Fidel Barrera Alcántara

Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
588/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Fidel Barrera Alcántara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, el cual contiene la evidencia criptográfica relativa a la firma del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron cuatro discos en formato DVD que contienen expediente electrónico de la causa de control 3211/2018, y audiencias correspondientes a ese procedimiento, que había enviado como complemento de su informe justificado. Atento a lo anterior, este juzgador toma conocimiento para los efectos legales conducentes y deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó a la oficiante. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Jesús Facio Rodríguez, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó que la justicia de la Unión no amparó ni protegió a -----------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese únicamente el original del incidente de suspensión y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, capítulo séptimo y numeral 18, fracción I, inciso b), artículo 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso c), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; III. Realizar las gestiones conducentes para llevar a cabo las transferencias de expedientes a los depósitos documentales debidamente asegurados y con el acompañamiento de un dispositivo de seguridad; y IV. Participar en las sesiones del Grupo Interdisciplinario en las que se analice el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de los expedientes que produzcan. "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección Constitucional; y,." Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional." Por tanto, se ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que la justicia de la unión no amparó ni protegió a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. En tanto que, el incidente de suspensión al haberse negado tanto la suspensión provisional como definitiva, EL ORIGINAL COMO DUPLICADO DE DICHO CUADERNO SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo Asimismo, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, toda vez que ya no es necesaria la retención de los discos en formato DVD (cuatro discos) que contienen expediente electrónico de la causa de control 3211/2018, y audiencias correspondientes a ese procedimiento, que remitió la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de su índice, devuélvase a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a la autoridad antes requerida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Finalmente, cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde actualmente se encuentra recluido, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos la razón de cuenta, suscrita por el Actuario Judicial de la adscripción, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, a la tercera interesada Edith Denisse Campuzano, por las razones que expone en la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, practíquesele a la tercera interesada la notificación de la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, así como, las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija publica en internet y copia que de esta se deja en la entrada de acceso del edificio donde se ubica este juzgado, hasta en tanto señale un diverso domicilio dentro de alguno de los municipios donde este órgano federal tiene jurisdicción. Notifíquese por medio de lista a las partes, así como la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, a la tercera interesada, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE 18 DE AGOSTO DEL 2021, QUE DICE: V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo 588/2021-VII, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ------------------, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad responsable. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y turnado el dieciocho de diciembre siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mismo que por razón de turno se remitió al y por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, ------------------, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES a) C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, en su calidad de ORDENADORA. b) C. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, en su calidad de EJECUTORA. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) De la Autoridad RESPONSABLE ORDENADORA se reclama: 1).- EL AUTO DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE CONFIRMA EL AUTO DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD (EL CUAL NO ACORDARA FAVORABLE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y EN CONSECUENCIA EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO) b) De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA se reclama la privación de la libertad de la que soy objeto como consecuencia y efecto derivado de la determinación que se reclama de la Autoridad Ordenadora." SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, radicó la demanda de amparo con el número 1014/2020-V-C, y lo admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las responsables y ordenó el emplazamiento de la tercera interesada -----------------; además, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público, y señaló fecha para la audiencia constitucional. Posteriormente, el once de marzo de dos mil veintiuno, se logró el emplazamiento de la aludida tercera interesada. Siguiendo con el trámite, en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, ordenó la remisión de los presentes autos a este juzgado, al considerar que se actualizaba uno de los supuestos de conocimiento previo. TERCERO. Recepción de conocimiento