Fernando Yabari Hernández Reynoso

Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
512/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Fernando Yabari Hernández Reynoso

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Asimismo, se declara que el expediente de amparo en que se actúa carece de relevancia documental, al no satisfacer las condiciones que establece el numeral 15 del Acuerdo General antes citado. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/BPOM/CEPM

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN DDOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Subdirector adscrito a la Aduana de Tijuana, en representación del Titular de la Aduana de Tijuana, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, medios de prueba que se tienen por admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. De igual forma, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto en indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, de una lectura integral de la demanda, se obtiene que Austin Dervante Terrell, por conducto de su apoderado legal Miguel Ángel Meneses Valle, promovió demanda de amparo el nueve de agosto de dos mil veintidós, contra actos del Administrador de la Aduana de Tijuana con residencia en esta ciudad y otra autoridad, en donde el acto reclamado lo hizo consistir en la omisión de proveer sobre los escritos presentados en veintiséis de mayo y nueve de junio, ambos de dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo en materia aduanera AVM400220513. Luego, del informe justificado que rinde la autoridad responsable y anexos que acompaña, se advierte que remitió copia certificada de la determinación dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera AVM400220513, el seis de julio de dos mil veintidós, y su notificación al quejoso el treinta de agosto pasado, en donde se determinó un crédito fiscal a cargo de Austin Dervante Terrell y dio respuesta a los escritos presentados en veintiséis de mayo y nueve de junio del año en curso. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. En ese contexto, dado que en seis de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió determinación en el procedimiento administrativo en materia aduanera AVM400220513, en la que se pronunció sobre los escritos presentados por el quejoso y lo hizo del conocimiento al impetrante el treinta de agosto del presente año; es claro que la omisión que se atribuye a la responsable ha cesado en sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos cinco, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de enero de dos mil nueve, Novena Época, registro 168189, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Contradicción de tesis 164/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 205/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de dos mil ocho." Sin que en el caso resulte procedente examinar la constitucionalidad de la resolución emitida por la responsable el seis de julio de dos mil veintidós, toda vez que la parte quejosa cuenta con un medio ordinario de defensa establecido dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del juicio contencioso administrativo federal, al tratarse de un nuevo acto. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva en el libro de Juzgado correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Nitzshia Coral Cruz Islas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos que remite la autoridad Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, mediante el cual informa las gestiones efectuadas para lograr el cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, así como las diversas remitidas por oficio RPPPCTJ/JUR/2050/2023, recibido en este Juzgado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.

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