Fernando Zorrilla López de Lara
Expediente 2033/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2033/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fernando Zorrilla López de Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El uno de marzo de dos mil veintitrés, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: a) Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. b) Que Jareth Nasania Gutiérrez y Alejandro Juárez Carmona, no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 3501. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Fernando Zorrilla López de Lara; en atención a su contenido, como lo solicita el ocursante se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a Jareth Nasania Gutiérrez y Alejandro Juárez Carmona, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a Kendy Alejandra Ortiz Espinoza. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dos de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
En trece de enero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veinticuatro de diciembre de dos mil quince al ocho de enero de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra la resolución dictada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 2033/2015, promovido por FERNANDO ZORRILLA LÓPEZ DE LARA.- DOY FE. En la misma fecha, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil quince, por la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que este Juzgado considera que el presente expediente no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, el toca civil 637/2015 y juicio Sucesorio Intestamentario 250/2007; que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa con el Secretario que autoriza licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE. Ajc.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2033/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el cinco de noviembre dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, FERNANDO ZORRILLA LÓPEZ DE LARA por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- La Primera Sala Civil y de lo Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas." Acto reclamado: "A la autoridad señalada como Responsable Ordenadora, le reclamo la "resolución en vía definitiva" pronunciada con fecha 07 de Octubre de 2015, la cual me fue notificada el día 16 de octubre del presente año, dentro de los autos del Toca AC 637/2015, que se dedujo de la Sucesión Intestamentaria expediente número 250/2007, radicado ante el Juzgado Primero de lo Civil, en Zacatecas, Zac., mediante la cual se resuelve indebidamente que el Recurso de Apelación interpuesto por el suscrito en contra del auto de fecha 15 de septiembre de 2015, dentro de los autos del Juicio Natural, resulta inadmisible, transgrediendo con dicho acto reclamado los derechos humanos del hoy quejoso y de las garantías individuales contenidas en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de garantías; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos emitidos por autoridad responsable residente en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: El auto de siete de octubre de dos mil quince, dictado en el Toca A.C. 637/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que el Presidente de la propia Sala en su informe justificado reconoce el acto que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias relativas al Toca 637/2015, que la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió con su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese tenor, si bien es cierto que los Tribunales Federales están obligados a analizar los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo correspondiente, esta obligación desaparece cuando se actualiza en el juicio de garantías alguna causal de improcedencia, ya que ésta impide el estudio de fondo del asunto y por consiguiente, el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre este punto tiene aplicación la Tesis de Jurisprudencia número VI. 2° J/3, visible en la página 688, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Epoca, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; cuyo rubro y contenido a la letra dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así las cosas, el Suscrito Juez Federal estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Vigente, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Ahora bien, como ya quedó asentado, el acto reclamado se hace consistir en el auto de siete de octubre de dos mil quince, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Toca A.C. 637/2015, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso el aquí quejoso contra el auto pronunciado el quince de septiembre del año en curso, emitido por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital; en cuyo auto reclamado, la Sala responsable de mérito, concluyó de la siguiente manera: [.] Interesa examinar lo relativo a la apelabilidad del auto de mérito. El artículo 374 fracción III del Código Instrumental Civil enseña, que la sistemática seguida por el ordenamiento en cuestión en materia de apelación contra autos, es casuística; resulta indispensable para la apelabilidad de éstos, que la ley lo diga expresamente. La explicación a la limitación para admitir el recurso de apelación interpuesto; toda vez que el auto impugnado no aprobó ni reprobó la petición de herencia; además de lo anterior, el bien que constituye el caudal hereditario listado en el inventario y avaluó, fue adjudicado a favor del heredero y cesionario Fernando Zorrilla López de Lara, en el auto del veintidós de junio de dos mil once (visible a foja ciento setenta y siete (177); y en cuerpo normativo de referencia, no existe disposición expresa que establezca que el auto del quince de septiembre del año actual, sea recurrible en apelación; en este contexto, resulta inadmisible el recurso propuesto. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 385 fracción I del Código Instrumental de la materia, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Fernando Zorrilla López de Lara, en contra del auto de quince de septiembre de dos mil quince; en su oportunidad envíese copia de la presente resolución al Juzgado Natural y archívese el toca como asunto concluido. (fojas 9 y 10 del Toca A C 637/2015). [.] Por otra parte, el artículo 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece: "ARTICULO 369.- Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." De lo hasta ahora anotado, tomado como premisa, se arriba a la conclusión de que el auto de siete de octubre de dos mil quince, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del Toca de Apelación Civil 637/2015, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra del proveído de quince de septiembre del presente año, dictado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital; es recurrible en términos del referido artículo 369 del Código Adjetivo Civil del Estado; lo que significa que el peticionario de garantías, antes de ocurrir a la promoción del juicio de amparo, debió de haber agotado el recurso de reposición que establece dicho numeral para todos aquellos proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal del Estado, entre ellos, la Primera Sala Civil señalada como responsable. De ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada al no haber observado el promovente el principio de defintividad. Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, toda vez que el auto de siete de octubre de dos mil quince, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Capital; el artículo 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, concede en este caso al peticionario de garantías, a través del recurso de reposición, el medio legal para modificar, revocar o nulificar el auto de siete de octubre del presente año, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de quince de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, en el Juicio Sucesorio Intestamentario 250/2007 a bienes de Fernando Zorrilla Zorrilla; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado, sí permite que el recurso de reposición o medio de defensa legal pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y desde luego con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del mencionado auto de siete de octubre actual. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Sirve de apoyo al respecto la Tesis número I.6o.C.43 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Epoca, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, visible en la página 1100, del siguiente contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, al no haber hecho uso en su oportunidad, el peticionario de garantías del recurso de reposición a que se refiere el artículo 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no observó el principio de definitividad que impera en materia de amparo y por tanto el juicio de amparo indirecto que promueve, es improcedente, toda vez que antes de acudir ante esta instancia constitucional debió haber agotado el recurso ordinario o medio de defensa legal a que se ha hecho mérito y al no hacerlo, no acató el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, ya que además, el peticionario de garantías no es tercero extraño al juicio del que emana el acto reclamado y tampoco se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 22 Constitucional, ni en los diversos que se mencionan en el inciso b) del citado artículo 61. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 8/2002, resultado de la contradicción de tesis 23/99-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, consultable en la página 11, del tomo XV, Marzo de 2002 de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal". También sirven de sustento, la jurisprudencia número 1577, visible en la página 2523, Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, así como la tesis 986 consultable en la página 678, tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Séptima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, que en su orden, a la letra dicen: "RECURSO. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener remedio ante las autoridades del orden común." y "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el licenciado FERNANDO ZORRILLA LÓPEZ DE LARA, contra la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIECISÍES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el licenciado FERNANDO ZORRILLA LÓPEZ DE LARA, contra la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia."
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Fernando Tabola Inchaurregui2784/2014
- Fernando Torres Perez895/2016
- Fernando Torres Román1082/2023
- Fernando Trujillo Reyna1219/2023
- Fernando Valenzuela Navarro1010/2015
- Fernando Vázquez Ornelas217/2018
- Fidel Bretado Raygoza3302/2014
- Fidel Delgado Contreras227/2017
- Fidel Figueroa Ramirez45/2017
- Fidel Rodríguez Reyes1156/2022
- Fidel Rodríguez Rivera626/2020
- Fidelia Ángel Rodríguez1128/2023