Fidel Fernando Gamboa Perera

Expediente 1528/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1528/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Fidel Fernando Gamboa Perera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente asunto, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por Luis Héctor Barrera Huerta, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que solicita le sea devuelto el documento que insta. Al efecto, no habiendo impedimento legal para ello, devuélvase al ocursante el documento a que se refiere, por el conducto que señala, previa copia certificada y recibo que del mismo se deje en este propio expediente, para lo cual, podrá solicitar una cita para acudir al órgano jurisdiccional mediante la obtención del código "QR", el cual puede tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, tal como lo señala el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintinueve de octubre del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia dictada el veintinueve de octubre de los corrientes, el hecho que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 16286/2020-V-B, 16287/2020-V-B y 16288/2020-V-B, por medio del cual se notificó la referida resolución al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Titular de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán y con sede en dicha localidad, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que los actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con nueve minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como el oficio sin número signado por la Presidente Municipal de San Felipe, Yucatán, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial, por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las responsables y por recibido el diverso oficio sin número. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta al Juez con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, la cual adjuntó a su escrito de demanda, así como las documentales que la Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán, con sede en dicha localidad, remitió como apoyo a su informe justificado y a su oficio sin número registrado con el número de promoción 8934. A lo que el Juez, acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara CERRADO ESTE PERÍODO. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS se da cuenta con el alegato ministerial número 458/2019 del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, registrado con el número de promoción 21338, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. A lo que el Juez acuerda: ténganse por presentados los alegatos de cuenta del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver; con lo anterior, el Juez declara CERRADO EL PERÍODO DE ALEGATOS. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo número 1528/2019-V-B, promovido por Fidel Fernando Gamboa Perera, contra los actos que reclama de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán, con sede en dicha localidad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado ese mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Fidel Fernando Gamboa Perera, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Presidente Municipal, Síndico Municipal y Titular de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán y con sede en dicha localidad. SEGUNDO. Por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1528/2019-V-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de tres de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de los informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclama: La orden de detención y/o arresto, comparecencia y/o presentación, con el uso de la fuerza pública; así como la orden de restricción de libre tránsito. La orden de desalojo, despojo y demolición del bien inmueble ubicado en la calle diez (calle principal) número ciento once, letra "A", por calle diecisiete, colonia Centro, del Municipio de San Felipe, Yucatán; y La falta de notificación al procedimiento administrativo respectivo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario. Y si bien, la Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Felipe, Yucatán, con sede en dicha localidad, manifestó en su informe justificado que el Cabildo del Ayuntamiento aprobó la enajenación de dos predios del municipio de San Felipe, uno correspondiente al inmueble ubicado en el predio sin número, de la calle diez, entre diecinueve y veintiuno, de dicho municipio; sin embargo, no es el caso pronunciarse al respecto, toda vez que el mismo corresponde a un predio distinto al señalado por el quejoso en su acto reclamado. Máxime que de las documentales que adjuntó la referida Presidente responsable a su diverso oficio sin número, relativas al expediente administrativo 3/2019, derivado de la enajenación del predio sin número, de la calle diez, entre diecinueve y veintiuno, se advierte que la autoridad responsable únicamente instó el referido procedimiento administrativo en relación al citado predio y no así, al predio número ciento once, letra "A", de la calle diez, por calle diecisiete, colonia Centro, de la localidad de San Felipe, Yucatán, materia de la litis. Lo anterior, se robustece en razón de la escritura pública original con número de acta noventa y cinco, de veintisiete de marzo de dos mil nueve, pasada ante la fe de la Escribano Público Número Dieciséis, del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la cual anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, respecto del predio número ciento once, letra "A", de la calle diez, de la localidad de San Felipe, Yucatán, emanado de la división del predio número treinta y seis, de la calle diez, de la referida localidad; de la cual no se advierte relación alguna con el predio a que se refirió la Presidente responsable en su informe justificado y en su diverso oficio. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Presidente Municipal de San Felipe, Yucatán, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado por acuerdo de tres de enero del año en curso, remitiendo copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo 3/2019, respecto de la enajenación del bien inmueble sin número, ubicado en la calle diez, por diecinueve y veintiuno de dicha localidad. Asimismo, téngase por hecha su manifestación respecto a que aún no se ha iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, respecto del predio ubicado en la calle ****de la citada localidad; misma que será tomada en consideración al resolverse el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes del oficio de mérito, así como de su anexo y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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