Fernando Vivanco Paredes

Expediente 792/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
792/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2018

Partes del expediente

  • Fernando Vivanco Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el peticionario de amparo interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. Se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil dieciocho. Visto; téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta, presentada por Emmanuel Osorio Rentería, en su carácter de apoderado legal de Fernando Vivanco Paredes, personalidad que acredita con el documento que exhibe, la que se le reconoce al tenor de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo dos, rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", contra actos del Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese la demanda con el número 792/2018. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe y documental que se acompaña a la misma, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. Ahora bien, de un estudio integro de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso Fernando Osorio Paredes, por conducto de su apoderado legal, señaló como autoridad responsable al Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a quien le reclama la omisión de cumplir con el oficio de veintidós de mazo de dos mil diecisiete, signado por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Uno Auxiliar, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para la debida integración y prosecución de los hechos indagados en la averiguación previa 728/DF/ZC/2017. Puntualizado lo anterior, a criterio para quien aquí resuelve, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, con relación al 1°, fracción I, y 5, fracción II, último párrafo, del propio ordenamiento, porque los actos que impugna no constituyen actos de autoridad susceptibles de control constitucional; dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia "resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto "resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las "garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados "internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Es pertinente recordar que la Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Por ello, es indispensable que las autoridades a quienes se les pretende atribuir el carácter de responsables en el juicio de amparo indirecto, lleven a cabo actos que de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad; si bien el artículo 1°, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio contra actos de particulares, lo cierto es que ese artículo se debe interpretar en forma relacionada con el diverso 5°, fracción II, último párrafo, en el sentido de que los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afectaran derechos en términos de dicha fracción, y cuyas funciones estuvieran determinadas por una norma general. A mayor abundamiento, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que por "autoridad responsable" se debe entender aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; para lo cual, debe aclararse que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. El concepto referido en el párrafo que antecede, ha sido estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos previos a la entrada en vigencia de la actual Ley de Amparo; así el Máximo Tribunal considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. Relaciones de coordinación. Son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Relaciones de supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos constitucionales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Relaciones de supra ordinación. Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Sobre el tópico en comento, son aplicables y orientadoras la tesis 2a. XXXVI/99 y la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente, en la página 307, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, y página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época, que dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En esas condiciones, es posible afirmar que los "actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo", son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y, que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De esa manera, tomando como base los parámetros expuestos, se colige que en el asunto que nos ocupa, el incumplimiento del oficio de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, no puede tenerse como omisión reclamada a sustanciar en el juicio de amparo, ya que si bien el quejoso reclama dicha omisión a una autoridad (Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca); lo cierto es que, ésta no ejerce como autoridad sobre el peticionario del amparo, toda vez que la referida omisión reclamada proviene de una autoridad que tiene una relación de coordinación con el hoy recurrente respecto al procedimiento donde se originó tal omisión (carpeta de investigación), y no de supra a subordinación respecto al mismo. En efecto, en principio conviene precisar, que en el caso concreto no se está frente a una omisión a la que comúnmente se le denomina como "derecho de petición", que se caracteriza por la negativa que realiza una autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de gobierno, de dar contestación por escrito y en breve término a la petición esgrimida de manera pacífica y respetuosa por el gobernado. Lo anterior se afirma, de una simple lectura a la demanda de amparo se denota que el oficio del que ahora el agraviado reclama su falta de cumplimiento, fue girado por el agente del Ministerio Público instructor de la carpeta de investigación 728/DF/ZC/2017, al Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el que le solicitó designara perito oficial en materia de incendios y explosivos, para que a su vez emitiera