Fidel Bernardo Pérez Morales

Expediente 1095/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1095/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Fidel Bernardo Pérez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual notifica el acuerdo dictado el veintiocho de septiembre del presente año, en el juicio de amparo ********************/2022-I de su índice, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto. En razón de lo anterior, aáganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE) y, dado que no existe diligencia pendiente de acordar, téngase este asunto como totalmente concluido ordenándose su archivo judicial. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se declinó competencia, pues no localizó el domicilio proporcionado. En razón de lo anterior, con apoyo en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista dicho proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto no proporcione nuevo domicilio. Notifíquese y por lista a la parte quejosa el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. SE INSERTA AUTO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022:...Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Fidel Bernardo Pérez Morales, por propio derecho, contra actos del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1095/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. SE DECLINA LA COMPETENCIA DEL PRESENTE ASUNTO. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se pone de manifiesto que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para avocarse a su conocimiento, por las siguientes consideraciones: Así, de su análisis integral, se tiene que los actos aquí materia de reclamo consisten, en: 1. La determinación emitida en el expediente laboral 72/2022 del índice del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, mediante la cual se declinó la competencia legal para conocer del asunto. 2. La determinación dictada por parte de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México, en la que se aceptó la competencia legal que le fue declinada por la responsable precisada en el párrafo que antecede y que radicó bajo el número de expediente 4869/2022 de su lista de orden. Actos que aduce el promovente resultan violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. En los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el promovente que, con fecha catorce de julio del año en curso presentó demanda laboral ante la Oficialía de Partes del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, la cual fuera turnada al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, donde se radicó bajo el número de expediente 72/2022, realizando la prevención correspondiente. Luego, el veintiocho de julio de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia legal a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad de México En consecuencia, el doce de agosto del año en curso, por parte de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México, se pronunció sobre la competencia planteada en el sentido de aceptar la misma. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano jurisdiccional el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualizar que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Por tanto, si el acto reclamado posee ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso de que el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto en párrafos que anteceden se obtiene que la intensión del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho ocurrir ante un Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada I.15°.A.41 K sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, marzo del dos mil once, página dos mil doscientos ochenta y ocho, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Al respecto, no se surte la hipótesis que se exige para la competencia legal de este Juzgado, dado que el acuerdo donde se declina competencia legal a favor de la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, carece de ejecución material, al tratarse de un acto de los considerados como negativos simples dado que no produce ningún efecto positivo. En tanto que la posterior aceptación de competencia por parte de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México, propiamente conforma un acto positivo con efectos materiales, puesto que somete a la persona bajo su jurisdicción y obliga a la persona a litigar el asunto ante ella. Lo anterior, implica que los actos materia de reclamo no tengan ejecución en esta entidad federativa o que se traten de ejecutar o se hayan ejecutado; aunado a que no se proporciona dato en el sentido de que los mismos pudieran ejecutarse en el Estado de Tlaxcala. En efecto, pues los actos que llevaron al quejoso a promover la demanda de amparo que nos ocupa, es la competencia legal declinada por parte del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, para conocer del expediente laboral 72/2022, así como la aceptación de la misma por parte de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México, esto, ultimo implica que es en esa localidad que los actos materia de reclamo tendrán ejecución o se trataran de ejecutar o se ejecutaron. Esto pues, la determinación impugnada por el peticionario del amparo y por la que se acepta la competencia legal para conocer del asunto, tiene una ejecución material a efectuarse en la Ciudad de México, de acuerdo a la autoridad laboral jurisdiccional que aceptó la competencia declinada, llevando a cabo un acto de naturaleza positiva con efectos materiales en esa ciudad. Por tanto, debe seguirse la primera de las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es competente para conocer el juicio de amparo el juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en el que se vaya a efectuar el acto reclamado, precisamente, porque que tiene jurisdicción en el lugar donde se ubica la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia legal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia PC.X. J/6 L (11a.), Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 3039, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo que declina la competencia y el diverso que la admite, tiene o no ejecución material, lo anterior para efectos de fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del amparo en la vía indirecta. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional declina la competencia, atendiendo a la naturaleza de los actos, es de los considerados actos negativos, por lo que no tiene ejecución material, en tanto que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional acepta la competencia declinada, tiene naturaleza positiva y, por lo tanto, tiene ejecución material; por ello, es esta última determinación la que fija la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en términos de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 343/2019, estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias. Al respecto, importa destacar los positivos y los negativos; los primeros son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que la persona estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En tal contexto, el proveído mediante el cual una autoridad declina su competencia en favor de otra, es de los considerados negativos simples, en razón de que mediante esta resolución la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, esto es, a admitir la competencia por considerar que a otra autoridad le corresponde la misma; esta actuación no produce ningún efecto positivo dado que hasta ese momento no se impone alguna carga u obligación a la persona; en tanto que el acto de autoridad consistente en el auto que acepta la competencia declinada se constituye como un acto positivo, dado que tiene efectos materiales, al incidir en la esfera jurídica de la persona, porque la somete bajo su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante ella, actualizando de tal forma la posibilidad que el procedimiento o juicio se tramite por una autoridad legalmente incompetente; por ende, para definir la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra tales actos resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia." Asimismo, es pertinente citar el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.20, visible en la página 395, del Tomo III, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente texto: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras". Por tanto, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda, por lo que con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por considerarse que es a un Juez de Distrito de esa jurisdicción a quien corresponde resolver este asunto. Fórmese cuaderno de antecedentes y hágase la remisión ordenada; además se solicita de manera comedida y respetuosa al juez a quien toque conocer del mismo, acuse el recibo correspondiente y, haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto a la competencia que se le declina. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda Debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido que podrá dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. AUTORIZADOS: Se tienen por autorizados para el solo efecto de recibir notificaciones e imponerse de autos a Karina Bárbara Said Robles y Manuel Alejandro Sánchez Cuevas, pues aun cuando los designa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no proporcionó el número de cédulas profesionales para hacer la búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** respecto de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, respecto de los actos que reclamaron del Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Procuradora General de Justicia del Estado y Titular del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, en términos del considerando quinto de este fallo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por lista a la parte tercero interesada, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables.

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