Fernando Villanueva Garduño

Expediente 1329/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1329/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Fernando Villanueva Garduño
  • Erika Romero Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental. Ahora, devuélvanse a las responsables los anexos que remitieron en autos, sin que sea necesario acuse recibo. Por otra parte, notifíquese la presente determinación, así como la de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete al Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de México: lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto las copias que solicita, previa razón de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Norma María Cantinca Hernández, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito, por medio de la cual señala la imposibilidad para notificar a las partes la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por lo que ahí menciona. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que realice las notificaciones correspondientes.

  3. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA Y EL ACUERDO DICTADO EL VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA; SENTENCIA Y ACUERDO QUE MENCIONAN LO SIGUIENTE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1329/2017-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito ingresado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, remitido el mismo día a este juzgado; Fernando Villanueva Garduño solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la parte quejosa reclama actos de autoridades cuya residencia se ubica dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: a. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se reclama: - El auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta administrativa 648/2017, por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones alimentarias. b. Del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, se reclama: - La resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca 337/2017, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta administrativa 648/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables en cita al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por lo que así debe tenerse. Lo anterior se corrobora con los discos ópticos en formato "DVD", copia certificada de la carpeta administrativa 648/2017, y copia certificada del toca 337/2017, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. En el caso que nos ocupa, se considera actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con relación al acto reclamado "auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta administrativa 648/2017", ya que este fue sustituido procesalmente por la sentencia de segunda instancia que confirmó el auto de vinculación, de tal forma que cesaron sus efectos. Así, la hipótesis plasmada en la porción normativa en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Básicamente, el extracto legal citado establece que ante la ausencia de efectos del acto reclamado, la acción constitucional es improcedente, lo que ocurre cuando se encuentren destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Aunado a lo anterior, para determinar si un acto de autoridad ha cesado en sus efectos, también debe atenderse a la naturaleza de éste, pues tratándose de determinaciones judiciales, se observa que son susceptibles de ser modificadas o confirmadas mediante un medio de impugnación, por lo cual se actualizaría el supuesto de cesación de efectos por sustitución, mediante una determinación dictada en segunda instancia, debido a que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la de primer grado, cuando ésta ya no es la que afecta la esfera jurídica del quejoso. En efecto, los medios de impugnación son mecanismos legales que permiten a las partes someter las determinaciones judiciales a una nueva revisión del asunto ante un tribunal de alzada, el cual estará en posibilidad de determinar si procede confirmar o revocar la determinación, ya sea porque existen violaciones cometidas en el procedimiento, o bien, en las resoluciones judiciales respectivas, de tal forma que al resolverse un recurso, las determinaciones de primer grado ya no son válidas por sí mismas, pues su validez depende de lo resuelto en alzada, aun cuando las consecuencias sean semejantes a las dictadas anteriormente, ya que la nueva determinación es la que da firmeza a la impugnada y la que ahora afecta la esfera jurídica del quejoso, por lo que se considera que ha sido sustituida. En tal virtud, se estima que han cesado los efectos del auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, pues dicha determinación fue confirmada en resolución dictada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, por lo que el auto de vinculación ha sido sustituido y sus efectos han cesado integralmente. Robustece lo anterior, la tesis número I.2o.P.