Fidel Alejandro Díaz Soteno
Expediente 1379/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1379/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fidel Alejandro Díaz Soteno
Actuaciones
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1379/2023-II-ML, promovido por ********************, por propio derecho, en contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. I. T R Á M I T E PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés (fojas 2 a 6), en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al once siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.". ACTO RECLAMADO "Lo constituye EL OMITIR DECLARAR CERRADA LA INSTRUCCIÓN y LA OMISIÓN DE DICTAR LAUDO correspondiente al juicio laboral número ******************** habiéndose certificado que no queda prueba pendiente por desahogar mediante acuerdo de fecha 23 de marzo de 2023 dentro del citado expediente.". SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 1379/2023-II-ML, se admitió la demanda a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama una omisión de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la autoridad responsable y actos reclamados son: De la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, se reclama: A) La omisión de dictar cierre de instrucción dentro del juicio laboral ********************; y, B) La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previamente al estudio de la inexistencia del acto reclamado, es pertinente destacar el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ." "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. .". El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el objetivo del juicio de amparo es resolver toda controversia que se origine por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, al analizar el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º, fracción I, y 75, se advierte, sin lugar a dudas, que los actos reclamados deben estudiarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis 133, con registro 1002199, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, de la octava época, materia común, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, pagina 156, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En relación al acto reclamado consistente en la omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral ********************, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado no se pronunció respecto a la existencia o inexistencia del acto reclamado; sin embargo, no se impone tener por presuntivamente cierto el acto reclamado sino por cierto, ya que de las copia certificada que adjuntó a su informe justificado, se advierte que la Junta responsable en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, declaró el cierre de instrucción, lo que notificó a las partes mediante boletín judicial de veintinueve siguiente, con lo que se acredita que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se incurrió en la omisión que se le imputa. Documental a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias expedidas por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones legales. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En efecto, en relación a la omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral ********************, se afirma que no existe el acto reclamado toda vez que la demanda se presentó el nueve de octubre de dos mil veintitrés y el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se dictó el cierre de instrucción, lo que se notificó a las partes, mediante boletín judicial, el veintinueve siguiente; por tanto, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo en el expediente de origen ya se había dictado el cierre de instrucción cuya omisión se reclama, es claro que no existe el acto reclamado. En consecuencia, dado la inexistencia del acto atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se impone sobreseer en el juicio respecto de la omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral ********************, que se le atribuye, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Acto reclamado existente. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral ********************, ello en virtud de que el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se dictó el cierre de instrucción. Apoya la decisión adoptada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, tomo II, materia(s): común. tesis: 749. Página: 830 registro: 1002815, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se robustece con la documental exhibida por la autoridad responsable en copia certificada que obra en autos, relativa al expediente laboral ********************, a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 (Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.) y 202 (Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de /hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su artículo 2°. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, Quinta Época. Registro: 394182. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común. Página 153, del Pleno de nuestro Alto Tribunal, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse diversa causal de improcedencia que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia, de la Novena Época. Registro: 164618. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época. Registro: 191384. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000. Materia(s): Común. Página: 38. de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Es fundado, el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce, sustancialmente, que se transgrede en su perjuicio el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, en virtud de que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, ha sido omisa en dictar el laudo dentro del juicio laboral ********************, en los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que en ellos se consagra el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. El derecho humano en comento, conforme al criterio del Alto Tribunal, posibilita que toda persona, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceda de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos, a saber: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Apoya a lo anterior, la tesis 1a./J 103/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de la Décima Época. Registro: 2015591. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Página: 151, que lleva por rubro: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS, Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.". Ahora bien, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que una vez cerrada la instrucción, debe formularse el proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes. Posterior a ello, turnará las minutas a los integrantes de la Junta, podrán si así lo consideran necesario, dentro de los cinco días hábiles siguientes, solicitar que se practiquen diligencias, y, si es que se llevaran a cabo, tendrán un término de ocho días para su desahogo. Luego, se deberá discutir y votar el proyecto, lo cual se realizará dentro de los diez días posteriores a la conclusión del referido término de cinco días o al del desahogo de las diligencias y si el proyecto fuere aprobado, se elevará a categoría de laudo. Concatenando lo anterior, se advierte que la Junta tiene un plazo de treinta y tres días hábiles, posteriores a la declaración del cierre la instrucción, para dictar el laudo definitivo. De las constancias que obran en autos, se advierte que al momento de promoverse este juicio de amparo (nueve de octubre de dos mil veintitrés), la autoridad responsable aún no dictaba laudo dentro del juicio laboral ********************, y hasta la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo (trece de noviembre de dos mil veintitrés), no se tuvo noticia de que ello ocurriera, no obstante que la Junta responsable dictó el cierre de instrucción y turnó los autos para la emisión del laudo, desde el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, en relación a las dilaciones presuntamente excesivas dentro de los procedimientos jurisdiccionales en la etapa previa al dictado de la resolución definitiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), señaló que, en materia laboral, para estimar actualizada la dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia por parte de las juntas, debe considerarse si han transcurrido cuarenta y días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, ya que, precisó, que ese periodo es el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, pues dicho numeral refiere el tiempo en el que la inactividad procesal por parte del trabajador provocaría la caducidad del procedimiento. La jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable en la Décima Época, Gaceta del Seminario de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Con base en el criterio transcrito y las constancias de autos citadas, se impone precisar si en el caso existe una dilación. En ese sentido, se tiene que si la autoridad responsable dictó el cierre de instrucción en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, lo que notificó a las partes, mediante boletín judicial, el veintinueve siguiente, el plazo de treinta y tres días para dictar el laudo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, concluyó el doce de julio de dos mil veintitrés y el diverso de cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), transcurrió del trece de julio al veintiséis de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, la falta de emisión del laudo denota que la Junta responsable ha omitido tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, lo cual a su vez ha retardado el procedimiento e impedido que el juicio sea substanciado dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta, como se adelantó, fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la violación de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción de la quejosa, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo así como en el párrafo cuarto de este último, a continuación se determinaran con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando sexto. La violación al derecho se fundó en la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, de dictar el laudo dentro del juicio laboral de origen. Así, se otorga el amparo a la quejosa en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, para el efecto de que: 1. Dicte el laudo dentro del juicio laboral ********************. Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Ello se ha establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), Décima Época. Registro: 2005150. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a. CV/2013 (10a.). Página: 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". III. D E C I S I Ó N Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerandos tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad mencionados en el considerando segundo por las consideraciones, fundamentos y razones vertidos en el considerando sexto, para los efectos precisados en el último considerado. Notifíquese.
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