Fidel Barrera Pérez
Expediente 764/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fidel Barrera Pérez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo promovida y que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, contra actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad, se provee como sigue. 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Ahora bien, tratándose de la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; tal y como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580 y rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Con esas bases, es necesario explicar qué debe entenderse por "abierta dilación" del procedimiento en el contexto de la procedencia del amparo indirecto sólo contra actos en juicio de imposible reparación, esto es, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Pues bien, para que exista una abierta dilación del procedimiento que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo por considerarse que constituye un acto de imposible reparación, debe regir la misma regla que para estos últimos actos, es decir, las consecuencias de esa dilación deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; pues no debe perderse de vista que el término "abierto" en este caso es utilizado como un adjetivo que significa "claro, patente, indudable", atribuido a la dilación que califica. Así, no cualquier dilación tiene el carácter de "abierta" y para establecer cuándo se está ante un supuesto jurídico de tal naturaleza, por lo general debe atenderse a las peculiaridades de cada caso en concreto; y es posible dejar en claro que no se está ante un supuesto jurídico de dilación abierta en aquellos casos en los que entre la presentación de un escrito cuya omisión de acordar se reclama y la fecha de la presentación de la demanda de amparo tan sólo media un lapso breve observado razonablemente, sobre todo dentro de contextos de impartición de justicia saturados y con problemáticas de limitación de recursos indispensables para que su eficacia sea óptima. De manera que en esos casos, aun cuando se sobrepasen los plazos que la ley que regula el acto establezca para proveer lo conducente -en algunas ocasiones podría ser el doble e incluso el triple dependiendo de la brevedad de algunos plazo-, lo cierto es que el transcurso de unos cuantos días más tan solo constituye una simple dilación y no puede considerarse una "abierta" dilación, que retrase de tal manera el procedimiento que dé lugar a decretar la procedencia del juicio de amparo, pues no produce en el quejoso un acto de imposible reparación que afecte clara, patente o ineludiblemente su derecho de acceso a la justicia pues no obstruye de manera evidente el acceso a la misma. En ese sentido, no debe perderse de vista las particularidades de la impartición de justicia de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, cuyos actos son materia del juicio de amparo, los cuales, por lo general se encuentran rebasados en sus capacidades por el cúmulo de trabajo que tienen a su cargo; de ahí que esa carga laboral debe administrarse a efecto de que todos los justiciables y no solo aquéllos que promuevan amparo, se les administre justicia de la manera más pronta posible y dentro de los plazos que marca la ley y de ser el caso de que reciban justicia fuera de dichos plazos, que esa tardanza sea razonable, y no constituya una abierta dilación que es lo que produce injusticia. Y es que la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que exista abierta dilación tiene como finalidad que vía amparo se otorgue justicia en aquellos casos en los que verdaderamente exista una injusticia manifiesta y no para ajustar la administración de justicia de las autoridades señaladas como responsables a los plazos procesales de manera estricta, frente a una realidad imperante de recursos limitados de administración de justicia. Finalmente, hay que agregar que la propia promoción del juicio de amparo en los casos en que no exista una abierta dilación del procedimiento, es un despropósito porque la práctica refleja que el propio trámite del amparo dilata un tiempo considerable aunado a que provoca que las autoridades señaladas como responsables se vean en la necesidad de realizar los trámites inherentes a la defensa del acto reclamado, lo que ocasiona una dilación mayor en el procedimiento. Expuesto lo anterior, en este caso el acto reclamado se hace consistir en: la omisión de acordar el escrito de nueve de junio de dos mil veintiuno, petición que la parte quejosa aduce presentó ante la autoridad responsable el nueve de junio de dos mil veintiuno; pero ello no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, precisamente porque la fecha en que la autoridad responsable fue omisa en proveer respecto del referido escrito y la fecha de la presentación de la demanda de amparo acaecida el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, únicamente mediaron diez días naturales. Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, ese lapso - doce días- no produce una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contracción de tesis 294/2018, que originó la jurisprudencia 2a./J.33/2019 que resolvió el juicio de amparo contra dilaciones procesales procede cuando han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en el concluyó el plazo que tiene la autoridad responsable esto es, a partir del proveído en el cual la autoridad responsable debió proveer sobre el escrito presentado; por tanto, en el presente asunto el computo inició a partir del veinte de enero de dos mil veinte, y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, han transcurrido únicamente doce días, por lo que, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización. La jurisprudencia en mención es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso no existe una abierta dilación en el procedimiento ni su paralización total pero además es evidente, claro y fehaciente en tanto que basta la lectura del escrito inicial de demanda para percatarse de ello; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. 3).-Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta y en los términos que propone a las personas que refiere, lo anterior, por tratarse de un asunto en materia de trabajo. 4).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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