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2546, tomo IV, Libro 38, enero de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y contenido señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Por tanto, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del diverso numeral 63 de esa misma legislación, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta administrativa 648/2017. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca 337/2017, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta administrativa 648/2017. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados sin que exista motivo para suplir su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. Requisitos formales y de fondo. En efecto, al revisar las constancias relativas al toca de apelación 337/2017, así como las videograbaciones de donde emana la resolución reclamada, se aprecia que dicha determinación cumple con los requisitos de forma y fondo que son requeridos para su dictado y que exige el párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un auto de plazo constitucional que es un acto de molestia contra la parte inconforme. En ese tenor, no se advierte que la sentencia recurrida cause agravio al quejoso pues la responsable observó los requisitos necesarios que la Constitución y la ley contemplan para el dictado de una resolución que analizó el auto de vinculación; ello porque previamente a la emisión del auto de vinculación a proceso apelado, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra el quejoso por el hecho delictivo por el que se emitió (audiencia de uno de julio de dos mil diecisiete) y en la misma data aquél rindió su declaración. Asimismo, la determinación reclamada cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, dado que la responsable fue congruente con lo que establece el citado numeral, al momento de señalar el hecho delictuoso que se tuvo por acreditado conforme a su descripción legal y su probable intervención en el mismo (incluyendo la conducta que se le imputa), exponiendo de manera clara y suficiente los motivos que la llevaron a confirmar el auto de vinculación a proceso, los cuales se adecuan a las disposiciones legales aplicables al caso concreto. En otro aspecto, la resolución reclamada fue emitida por escrito, ya que su pieza escritural obra agregada en autos del toca 337/2017, concretamente a fojas 24 a 49 del anexo respectivo. Además, fue emitida por una autoridad judicial competente, ya que el Tribunal responsable forma parte del Poder Judicial del Estado de México y porque los eventos sucedieron en el municipio de Toluca, Estado de México; esto es, dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción. Por consiguiente, la determinación de plazo constitucional decretada contra la parte recurrente confirmada por la responsable, satisface las exigencias formales previstas en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, una vez establecido lo anterior, se procede a revisar si la sentencia reclamada estuvo emitida conforme a derecho, al señalarse en ella que los requisitos de fondo también fueron cumplidos a cabalidad por la responsable y que por tanto, no existió vulneración a los derechos humanos del quejoso. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo. La descripción típica del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias que se imputa al quejoso, se encuentra previsto en el artículo 217 fracción I del Código Penal del Estado de México, de ahí que sí expresó el hecho delictuoso que se le atribuye. También se advierte que se colmaron los elementos objetos del hecho delictuoso, los cuales quedaron evidenciados con los datos de prueba que tomó en consideración la responsable, que son los siguientes: a) Que alguien abandone a sus descendientes sin los recursos para cubrir sus necesidades de subsistencia; b) Que ello ocurra sin causa justificada; y, c) Que con motivo del abandono, los descendientes se vean obligados a allegarse por cualquier medio de los recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables. Luego, se estima acertada la decisión de la autoridad responsable, pues no violentó derecho constitucional alguno en perjuicio del imputado, al concluir que los datos de prueba, valorados y analizados son suficientes hasta este momento para tener por evidenciada la existencia de un hecho que encuadra en el ilícito de incumplimiento de obligaciones alimentarias cometido en agravio de Ericka Romero Jiménez y su menor hijo, pues para ello se contó con la entrevista de la querellante, en la que manifestó que el cinco de agosto de dos mil seis, contrajo matrimonio con Fernando Villanueva Garduño, por lo que procrearon un hijo, el cual a la fecha contaba con la edad de diez años; que su último domicilio fue el ubicado en avenida 20 de Noviembre número treinta y ocho, San Cristóbal Huichochitlán, Toluca; que promovió un juicio de controversia en materia familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, el cual fue radicado bajo el expediente 562/2007, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, y