Fidel Ávlia Espinoza
Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fidel Ávlia Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite la Administradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Chihuahua "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad capital. Atento a su contenido, comuníquese a la oficiante que el veintiséis de agosto del dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia que determinó sobreseer en el juicio de amparo 347/2022, y se ordenó el archivo del presente asunto, como definitivamente concluido. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2º. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad de referencia. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió e término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamente en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa el archivo de este Juzgado Federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN por haberse negado la suspensión definitiva una vez transcurridos cinco años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transferencia y Accesos a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad respecto de su versión electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA En Ciudad Juárez, Chihuahua, a cuatro de julio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 347/2022-VI, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado a este Juzgado, en esa misma data, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, residente en la Ciudad de México, Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" del Servicio de Administración Tributaria, y Ministro Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" del Servicio de Administración, con residencia en la capital de esta entidad federativa y Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos, en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, se previno al quejoso, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Ministro Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" del Servicio de Administración; y una vez hecho lo anterior, el once de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se llevó a cabo el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis de la demanda y de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1.- Al Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria y Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" del Servicio de Administración Tributaria: Todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado de la resolución contenida en el oficio número ******* de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Aduana de Ciudad Juárez; desde la emisión del mandamiento de ejecución hasta la colocación de sellos con la leyenda "EMBARGADO" 2.- Al Ministro Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" del Servicio de Administración. La diligencia de requerimiento de pago y embargo del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, inscrito con el número *******, folio *******, libro *******, Sección ******* del Registro, folio real *******, practicada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Al Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos, en esta ciudad. La inscripción del referido embargo. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, residente en la Ciudad de México, al rendir informe justificado, expresó que nos son ciertos los actos reclamados; lo anterior, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En razón de lo antes expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados al Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. La Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" del Servicio de Administración Tributaria, y Ministro Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" del Servicio de Administración, con residencia en la capital de esta entidad federativa y Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos, en esta ciudad, al rendir informe justificado, en el ámbito de sus respectivas competencias, convinieron en la certeza de los actos reclamados. Adjuntando para tal efecto copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento administrativo de ejecución derivado de la resolución contenida en el oficio número ******* de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Aduana de Ciudad Juárez; diligencia de requerimiento de pago y embargo del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, inscrito con el número *******, folio *******, libro *******, Sección ******* del Registro, folio real *******, e inscripción del embargo definitivo. Las constancias remitidas por las autoridades responsables, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO.- Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, la suscrita advierte que debe sobreseerse en el juicio de amparo contra los actos aquí reclamados en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley en cita, que al respecto dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Esta causal, tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contiene el principio de "instancia de parte agraviada" en el juicio de amparo, pues en lo que interesa, establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Asimismo, el artículo 6º del ordenamiento legal en cita, a la letra establece: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Se invocan, en apoyo a lo antes mencionado, por las razones que la contienen y por analogía la jurisprudencia número 1a./J. 1/20021 , que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Así como la tesis XX. J/142 , que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con el siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL." No está por demás señalar, que en el presente caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto; para evidenciar esta situación, en principio es necesario tener claro que esta figura debe ser entendida como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar la actualización de esa figura jurídica, ya que por disposición expresa del último párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente debe contar con un interés jurídico comprobable. Soportan estas consideraciones, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007921, de la Décima Época, Materia Común, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, de noviembre de 2014, Tomo I, página 60, del rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2019, precisó que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, y del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, ese interés debe acreditarse plenamente y no sólo de modo presuntivo, según el criterio que ha sustentado la Primera Sala. De lo contrario, el juicio de amparo resultaría improcedente en términos de la citada fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, ese Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que el interés jurídico en el amparo debe acreditarse plena y fehacientemente, y no hacerse derivar de presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 21/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, abril de 1998, página: 213, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Asimismo, la diversa 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, enero de 2008, página: 225, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por tanto, el promovente del juicio de amparo debe demostrar que es titular del derecho de propiedad o posesión conculcado por el acto de autoridad; lo cual no significa que en el juicio de amparo se decida y se haga un pronunciamiento sobre la titularidad de ese derecho, sino que dicho análisis en relación con el valor probatorio de los documentos, deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar el interés jurídico y, por consecuencia, la legitimación del promovente y la procedencia del juicio de amparo. Apoya lo antes expuesto, por analogía, la tesis 2a. LII/97, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, mayo de 1997, página: 333´, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." En el caso, como se precisó, la parte quejosa acude a esta instancia reclamando todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución derivado de la resolución contenida en el oficio número ******* de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Aduana de Ciudad Juárez; desde la emisión del mandamiento de ejecución hasta la colocación de sellos con la leyenda "EMBARGADO"; y en forma destacada la diligencia de requerimiento de pago y embargo del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, inscrito con el número *******, folio *******, libro *******, Sección ******* del Registro, folio real *******, practicada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno; y la inscripción del referido embargo. Ahora, de las constancias que obran en autos, se acredita que el referido procedimiento administrativo de ejecución es relativo al cobro de un crédito fiscal fincado a *******; esto es, el accionante del amparo no es el deudor en el procedimiento administrativo de ejecución de origen. En este sentido, en relación al derecho sobre el citado bien inmueble, en el escrito inicial de demandada, el quejoso refirió acreditarlo con copia certificada del contrato de compraventa celebrado entre ******* y el quejoso, respecto del bien inmueble ubicado *******, en esta ciudad; sin embargo, no adjuntó dicho documento. No obstante, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al procedimiento, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Ahora bien, se estima pertinente citar el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 187733, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. De la intelección del criterio de referencia, el Pleno del Más Alto Tribunal acotó, que tras una búsqueda y análisis de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Carta Magna, no coligió la existencia de datos o elementos que pudieran servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Por lo que, tras un examen del artículo 790 del Código Civil para el (entonces) Distrito Federal -similar al de todas las legislaciones civiles locales del país, el Pleno de la Suprema Corte del País determinó que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, que debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Al respecto, en la ejecutoria respectiva de la que derivó dicho criterio, acotó "Por otra parte, si interpretamos en forma literal el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal, y concluimos que el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa se refiere a una relación o estado de hecho entre una persona y una cosa, caeríamos en el absurdo de decir que el propietario que es despojado de su bien carece de interés jurídico para acudir a través de la vía del amparo a solicitar se le respete su garantía de audiencia, dado que quien tiene el poder de hecho es un poseedor derivado, ya sea usufructuario, depositario, arrendatario, etcétera". En esa línea, concluyó, que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo biinstancial -cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al procedimiento de origen- es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Así, dicho criterio alude entonces, a la existencia de dos tipos de posesión, la simple y la jurídica; entendiéndose sólo como protegible a través del juicio de amparo, la segunda, pues es la que se sustenta en alguna figura jurídica eficaz o precepto legal que genere el derecho a poseer. De ahí que no se produce afectación directa y personal en la esfera jurídica del quejoso. Pues se itera, en caso de que el quejoso tuviera la posesión del bien inmueble de que se trata, lo cierto es que la misma seria es una posesión material, no sustentada en alguna figura jurídica, dado que únicamente la posesión que se protege a través del juicio de amparo es la posesión - jurídica-, sustentada en documento idóneo del que se advierta su causa generadora lo cual, puede ser mediante la exhibición de un título que se sustente en alguna figura jurídica eficaz para el objeto o precepto legal que generen el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que cuenta con ese derecho. A mayor abundamiento, esta Juzgadora toma en consideración que de las constancias que remitieron las responsables, y de las que deriva el acto reclamado, se advierte que el procedimiento administrativo de ejecución derivado de la resolución contenida en el oficio número ******* de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Aduana de Ciudad Juárez, es relativo al cobro de un crédito fiscal fincado a *******; sin que la persona señalada como vendedor sea parte en el mismo, de ahí que se desconoce el título con el que vendió el inmueble en comento a la parte quejosa. En esas condiciones, se evidencia que el aquí quejoso, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, contra los actos reclamados. Así, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada y procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo en términos de los numerales 61, fracción XII, 5º, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada, por prelación, es la que debe prevalecer; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de la Licenciada *******, Secretaria de Juzgado con quién actúa y da fe, autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de junio de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos los informe justificado rendido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1" y del Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1". y Jefe de Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, y de las documentales que se reciben, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngaseles a las autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican y señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en los que refieren en su respectivo informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
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