Fernando Zentle Hernández
Expediente 1840/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1840/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/05/2019
Partes del expediente
- Fernando Zentle Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, visto su contenido, hágasele saber que el catorce de noviembre del año en curso, se dictó un acuerdo que a la letra dice: "San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
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Vista la razón del actuario adscrito a este juzgado, de la cual se advierte su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Fernando Zentle Hernández, el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente juicio de amparo, por los motivos asentados en la misma; en tales condiciones, se ordena la notificación por medio de lista del acuerdo de referencia y las subsecuentes, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta Ana Lilia Sánchez Martínez, Representante de los Trabajadores José Luis Méndez Escalera y Representante de los Patrones Mario Vázquez López, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede debidamente notificado del presente auto dé cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, consistente en 1. Deje sin efectos el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral D-3/78/2010, sólo en la parte en que señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas 2. En su lugar, dicte un acuerdo en el que señale nuevo día y hora para la celebración de la audiencia trifásica, en un término que no deberá exceder de quince días (en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo); y ordene que ese acuerdo se notifique personalmente a las partes contendientes en el juicio de origen dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que lo dicte, y dentro de los dos días posteriores verifique se haya efectuado esa notificación, a fin de que éstas pueda asistir a la audiencia indicada 3. En el mismo proveído, y sólo para el caso de que cuando se requiera el cumplimiento de esta sentencia no haya recibido debidamente diligenciado el exhorto girado para emplazar al demandado Silviano Ramiro Rosas, ordene girar oficio recordatorio a la autoridad exhortada solicitando la práctica del emplazamiento encomendado, pidiendo además que notifique a dicha persona el nuevo día y hora para la celebración de la audiencia trifásica; así como la devolución de las constancias en las que se advierta lo anterior. De todo lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito." Se apercibe a Ana Lilia Sánchez Martínez, José Luis Méndez Escalera y Mario Vázquez López, integrantes de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se les impondrá a cada uno, una multa que podrá ser el equivalente de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme lo disponen los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Primero, Segundo, Tercero y Quinto Transitorios del Decreto por el se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, dígase que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y, que también son responsables en los términos indicados, las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad, si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria; y, si la Junta responsable se encuentra integrado por personas distintas a las antes referidas, serán sustituidas y deberán cumplir con el fallo protector. De igual manera, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación ante autoridad competente; en el entendido de que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad.
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