Fidel Buenrostro Zarazua
Expediente 778/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Fidel Buenrostro Zarazua
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta presentado por Fidel y Saúl ambos de apellidos Buenrostro Zarazúa, con cinco copias que acompañan; mediante el cual cumplen con el requerimiento efectuado en el auto de treinta de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien, una vez analizada la demanda, el escrito de cuenta y el estado que guardan los autos, esta Juzgadora considera que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa en la parte relativa a los hechos y abstenciones que narra bajo protesta de decir verdad manifestó: Que la resolución emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, nunca les fue informada por parte de su anterior abogado, si no que los suscritos se enteraron de dicha resolución de la ratificación del auto de formal prisión, hasta el momento de la llegada de autos al Juzgado Civil de Rioverde, la cual les fue notificada por el Actuario adscrito a dicho juzgado. Asimismo, de las constancias remitidas al presente juicio por el Magistrado presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se advierte que en la foja 25 obra una constancia de notificación de cinco de junio de dos mil diecinueve, en la cual la Actuaria adscrita a dicha Sala, asienta que se constituyó en el domicilio señalado en autos por Moisés Muñoz Govea en su carácter de abogado defensor de los encausados aquí quejosos Fidel Buenrostro Zarazua y Saúl Buenrostro Zarazua y cerciorada de que lo es por tener a la vista la nomenclatura y el número oficial, procedió a trocar por varias ocasiones sin obtener respuesta, por lo que fijo en la puerta principal de dicho domicilio, cédula y le notificó los puntos resolutivos del fallo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. De lo antes transcrito se advierte la extemporaneidad de la demanda; para acreditar lo anterior, se precisa el contenido del artículo 61, fracción XIV, citado que establece lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia disponen lo siguiente: "17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando éste no se promueva dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que reclama; o bien, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor. Ahora bien, como se precisó con antelación, los quejosos reclaman: La resolución emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que deja firme el auto de formal prisión que originalmente les fue dictado por el juez de la causa penal. Luego, aún cuando los quejosos sostienen que se enteraron de dicha resolución con motivo de la llegada de autos; sin embargo, de las constancias remitidas por el Magistrado presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se advierte que el abogado de la parte quejosa (quien les representaba legalmente) tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de junio del presente año. En ese sentido, la parte quejosa tuvo conocimiento de la resolución emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el cinco de junio del año en curso, entonces el termino trascurrió del seis al veintiséis de junio del presente año, sin contar los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de junio del año en curso, por ser inhábiles, siendo que en el caso, la presentación de la citada demanda se realizó hasta el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que transcurrió con exceso el término de quince días que prevé el artículo antes transcrito. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la parte quejosa reclama la resolución emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que fue notificada por conducto de su defensor el cinco de junio del presente año, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se notificó el acto; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. Más aún, si se tiene que el artículo 77, del Código de Procedimientos Penales, dispone: "ARTICULO 77. Los términos son improrrogables y empezarán a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo en los casos dispuestos en este Código." Como se ve, en materia procesal penal, de conformidad con el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, los términos empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de notificación. Así, las notificaciones en esta materia surten efectos desde el momento en que se efectúan. Solo resta mencionar que tal como se desprende en los conceptos de violación, los quejosos pretendieron controvertir la resolución de la Sala responsable que deja firme un auto de formal prisión, tan es así, que los argumentos vertidos, los enderezaron en contra de los pronunciamientos que estimaron desacertados respecto de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, lo inherente a su notificación, no puede ser examinado a la luz de dicha resolución, sino que en su caso, tienen expedito su derecho para reclamar en la forma y vía que consideren pertinente, la ilegalidad o no de la notificación de la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil nueve. Sin embargo, al menos, de la constancia remitida por la Sala responsable, es permisible establecer que al margen de si fue legal o no la notificación (aspecto que no cabe dilucidar aquí, porque lo que se reclama y controvierte, fue la resolución que confirma el auto de bien preso), conforme a la fecha en que aquélla se efectuó, hace que la presentación de la acción constitucional, devenga extemporánea. Lo anterior no soslaya el criterio de jurisprudencia 1a./J. 48/2015 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA." Toda vez que el mismo se refiere a la posibilidad de que tanto el defensor como el quejoso hayan sido notificados en fechas distintas, sin embargo, en el particular, sólo existe una notificación respecto de la resolución reclamada y es la que se practicó a los ahora quejosos a través de su defensor. Por lo que de manera alguna puede tenerse como fecha de notificación de la misma, aquélla en que el juez penal tuvo por recibidos los autos de segunda instancia, o cualquier otra existente en la causa, con motivo de la cual, aludan que a partir de ahí tuvieron conocimiento de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, pues de permitir tal posicionamiento, ello implicaría la falta de certeza y seguridad jurídica, así como un desequilibrio procesal. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese por lista.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el que remite las constancias solicitadas mediante auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, y resérvese a acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue la prevención hecha en el proveído antes citado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de demanda de amparo promovida por Fidel y Saúl ambos de Apellidos Buenrostro Zarazúa, contra actos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en Rioverde, San Luis Potosí, fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 778/2019-I. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114 en relación con el 108, fracciones I, II, III y V, prevéngase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con copias necesarias aclaren su demanda a fin de que: 1. Aclaren el nombre correcto de los promoventes, lo anterior es así, ya que en el proemio de su ocurso aparecen Fidel y Saúl de apellidos Buenrostro Zarazua; pero la demanda la suscriben como Fidel Buen Rostro Zarazúa y Saúl Buen Rostro Arazúa. Es decir, con distintos apellidos a los que aparecen en el proemio. 2. Nombre y domicilio de tercero interesado, pues si bien es cierto que refieren que tiene tal carácter quien en vida se llamó Ventura Grimaldo Díaz; sin embargo, en el particular debe emplazarse a quien tiene el carácter de víctima en representación del de cujus y además proporcionar su domicilio. 3. La autoridad responsable. Deberán clarificar si insisten en tener como tal al Juez de la causa, toda vez que del contenido integral de la demanda se desprende que se duelen del actuar de una diversa autoridad. 4. El acto reclamado. Habrán de esclarecer cual es acto reclamado, pues en tal sentido señalan que lo constituye la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, pero en su demanda controvierten la diversa dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 5. Antecedentes del acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad, deberán expresar los antecedentes del acto reclamado con la formalidad a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, lo anterior toda vez que al respecto sólo se circunscriben a precisar los medios de prueba que se tomaron en cuenta para resolver su situación jurídica. Circunstancias las anteriores que devienen en imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, así como la procedencia de la acción de amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." Apercíbase a los promoventes que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Sin perjuicio de lo anterior y con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan proveer sobre la demanda de cuenta, requiérase a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio con transcripción de este auto, remita la resolución dictada en el toca 89/2019, así como las constancias de notificación de la misma, particularmente, las efectuadas a los imputados, destacando si los mismos fueron notificados legalmente por conducto de sus defensores. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, notifíqueseles este auto, y las subsecuentes determinaciones de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Por otra parte, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan, toda vez que no proporcionan los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese, hágase por lista a la parte quejosa.
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