Fernando Xazail Flores Ledezma
Expediente 155/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Fernando Xazail Flores Ledezma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
I. Causa Estado y Archivo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso (fojas 85 a 90), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. II. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza; sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso (fojas 85 a 90), se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto,
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexo; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad de mérito, la documental que acompaña en su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Asimismo, hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito, lo siguiente:*** Acompañando copia certificada de las constancias que acreditan lo anterior. Documentales a las que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En el caso concreto, se advierte que mediante escrito recibido por la Secretaria de Guardia, el uno de marzo del año en curso (fojas 1 a 3***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Oficio Autoridad responsable: 1 Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Unidades de Investigación, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Norte I. Ciudad. 2 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación con residencia en la Ciudad de Allende, Coahuila. 3 Comisario de Seguridad Pública de la Ciudad de Allende, Coahuila. 4 Inspector de la Policía Investigadora del Estado. Ciudad. 5 Comandante de la Policía Investigadora del Estado de Coahuila, con residencia en la Ciudad de Allende, Coahuila. 6 Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. ACTOS RECLAMADOS: ".1. El arresto y detención arbitraria efectuada por autoridad policial en contra de mi esposo ***, llevada a cabo aproximadamente a las 6 de la tarde del día lunes 28 (veintiocho) de febrero del 2017, entregándolo y poniéndole a disposición del Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación con residencia en la ciudad Allende, Coahuila; que hasta este momento lo tiene arrestado, siendo dicha detención carente de toda legalidad, sin mandamiento judicial o de autoridad competente fundada y motivada; sin que se cumpla con los requisitos legales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sin que existiera flagrancia en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 140, 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, detención arbitraria que ratifica y con la cual hasta la fecha continúa ejecutando el Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación de la ciudad de Allende, Coahuila, sin que se cumplieran ni cumplan ni respetaran ni respeten los derechos y formalidades que me confieren las leyes y tratados internacionales, por lo que la detención y privación de la libertad de *** se realiza fura de todo marco legal, por LO ANTERIOR SOLICITO SE DECRETE SU INMEDIATA LIBERTAD. 2. La omisión de las autoridades señaladas como responsables al violentar mis derechos de acceso a la justicia, legalidad, seguridad jurídica y garantías judiciales, contemplados en los artículos 1, 8, 14, 17, 19 y 20 apartado B, fracciones II, III, VI, VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 18, 113, 131 y 217, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que desde que fue detenido hasta la fecha no se le designó ningún abogado, no obstante de que se ha presentado escrito de designación, oponiéndose el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación con residencia en la ciudad de Allende, Coahuila a recibir dicha promoción, y menos aún a otorgarle su libertad; ni se me han hecho valer todos aquellos derechos que me corresponden como persona y de las garantías de todos detenido. 3. La omisión de las autoridades responsables en la APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL y la apertura de una investigación en términos del manual para investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, presentando a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 09 de agosto de 1999, así como la omisión de proporcionarme atención médica ya que en el momento de que fue detenida sufrió tortura (tal como el uso de una bolsa para asfixiarme hasta perder el conocimiento) y malos tratos, violencia física y moral, por un exceso de tiempo ya que actualmente se encuentra con golpes y alteraciones en su salud con lesiones externas e internas con altos índices de dolor. Por lo anterior solicito se ordene que de manera inmediata se otorgue a la quejoso atención médica y se aplique lo correspondiente al protocolo de Estambul, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1° y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se proceda con la aplicación de estas y todas aquellos Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado, Leyes generales a favor del hoy quejoso ***. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. Reclamo la ejecución o intervención en la privación ilegal de la libertad de *** y las omisiones jurídicas o materiales que estén realizando respecto de los actos reclamados." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 155/2017; se requirió por conducto de la Actuaria de la adscripción, la ratificación del quejoso y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de dos de marzo del año en curso (foja 13), efectuada por la funcionaria adscrita se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De igual forma, hizo constar que dicha persona se encontraba bien, que no había sido víctima de golpes, tortura, malos tratos e incomunicación, como se aprecia en la siguiente constancia: *** (Foja 13) Motivo por el que en proveído de dos de marzo de este año (fojas 19 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados rendidos por las autoridades responsables: Autoridad responsable: Inspector de la Policía Investigadora del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad. Agente de la Policía Investigadora Encargado de Destacamento en Allende, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. Encargado de la Coordinación de los Agentes del Ministerio Público de las Unidades de Investigación en la Región Norte I, con residencia en esta ciudad. Director de Seguridad Pública Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza (en su denominación correcta). A su vez, del informe justificado de cuenta rendido por la autoridad responsable denominada Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y su anexo, se advierte que el quejoso ***, fue puesta en libertad el tres de marzo del presente año; remitiendo al efecto, copia auténtica de las constancias conducentes, como se aprecia en los siguientes documentos: *** (Foja 80). Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la citada ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: *** Ello es así, porque el acto reclamado se resume sustancialmente en la privación de la libertad del quejoso, incomunicación, tortura y malos tratos por parte de las autoridades responsables. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que el quejoso ***, fue puesto en libertad el tres de marzo del presente año (foja 80). Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, la Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 19 a 21).
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda, el pedimento de amparo número 58/2017, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual realiza los alegatos de su intención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer referencia de él en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia simple de este acuerdo y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente.
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