Fidel Contreras Becerra
Expediente 301/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Contreras Becerra
- Fidel Contreras Becerra
- María Tayde Contreras Becerra
- Isabel Contreras Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Por otro lado, devuélvase al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, el tomo de pruebas que remitió junto con su informe justificado, por ser innecesaria su retención. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su libelo constitucional diversas actas de nacimiento; por tanto, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero del referido acuerdo 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, dicho documento correrá la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista, mediante oficio a la autoridad responsable y de manera personal a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, de las constancias que obran en autos se advierte que los peticionarios de amparo********************, todos de apellidos ******************** promovieron el presente juicio de amparo respecto de la autoridad y acto reclamado siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es en cuanto a ordenadora el C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TACÁMBARO, con domicilio ubicado en la calle General Ignacio Zaragoza, número 37 del Centro Histórico de Tacámbaro, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada en el apartado anterior, en calidad de ordenadora responsable el C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE TACAMBARO, MICHOACAN, reclamo el haber pronunciado Sentencia Interlocutoria de Primera Sección de fecha 30 treinta de noviembre del 2010 y declararla procedente radicado a bienes de PROFIRIA BOTELLO ESPINOSA, declarando únicos y universales herederos de los bienes, cargas y obligaciones que pertenecieron a la de cujus a ********************, y que como acreditamos fielmente con ACTOAS DE NACIMIENTO y ACTA DE DEFUNCION, somos hijos legítimos de nuestra extinta madre ********************, los cuales nunca fuimos llamados a Juicio, y que con fecha 31 treinta y uno de enero del 2023 nos enteramos por otro hermano que ellos fueron declarados únicos y universales herederos sin que se nos tomara en cuenta para dicha Sucesión Intestamentaria, y más aun cuando los propios terceros perjudicados tienen conocimiento y saben perfectamente que somos hijos de la de Cujus, es así que la autoridad ordenadora no se cercioro que existían más hijos y debieron habernos notificado, y al no haberlo hecho nos dejan en total estado de indefensión por no ser llamados a Juicio a lo cual tenemos derecho de percibir sus bienes que a su muerte dejo, por lo que reclamamos de la ordenadora responsable C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN TACAMBARO, MICHOACÁN, desde el auto de radicación de la Sucesión de fecha 05 cinco de febrero del 2009 dos mil nueve, la convocatoria de herederos, incluyendo esta, la falta de notificación legal del auto de radicación, pues los suscritos desconocíamos que se tramitaba el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de nuestra extinta madre ********************A, así como también la sentencia Interlocutoria de herederos, dictada por dicha autoridad responsable del día 30 treinta de noviembre del 2010, de la cual nos enteramos extrajudicialmente el día 31 de enero del 2023." Asimismo, se desprende que mediante oficio 479/2023 de trece de abril del año en curso, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, rindió su informe justificado, en el que manifestó, entre otras cosas que dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************, mediante resolución interlocutoria de ********************, declaró a ******************** y a ********************, de apellidos ********************, así como a Francisca ********************, en substitución de ésta última, como únicos y universales herederos de los bienes, derechos, acciones y obligaciones de ********************. Constancia que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, este juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, a virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, las connotaciones de interés jurídico e interés legítimo llevan a este tribunal federal a considerar que en el asunto de origen, los quejosos debían acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que les asiste para reclamar lo actuado en el sucesorio de origen. Así, de acuerdo a lo anterior, se desprende de la demanda de amparo que********************, todos de apellidos ******************** reclaman del juez responsable, la falta de llamado al juicio sucesorio intestamentario ******************** a bienes de ********************, así como la resolución interlocutoria de ********************, en la que se declaró como únicos y universales herederos a José, Eduardo, Mario, ******************** ********************, J. Guadalupe Contreras Hernández, ******************** ********************; lo anterior, porque aducen que en su carácter de hijos del de cujus les asiste el derecho a heredar. Al respecto, cabe señalar que la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por un posible heredero, cuando reclama el llamamiento al juicio sucesorio, se encuentra condicionada a que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción de petición de herencia, como lo sostuvo el Máximo Tribunal de País en la jurisprudencia 1a./J. 39/99, localizable con el