su dictamen correspondiente. Por tanto, en atención a los hechos, no se puede aludir que se está ante un "derecho de petición", pues para que éste se configure, es menester una relación de supra a subordinación de la autoridad hacia el gobernado, en la que el primero omita dar contestación a una solicitud que directamente le formuló el segundo de los mencionados; circunstancias que no acontecen en el caso concreto. Entonces, en la especie, cuando el quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable en cumplir con el oficio de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, lo que pretende combatir realmente en el juicio, es "la omisión de la autoridad responsable de cumplir con el requerimiento que le hizo otra autoridad (agente del Ministerio Público) para la debida integración y prosecución de los hechos indagados en la carpeta de investigación 728/DF/ZC/2017"; lo cual, conlleva a la necesidad de formular el siguiente cuestionamiento: ¿es procedente el juicio de amparo en contra de la omisión de una autoridad de cumplir con el requerimiento que le hace otra autoridad que está encargada de llevar la instrucción de un procedimiento legal determinado?. La respuesta a tal interrogante es en sentido negativo. Así es, no es procedente el juicio de amparo promovido en contra dicha clase de omisión, porque a pesar que ésta proviene de una autoridad, lo cierto es que tal omisión tiene lugar en un procedimiento en el que esa autoridad a quien se le atribuye, guarda la calidad de tercero, y por ende, se sitúa en una relación de supra a subordinación respecto con quien funge como autoridad instructora en el procedimiento legal respectivo, en este caso, con relación al agente del Ministerio Público integrador de la carpeta de investigación 728/DF/ZC/2017. Ciertamente, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución General de la República, entre otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se estatuye que en la etapa del proceso penal relativa a la investigación de los delitos, el Ministerio Público funge como autoridad dentro de las actuaciones y diligencias que se dicten en ella, pues es la autoridad a quien la Ley Fundamental le encomienda la labor de investigar y perseguir delitos. Para tal fin, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior, se denota que en lo que corresponde a la etapa de investigación, el Ministerio Publico es quien funge como autoridad ante los particulares y ante otras autoridades del Estado, teniendo una relación de supra a subordinación con ellos, pues de acuerdo a las potestades constitucionales y legales que tiene conferidas, es quien tiene la rectoría en las actuaciones y diligencias que se emiten dentro de dicho procedimiento. De ese modo, tanto los particulares como las autoridades del Estado, son susceptibles de ser requeridos por el Ministerio Público (ya sea en calidad de partes o de terceros), en caso de que éste considere necesaria su intervención para el correcto esclarecimiento de los hechos indagados. Desde requerir comparecencias y hacer inspecciones, hasta solicitar documentos o dictámenes periciales, entre otros, la representación social cuenta con las facultades más amplias para ordenar y requerir cada uno de los medios de prueba, mientras que éstos se ajusten a la ley, que le permitan perfeccionar su investigación y, en su caso, fincar o deslindar responsabilidades sobre el evento delictivo que indague. Tan es así, que para hacer cumplir sus determinaciones, cuenta con medios de apremio, tales como la amonestación, multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta de treinta y seis horas. En esa guisa, en sentido general, se dice que son partes en la etapa relativa a la investigación: el Ministerio Público; el imputado y su defensor; y, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Sin embargo, como en todo procedimiento, también existe la intervención de más personas, pero ellas son terceros con relación a éste. Estos terceros concurren al procedimiento, por exigencia de la autoridad (en este caso, como se ha dicho, el Ministerio Público), ya sea de propia iniciativa o a petición de parte; producen sus aportes de conocimiento y se retiran. Son aquellos que no perteneciendo a ninguna de las categorías señaladas en el párrafo que antecede, intervienen en el proceso penal y cooperan al desarrollo de la relación jurídica, a la cual son extraños, casi siempre aportando elementos probatorios. Testigos, peritos, productores de informes oficiales o portadores de documentos privados, son ejemplos de terceros que participan en el proceso penal, pero son ajenos a la relación jurídica sustancial. Pues bien, explicado lo anterior, resulta claro advertir que en torno al oficio de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable a quien se le atribuye la omisión reclamada, guarda la calidad de tercero frente a la autoridad que emitió dicho comunicado oficial y requerimiento contenido en el mismo (Ministerio Público), pues la intervención del Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se da con motivo de la solicitud efectuada por la representación social, para que designara un perito en materia de incendios y explosivos, éste a su vez emitiera el dictamen solicitado para la integración de la carpeta de investigación. Por tanto, se colige que en esa relación procesal, la autoridad responsable se sitúa en una relación de supra a subordinación respecto con quien funge como autoridad instructora en el procedimiento legal respectivo, en este caso, con relación al agente del Ministerio Público integrador de la carpeta de investigación 728/DF/ZC/2017, pues el director de servicios periciales responsable, está supeditado a cumplir o, por lo menos, contestar conforme a derecho proceda, el requerimiento que el órgano técnico le hizo por medio del oficio en cuestión, siendo que en caso de no hacerlo, el Ministerio