el treinta de agosto de dos mil siete, se dictó sentencia en la que se condenó a Fernando Villanueva Garduño a otorgar a su favor y de su menor hijo, la cantidad consistente en el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtuviera en su fuente laboral el enjuiciado, por lo que el pago era semanal los días viernes, estableciéndose que en caso de despido o renuncia voluntaria o cualquier otra circunstancia en la que el deudor alimentario fuese separado de su empleo, se le retuviera el porcentaje establecido en concepto de pensión alimenticia; que en el mes de julio de dos mil ocho, el imputado renunció a su empleo y le dieron una pago por la cantidad aproximada de trescientos pesos, y desde esa fecha ya no le dio dinero para solventar los gastos alimentarios de ella y del menor, por lo que tuvo la necesidad de emplearse en un comercializadora en donde le pagaban dos mil ochocientos pesos quincenales, pero que actualmente se encuentra desempleada, por lo que sus padres la han apoyado dejándola vivir en su casa y en algunas ocasiones la apoyan con los gastos económicos de su hijo, pues cuando se enferma le prestan dinero y también le dan para comprarle ropa y útiles escolares, le han prestado desde tres mil hasta ocho mil pesos, incluso firmó un pagaré por seis mil pesos; que Verónica García le prestó cuatro mil pesos en el año dos mil doce, para solventar sus gastos ya que Fernando Villanueva se desentendió completamente de los gastos de su menor hijo e incluso ahora labora en la informalidad. Entrevista que reúne los requisitos que establecen los artículos 229 y 235 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en atención a que fue emitida por persona que por su edad, capacidad e instrucción, se estima tuvo el criterio necesario para juzgar los hechos que narró, pues los conoció por medio de sus sentidos al haber intervenido directamente en los mismos, su exposición fue clara, precisa, sin dudas ni reticencias y no se advierte que haya testificado por un fin diverso, razones por las cuales su declaración se considera veraz y debe otorgársele valor de conformidad con lo dispuesto por el diverso 343 del aludido ordenamiento legal. Además, evidencia que el activo abandonó a su cónyuge y a su descendiente sin los recursos para cubrir sus necesidades de subsistencia; máxime, si la autoridad responsable correctamente consideró las documentales públicas consistentes en el acta de nacimiento del menor relacionado con los hechos y las constancias que integran el juicio de controversias del orden familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia 562/2007, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, así como las copias certificadas de la sentencia interlocutoria de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual se condenó a Fernando Villanueva Garduño al pago de $112,469.00 (ciento doce mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias no pagadas por el periodo comprendido entre el veintiuno de julio de dos mil ocho y el tres de abril de dos mil dieciséis; las cuales tienen valor de conformidad con el artículo 343 del código adjetivo de la materia. Asimismo, acreditan el vínculo que une al menor con el quejoso (hijo y padre) y su obligación de proporcionarle alimentos para cubrir sus necesidades de subsistencia tanto a dicho infante como a su cónyuge; sobre todo si están concatenadas con las entrevistas de los testigos Verónica García Silva, Alma Jazmín Romero y María Elena de la Cruz Vera, de las que se advierte que dichas personas robustecen el dicho de la querellante, en el sentido que el quejoso no ha cubierto sus obligaciones alimentarias y que con motivo de ello, la querellante se ha visto obligada a obtener recursos a efecto de sufragar los gastos de ella y del menor, incluso, que en algunos momentos la han apoyado económicamente. Datos de prueba que se consideran idóneas para estimar constitucional el acto reclamado, al haber sido expuestos por personas que por su edad, capacidad e instrucción, tuvieron el criterio necesario para juzgar el acto que narraron; amén si lo percibieron a través de sus sentidos y no por referencias de otros, los que con acierto fueron estimados para evidenciar que con motivo del incumplimiento de sus obligaciones, los pasivos quedaron sin recursos por lo que se vieron obligados a obtener recursos a efecto de sufragar sus gastos, como fue la ayuda de los referidos entrevistados. Sin que en el caso, se advierta que el activo haya probado que exista una causa justificada que lo hubiera imposibilitado a cumplir con su obligación de ministrar alimentos ni de autos se advierte que estuviera impedido para obtener recursos económicos a efecto de cumplir con ella, lo que evidencia que se encuentra acreditado el hecho delictuoso que nos ocupa; sin soslayar que el quejoso ofreció copias certificadas del expediente 1345/2008, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, sumario del que se advierte que Fernando