Fernando Zermeño Pintor

Expediente 1409/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1409/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
20/12/2017

Partes del expediente

  • Fernando Zermeño Pintor
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    . V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo; sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con apoyo en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la ley reglamentaria invocada, se declara que HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes; y con apoyo en el artículo 113 de la citada Ley, se ordena su archivo definitivo, como asunto enteramente concluido, en razón de que a la fecha no existe trámite pendiente que realizar en el presente juicio, una vez que se encuentre debidamente integrado. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, en términos del artículo Vigésimo Primero, fracción II del citado Acuerdo, al haberse sobreseído el presente juicio de amparo. En el entendido de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo....IV

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada del Laudo emitido el veinticuatro de noviembre del año en curso, dentro del juicio laboral 06437/2016/3/1. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de garantías y de las constancias remitidas por el citado juzgador se desprende que el acto que por esta vía combate FERNANDO ZERMEÑO PINTOR, se hace consistir en los actos y omisiones que han dejado de administrar justicia al quejoso en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo y han dejado de emitir resolución de manera pronta para la continuación del trámite laboral en el expediente número 06437/2016/3/1. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo ese orden de ideas, ante la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio de amparo, manifiesta e indudable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se expondrán. Se estima así, porque, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que: "Procede el sobreseimiento... V.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La debida interpretación del numeral en comento conduce a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse una causa de improcedencia, que haga manifiesto e indudable que, aun cuando se siga el trámite del juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que aún mas se corrobora con lo dispuesto por la fracción I, inciso d) del artículo 81, de la Ley de Amparo citada, en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del tomo XVll, novena época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por FERNANDO ZERMEÑO PINTOR. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa medida es que procede resolver fuera de audiencia el presente asunto, pues según se verá a continuación se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que hace innecesario continuar el trámite del asunto hasta sus últimas consecuencias. Así pues, como ya se dijo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se aprecia que el presente juicio de amparo se torna improcedente, porque de constancias de autos se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Se estima así, porque, como ya se dijo, el solicitante de amparo, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la omisión de la responsable de emitir resolución de manera pronta en el expediente laboral 06437/2016/3/1, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiere emitido el laudo respectivo. Sin embargo, la responsable, anexó a su oficio de cuenta, copia certificada del laudo emitido el veinticuatro de noviembre del año en curso, lo que significa que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia. En ese orden de ideas, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se intentó la acción constitucional, el acto reclamado existía, éste ha quedado insubsistente, puesto que en el transcurso de la tramitación del presente juicio de garantías, la responsable dictó el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 06437/2016/3/1, omisión que fue motivo de la existencia del presente juicio. Es decir, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, como si no hubiese invadido la esfera jurídica del particular y la cesación no dejó ninguna huella en su esfera de derechos, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está vigente, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 103, visible en la página 81, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, procede en el caso decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, fuera de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se deja sin efectos. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señalas para la celebración de la audiencia constitucional, previstas para las diez horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil diecisiete....IV NP

