Fernando Zamora Morales

Expediente 1923/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1923/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Fernando Zamora Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VII.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas.

  2. Principal

    VII.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: La resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis dictada por la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en autos del toca de apelación 811/2016 formado con motivo del medio de impugnación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México en el expediente 139/2012 relativo al juicio de controversia sobre el reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia. El ocho de febrero de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente en el presente sumario, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a FERNANDO ZAMORA MORALES, en contra del acto, autoridad y para los efectos del considerando íntimo de este fallo". El dos de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: Deje sin efecto la resolución reclamada de uno de diciembre de dos mil dieciséis dictada por la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en autos del toca de apelación 811/2016. Dicte una nueva resolución en la cual, a efecto de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violentados, deberá cuantificar la pensión alimenticia haciendo los cálculos de acuerdo a lo pactado por el quejoso en la cláusula tercera del acuerdo de voluntades de catorce de noviembre de dos mil doce, en los términos precisados en la presente resolución; esto es con el incremento anual que se publique respecto del salario mínimo general vigente. De igual forma, observe lo establecido por el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, para determinar si la resolución materia de apelación, procede su revocación, modificación o confirmación. En acatamiento a la sentencia de mérito, mediante oficios registrados con los números de control interno 5012 y 5977, la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitió copia certificada del proveído de siete de marzo de do mil diecisiete y copias certificadas de la resolución de diecisiete de ese mismo mes y año, ambos dictados en el toca de apelación 811/2016, con las que aduce se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de primero de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca 811/2016, de su índice estadístico. De igual forma, emitió una nueva resolución de diecisiete de marzo del año en curso en la que cuantificó el monto de la pensión alimenticia de acuerdo con lo pactado por el quejoso en la cláusula tercera del convenio de catorce de noviembre de dos mil doce, esto es, con el incremento anual que se publicó respecto del salario mínimo general vigente; lo anterior, tomando en consideración la pensión fijada originalmente en el convenio mencionado, la cual fue de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n). Ahora bien, para el periodo comprendido en el dos mil trece, el aumento fue de tres punto nueve por ciento anual, lo que equivale a $585.00 (quinientos ochenta y cinco pesos 00/100m.n), por lo que al sumar esas cantidades, el monto actualizado de pensión de ese año es por $15,585.00 (quince mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.); para el año dos mil catorce, se agrega el aumento de tres punto nueve por ciento, por lo que al calcular ese porcentaje sobre la cantidad mencionada, el incremento para el año de dos mil catorce fue por $607.82 (seiscientos siete pesos 82/100 m.n), por lo que al sumar la última pensión actualizada, más éste incremento, el monto actualizado para el año dos mil catorce es por $16,192.82 (dieciséis mil ciento noventa y dos pesos 82/100 m.n). Posteriormente sobre ésta última cantidad de $16,192.82 (dieciséis mil ciento noventa y dos pesos 82/100 m.n), se agrega el aumento para el año dos mil quince, el cual en total se incrementó en un seis punto ocho por ciento, por lo que al calcular ese porcentaje sobre la cantidad mencionada, el incremento de ese año fue por $1,101.11 (mil ciento un pesos 11/100 m.n.) y al sumar la ultima pensión actualizada, más este incremento, el monto actualizado de pensión para el año dos mil quince es por $17,293.93 (diecisiete mil doscientos noventa y tres pesos 93/100 m.n). Finalmente, por lo que hace a la pensión alimenticia aplicable para el año dos mil dieciséis, se advierte que el aumento para ese año correspondió al cuatro punto dos por ciento, por lo que al calcular dicho porcentaje con la cantidad del año anterior, el incremento de ese año fue por $724.62 (setecientos veinticuatro pesos 62/100 m.n.), y la de esta cantidad y la última pensión actualizada, el monto de pensión para el año dos mil dieciséis corresponde a $18,018.55 (dieciocho mil dieciocho pesos 55/100 m.n.). Dicho lo anterior, la Sala responsable consideró también que la parte demandada incidentista, liquidó el periodo que parte del mes de febrero del año dos mil quince a febrero de dos mil dieciséis y consideró la proporcionalidad de dicho año, es decir, el número de meses de que constó esa anualidad (once meses), los que al multiplicarse por $17,293.93 (diecisiete mil doscientos noventa y tres pesos 93/100 m.n).que resulta ser la suma actualizada de pensiones de ese año (2015), concluyó que