Villanueva ha realizado diversas consignaciones en favor de Ericka Romero Jiménez por un monto de $86,800 (ochenta y seis mil ochocientos pesos 00/100, moneda nacional), cantidad inferior a la que fue condenado en la sentencia interlocutoria de fecha dos de junio de dos mil dieciséis. Así, los anteriores datos de prueba entrelazados entre sí, relacionados unos con otros, apreciados en su conjunto y conforme al principio de la sana crítica y libre árbitro, ligados lógica y jurídicamente en términos del artículo 343 del código adjetivo de la materia, resultan suficientes para evidenciar el hecho delictuoso que nos ocupa, consistente en que el activo, entre el periodo del veintiuno de julio de dos mil siete y el nueve de mayo de dos mil diecisiete (tiempo), sin causa justificada, fue omiso en hacer llegar los medios necesarios a sus acreedores alimentarios, derivado del vínculo que los une (padre e hijo y cónyuge) y de la obligación determinada en el juicio 562/2007 del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, para atender sus necesidades de subsistencia, por lo cual se vieron obligados a allegarse por cualquier medio de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades indispensables (circunstancias de ejecución), con lo cual puso en peligro el bien jurídicamente tutelado por la norma que lo es la seguridad, vida y salud de su descendiente. Existencia de la probabilidad que el indiciado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión. En otro orden, se estima correcta la conclusión de la responsable, que en la resolución reclamada se tuvo legalmente por demostrada la probabilidad que el quejoso intervino en la comisión del hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Intervención que adecuadamente consideró se adecuó a lo establecido en el artículo 11, fracción I, inciso c) del Código Penal del Estado de México; esto es, como autor material del ilícito que nos interesa. Así, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, la probable intervención del quejoso en la comisión del hecho delictivo de que se trata, hasta este momento procesal quedó acreditada con las imputaciones firmes y directas de la denunciante Ericka Romero Jiménez, quien refirió que promovió un juicio sobre controversia en materia familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, el cual fue radicado bajo el expediente 562/2007, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, y el treinta de agosto de dos mil siete, se dictó sentencia en la que se condenó a Fernando Villanueva Garduño a otorgar a su favor y de su menor hijo, la cantidad consistente en el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtuviera en su fuente laboral el enjuiciado, por lo que el pago era semanal los días viernes, pero que el imputado renunció a su trabajo en julio de dos mil ocho, y desde esa fecha ya no le dio dinero para solventar los gastos alimentarios de ella y del menor hijo de ambos. Dato de prueba que como se precisó en la determinación impugnada, genera convicción para establecer que la dinámica del hecho narrado por el denunciante resulta creíble como lo consideró la autoridad de instancia; máxime, si esa imputación se engarzó debidamente con las entrevistas de los testigos Verónica García Silva, Alma Jazmín Romero Jiménez y María Elena de la Cruz Vera, de las que se advierte que el quejoso no había cubierto sus obligaciones alimentarias y que por ello la querellante se había visto obligada a obtener recursos a efecto de sufragar los gastos correspondientes a los menores, incluso, que ellos la han apoyado económicamente. En consecuencia, con los datos de prueba relacionados, se acredita al menos de manera probable y hasta este momento procesal, que el quejoso llevó a cabo el hecho típico en estudio de forma dolosa, pues sabiendo que su actuación resultaba contraria a la norma penal, quiso y aceptó su realización; además, este elemento cognoscitivo no requiere de un conocimiento técnico, por lo cual, basta que supiera que era ilegal abandonar sin causa justificada a sus descendientes sin los recursos necesarios para cubrir sus requerimientos de subsistencia, para que se adecue su conducta al tipo penal respectivo. Sin que se apreciara que su conducta hubiese estado supeditada a la actualización de alguna excluyente del delito, prevista en el numeral 15 del Código Penal del Estado de México vigente al momento de la comisión de los hechos. Por tanto, la suma de los datos aportados de las entrevistas de mérito, condujeron a establecer de manera acertada en la sentencia recurrida, que la autoridad responsable cumplió con los requisitos constitucionales y legales requeridos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. No es óbice, que el quejoso incorporó copias certificadas del juicio 1345/2008 del índice de Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, de las que se advierten diversas consignaciones de dinero a favor de la querellante, pues si bien con ellos pretende demostrar