previo. En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, este órgano federal recibió las constancias del sumario de amparo, lo registró con el número de amparo 588/2021-VII, asumió su conocimiento y declaró válidas las actuaciones llevadas a cabo por el homólogo federal. Aunado a ello, señaló fecha para la audiencia constitucional, otorgó la vista que corresponde al representante social adscrito, y ordenó hacer del conocimiento de la radicación del asunto al quejoso, tercera interesada-------------- y a la licenciada ---------------- , Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tlalnepantla, Estado de México, por ser quien interviene en el procedimiento penal de donde deriva el acto. Finalmente, previo diferimiento, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual seguido el juicio en su trámite, se inició conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las manifestaciones de la demanda de amparo y el contenido del informe justificado, se aprecia que lo que reclama el quejoso es: De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: El auto de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, que confirma el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinte, dictados en la carpeta administrativa 3211/2018, por el cual no se acordó de manera favorable la solicitud del quejoso relativa a decretar la extinción de la acción penal y como consecuencia el sobreseimiento. De la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: Los efectos y consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora, que se traducen en que permanezca privado de su libertad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente digital de la carpeta administrativa 3211/2018, remitido por la primera de las autoridades mencionadas en disco DVD, la cual goza de pleno valor probatorio al tratarse de una documental pública, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 23. 3 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio de dos mil diecinueve, tomo II, página mil catorce, de rubro: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, ni el suscrito advierte que se actualice alguna de manera oficiosa, por lo que se procede a analizar el fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene mencionar algunos de los principales antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten del expediente digital de la carpeta administrativa 3211/2018 y son los siguientes: 1. El veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, calificó de legal la detención del quejoso y de diversa persona por el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber causado muerte a la víctima, en agravio de -----------. 2. El veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el juez natural dictó auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso y otra persona. 3. Inconforme con ello el ministerio público interpuso recurso de apelación, en el cual el tribunal de alzada revocó la resolución recurrida y dictó un auto de vinculación a proceso, en contra del quejoso y diversa persona. 4. En audiencia de veintinueve de julio de dos mil veinte, el juez de la causa decretó la detención material del quejoso y se autorizó un mes para el cierre de investigación complementaria, precisando que éste fenecería el veinticinco de agosto de dos mil veinte, asimismo, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 5. En audiencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el juez responsable autorizó un mes de prórroga de plazo para el cierre de investigación complementaria, ello a petición de la fiscalía, señalando que dicho plazo concluiría el veinticinco de septiembre del mismo año. 6. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la fiscalía comunicó el cierre de investigación. 7. En auto de once de noviembre de dos mil veinte, el juez natural, a petición de la defensa privada del quejoso, en razón de que la fiscalía fue omisa en pronunciarse de conformidad con lo dispuesto por el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que la investigación del cierre de investigación complementaria culminó el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, y el término para pronunciarse de las hipótesis mencionadas inició el veintiocho de septiembre de dos mil veinte y feneció el dieciséis de octubre del dos mil veinte, ordenó dar vista al Fiscal General de Justicia del Estado de México a efecto que dentro del término de quince días hábiles contados a partir de que fuera notificado, se pronunciara respecto a los supuestos que prevé el referido numeral 324 del ordenamiento señalado, con el apercibimiento que de no hacerlo quedaría extinguida la acción penal y se decretaría el sobreseimiento. 8. Posteriormente, el imputado solicitó que se declarara extinguida la acción penal y se decretara el sobreseimiento, por lo que el juez de la causa emitió el auto de cinco de diciembre de dos mil veinte, en el que determinó que ello no era procedente, toda vez que el tres de diciembre de dos mil veinte, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, fue notificado del auto de once de noviembre del mismo año, por lo que se encontraba transcurriendo el término de quince días para que diera cumplimiento al requerimiento. 9. En desacuerdo con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el diez de diciembre de dos mil veinte, en el sentido de confirmar el auto recurrido. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio. SEXTO. Análisis de fondo del asunto. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, ya que la ley de la materia no lo exige, sin embargo, se advierte que el quejoso se inconforma por las siguientes razones: Aduce que se violó en su perjuicio el debido proceso, ya que la responsable no motiva porqué se remitió el oficio al Fiscal veintidós días después de que se ordenara. Señala que de manera cuestionable el último día (tres de diciembre de dos mil veinte) que contaba el Fiscal General de Justicia del Estado de México, para pronunciarse en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decidió remitir vía correo electrónico el oficio 13495 de once de noviembre de dos mil veinte, como si los quince días dados PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO." en un primer momento al Agente del Ministerio Público y los quince días otorgados al superior no hubieran sido suficientes. Refiere que al Ministerio Público le corresponde pronunciarse en términos del numeral 324 de la ley de la materia, dentro del plazo que ahí se establece, y de no hacerlo se dará vista al Fiscal General para que en un plazo de quince días se pronuncie al respecto, terminado dicho plazo sin que el Fiscal se haya pronunciado, se decretará el sobreseimiento, sin que dicho numeral establezca que de no existir pronunciamiento, se volverá a notificar o recordar al Fiscal General la omisión en que hubiere incurrido, ya que de esa forma el órgano jurisdiccional se estaría convirtiendo en un órgano acusador, al estar indicándole al Fiscal la forma en que debe de proceder en el procedimiento penal. Argumenta que la actuación del juzgador fue parcial, porque el día límite que tenía el Fiscal para pronunciarse respecto a la vista que se le otorgó en auto de once de noviembre de dos mil veinte, se comunicó ese día, es decir, el tres de diciembre de dos mil veinte, pese a que del expediente digital se aprecia el oficio 13495 desde el día once de noviembre de dos mil veinte. Menciona que hasta el día de la presentación de la demanda (dieciocho de diciembre de dos mil veinte), el Fiscal General de Justicia del Estado de México, no se había pronunciado en relación al oficio 13495 de fecha once de noviembre de dos mil veinte, por lo que lo procedente era que la responsable hubiera revocado el proveído de cinco de diciembre de dos mil veinte y haber emitido un nuevo auto en el que se decretara la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del asunto. Una vez precisados los motivos de disenso, se aprecia que la controversia a resolver en este asunto es la siguiente: ¿El plazo de quince días hábiles para que el Fiscal General de Justicia del Estado de México se pronunciara en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió computarse desde la fecha en que se emitió el oficio correspondiente o hasta que le fue notificado vía correo electrónico? Para resolver lo anterior, conviene mencionar el contenido de los artículos 94, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido siguiente: "Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación. Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento." De los preceptos citados se aprecia que los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que ese Código autorice, los establecidos en días correrán a partir del día en que surte efectos la notificación. Por otro lado, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: Solicitar el sobreseimiento parcial o total; Solicitar la suspensión del proceso, o Formular acusación. Asimismo, cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días, y transcurrido ese plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Expuesto el marco legal de referencia, conviene reiterar que la Juez responsable dictó auto de once de noviembre de dos mil veinte, en el que advirtió que había concluido la investigación complementaria y el Ministerio Público no se había pronunciado respecto a alguno de los supuestos previstos por el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ordenó dar vista al Fiscal General de Justicia del Estado de México a efecto que dentro del término de quince días hábiles contados a partir de que fuera notificado, se pronunciara en relación a los supuestos que prevé el referido numeral, con el apercibimiento que de no hacerlo quedaría extinguida la acción penal y se decretaría el sobreseimiento. En cumplimiento a dicho acuerdo, en esa misma fecha se emitió el oficio 13495, dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, sin embargo, fue hasta el día tres de diciembre de dos mil veinte, en el que la citada autoridad fue notificada a través de correo electrónico. Así las cosas, si los plazos en el proceso penal empiezan a correr a partir de que sean notificados los actos correspondientes, se concluye que la respuesta a la interrogante planteada con antelación debe ser en el sentido de que el plazo de quince días para que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, desahogue el requerimiento de once de noviembre de dos mil veinte, debe computarse a partir de que éste es notificado. Por ende, resulta infundado el argumento del quejoso relativo a que el último día que tenía el Fiscal mencionado para desahogar el aludido requerimiento, se le notificó el requerimiento en comento, ya que la única constancia de notificación del oficio 13495, dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, que obra en el expediente digital, es la de tres de diciembre de dos mil veinte, practicada a través de correo electrónico y no otra, por lo cual, en esa fecha no estaba transcurriendo el plazo para su desahogo, pues no había sido notificado antes, de ahí que tampoco se observe una conducta parcial de la responsable hacia alguna de las partes. Asimismo, si bien la responsable no motiva porque hasta el tres de diciembre de dos mil veinte se realizó la notificación al Fiscal General de Justicia del Estado de México, cierto es que dicho argumento es inoperante, ya que es insuficiente para variar el sentido de la resolución reclamada, porque aunque hubiera expuesto las razones y circunstancias que