Fernando Villarreal Martinez

Expediente 558/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
558/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2017

Partes del expediente

  • Fernando Villarreal Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, glósese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 6117/2017, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta los autos del juicio de amparo número 558/2017-V-2, promovido por *** por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, así como copia certificada de la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, pronunciada en el Recurso de Queja Laboral número 26/2017, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto de desechamiento de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en el Juicio de Amparo indirecto 558/2017. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes. En consecuencia, al no requerir ejecución material la resolución recurrida, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de control. Agréguese al expediente que se recibe el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que por auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (f. 10-13), se desechó la demanda de amparo con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, glósese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por el solicitante del amparo ***, por el que interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (f. 10-13), emitido en el juicio de amparo 558/2017-V-2, y formula los agravios que dice le irroga el acuerdo recurrido. De conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, todos de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de mérito, en su oportunidad, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como original y copia del escrito de expresión de agravios, esta última para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, residente en la ciudad de Guanajuato. De igual forma, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero de la Ley de Amparo, ríndase informe sobre la materia de la queja en el sentido de que únicamente es cierto que por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se desechó la demanda promovida por los motivos y fundamentos anotados en dicha determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    Al no atender el citatorio la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintiséis de mayo actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por ***, por su propio derecho; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato; que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 558/2017-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo, se desprende que el solicitante del amparo señaló como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato; autoridad a la que reclamó el acto que se describió de la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, el auto de fecha 2 de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de la Ciudad de Celaya, Guanajuato a quien le reclamo omisiones como autoridad responsable que viola los derechos humanos reconocidos y garantías constitucionales, generando derechos procesales de imposible reparación afectando materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, mismos que se contemplan en la Convención Americana sobre derechos humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, de la demanda de amparo como antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que ante la Junta responsable *** por conducto de sus apoderados legales, demandó a ***, diversas prestaciones de carácter laboral, lo que originó la formación del expediente laboral **/2016. En auto de radicación de demanda, entre otros, se señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y se ordenó emplazar a juicio a la empresa demandada en el domicilio proporcionado para ello. En diversas ocasiones, se ha abierto la audiencia correspondiente pero no se ha podido celebrar la audiencia porque solo ha comparecido la parte actora, no así la empresa demandada por conducto de su apoderado legal o quien la represente legalmente en razón de que no se ha podido lograr su emplazamiento, por los motivos asentados en las razones correspondientes por el Actuario adscrito a dicha Junta. Asimismo, la Junta ha otorgado en diversas ocasiones a la parte actora el término de tres días a efecto de proporcionar el domicilio actual y correcto a efecto de lograr el emplazamiento de la empresa demandada, con el apercibimiento que de no hacerlo en tiempo y forma, no se señalará fecha y hora para la audiencia trifásica y comenzaría a correr el término para la caducidad. No obstante que se ha proporcionado a la Junta diferentes domicilios a fin de lograr el emplazamiento de la demandada este no ha sido posible; motivo por el cual, mediante escrito se solicitó a la Junta responsable remitiera oficios al Servicio de Administración Tributaria y/o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residentes en León, Irapuato y Celaya, todas del Estado de Guanajuato, a fin de que informaran el domicilio fiscal de la empresa demandada, o bien, si dicha empresa actualmente está extinguida o se fusionó con otra empresa, entre otros. Al respecto, por auto de dos de mayo de dos mil diecisiete, la Junta responsable emitió acuerdo en el que determinó que no ha lugar a solo solicitado, con el argumento de que el Tribunal Laboral no es agencia investigadora e hizo saber al promovente que era él quien debía proporcionar los elementos necesarios para el desahogo de las diligencias correspondientes, siendo dicha decisión negativa la que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la determinación en la que la responsable no acordó de conformidad lo solicitado por el promovente dentro del juicio laboral **/2016, es decir, no accedió a enviar oficio al Servicio de Administración Tributaria y/o Secretaría de Hacienda y Crédito Público de León, Irapuato y Celaya, todas del Estado de Guanajuato, para que remitieran diversa información, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, por regla general, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal; pero que por su propia naturaleza, no causan afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida es improcedente porque la determinación en la que la responsable no acordó de conformidad lo solicitado por el promovente dentro del juicio laboral **/2016, es decir, no accedió a enviar oficio al Servicio de Administración Tributaria y/o Secretaría de Hacienda y Crédito Público de León, Irapuato y Celaya, todas del Estado de Guanajuato, para que remitieran diversa información; no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal y contra los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación en la cual la Junta responsable no acordó de conformidad lo solicitado por el promovente dentro del juicio laboral 958/2016, es decir, no accedió a enviar oficio al Servicio de Administración Tributaria y/o Secretaría de Hacienda y Crédito Público de León, Irapuato y Celaya, todas del Estado de Guanajuato, para que remitieran diversa información, a fin de obtener el domicilio de la empresa demandada y emplazarla a juicio, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Apoya lo expuesto, por lo que informa, en lo esencial, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Séptima Época Registro: 254989 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 72, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 201 VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII, del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otro lado, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizados en amplios términos a los licenciados ***, ello en razón de que el asunto de origen es de materia laboral, y la parte quejosa es la actora en dicho juicio, y en ese sentido, el primero de los citados preceptos legales no exige que en la hipótesis que aquí se actualiza los autorizados tengan registrada su cédula profesional que los autorice a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a los licenciados ***, por así haberse solicitado; y como domicilio para tal fin el ubicado en *** Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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