Fidel Gómez López

Expediente 1660/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1660/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Fidel Gómez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Colima, Colima, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, el suscrito Encargado del despacho advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido

  2. Principal

    La Secretaria. Colima, Colima, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Glósese a los autos y téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue hecho en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, remite copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral 11/2016 de su índice. Constancias que cuentan con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º de la citada norma, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de sellos y una firma que así lo demuestra, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, enero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 209484, de rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Por otra parte, vistas las constancias remitidas, se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad responsable con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 11/2016, asimismo de autos se advierte que dicha resolución le fue notificada a la aquí parte quejosa el mismo nueve de noviembre del presente año. Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, en síntesis, la demora de no dictar el laudo en el expediente laboral 11/2016. En esas condiciones, si el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dictó el laudo correspondiente, omisión que dio origen al presente juicio de garantías, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre próximo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien da fe.

  3. Principal

    La Secretaria. Colima, Colima, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos el (los) oficio signado por la autoridad que lo suscribe, mediante el cual anexa la notificación a la parte quejosa del laudo correspondiente, sin que se le tenga exhibiendo el mismo. Por otra parte, tomando en cuenta que existe un indicio de una posible causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 61 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, requiérase a la Presidente de la Junta Especial número 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Colima, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia fotostática certificada del laudo que dictó en el expediente laboral 11/2016 de su índice. Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINITOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para su verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS, DEL AUTO DE VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de treinta de octubre de dos mil quince, la cual fue confirmada por resolución pronunciada en la sesión ordinaria de dos de septiembre de dos mil dieciséis en la revisión principal 508/2015, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Dejara insubsistente cualquier acto tendiente a privar al quejoso de sus derechos respecto del crédito materia del juicio primigenio en el cual se ordenó la cancelación del crédito con garantía hipotecaria amparado en la escritura pública número 8796 y su convenio modificatorio; sin que ello implicara que el juzgador declare la nulidad de todo lo actuado en ese juicio para que sea emplazada la parte quejosa. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis se recibió el testimonio de la resolución pronunciada en la revisión principal 508/2015 y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio recibido el tres de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Primero Mixto Civil y Familiar del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad de Colima, remitió copia certificada del auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, de cuyo contenido se advierte que ordenó dejar insubsistente cualquier acto tendiente a privar a Gregorio Trejo Romero de sus derechos respecto del crédito materia del juicio, en el cual se ordenó la cancelación del crédito con garantía hipotecaria amparado en la escritura pública número 8796 y su convenio modificatorio, emitidos en el juicio civil ordinario 36/2013. Asimismo, mediante oficio número 4540, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Colima, informó que en cumplimiento al fallo protector, dejó sin efecto legal el registro de las dos cancelaciones que se realizaron en la sección de cancelaciones el veintitrés de abril de dos mil quince, bajo prelación número 1070633, ordenada por la Juez por ministerio de ley del Juzgado Primero Mixto Civil y Familiar con sede en Colima, referentes al contrato de crédito y convenio de reconocimiento de adeudo otorgados en las escrituras públicas números 8,796 y 7,365, por lo que quedaron vigentes las anotaciones respectivas en la sección de gravámenes, registradas con fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres y catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco, bajo números 1278 y 4839, respectivamente, teniendo efectos dichas anotaciones a partir de la fecha en que quedaron registrados los aludidos testimonios. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente todo acto tendiente a privar de sus derechos al quejoso respecto del crédito materia del juicio; asimismo, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Colima, dejó sin efecto legal el registro de las dos cancelaciones que se realizaron en la sección de cancelaciones el veintitrés de abril de dos mil quince, bajo prelación número 1070633, ordenada por la Juez por ministerio de ley del Juzgado Primero Mixto Civil y Familiar con sede en Colima, con el fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, actuación que se ciñó a los lineamientos ordenados en la ejecutoria. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al dejar insubsistente todo acto tendiente a privar al quejoso de sus derechos, así como las consecuencias derivadas de dicho acto, subsanó todas y cada una de las violaciones que se precisaron en la sentencia dictada; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe. VHVR/LAC

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