la llevaron a demorar en ello, no cambiaría el hecho de que la autoridad en mención fue notificada en la fecha precisada, y que el cómputo para el desahogo inicia a partir de que surte efectos la notificación. De igual manera, la notificación de tres de diciembre de dos mil veinte no constituye un recordatorio al citado Fiscal, en el que la juez responsable le hubiera mencionado cómo debía de actuar, como lo aduce el quejoso, debido a que como se ha mencionado, no había sido notificado con anterioridad, de ahí que sea infundado dicho motivo de inconformidad. Finalmente, por cuanto hace a que a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de diciembre de dos mil veinte), el Fiscal General de Justicia del Estado de México, no se había pronunciado en relación al oficio 13495 de fecha once de noviembre de dos mil veinte, por lo que era procedente que la responsable hubiera revocado el proveído de cinco de diciembre de dos mil veinte y haber emitido un nuevo auto en el que se decretara la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del asunto; dicho motivo de disenso es inoperante, ya que en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo cual no es posible tomar en consideración acontecimientos que hayan ocurrido con posterioridad a la emisión del acto reclamado. En consecuencia, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación, y sin que se haya advertido queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los acto de ejecución reclamados a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al no haberse controvertido por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la ordenadora4. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ------------------, por su propio derecho, respecto al acto precisado en el segundo considerando, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo 588/2021-VII, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ------------------, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad responsable. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y turnado el dieciocho de diciembre siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mismo que por razón de turno se remitió al y por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, ------------------, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES a) C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, en su calidad de ORDENADORA. b) C. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, en su calidad de EJECUTORA. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) De la Autoridad RESPONSABLE ORDENADORA se reclama: 1).- EL AUTO DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE CONFIRMA EL AUTO DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD (EL CUAL NO ACORDARA FAVORABLE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y EN CONSECUENCIA EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO) b) De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA se reclama la privación de la libertad de la que soy objeto como consecuencia y efecto derivado de la determinación que se reclama de la Autoridad Ordenadora." SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, radicó la demanda de amparo con el número 1014/2020-V-C, y lo admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las responsables y ordenó el emplazamiento de la tercera interesada -----------------; además, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público, y señaló fecha para la audiencia constitucional. Posteriormente, el once de marzo de dos mil veintiuno, se logró el emplazamiento de la aludida tercera interesada. Siguiendo con el trámite, en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, ordenó la remisión de los presentes autos a este juzgado, al considerar que se actualizaba uno de los supuestos de conocimiento previo. TERCERO. Recepción de conocimiento previo. En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, este órgano federal recibió las constancias del sumario de amparo, lo registró con el número de amparo 588/2021-VII, asumió su conocimiento y declaró válidas las actuaciones llevadas a cabo por el homólogo federal. Aunado a ello, señaló fecha para la audiencia constitucional, otorgó la vista que corresponde al representante social adscrito, y ordenó hacer del conocimiento de la radicación del asunto al quejoso, tercera interesada-------------- y a la licenciada ---------------- , Agente del Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de Tlalnepantla, Estado de México, por ser quien interviene en el procedimiento penal de donde deriva el acto. Finalmente, previo diferimiento, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual seguido el juicio en su trámite, se inició conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las manifestaciones de la demanda de amparo y el contenido del informe justificado, se aprecia que lo que reclama el quejoso es: De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: El auto de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, que confirma el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinte, dictados en la carpeta administrativa 3211/2018, por el cual no se acordó de manera favorable la solicitud del quejoso relativa a decretar la extinción de la acción penal y como consecuencia el sobreseimiento. De la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: Los efectos y consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora, que se traducen en que permanezca privado de su libertad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente digital de la carpeta administrativa 3211/2018, remitido por la primera de las autoridades mencionadas en disco DVD, la cual goza de pleno valor probatorio al tratarse de una documental pública, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 23. 