registro digital 193045, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." Es así, pues de la ejecutoria respectiva se advierte que el Máximo Tribunal del País estableció que cuando en un juicio sucesorio intestamentario se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del autor de la herencia, el Juez está obligado a velar por su correcta citación a efecto de que comparezca a deducir sus derechos hereditarios; que de darse alguna irregularidad en esa cita, el presunto heredero se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en cada una de las etapas del juicio, en razón de que no se ocuparían de él, con motivo de que no fue parte, por lo que esa afectación no podría ser subsanada en la resolución definitiva, ya que no sería tomado en cuenta en ella, lo que le otorgaba la posibilidad de promover amparo indirecto, siempre y cuando no hubiere operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia, que refiere el artículo 2993 del Código Civil, que es de diez años. Lo anterior, como se desprende de la siguiente transcripción: "QUINTO. Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte de una persona que se considera con derecho a participar de la nada hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto del cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículo 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: 'Artículo 844. Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particulares que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán de presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior'. 'Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado.'. 'Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta [.].'. Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia. Por todo lo anteriormente analizado, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que adopta en el presente asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: ...". Además de lo anterior, en el caso debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial 1a./J.22/2021 (11a.), consultable en página mil quinientos cuarenta y dos, del tomo II del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de dos mil veintiuno, Materia Civil, Undécima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN DE HERENCIA. INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ESA ACCIÓN CUANDO LA LEGISLACIÓN NO LO DISPONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y BAJA CALIFORNIA, ESTA ÚLTIMA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 10 DE ABRIL DE 2015). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes consideraron distintos momentos a partir de los cuales debe empezar a computarse el plazo de diez años para que prescriba la acción de petición de herencia que ejerce un heredero preterido. Ambos fundaron su criterio en legislaciones que no disponen expresamente a partir de qué momento empieza a correr ese plazo. Luego, por un lado, uno de ellos estimó que la prescripción de la acción debe computarse "a partir de la muerte del autor de la sucesión"; mientras que, el otro resolvió que es a partir de la "aceptación y discernimiento del cargo de albacea". Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en aquellas legislaciones en las que se conserva la redacción del Código Civil de 1928 -como las de Durango y Baja California, esta última anterior a la reforma publicada el 10 de abril de 2015-, y que expresamente disponen que: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos", la prescripción de la acción de petición de herencia debe computarse a partir del momento en que se encuentren reunidas las tres condiciones necesarias para su ejercicio, a saber: a) la transmisión de los bienes a título universal, que opera desde la apertura de la herencia con la muerte, o bien con la declaración de muerte de un ausente; b) que, en cualquiera de esas dos resoluciones, no se haya incluido al heredero preterido; y, c) que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. En ese tenor, si al emitirse la declaratoria de herederos, no se ha aceptado y discernido el cargo de albacea (testamentario o intestamentario), la prescripción comenzará a partir del momento en que esto ocurra; y si, por el contrario, este cargo ya fue aceptado y discernido, el cómputo para determinar la prescripción iniciará a partir de la fecha en que se haya emitido la resolución de reconocimiento de herederos o la declaración de muerte de un ausente, según sea el caso. Justificación: Esto se debe a que, en las legislaciones en las que no se regula expresamente el momento a partir del cual debe empezarse a calcular el cómputo del plazo para determinar la prescripción de una acción, debe estarse a la regla general que dispone que debe ser a partir de que se reúnan las condiciones necesarias para que sea exigible. Así, conforme a los artículos 1536 a 1539 del Código Civil para el Estado de Baja California, y 1533 a 1536 del Código Civil del Estado de Durango, en relación con los diversos 13 y 14 de los Códigos de Procedimientos Civiles de ambas entidades federativas, la acción de petición de herencia tiene como presupuesto la apertura de la herencia en el instante de la muerte del autor de la sucesión, o la tutela del derecho de los herederos a la sucesión, la cual puede ser de dos tipos: a) la que, por excepción, se confiere a cada uno de los herederos para recuperar los bienes hereditarios en aquellos casos en los que aún no se ha aceptado y discernido