que va al corriente en el pago de la pensión, lo cierto es que son por un monto inferior al que fue condenado en la resolución interlocutoria de dos de junio de dos mil dieciséis. Por otro lado, como se dijo, su conducta no está amparada en alguna causa de licitud que excluya su antijuridicidad, conforme a la hipótesis contenida en el artículo 15 del Código Penal del Estado de México, puesto que contravino la norma que lo obliga a proporcionar los recursos necesarios a su hijo y su cónyuge para atender sus necesidades de subsistencia, de ahí que deba considerarse contraria a la ley. También fue correcto que se estimara que está demostrada su culpabilidad, pues tenía plena capacidad de decidir libremente sus actos y actuar conforme a esa comprensión, de tal manera que no puede argumentarse que haya actuado bajo algún error de tipo o de prohibición invencible. Ahora bien, la parte quejosa expone en sus conceptos de violación substancialmente que la sentencia dictada en el juicio de pensión alimenticia 562/2007, se encuentra cumplida a partir del mes de junio de dos mil ocho, en que dejó de laborar para le empresa OSG ROYCO, sociedad anónima de capital variable, además de que con posterioridad a ello consignó diversas cantidades para los alimentos de su menor hijo, consignaciones que constan en el expediente 1345/2008, mismas que recibió la querellante. Dice que, la propia querellante en su denuncia reconoce que estuvo laborando desde dos mil ocho, y dejó de laborar en dos mil quince, de ahí que estima que al trabajar y obtener ingresos estuvo obligada a proporcionar alimentos a su hijo en términos del numeral 4.130 del Código Civil del Estado de México, por lo que con ello demuestra que no ha incumplido con sus obligaciones alimentarias. Insiste en que, al haber consignado diversas cantidades para alimentos de su hijo, esa consignación se hizo de acuerdo a sus posibilidades económicas, de ahí que si la querellante obtenía ingresos estaba obligada a proporcionar alimentos, por lo que ella no tenía derecho a recibir alimentos, aunado a que al existir un acta de divorcio, no tenía obligación de proporcionar alimentos a dicha persona. Enfatiza que, no existe disposición legal que establezca que después de que dejó de laborar para la empresa, tuviera obligación de seguir pagando el mismo porcentaje del 35% de los ingresos que percibía en dicha empresa, por lo que además cambiaron las circunstancias en las que se decretó la pensión alimenticia, de ahí que no se toma en cuenta las posibilidades económicas que tiene, sin que exista disposición legal que establezca que después de que cumplió con la sentencia deba seguir pagando. No asiste razón al quejoso. En efecto, en principio debe precisarse que el tipo penal de incumplimiento de obligaciones alimentarias, no prevé al menos de manera gramatical la hipótesis de un incumplimiento parcial de dicha obligación, como pudiera acontecer en la especie. Estimar lo contrario, implicaría impunidad en la comisión del ilícito de incumplimiento de tales obligaciones, aún en el caso de que el activo, sólo cumpliera parcialmente, por ejemplo, solamente con un diez por ciento del monto fijado, determinado en sede civil; lo que no sería acorde al principio de interés superior del menor. Ello porque, el concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social. A ello, se suma que en diferentes compromisos que asumió el Estado Mexicano, surgen normas tanto obligatorias como instrumentos no vinculantes, pero que conforman el ius cogens e insertan principios generales que pueden ser orientadores al sistema de impartición de justicia, como las "Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos", provenientes de la Organización de las Naciones Unidas o los artículos 3 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bajo ese contexto, debe estimarse que el cumplimiento parcial o insuficiente de la obligación alimentaria, es contrario a la finalidad de prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos, porque los alimentos tienden a la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y éstas se actualizan día con día, de tal manera que no puede quedar al arbitrio del deudor proporcionarlos por las cantidades y en los tiempos que estime necesarios. En esa tesitura, en términos generales, y contra lo considerado, basta con que se constate que efectivamente no se ha cubierto su monto total, e, implícitamente, que no exista una causal justificada para ello, para configurarse el delito de incumplimiento a la obligación alimentaria. De tal manera que, el hecho de que de motu proprio, es decir, por decisión propia y sin que hasta el momento conste haya demostrado justificación, resolvió únicamente entregar una parte de la cantidad a la que fue condenado, por lo que deviene inconcuso que ello se constituye en un incumplimiento a la obligación alimentaria contraída, en tanto ésta quedó establecida en una cantidad cierta, sin que dicha obligación cesara por haber renunciado