3 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio de dos mil diecinueve, tomo II, página mil catorce, de rubro: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, ni el suscrito advierte que se actualice alguna de manera oficiosa, por lo que se procede a analizar el fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene mencionar algunos de los principales antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten del expediente digital de la carpeta administrativa 3211/2018 y son los siguientes: 1. El veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, calificó de legal la detención del quejoso y de diversa persona por el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia y haber causado muerte a la víctima, en agravio de -----------. 2. El veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el juez natural dictó auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso y otra persona. 3. Inconforme con ello el ministerio público interpuso recurso de apelación, en el cual el tribunal de alzada revocó la resolución recurrida y dictó un auto de vinculación a proceso, en contra del quejoso y diversa persona. 4. En audiencia de veintinueve de julio de dos mil veinte, el juez de la causa decretó la detención material del quejoso y se autorizó un mes para el cierre de investigación complementaria, precisando que éste fenecería el veinticinco de agosto de dos mil veinte, asimismo, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 5. En audiencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el juez responsable autorizó un mes de prórroga de plazo para el cierre de investigación complementaria, ello a petición de la fiscalía, señalando que dicho plazo concluiría el veinticinco de septiembre del mismo año. 6. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la fiscalía comunicó el cierre de investigación. 7. En auto de once de noviembre de dos mil veinte, el juez natural, a petición de la defensa privada del quejoso, en razón de que la fiscalía fue omisa en pronunciarse de conformidad con lo dispuesto por el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que la investigación del cierre de investigación complementaria culminó el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, y el término para pronunciarse de las hipótesis mencionadas inició el veintiocho de septiembre de dos mil veinte y feneció el dieciséis de octubre del dos mil veinte, ordenó dar vista al Fiscal General de Justicia del Estado de México a efecto que dentro del término de quince días hábiles contados a partir de que fuera notificado, se pronunciara respecto a los supuestos que prevé el referido numeral 324 del ordenamiento señalado, con el apercibimiento que de no hacerlo quedaría extinguida la acción penal y se decretaría el sobreseimiento. 8. Posteriormente, el imputado solicitó que se declarara extinguida la acción penal y se decretara el sobreseimiento, por lo que el juez de la causa emitió el auto de cinco de diciembre de dos mil veinte, en el que determinó que ello no era procedente, toda vez que el tres de diciembre de dos mil veinte, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, fue notificado del auto de once de noviembre del mismo año, por lo que se encontraba transcurriendo el término de quince días para que diera cumplimiento al requerimiento. 9. En desacuerdo con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el diez de diciembre de dos mil veinte, en el sentido de confirmar el auto recurrido. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio. SEXTO. Análisis de fondo del asunto. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, ya que la ley de la materia no lo exige, sin embargo, se advierte que el quejoso se inconforma por las siguientes razones: Aduce que se violó en su perjuicio el debido proceso, ya que la responsable no motiva porqué se remitió el oficio al Fiscal veintidós días después de que se ordenara. Señala que de manera cuestionable el último día (tres de diciembre de dos mil veinte) que contaba el Fiscal General de Justicia del Estado de México, para pronunciarse en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decidió remitir vía correo electrónico el oficio 13495 de once de noviembre de dos mil veinte, como si los quince días dados PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO." en un primer momento al Agente del Ministerio Público y los quince días otorgados al superior no hubieran sido suficientes. Refiere que al Ministerio Público le corresponde pronunciarse en términos del numeral 324 de la ley de la materia, dentro del plazo que ahí se establece, y de no hacerlo se dará vista al Fiscal General para que en un plazo de quince días se pronuncie al respecto, terminado dicho plazo sin que el Fiscal se haya pronunciado, se decretará el sobreseimiento, sin que dicho numeral establezca que de no existir pronunciamiento, se volverá a notificar o recordar al Fiscal General la omisión en que hubiere incurrido, ya que de esa forma el órgano jurisdiccional se estaría convirtiendo en un órgano acusador, al estar indicándole al Fiscal la forma en que debe de proceder en el procedimiento penal. Argumenta que la actuación del juzgador fue parcial, porque el día límite que tenía el Fiscal para pronunciarse respecto a la vista que se le otorgó en auto de once de noviembre de dos mil veinte, se comunicó ese día, es decir, el tres de diciembre de dos mil veinte, pese a que del expediente digital se aprecia el oficio 13495 desde el día once de noviembre de dos mil veinte. Menciona que hasta el día de la presentación de la demanda (dieciocho de diciembre de dos mil veinte), el Fiscal General de Justicia del Estado de México, no se había pronunciado en relación al oficio 13495 de fecha once de noviembre de dos mil veinte, por lo que lo procedente era que la responsable hubiera revocado el proveído de cinco de diciembre de dos mil veinte y haber emitido un nuevo auto en el que se decretara la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del asunto. Una vez precisados los motivos de disenso, se aprecia que la controversia a resolver en este asunto es la siguiente: ¿El plazo de quince días hábiles para que el Fiscal General de Justicia del Estado de México se pronunciara en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió computarse desde la fecha en que se emitió el oficio correspondiente o hasta que le fue notificado vía correo electrónico? Para resolver lo anterior, conviene mencionar el contenido de los artículos 94, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido siguiente: "Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación. Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento." De los preceptos citados se aprecia que los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que ese Código autorice, los establecidos en días correrán a partir del día en que surte efectos la notificación. Por otro lado, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: Solicitar el sobreseimiento parcial o total; Solicitar la suspensión del proceso, o Formular acusación. Asimismo, cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días, y transcurrido ese plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Expuesto el marco legal de referencia, conviene reiterar que la Juez responsable dictó auto de once de noviembre de dos mil veinte, en el que advirtió que había concluido la investigación complementaria y el Ministerio Público no se había pronunciado respecto a alguno de los supuestos previstos por el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ordenó dar vista al Fiscal General de Justicia del Estado de México a efecto que dentro del término de quince días hábiles contados a partir de que fuera notificado, se pronunciara en relación a los supuestos que prevé el referido numeral, con el apercibimiento que de no hacerlo quedaría extinguida la acción penal y se decretaría el sobreseimiento. En cumplimiento a dicho acuerdo, en esa misma fecha se emitió el oficio 13495, dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, sin embargo, fue hasta el día tres de diciembre de dos mil veinte, en el que la citada autoridad fue notificada a través de correo electrónico. Así las cosas, si los plazos en el proceso penal empiezan a correr a partir de que sean notificados los actos correspondientes, se concluye que la respuesta a la interrogante planteada con antelación debe ser en el sentido de que el plazo de quince días para que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, desahogue el requerimiento de once de noviembre de dos mil veinte, debe computarse a partir de que éste es notificado. Por ende, resulta infundado el argumento del quejoso relativo a que el último día que tenía el Fiscal mencionado para desahogar el aludido requerimiento, se le notificó el requerimiento en comento, ya que la única constancia de notificación del oficio 13495, dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, que obra en el expediente digital, es la de tres de diciembre de dos mil veinte, practicada a través de correo electrónico y no otra, por lo cual, en esa fecha no estaba transcurriendo el plazo para su desahogo, pues no había sido notificado antes, de ahí que tampoco se observe una conducta parcial de la responsable hacia alguna de las partes. Asimismo, si bien la responsable no motiva porque hasta el tres de diciembre de dos mil veinte se realizó la notificación al Fiscal General de Justicia del Estado de México, cierto es que dicho argumento es inoperante, ya que es insuficiente para variar el sentido de la resolución reclamada, porque aunque hubiera expuesto las razones y circunstancias que la llevaron a demorar en ello, no cambiaría el hecho de que la autoridad en mención fue notificada en la fecha precisada, y que el cómputo para el desahogo inicia a partir de que surte efectos la notificación. De igual manera, la notificación de tres de diciembre de dos mil veinte no constituye un recordatorio al citado Fiscal, en el que la juez responsable le hubiera mencionado cómo debía de actuar, como lo aduce el quejoso, debido a que como se ha mencionado, no había sido notificado con anterioridad, de ahí que sea infundado dicho motivo de inconformidad. Finalmente, por cuanto hace a que a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de diciembre de dos mil veinte), el Fiscal General de Justicia del Estado de México, no se había pronunciado en relación al oficio 13495 de fecha once de noviembre de dos mil veinte, por lo que era procedente que la responsable hubiera revocado el proveído de cinco de diciembre de dos mil veinte y haber emitido un nuevo auto en el que se decretara la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del asunto; dicho motivo de disenso es inoperante, ya que en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo cual no es posible tomar en consideración acontecimientos que hayan ocurrido con posterioridad a la emisión del acto reclamado. En consecuencia, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación, y sin que se haya advertido queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los acto de ejecución reclamados a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al no haberse controvertido por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la ordenadora4. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ------------------, por su propio derecho, respecto al acto precisado en el segundo considerando, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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