto, como ha quedado acreditado, el quejoso Fidel Jaime Ruiz Caballero no ha dejado de ejercer su derecho de defensa, pues ha ofrecido diversas probanzas con la finalidad de sustentar su protección. De ahí que no le causa agravio al quejoso que en la causa penal de origen, aún no se haya emitido sentencia, debido a que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se encuentran pendientes de desahogar diversas probanzas ofrecidas por el defensor del quejoso, en su beneficio. Entonces, resulta infundado el argumento enumerado con el número 1. vertido por el quejoso en el sentido de que por circunstancias como vacaciones de los secretarios y cambio de juez, han retrasado del desarrollo del proceso, y por tanto, no se ha dictado sentencia; pues lo cierto es que, como ha quedado expuesto, se ha privilegiado su derecho de defensa adecuada del acusado, sobre el derecho fundamental de pronta impartición de justicia, al darle la oportunidad de desahogar los careos pendientes y la pericial en grafoscopía y grafología, ofertadas y admitidas en los autos. Sustenta el anterior argumento, la tesis I.9º.P.14 P, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señala: "GARANTÍA DE DEFENSA. PREVALECE SOBRE LA DE PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. Ciertamente el numeral 51 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal establece que una vez dictada la determinación inicial de sujeción del menor infractor al procedimiento, quedará abierta la etapa de instrucción y tendrá como máxima duración quince día hábiles, periodo en que deberá estar integrado el expediente para que se pronuncie la resolución correspondiente. De lo anterior se aprecia que el menor infractor ve limitada su garantía de debida defensa al quedar sujeto a dicho plazo; sin embargo, si bien es cierto que el artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional prevé el plazo en que el acusado debe ser juzgado, también lo es que invoca una excepción consistente en que el inculpado tiene derecho a solicitar mayor tiempo para efectuar su defensa, si así lo estima necesario, lo que se traduce en su beneficio cuando advierte que le favorece el desahogo de diversas pruebas o que otras están pendientes de desahogar; en tal virtud, el consejero unitario debió informar al menor quejoso su derecho constitucional para renunciar al plazo dispuesto por el artículo 51 de la ley aplicable a la materia, toda vez que, en el caso, se encontraban pruebas ofrecidas a su favor pendientes de desahogar y, por ende, decidir si optaba por tal beneficio o renunciaba a él. Lo anterior es así, ya que al estar frente a dos garantías consagradas a favor del gobernado, como son la de defensa y la de pronta impartición de justicia, debe anteponerse la que más le favorezca, es decir, la de defensa, porque si se atiende a la escala de valores en la jerarquía normativa constitucional, resulta que es de mayor rango el derecho a la defensa del reo que la protección del acusado para que obtenga un fallo en breve plazo." De igual manera, deviene infundado el concepto de violación marcado con el número 2, vertido sobre la base de que de acuerdo al nuevo proceso, la fiscalía no ha demostrado con claridad que haya cometido el delito de retención equiparada, menos aun con su obligación de presentar pruebas que lleven a la convicción de que haya cometido el delito, porque lo cierto es que el proceso 71/2014, del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, como quedó en líneas precedentes, se tramita con el sistema tradicional mixto; aunado a que ello no forma parte de la Litis constitucional. En las relatadas circunstancias, el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es conculcatorio de derecho fundamental alguno. Así, al haber resultado infundados los conceptos de violación, y no advertirse alguna vulneración que amerite suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR el amparo y la protección de la justicia federal solicitada. Las tesis y jurisprudencias invocadas a lo largo de esta resolución son aplicables, pues su contenido no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, según lo establece su artículo sexto transitorio. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FIDEL JAIME RUIZ CABALLERO contra los actos que reclamó al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, consistente en la omisión de dictar sentencia en los autos de la causa penal 71/2017. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA II A ".. ...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, al tercero interesado Marcelino Carrasco Matadamas, sin que señalara domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

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