Fernando Villar Venegas
Expediente 933/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Fernando Villar Venegas
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Telegrama. Agréguese para efectos de control el telegrama de cuenta, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, además que el contenido de dicho oficio se remitió vía estafeta. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a treinta de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, y en cuanto su contenido, agréguese sin mayor proveído a los presentes autos, toda vez que se dejó sin efecto el requerimiento realizado a la referida dependencia postal, en términos del acuerdo que antecede. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Villar Venegas, contra actos de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese y regístrese el juicio de amparo 933/2021-VI. Competencia territorial. Es un presupuesto procesal de procedencia la competencia por territorio, lo cual analiza este órgano jurisdiccional a continuación. Acto reclamado: Es el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la CUARTA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. El auto de formal prisión dictado en perjuicio del aquí quejoso por la autoridad responsable, dentro del toca penal: 335/2018. De la POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE COAHUILA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHILA. La materialización de la ejecución del auto de formal prisión, consistentes en privarme de mi libertad." Dato objetivo: Se reclama una resolución de segunda instancia que confirma la de primera relativo a la emisión de un auto de formal prisión, ya que la responsable se trata de un tribunal de apelación y expresamente se reclama la resolución emitida en un toca, esto es, no se trata de la resolución de primera instancia. Dato subjetivo: Manifestación del quejoso que vive y habita en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza y señala como autoridad ejecutora a la policía ministerial con sede en esta ciudad. Decisión judicial. Se carece de competencia legal por razón de territorio y la misma se surte en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México. Se explica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, determinó que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Además, -sostuvo-, que dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en la segunda. Consideraciones plasmadas en la jurisprudencia con registro digital: 176365, Tesis: 1a./J. 147/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN." En ese orden de ideas, el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Lo cual, -desde luego- al no considerase así, sería tanto como dejar al arbitro y decisión del imputado la jurisdicción en donde quiera se resuelva la constitucionalidad del auto de formal prisión que en su caso se hubiese emitido. En efecto, el hecho de señalar una autoridad ejecutora con residencia en distinto circuito al en que se emitió y confirmó el auto de formal prisión, -cuando no se esta privado de la libertad-, de facto no le genera competencia a los órganos jurisdiccionales del mismo, pues esos datos se convierten en subjetivos a capricho de quien promueve la demanda, razón que, lejos de ello, debe privilegiarse a los datos objetivos de la misma, como lo es, aquella autoridad ordenadora que emitió o confirmó el auto de formal prisión. Tan es así, que el hecho de señalar autoridad ejecutora que pudiera cumplimentar algún mandato de captura derivado del auto de formal prisión en este circuito, de ninguna forma impediría que otra de distinta Entidad Federativa, pudiera dar cumplimiento a ello. De tal suerte que, el fincar competencia territorial atendiendo a datos subjetivos y no objetivos, mismos que además, -en la especie-, ni de forma indiciaria fueron probados (domicilio del quejoso en este circuito), desde luego exigen que sea competente un Juez de Distrito en el circuito en que se dictó el auto de formal prisión, atendiendo al dato objetivo de autoridad ordenadora. Por tales consideraciones, con independencia que se trata del auto de radicación, privilegiando el numeral 17 constitucional, con base en datos objetivos, se determina carecer de competencia legal por razón de territorio y declinar la misma en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, del Primer Circuito, con sede en la ciudad de México en turno. Remítase de inmediato esta determinación y las constancias del juicio de amparo en que se actúa, a fin que sea el órgano jurisdiccional en turno que decida aceptar o no la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se autoriza en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica en su escrito. Expediente electrónico. Se autoriza el acceso al expediente electrónico con el usuario proporcionado así como los datos de comunicación digital. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente.
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