Fernando Zecua Castillo
Expediente 1442/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1442/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Fernando Zecua Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, recibido en proveído de veintisiete de noviembre del año que transcurre, aunado a que mediante el auto de referencia se realizó un requerimiento a la autoridad en comento, mismo que a la presente data no ha sido desahogado. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Aclara informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene aclarando su informe justificado. Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama, sin que haya remitido las constancias necesarias para la solución del presente juicio; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio en el que se transcribe este auto, remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones que integran la causa judicial ********************, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, siete de noviembre de dos mil veintitrés. ( Estado de autos. Vista la Circular 28/2023 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en sesión extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veinticuatro de octubre del año en curso. Asimismo, vistos los avisos de veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por los Coordinadores de Magistradas y Magistrados del Vigésimo Octavo Circuito, de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal, y de Juezas y Jueces de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, todos del Estado de Tlaxcala; se advierte que se declararon inhábiles los días veinticinco a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en uso de las facultades conferidas a los titulares en términos de los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, resulta evidente que del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se suspendieron los plazos y términos procesales. Diferimiento de audiencia. Atento a lo anterior, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, recibido mediante auto de diecisiete de octubre del año que transcurre. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÈS. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en los considerandos cuarto y quinto de esta interlocutoria.
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