Fidel Castro Perez
Expediente 1305/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Fidel Castro Perez
Actuaciones
- Principal
Intégrese a los autos el escrito presentado José Soto Carrazco, autorizado de la parte quejosa Fidel Castro Pérez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100, de la Ley de Amparo y 37 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto dicho recurso. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja en el sentido de que ES CIERTO que mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Fidel Castro Pérez, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y Municipios de Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por las razones ahí expuestas; en consecuencia, remítase el escrito original de agravios y copia certificada de las constancias que integran el presente juicio al Tribunal Colegiado que corresponda, lo anterior para la substanciación de dicho recurso; asimismo, respetuosamente solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno Demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Fidel Castro Perez, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y Municipios de Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 1305/2021-4, en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se desecha de plano demanda. Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda en cita, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En la especie, la parte quejosa hace consistir como acto de reclamo, la determinación de veintinueve de octubre de dos mil emitida por el Jefe del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y Municipios de Baja California (ISSSTECALI), en el que se da respuesta a la solicitud de jubilación del quejoso, y se le indica que le falta cumplir con el requisito de la propuesta patronal. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que en contra de dicho acto, procede un medio de defensa ordinario, contemplado en la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, y respecto del cual procede la suspensión sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Para tal efecto cabe precisar el contenido del primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Al respecto de lo anterior, tenemos que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dicho precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de actos que provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales proceda algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante su interposición, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior, constituye el principio de definitividad en materia de amparo, el cual consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo que por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Para que se actualice la causal de improcedencia aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que se trate de un acto o resolución que provenga de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Que dicho medio de defensa legal contemple la suspensión de los efectos del acto de reclamo sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supra, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto en virtud de que el acto reclamado lo emitió una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el quejoso refiere que el acto reclamado fue emitido por el Jefe del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y Municipios de Baja California, con sede en esta ciudad. Contra dicho acto procede un medio ordinario de defensa por virtud del cual se puede modificar o declarar su nulidad. Lo anterior es así, toda vez que es procedente el juicio administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, mediante el cual dicho acto de reclamo puede ser nulificado. El juicio contencioso administrativo, representa el medio ordinario para revocar, modificar o anular actos o resoluciones dictados por la autoridad administrativa; así lo establece el artículo 26, fracción I, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California: "Artículo 26. Los Juzgados de Primera Instancia del Tribunal son competentes para conocer de los juicios que se promuevan contra los actos o resoluciones definitivas siguientes: I Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares." De ahí, que el juicio administrativo procede contra los actos administrativos de Jefe del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y Municipios de Baja California, con sede en esta ciudad, puesto que forma parte de la administración pública; además, el artículo 109 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, prevé que la sentencia podrá reconocer la validez, declarar la nulidad o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. Ahora, el tercer requisito de la causal de improcedencia en estudio, establece que para que se suspendan los efectos del acto impugnado mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, no se deben exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; en el caso, se estima que también se actualiza en el caso concreto, toda vez que el sistema normativo que prevé la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, sin exigir mayores requisitos para concederla, que los que la Ley de Amparo exige para otorgar la suspensión definitiva. En efecto, los artículos 77 al 86 de la Ley de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, disponen que la solicitud de suspensión del acto impugnado, debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; asimismo, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Ahora, en cuanto al tiempo para proveer respecto a la suspensión del acto, se establece que la suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su solicitud, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. De ahí que, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, prevé expresamente la procedencia de la suspensión de los actos impugnados en el juicio administrativo, sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la otorgar la suspensión, pues tanto en la legislación estatal y en la Ley de Amparo, establecen el plazo de veinticuatro horas para decretar la suspensión. En consecuencia, con la interposición del juicio contencioso administrativo, era posible que el quejoso obtuviera la suspensión del acto impugnado dentro de las veinticuatro horas siguientes a su petición. Luego, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Así también, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio procesal y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Soto Carrazco, Rolando Alberto Moreno Dominguez y Sahara Patricia Soto Moreno, al encontrarse registros de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro de Profesionistas del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito; asimismo, autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Ammy Aunice Minor Navarro y Perla Patricia Razo Padilla. Acceso expediente electrónico. Como se solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico a los siguientes usuarios "JOSESOTO" y "PATRICIA.SOTO"; se autoriza el acceso al expediente electrónico, para ello háganse las adecuaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles las diligencias derivadas del presente asunto. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
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