Fidel Cruz Cabrera
Expediente 812/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fidel Cruz Cabrera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
RADICACIÓN Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE HUAUCHINANGO, PUEBLA; por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el número 812/2016. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, la parte quejosa reclama de la aludida autoridad responsable el acto siguiente: El citatorio de diecisiete de junio de dos mil dieciséis dentro de la carpeta de investigación NIC.CDI.189/2016/Huauchinango. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, en sus fracciones IV y V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, preceptos que establecen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Al respecto, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2019, interpretó las fracciones III y IV del artículos 114 de la Ley de Amparo, abrogada el dos de abril de dos mil trece, cuyo contenido es similar al de las fracciones del diverso 107 transcritos, respectivamente. En dicha determinación señaló que la fracción III citada establece diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, el Máximo Tribunal del País, refiere que contra esos actos el juicio de amparo procederá, de manera excepcional contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, es decir, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, Por lo que concluyen que tratándose de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, se requiere que sean la última determinación o que sean de imposible reparación, esto es, que exista una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. La citada divergencia de criterios dio origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De lo anterior, se evidencia que la procedencia del juicio de amparo se limita respecto de los actos dentro fuera de juicio o después de concluido, pues para la ejercibilidad de la acción constitucional resulta una condición que sea la última determinación o que sea de imposible reparación. Tal afectación implica que el acto reclamado y sus consecuencias transgredan en forma directa e inmediata alguno de los derechos humanos que tutela la Constitución o un tratado internacional, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio. Esto es, para que proceda el amparo indirecto contra un acto procesal, éste debe afectar en forma directa e inmediata los derechos humanos previstos en la Carta Magna o en un tratado internacional; dos características vinculadas y necesarias de los actos de imposible reparación. Es en forma directa, debido a que el acto o determinación de la autoridad con el sólo hecho de emitirse, incide, va dirigido o tiene relación con uno de los derechos sustantivos del gobernado, consagrados en los instrumentos jurídicos referidos; lo que no acontece en los actos meramente procesales que se emiten para el desarrollo de un proceso o procedimiento y por dicha naturaleza no inciden en derechos sustantivos. Y es en forma inmediata, en virtud de que con la ejecución de dicho acto de manera real y cierta se extingue, modifica, niega o deja de observar alguno de los llamados derechos sustantivos humanos del gobernado. Es decir, no se necesita de un acto posterior para que se vea afectado el derecho sustantivo respectivo, en virtud de que dicho acto es la resolución definitiva que determina la afectación cierta e inmediata del derecho fundamental, sin necesidad de que se abra un paréntesis procesal, mediante la emisión de una determinación intermedia a manera de apercibimiento o requerimiento, a la que necesariamente debe seguir una resolución posterior, cuyo contenido dependerá del cumplimiento o no de la parte apercibida. En tales condiciones, cuando el gobernado pretende combatir un acto que es de naturaleza intermedia, pues la autoridad desplaza para otro momento procesal el pronunciamiento determinante o definitivo de afectación, entonces el análisis de su constitucionalidad mediante el juicio de amparo no será apremiante, sino hasta que se emita el pronunciamiento definitivo que extingue, modifica, niega o deja de observar alguno de sus derechos sustantivos, pues dicho acto, aun cuando afecta de manera directa un derecho del gobernado, no lo hace inmediatamente. Lo anterior es así, pues el objeto del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía constitucional violada y, en el caso de que no exista una afectación real, cierta e inmediata, no habría materia que restituir, aun cuando el acto o determinación de autoridad incida en un derecho sustantivo, pues se necesita que su ejecución afecte el derecho protegido en forma real e inmediata. En el caso, se reclama el citatorio de diecisiete de junio de dos mil dieciséis dentro de la carpeta de investigación NIC.CDI.189/2016/Huauchinango, a través del cual la instancia investigadora lo citó para que comparezca acompañado de abogado defensor, a efecto de que acredite con documento fehaciente su profesión como médico. Como se ve el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que no transgrede (de manera directa e inmediata) materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera; pues se limitó a citarlo para una diligencia de carácter ministerial. Al respecto, cabe destacar que si bien en el acto reclamado se cita al quejoso para que comparezca ante la responsable acompañado de abogado defensor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013, señaló que la sola citación para que la persona a la que se dirige acuda ante la autoridad en una fecha predeterminada por la misma no implica privación alguna de su libertad, pues se está en posibilidad de asistir o no a la mencionada audiencia. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo Cuerpo de Leyes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizadas a las personas conforme los términos que precisa en la misma. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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