Público tiene la potestad de formular los requerimientos bajo los apercibimientos que considere convenientes, con el fin de obtener la información que estima necesaria para su labor de investigación y persecución de delitos. En esa perspectiva, en la indagatoria donde emanó la omisión que se pretende combatir en el juicio de amparo, el aquí recurrente sostiene una relación de coordinación con la autoridad que señala como responsable, pues ésta no tiene ningún imperio sobre aquél, toda vez que la relación procesal entre ambos, se da a causa del requerimiento que le hizo el Ministerio Público al Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, mas no se formó con motivo de una relación directa entre el quejoso y dicho director. De aquí que se advierte, que tanto el quejoso como la autoridad responsable guardan una relación de coordinación entre ellos, y a la vez, una relación de supra a subordinación con el agente del Ministerio Público integrador de la carpeta de investigación 728/DF/ZC/2017, pues ambos se encuentran en un mismo escalafón en el procedimiento donde se originó la omisión reclamada, al estar supeditados a lo que decida o determine el agente del Ministerio Público dentro de las actuaciones de dicha indagatoria, siendo que, de igual modo, ambos son susceptibles de ser requeridos por éste (ya sea en calidad de partes o de terceros), en caso de que estime necesaria su intervención para el correcto esclarecimiento de los hechos indagados. Entonces, si por una parte se ha dicho que constituye un requisito indispensable para la conformación del juicio de amparo, la existencia de una autoridad que a través de sus actos u omisiones, transgreda en perjuicio del gobernado, derechos humanos que le son reconocidos en instrumentos normativos nacionales o internacionales de los que el país sea parte; y, por otra parte, se precisó que sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; en consecuencia, el incumplimiento del oficio de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, o en otras palabras, "la omisión de la autoridad responsable de cumplir con el requerimiento que le hizo otra autoridad (agente del Ministerio Público) para la debida integración y prosecución de los hechos indagados en la averiguación previa 728/DF/ZC/2017", como se adelantó, no puede tenerse como omisión reclamada a sustanciar en el juicio de amparo, ya que esto el quejoso se lo impugna al Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que en los hechos no ejerce como autoridad sobre éste; ello, toda vez que la referida omisión reclamada proviene de una autoridad que tiene una relación de coordinación con el hoy recurrente respecto al procedimiento donde se originó tal omisión (carpeta de investigación), y no de supra a subordinación respecto al mismo. Es aplicable por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2812, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI A PETICIÓN DEL DENUNCIANTE Y PARA SU DEBIDA INTEGRACIÓN Y PROSECUCIÓN, EL MINISTERIO PÚBLICO REQUIERE A UNA AUTORIDAD PARA QUE LE REMITA DETERMINADO MATERIAL PROBATORIO, LA OMISIÓN EN QUE ÉSTA INCURRA RESPECTO DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, NO PUEDE RECLAMARSE POR AQUÉL A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si a petición del denunciante y para la debida integración y prosecución de la averiguación previa que es de su conocimiento, el Ministerio Público requiere a una autoridad para que le remita determinado material probatorio, la omisión en que ésta incurra respecto de cumplir con lo solicitado, no puede reclamarse por aquél a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que en la etapa de averiguación previa, el Ministerio Público funge como autoridad dentro de las actuaciones y diligencias que se dicten en ella, ya que la Constitución Federal le encomienda la labor de investigar y perseguir los delitos, teniendo la potestad de dictar los trámites y providencias necesarios para la pronta y eficaz procuración de justicia. En consecuencia, si el Ministerio Público requiere a determinada autoridad del Estado (como parte o como tercero), para que le remita determinado material probatorio para la debida integración y prosecución de la averiguación previa, la omisión en que incurra dicha autoridad en cumplir con lo solicitado, no puede tenerse como omisión reclamada a sustanciar en el juicio de amparo indirecto, cuando ésta es impugnada por el quejoso (denunciante) quien también guarda la calidad de parte o de tercero en dicha indagatoria, toda vez que tal omisión proviene de una autoridad que no tiene imperio sobre éste, pues mantiene con él una relación de coordinación, pero de supra a subordinación con el Ministerio Público, siendo que para efectos del amparo, sólo será autoridad responsable, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares y no de coordinación ante éstos, pues únicamente desde la primera posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia." Conforme a lo antes expuesto el Director del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; por ende, con fundamento en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en concordancia al 1°, fracción I, y 5, fracción II, último párrafo, del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que lo anterior genere estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene la vía expedita para acudir ante el propio agente del Ministerio Público que integra la averiguación previa 728/DF/ZC/2017, para solicitarle que en caso de incumplimiento a alguno de sus requerimientos, insista en ellos, incluso, haciendo uso de los medios de apremio que estime convenientes para conseguir la información solicitada. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en los términos que refiere a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente (SE NOTIFICO POR LISTA)

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