a la empresa para la cual prestaba sus servicios. De consiguiente, si el deudor alimentista fue condenado mediante resolución judicial a cubrir a sus acreedores alimentarios una pensión alimenticia mediante la entrega de una cantidad fija, se encuentra obligado a cumplir en los términos establecidos; por el contrario, si el deudor modifica motu proprio los términos de la obligación impuesta, y en lugar de entregar en la forma establecida el total de la cantidad pecuniaria a que está obligado y únicamente cubre una parte de ésta, variando así los términos en que se obligó, sin que ese modo de proceder se encuentre autorizado conforme a derecho, deviene inconcuso que se produce un incumplimiento a la obligación contraída judicialmente, como se prevé en el tipo penal contenido en el invocado numeral 217 fracción I, ambos del Código Penal para el Estado de México. No le es dable legalmente al deudor alimentista dicha determinación, ya que no puede quedar a su arbitrio proporcionar los alimentos a sus deudores por las cantidades y en los tiempos que él estime necesarios, ya que los alimentos tienden a la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y éstas se actualizan día con día, por lo que además, de acuerdo con el preámbulo y los artículos 3 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, México se ha obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger el interés superior del niño, en especial por lo que se refiere a la obligación de los padres de proporcionar, si bien dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo. Por ende, es evidente que para la actualización de la figura delictiva en análisis, basta el abandono u omisión injustificados del activo de proveer de recursos a quien debe hacerlo, poniéndolo en una situación de peligro de no seguir subsistiendo de acuerdo con su situación socioeconómica. En ese sentido, debe precisarse que el cumplimiento parcial o insuficiente en que ha incurrido, puede dar lugar al ejercicio de acciones civiles ya que se estaría en un incumplimiento de la sentencia, pues ello, de proceder, puede resultar accesorio o incluso paralelo a la cuestión penal y a decisión de la parte ofendida o pasiva del actuar disvalioso pero no de carácter penal. Ante tales circunstancias, y la desestimación de los conceptos de violación y no advertir deficiencia de la queja qué suplir, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fernando ***por propio derecho por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a F****, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. Toluca, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito, por medio de la cual señala la imposibilidad para notificar a las partes la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por lo que ahí menciona. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que realice las notificaciones correspondientes.

  4. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA Y EL ACUERDO DICTADO EL VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE INICIALES E.R.J EN REPRESENTACION DEL MENOR DE INICIALES F.V.R; SENTENCIA Y ACUERDO QUE MENCIONAN LO SIGUIENTE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1329/2017-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito ingresado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, remitido el mismo día a este juzgado; Fernando Villanueva Garduño solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la parte quejosa reclama actos de autoridades cuya residencia se ubica dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: a. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se reclama: - El auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta administrativa 648/2017, por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones alimentarias. b. Del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, se reclama: - La resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca 337/2017, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta administrativa 648/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables en cita al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por lo que así debe tenerse. Lo anterior se corrobora con los discos ópticos en formato "DVD", copia certificada de la carpeta administrativa 648/2017, y copia certificada del toca 337/2017, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. En el caso que nos ocupa, se considera actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con relación al acto reclamado "auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta administrativa 648/2017", ya que este fue sustituido procesalmente por la sentencia de segunda instancia que confirmó el auto de vinculación, de tal forma que cesaron sus efectos. Así, la hipótesis plasmada en la porción normativa en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Básicamente, el extracto legal citado establece que ante la ausencia de efectos del acto reclamado, la acción constitucional es