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, rindiera su informe justificado, sin que hiciera lo propio; por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, ténganse por presuntivamente ciertos los actos reclamados. No obstante lo anterior, requiérase a la aludida autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada de los autos del expediente laboral 06437/2016/3/1, promovido por Fernando Zermeño Pintor, en contra de "Autobuses Estrella Blanca", S.A. de C.V., "Operadora de Autobuses Estrella Blanca", S.A. de C.V., "Mejoramiento Continuo de Servicios al Sector Empresarial", S.A. de C.V., y quien resulte la responsable o propietaria de la fuente de trabajo, en el entendido que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 237 y 259 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, la tesis con registro 163292, sostenida por el tercer tribunal Colegiado en Materias penal y de trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 1819, que establece lo siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABARLAS DE OFICIO CUANDO EN EL JUICIO HAYA DATOS DE LOS QUE SE DESPRENDA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE PRESUMIÓ CIERTO, ANTE LA FALTA DE INFORMES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, por regla general, si la autoridad responsable a quien se le atribuye la emisión del acto reclamado no rindió su informe justificado y dicho acto no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, éste se presumirá cierto, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, sin que la autoridad de amparo se encuentre obligada a recabar las constancias en que se apoyó su emisión. Ahora bien, cuando esa presunción se corrobore porque alguna de las partes o cualquier otra autoridad proporcione datos al sumario, de los que se desprenda su existencia, el Juez debe recabar oficiosamente no sólo la constancia en la que se contenga éste, sino también las pruebas en que se funda y estime necesarias para la resolución del asunto, al ubicarse, por esas circunstancias, en la hipótesis contenida en el artículo 78 de la referida ley, pues en esas condiciones ya no hay sólo una presunción del acto reclamado, sino la demostración fehaciente de su existencia; de suerte que el Juez de Distrito no puede negar el amparo bajo el argumento de que el quejoso no probó la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues estaría inobservando la obligación procesal oficiosa que le impone el último numeral invocado; y en ese supuesto, el tribunal revisor puede ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, para que subsane tal omisión." Para dar oportunidad a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y programar como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de Ulises Alejandro López Téllez, Secretario que autoriza y da fe.Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4685. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO En los autos del juicio de amparo número 1409/2017-IV, promovido por Fernando Zermeño Pintor, se determinó lo siguiente: ---------------------------------------- Querétaro, Querétaro, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, rindiera su informe justificado, sin que hiciera lo propio; por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, ténganse por presuntivamente ciertos los actos reclamados. No obstante lo anterior, requiérase a la aludida autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada de los autos del expediente laboral 06437/2016/3/1, promovido por Fernando Zermeño Pintor, en contra de "Autobuses Estrella Blanca", S.A. de C.V., "Operadora de Autobuses Estrella Blanca", S.A. de C.V., "Mejoramiento Continuo de Servicios al Sector Empresarial", S.A. de C.V., y quien resulte la responsable o propietaria de la fuente de trabajo, en el entendido que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 237 y 259 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, la tesis con registro 163292, sostenida por el tercer tribunal Colegiado en Materias penal y de trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 1819, que establece lo siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABARLAS DE OFICIO CUANDO EN EL JUICIO HAYA DATOS DE LOS QUE SE DESPRENDA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE PRESUMIÓ CIERTO, ANTE LA FALTA DE INFORMES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, por regla general, si la autoridad responsable a quien se le atribuye la emisión del acto reclamado no rindió su informe justificado y dicho acto no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, éste se presumirá cierto, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, sin que la autoridad de amparo se encuentre obligada a recabar las constancias en que se apoyó su emisión. Ahora bien, cuando esa presunción se corrobore porque alguna de las partes o cualquier otra autoridad proporcione datos al sumario, de los que se desprenda su existencia, el Juez debe recabar oficiosamente no sólo la constancia en la que se contenga éste, sino también las pruebas en que se funda y estime necesarias para la resolución del asunto, al ubicarse, por esas circunstancias, en la hipótesis contenida en el artículo 78 de la referida ley, pues en esas condiciones ya no hay sólo una presunción del acto reclamado, sino la demostración fehaciente de su existencia; de suerte que el Juez de Distrito no puede negar el amparo bajo el argumento de que el quejoso no probó la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues estaría inobservando la obligación procesal oficiosa que le impone el último numeral invocado; y en ese supuesto, el tribunal revisor puede ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, para que subsane tal omisión." Para dar oportunidad a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y programar como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE....IV

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 29/11/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO FERNANDO ZERMEÑO PINTO EL AUTO DE 27/11/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada del Laudo emitido el veinticuatro de noviembre del año en curso, dentro del juicio laboral 06437/2016/3/1. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de garantías y de las constancias remitidas por el citado juzgador se desprende que el acto que por esta vía combate FERNANDO ZERMEÑO PINTOR, se hace consistir en los actos y omisiones que han dejado de administrar justicia al quejoso en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo y han dejado de emitir resolución de manera pronta para la continuación del trámite laboral en el expediente número 06437/2016/3/1. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo ese orden de ideas, ante la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio de amparo, manifiesta e indudable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se expondrán. Se estima así, porque, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que: "Procede el sobreseimiento... V.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La debida interpretación del numeral en comento conduce a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse una causa de improcedencia, que haga manifiesto e indudable que, aun cuando se siga el trámite del juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que aún mas se corrobora con lo dispuesto por la fracción I, inciso d) del artículo 81, de la Ley de Amparo citada, en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del tomo XVll, novena época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por FERNANDO ZERMEÑO PINTOR. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa medida es que procede resolver fuera de audiencia el presente asunto, pues según se verá a continuación se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que hace innecesario continuar el trámite del asunto hasta sus últimas consecuencias. Así pues, como ya se dijo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se aprecia que el presente juicio de amparo se torna improcedente, porque de constancias de autos se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Se estima así, porque, como ya se dijo, el solicitante de amparo, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la omisión de la responsable de emitir resolución de manera pronta en el expediente laboral 06437/2016/3/1, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiere emitido el laudo respectivo. Sin embargo, la responsable, anexó a su oficio de cuenta, copia certificada del laudo emitido el veinticuatro de noviembre del año en curso, lo que significa que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia. En ese orden de ideas, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se intentó la acción constitucional, el acto reclamado existía, éste ha quedado insubsistente, puesto que en el transcurso de la tramitación del presente juicio de garantías, la responsable dictó el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 06437/2016/3/1, omisión que fue motivo de la existencia del presente juicio. Es decir, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, como si no hubiese invadido la esfera jurídica del particular y la cesación no dejó ninguna huella en su esfera de derechos, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está vigente, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 103, visible en la página 81, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, procede en el caso decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, fuera de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se deja sin efectos. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señalas para la celebración de la audiencia constitucional, previstas para las diez horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil diecisiete

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