por el periodo de febrero a diciembre de dos mil quince el adeudo consta de $190,233.25 (ciento noventa mil doscientos treinta y tres pesos 25/100 m.n.) Ahora, para sumar los dos meses restantes (enero y febrero de dos mil dieciséis), la responsable tomó en consideración que la suma actualizada para ese año (2016) correspondió a 18,018.55 (dieciocho mil dieciocho pesos 55/100 m.n.), entonces la cantidad que debía cubrir el demandado incidentista es por $36,037.10 (treinta y seis mil treinta y siete pesos 10/100 m.n) Por lo que al sumar las cantidades de $190,233.25 (ciento noventa mil doscientos treinta y tres pesos 25/100 m.n.) y $36,037.10 (treinta y seis mil treinta y siete pesos 10/100 m.n), arribó a la conclusión de que la cantidad a pagar por el periodo de febrero de dos mil quince a febrero de dos mil dieciséis asciende a la cantidad de $226,270.35 (doscientos veintiséis mil doscientos setenta pesos 35/100 m.n.). Finalmente, la Sala responsable al aprobar la planilla exhibida por la actora incidentista y con las adecuaciones realizadas respecto a montos e incrementos, concluyó que queda pendiente el pago por la cantidad de $1,806.31 (mil ochocientos seis pesos 31/100 m.n) respecto del periodo de febrero de dos mil quince a febrero de dos mil dieciséis, cantidad que resultó al restar de la cantidad de $226,270.35 (doscientos veintiséis mil doscientos setenta pesos 35/100 m.n.) la diversa cantidad que ya fue pagada por el demandado, esto es $224,464.04 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 04/100 m.n.). Ahora, en lo que se refiere a determinar si la resolución que es materia de apelación, procede revocación, modificación o confirmación, la responsable adujo que, de acuerdo con el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, procede modificar tal determinación, ello en atención a los motivos expuestos en la resolución de mérito. Por lo anterior, se advierte que se encuentra debidamente cumplimentada la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable ha realizado los actos que dentro de sus atribuciones le fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    VII.- SE HACE EFECTOIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL TERCERO INTERESADO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: La resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis dictada por la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en autos del toca de apelación 811/2016 formado con motivo del medio de impugnación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México en el expediente 139/2012 relativo al juicio de controversia sobre el reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia. El ocho de febrero de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente en el presente sumario, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a FERNANDO ZAMORA MORALES, en contra del acto, autoridad y para los efectos del considerando íntimo de este fallo". El dos de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: Deje sin efecto la resolución reclamada de uno de diciembre de dos mil dieciséis dictada por la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en autos del toca de apelación 811/2016. Dicte una nueva resolución en la cual, a efecto de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violentados, deberá cuantificar la pensión alimenticia haciendo los cálculos de acuerdo a lo pactado por el quejoso en la cláusula tercera del acuerdo de voluntades de catorce de noviembre de dos mil doce, en los términos precisados en la presente resolución; esto es con el incremento anual que se publique respecto del salario mínimo general vigente. De igual forma, observe lo establecido por el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, para determinar si la resolución materia de apelación, procede su revocación, modificación o confirmación. En acatamiento a la sentencia de mérito, mediante oficios registrados con los números de control interno 5012 y 5977, la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitió copia certificada del proveído de siete de marzo de do mil diecisiete y copias certificadas de la resolución de diecisiete de ese mismo mes y año, ambos dictados en el toca de apelación 811/2016, con las que aduce se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de primero de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca 811/2016, de su índice estadístico. De igual forma, emitió una nueva resolución de diecisiete de marzo del año en curso en la que cuantificó el monto de la pensión alimenticia de acuerdo con lo pactado por el quejoso en la cláusula tercera del convenio de catorce de noviembre de dos mil doce, esto es, con el incremento anual que se publicó respecto del salario mínimo general vigente; lo anterior, tomando en consideración la pensión fijada originalmente en el convenio mencionado, la cual fue de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n). Ahora bien, para el periodo comprendido en el dos mil trece, el aumento fue de tres punto nueve por ciento anual, lo que equivale a $585.00 (quinientos ochenta y cinco pesos 00/100m.n), por lo que al sumar esas cantidades, el monto actualizado de pensión de ese año es por $15,585.00 (quince mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.); para el año dos mil catorce, se agrega el aumento de tres punto nueve por ciento, por lo que al calcular