un albacea; o, b) la que se ejerce con posterioridad para la defensa de los derechos hereditarios, cuando se le ha negado el derecho a recibir los bienes de la herencia, no haya sido llamado al juicio sucesorio o se le ha excluido de la declaración de heredero, entre otros casos, en los que será necesario que ya se hubiere dictado dentro de juicio una resolución sobre reconocimiento de herederos, en la que no hubiere aparecido el heredero preterido y que, además, ya se haya nombrado albacea, por ser éste quien tiene la posesión de los bienes que integran el caudal hereditario." En dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como condiciones necesarias para computar el término prescriptivo de la petición de herencia que se encuentren reunidas las tres siguientes: 1. La transmisión de los bienes a título universal, que opera desde la apertura de la herencia con la muerte, o bien con la declaración de muerte de un ausente; 2. Que en cualquiera de esas dos resoluciones, no se haya incluido al heredero preterido; y, 3. Que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. De esta forma, la interpretación conjunta de ambos criterios (1a./J. 39/99 y 1a./J.22/2021), se desprende -en lo que aquí interesa- que es procedente el juicio de amparo ante un Juez de Distrito, contra la falta total o ilegal emplazamiento a un juicio sucesorio, cuando un posible heredero no fuere llamado a un juicio, o bien, de forma legal, y éste hubiere concluido, sin tener que ejercer, previamente a su interposición, la acción de petición de herencia que se prevé para los herederos que no acudieron o no fueron llamados a la sucesión, de acuerdo con las disposiciones civiles aplicables; esto, claro está, siempre y cuando no haya transcurrido, en su perjuicio, el término de diez años que para que la prescripción del derecho a reclamar la herencia se contempla en el artículo 1509 del Código Civil del Estado de Michoacán, aplicable en la época en que se emitió la resolución de declaración de herederos en el intestamentario de origen. En el caso sujeto a regularidad constitucional, se estima prescrito el derecho de petición de herencia, ya que se encuentran colmados los tres supuestos a los que se hace alusión en la jurisprudencia 1a./J.22/2021(11a.), lo anterior, por lo siguiente: *Porque el tres de febrero de dos mil nueve, ******************** ********************, compareció ante el juez de los autos a denunciar la sucesión a bienes de ******************** y dicha denuncia se tuvo radicada en auto de cinco de febrero de dos mil nueve (foja 12 del tomo de pruebas) con lo que se tiene satisfecho el primer requisito relativo a la apertura de la transmisión de los bienes a título universal; *Porque los peticionarios de amparo no fueron llamados al juicio sucesorio intestamentario, ya que mediante resolución ******************** (fojas 75 a 80 del tomo de pruebas), fueron declarados como únicos y universales herederos de los bienes del de cujus, ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, así como Francisca ********************, en substitución de éste último, con lo que está satisfecho el segundo requisito; y, *Porque en autos está acreditado que en determinación de ocho de diciembre de dos mil diez (foja 83 del tomo de pruebas) se tuvo a ******************** ********************, aceptando y protestando el cargo de albacea definitiva. Criterio jurisprudencial el 1a./J.22/2021(11a.), que cobra aplicación al asunto que nos ocupa, ya que, aunque es cierto que ni el artículo 817 del Código Civil y tampoco el numeral 1008 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Michoacán, vigentes en la época en que se inició el juicio sucesorio de origen [septiembre de dos mil cuatro], disponen a partir de cuándo se comenzará a computar el término prescriptivo, lo cierto es que, en dicha jurisprudencia se interpretó que el inicio del cómputo, cuando no se dispone expresamente en la legislación aplicable, inicia a partir de la actualización de las tres condiciones arriba señaladas. Por todo lo anterior, dado que para ejercer válidamente la acción de petición de herencia, se requiere: a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho la declaración de herederos, donde se excluya u omita a quien tiene derecho a heredar; c) Que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, o bien, por los herederos; y, d) Que se encuentre vigente el derecho de los herederos que no se hubieran presentado a la sucesión, esto es, que no haya transcurrido, en su perjuicio, el término que para la prescripción del derecho a reclamar la herencia se indica en el Código Civil del Estado de Michoacán aplicable. Entonces, este juzgador advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo [trece de marzo de dos mil veintitrés] la acción de petición de herencia consignada a favor de los quejosos, ya había prescrito, dado que dicho término empezó a contar a partir que se colmaron las tres condiciones arriba señaladas, específicamente a partir de la última de ellas, esto es, la relativa a la toma de protesta del cargo de albacea definitiva, que se actualizó el ocho de diciembre de dos mil diez, en que se tuvo a ******************** ********************, aceptando y protestando dicho cargo; por ello, el término de diez años, transcurrió del ocho de diciembre de dos mil diez al ocho de diciembre de dos mil veinte. Así es, porque la prescripción extintiva tratándose de la acción de petición de herencia, corre desde el momento en que el derecho se hace exigible y ese momento es aquel en que se satisfacen las tres condiciones arriba mencionadas. Consecuentemente, es claro que al no contar los quejosos con la titularidad de algún derecho público subjetivo, cuya afectación los faculte para acudir ante los órganos de control constitucional y demandar el cese de esa violación a través del juicio de amparo, debe estimarse que no cuentan con el interés jurídico necesario para intentar, válidamente, la acción constitucional contra los actos que reclamaron en su escrito inicial de demanda. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo solamente procede en aquellos casos en que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio o fue emplazado en forma ilegal, reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario o procedimiento administrativo de bienes hereditarios, para ser declarado como tal, con todas sus consecuencias legales, a condición de que, como se puso de manifiesto previamente, no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia, que prevé el artículo 817 del citado Código Civil del Estado de Michoacán, mismo que en este caso, debe computarse a partir de la toma de protesta que realizó ******************** ********************, en términos de lo dispuesto por el criterio jurisprudencial 1a./J.22/2021(11a.); lo cual, hace improcedente el juicio de amparo en su contra. De modo que, no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de derechos fundamentales, para poder concluir que, quien acude al juicio de amparo, cuenta con el interés jurídico necesario, para demandar el cese de esa violación a través del juicio Constitucional, sino que es necesario que todo aquél que acuda al juicio de amparo acredite, fehacientemente, ser el titular de algún derecho público subjetivo, legítimamente tutelado por la norma objetiva, que lo faculte para acudir ante los órganos de control constitucional a exigir se respete por la autoridad responsable, a través del ejercicio de la acción de amparo; lo cual, como se demostró, no aconteció en la especie. En consecuencia, dado que a la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable. Orienta también lo expuesto, la tesis VI.2o.C.637 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1001 del Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 168331, la cual es del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la misma, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la misma impartición de justicia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento de lo anterior la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de donde se desprende que el Juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista a la parte quejosa con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI. 1. T.J/I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia común, pagina 2421, octubre 2014 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para tal efecto. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguense los oficios suscritos por el Juez Primero Primera Instancia en Materia Civil, residente en Tacámbaro, Michoacán, mediante el cual remite las diligencias relativas al despacho 156/2023 por el cual se le encomendó emplazar a la tercera interesada Antonio Becerra Botello. En consecuencia, dése de baja la comunicación oficial recibida. Ahora bien, de las constancias remitidas por la juez auxiliar se advierte que a la actuaria adscrita a ese juzgado no le fue posible realizar el emplazamiento de la tercera interesada Antonia Becerra Botello, ya que al constituirse en la calle Rubén Romero, número 318, colonia Centro, en Tacámbaro, Michoacán, advirtió que hay dos casas diferentes con el mismo número, por lo que procedió a llamar en repetidas ocasiones en ambas, sin que nadie acudiera a su llamado, por lo que procedió a preguntar en la casa de enfrente, quienes le manifestaron dos personas de sexo masculino, que no conocen a la citada tercera interesa, que en dichos domicilios viven diferentes familias, que casi nunca están y que seguido tienen problemas con la correspondencia Asimismo, la actuaria adscrita procedió a dirigirse a la comunidad de San Vicente Cofradia, municipio de Tacámbaro, Michoacán, donde fue atendida por dos personas del sexo masculino, quienes le informaron que la citada tercera interesada murió hace como tres meses la cual vivía en la casa de en frente, la cual advierte que se encuentra basurosa y con polvo, por lo que no fue posible realizar el emplazamiento encomendado. Por tanto, toda vez que dicha información es necesaria a fin identificar a quién le asiste carácter de tercero interesado en el presente juicio, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que requiera a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento sobre el fallecimiento de la citada tercera interesada Antonia Becerra Botello, exhiba acta de defunción de la citada tercera interesada y en su caso, informe el nombre y domicilio de quien ahora es la albacea definitiva de la sucesión a bienes de Porfiria Botello Espinoza, o bien, manifieste lo que a su interés convenga. Apercibido que de no hacerlo este juzgado proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, informada mediante oficio 1646/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 183, fracción I, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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