Fidel González Barajas
Expediente 1676/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1676/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2022
Partes del expediente
- Fidel González Barajas
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Comisariado Ejidal de San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1676/2022-VII. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la negativa de autorizar y realizar cesión de derechos agrarios de un solar de su posesión. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen en su orden lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal; asimismo, tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, Registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Febrero de 1997, con número de registro 199459, que indica: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Se destaca entonces que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, partiendo del supuesto contenido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del segundo párrafo de la propia fracción II del precitado artículo 5 de la Ley de Amparo, se obtiene que el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, consiste en que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. El indicado numeral fue motivo de análisis por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, en la que se sostuvo, entre otras consideraciones, que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son las siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Además, para entender en qué casos debe darse al particular el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario acudir a la exposición de motivos de la Ley de Amparo, la cual, en su parte conducente, precisa: ".se reconoce la posibilidad de que los particulares violenten derechos sociales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público, o bien, cuando actúen en ejercicio de sus funciones públicas, transformando de esta forma la protección en una protección sustantiva y no puramente formal." Esto nos indica que el legislador estableció que no cualquier particular podrá ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así, la acción de tutela se encuentra restringida a que la actuación del particular tenga su origen o esté determinada en una norma general en relación con servicios públicos o de interés público; por tanto, corresponde al Juzgador de amparo en cada caso específico que se le presente, definir si lo que se reclama a un particular encuadra o no en un acto equiparable al de autoridad, si proviene o no de una relación asimétrica o de igualdad, desde luego dependiendo de las circunstancias que rodean al asunto Precisado lo anterior, del análisis integral realizado al escrito de demanda, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Fidel González Barajas y Adriana Agustina González, señalan como acto reclamado la negativa de autorizar y realizar cesión de derechos agrarios de un solar de su posesión, señalando como autoridad responsable al Comisariado Ejidal de San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Estado de México. En ese contexto, debe decirse que si bien es cierto la Ley de Amparo, en su artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridades, acota que sólo será en el supuesto de que dichos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, lo que en el caso no acontece, pues resulta evidente que el Comisariado Ejidal de San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, no poseen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que se trata de particulares que no actúan dotados de imperio conforme a una norma legalmente establecida, que a su vez les faculte para emitir actos frente a un gobernado. Lo anterior, toda vez que el comisariado ejidal es únicamente el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, dicha potestad no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues se reitera, su carácter es exclusivo representativo y ejecutor respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que, se tratan de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; máxime, que la Ley reguladora no otorga al comisariado ejidal la facultad de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, y de considerar lo contrario, dicho actuar no es imponible ni ejecutable en contra de la voluntad de los gobernados, pudiendo el afectado denunciar o demandar ante la autoridad competente. Por tanto, contra el acto reclamado al Comisariado Ejidal de San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, consistente en la negativa de autorizar y realizar cesión de derechos agrarios de un solar de su posesión, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que tal proceder no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque entre un Comisariado Ejidal y un particular, no existe una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que en caso de existir un acuerdo contractual entre las partes, tal relación deberá regirse por lo establecido en el derecho agrario. En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, la parte promovente no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal, que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por lo tanto, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y autoridades competentes ante las cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo. En diversa tesitura, por así solicitarse, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el local de este Juzgado de Distrito; asimismo, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Brian Alejandro Jiménez Leonardo, por contar con el registro electrónico correspondiente; y, en termino del articulo 24, párrafo segundo de la Ley en cita, a las personas autorizadas por la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes
- Fernando Valdés Veyra817/2021
- Fernando Vargas Jiménez122/2023
- Fernando Vargas Jiménez564/2021
- Fernando Vargas Jiménez907/2022
- Fernando Vargas Jiménez598/2022
- Fidel Figueroa Gómez276/2020
- Fidel Jesús Gómez Revuelta1185/2021
- Fidel Jiménez Rojas1788/2022
- Fidel Jiménez Rojas692/2023
- Fidel León Porcayo15/2023
- Fidela Benítez Osorio1582/2022
- Fidelina Sierra Mateo y Otros.752/2023