ese porcentaje sobre la cantidad mencionada, el incremento para el año de dos mil catorce fue por $607.82 (seiscientos siete pesos 82/100 m.n), por lo que al sumar la última pensión actualizada, más éste incremento, el monto actualizado para el año dos mil catorce es por $16,192.82 (dieciséis mil ciento noventa y dos pesos 82/100 m.n). Posteriormente sobre ésta última cantidad de $16,192.82 (dieciséis mil ciento noventa y dos pesos 82/100 m.n), se agrega el aumento para el año dos mil quince, el cual en total se incrementó en un seis punto ocho por ciento, por lo que al calcular ese porcentaje sobre la cantidad mencionada, el incremento de ese año fue por $1,101.11 (mil ciento un pesos 11/100 m.n.) y al sumar la ultima pensión actualizada, más este incremento, el monto actualizado de pensión para el año dos mil quince es por $17,293.93 (diecisiete mil doscientos noventa y tres pesos 93/100 m.n). Finalmente, por lo que hace a la pensión alimenticia aplicable para el año dos mil dieciséis, se advierte que el aumento para ese año correspondió al cuatro punto dos por ciento, por lo que al calcular dicho porcentaje con la cantidad del año anterior, el incremento de ese año fue por $724.62 (setecientos veinticuatro pesos 62/100 m.n.), y la de esta cantidad y la última pensión actualizada, el monto de pensión para el año dos mil dieciséis corresponde a $18,018.55 (dieciocho mil dieciocho pesos 55/100 m.n.). Dicho lo anterior, la Sala responsable consideró también que la parte demandada incidentista, liquidó el periodo que parte del mes de febrero del año dos mil quince a febrero de dos mil dieciséis y consideró la proporcionalidad de dicho año, es decir, el número de meses de que constó esa anualidad (once meses), los que al multiplicarse por $17,293.93 (diecisiete mil doscientos noventa y tres pesos 93/100 m.n).que resulta ser la suma actualizada de pensiones de ese año (2015), concluyó que por el periodo de febrero a diciembre de dos mil quince el adeudo consta de $190,233.25 (ciento noventa mil doscientos treinta y tres pesos 25/100 m.n.) Ahora, para sumar los dos meses restantes (enero y febrero de dos mil dieciséis), la responsable tomó en consideración que la suma actualizada para ese año (2016) correspondió a 18,018.55 (dieciocho mil dieciocho pesos 55/100 m.n.), entonces la cantidad que debía cubrir el demandado incidentista es por $36,037.10 (treinta y seis mil treinta y siete pesos 10/100 m.n) Por lo que al sumar las cantidades de $190,233.25 (ciento noventa mil doscientos treinta y tres pesos 25/100 m.n.) y $36,037.10 (treinta y seis mil treinta y siete pesos 10/100 m.n), arribó a la conclusión de que la cantidad a pagar por el periodo de febrero de dos mil quince a febrero de dos mil dieciséis asciende a la cantidad de $226,270.35 (doscientos veintiséis mil doscientos setenta pesos 35/100 m.n.). Finalmente, la Sala responsable al aprobar la planilla exhibida por la actora incidentista y con las adecuaciones realizadas respecto a montos e incrementos, concluyó que queda pendiente el pago por la cantidad de $1,806.31 (mil ochocientos seis pesos 31/100 m.n) respecto del periodo de febrero de dos mil quince a febrero de dos mil dieciséis, cantidad que resultó al restar de la cantidad de $226,270.35 (doscientos veintiséis mil doscientos setenta pesos 35/100 m.n.) la diversa cantidad que ya fue pagada por el demandado, esto es $224,464.04 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 04/100 m.n.). Ahora, en lo que se refiere a determinar si la resolución que es materia de apelación, procede revocación, modificación o confirmación, la responsable adujo que, de acuerdo con el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, procede modificar tal determinación, ello en atención a los motivos expuestos en la resolución de mérito. Por lo anterior, se advierte que se encuentra debidamente cumplimentada la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable ha realizado los actos que dentro de sus atribuciones le fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    VII.- De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no compareció a recoger el billete de depósito N 499293, que ampara la cantidad de siete mil pesos 00/100 moneda nacional ($7,000.00 M.N.), el cual se encuentra guardado en la caja de seguridad de este juzgado con el número de registro 61/2014, dentro del plazo de dos años establecido en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. En consecuencia, con apoyo en el artículo precitado y los diversos 37, 45 y 48 de dicha legislación y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 31 del Acuerdo General número 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se Regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, se decreta que ha operado la prescripción del depósito de referencia en favor del fisco federal. Lo anterior, máxime que el auto de seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 354), a través del cual se dejó a disposición de la quejosa el billete de depósito en cuestión, se notificó por lista el trece de octubre de dos mil dieciséis (foja 357). Por tanto, en su oportunidad, con copia certificada del auto a través del cual se declare la firmeza procesal de la presente determinación, remítase el certificado de depósito precitado, a la Tesorería de la Federación.

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