improcedente, lo que ocurre cuando se encuentren destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Aunado a lo anterior, para determinar si un acto de autoridad ha cesado en sus efectos, también debe atenderse a la naturaleza de éste, pues tratándose de determinaciones judiciales, se observa que son susceptibles de ser modificadas o confirmadas mediante un medio de impugnación, por lo cual se actualizaría el supuesto de cesación de efectos por sustitución, mediante una determinación dictada en segunda instancia, debido a que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la de primer grado, cuando ésta ya no es la que afecta la esfera jurídica del quejoso. En efecto, los medios de impugnación son mecanismos legales que permiten a las partes someter las determinaciones judiciales a una nueva revisión del asunto ante un tribunal de alzada, el cual estará en posibilidad de determinar si procede confirmar o revocar la determinación, ya sea porque existen violaciones cometidas en el procedimiento, o bien, en las resoluciones judiciales respectivas, de tal forma que al resolverse un recurso, las determinaciones de primer grado ya no son válidas por sí mismas, pues su validez depende de lo resuelto en alzada, aun cuando las consecuencias sean semejantes a las dictadas anteriormente, ya que la nueva determinación es la que da firmeza a la impugnada y la que ahora afecta la esfera jurídica del quejoso, por lo que se considera que ha sido sustituida. En tal virtud, se estima que han cesado los efectos del auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, pues dicha determinación fue confirmada en resolución dictada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, por lo que el auto de vinculación ha sido sustituido y sus efectos han cesado integralmente. Robustece lo anterior, la tesis número I.2o.P.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2546, tomo IV, Libro 38, enero de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y contenido señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Por tanto, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del diverso numeral 63 de esa misma legislación, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta administrativa 648/2017. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca 337/2017, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta administrativa 648/2017. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados sin que exista motivo para suplir su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. Requisitos formales y de fondo. En efecto, al revisar las constancias relativas al toca de apelación 337/2017, así como las videograbaciones de donde emana la resolución reclamada, se aprecia que dicha determinación cumple con los requisitos de forma y fondo que son requeridos para su dictado y que exige el párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un auto de plazo constitucional que es un acto de molestia contra la parte inconforme. En ese tenor, no se advierte que la sentencia recurrida cause agravio al quejoso pues la responsable observó los requisitos necesarios que la Constitución y la ley contemplan para el dictado de una resolución que analizó el auto de vinculación; ello porque previamente a la emisión del auto de vinculación a proceso apelado, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra el quejoso por el hecho delictivo por el que se emitió (audiencia de uno de julio de dos mil diecisiete) y en la misma data aquél rindió su declaración. Asimismo, la determinación reclamada cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, dado que la responsable fue congruente con lo que establece el citado numeral, al momento de señalar el hecho delictuoso que se tuvo por acreditado conforme a su descripción legal y su probable intervención en el mismo (incluyendo la conducta que se le imputa), exponiendo de manera clara y suficiente los motivos que la llevaron a confirmar el auto de vinculación a proceso, los cuales se adecuan a las disposiciones legales aplicables al caso concreto. En otro aspecto, la resolución reclamada fue emitida por escrito, ya que su pieza escritural obra agregada en autos del toca 337/2017, concretamente a fojas 24 a 49 del anexo respectivo. Además, fue emitida por una autoridad judicial competente, ya que el Tribunal responsable forma parte del Poder Judicial del Estado de México y porque los eventos sucedieron en el municipio de Toluca, Estado de México; esto es, dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción. Por consiguiente, la determinación de plazo constitucional decretada contra la parte recurrente confirmada por la responsable, satisface las exigencias formales previstas en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, una vez establecido lo anterior, se procede a revisar si la sentencia reclamada estuvo emitida conforme a derecho, al señalarse en ella que los requisitos de fondo también fueron cumplidos a cabalidad por la responsable y que por tanto, no existió vulneración a los derechos humanos del quejoso. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo. La descripción típica del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias que se imputa al quejoso, se encuentra previsto en el artículo 217 fracción I del Código Penal del Estado de México, de ahí que sí expresó el hecho delictuoso que se le atribuye. También se advierte que se colmaron los elementos objetos del hecho delictuoso, los cuales quedaron evidenciados con los datos de prueba que tomó en consideración la responsable, que son los siguientes: a) Que alguien abandone a sus descendientes sin los recursos para cubrir sus necesidades de subsistencia; b) Que ello ocurra sin causa justificada; y, c) Que con motivo del abandono, los descendientes se vean obligados a allegarse por cualquier medio de los recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables. Luego, se estima acertada la decisión de la autoridad responsable, pues no violentó derecho constitucional alguno en perjuicio del imputado, al concluir que los datos de prueba, valorados y analizados son suficientes hasta este momento para tener por evidenciada la existencia de un hecho que encuadra en el ilícito de incumplimiento de obligaciones alimentarias cometido en agravio de Ericka Romero Jiménez y su menor hijo, pues para ello se contó con la entrevista de la querellante, en la que manifestó que el cinco de agosto de dos mil seis, contrajo matrimonio con Fernando Villanueva Garduño, por lo que procrearon un hijo, el cual a la fecha contaba con la edad de diez años; que su último domicilio fue el ubicado en avenida 20 de Noviembre número treinta y ocho, San Cristóbal Huichochitlán, Toluca; que promovió un juicio de controversia en materia familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, el cual fue radicado bajo el expediente 562/2007, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, y el treinta de agosto de dos mil siete, se dictó sentencia en la que se condenó a Fernando Villanueva Garduño a otorgar a su favor y de su menor hijo, la cantidad consistente en el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtuviera en su fuente laboral el enjuiciado, por lo que el pago era semanal los días viernes, estableciéndose que en caso de despido o renuncia voluntaria o cualquier otra circunstancia en la que el deudor alimentario fuese separado de su empleo, se le retuviera el porcentaje establecido en concepto de pensión alimenticia; que en el mes de julio de dos mil ocho, el imputado renunció a su empleo y le dieron una pago por la cantidad aproximada de trescientos pesos, y desde esa fecha ya no le dio dinero para solventar los gastos alimentarios de ella y del menor, por lo que tuvo la necesidad de emplearse en un comercializadora en donde le pagaban dos mil ochocientos pesos quincenales, pero que actualmente se encuentra desempleada, por lo que sus padres la han apoyado dejándola vivir en su casa y en algunas ocasiones la apoyan con los gastos económicos de su hijo, pues cuando se enferma le prestan dinero y también le dan para comprarle ropa y útiles escolares, le han prestado desde tres mil hasta ocho mil pesos, incluso firmó un pagaré por seis mil pesos; que Verónica García le prestó cuatro mil pesos en el año dos mil doce, para solventar sus gastos ya que Fernando Villanueva se desentendió completamente de los gastos de su menor hijo e incluso ahora labora en la informalidad. Entrevista que reúne los requisitos que establecen los artículos 229 y 235 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en atención a que fue emitida por persona que por su edad, capacidad e instrucción, se estima tuvo el criterio necesario para juzgar los hechos que narró, pues los conoció por medio de sus sentidos al haber intervenido directamente en los mismos, su exposición fue clara, precisa, sin dudas ni reticencias y no se advierte que haya testificado por un fin diverso, razones por las cuales su declaración se considera veraz y debe otorgársele valor de conformidad con lo dispuesto por el diverso 343 del aludido ordenamiento legal. Además, evidencia que el activo abandonó a su cónyuge y a su descendiente sin los recursos para cubrir sus necesidades de subsistencia; máxime, si la autoridad responsable correctamente consideró las documentales públicas consistentes en el acta de nacimiento del menor relacionado con los hechos y las constancias que integran el juicio de controversias del orden familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia 562/2007, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, así como las copias certificadas de la sentencia interlocutoria de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual se condenó a Fernando Villanueva Garduño al pago de $112,469.00 (ciento doce mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias no pagadas por el periodo comprendido entre el veintiuno de julio de dos mil ocho y el tres de abril de dos mil dieciséis; las cuales tienen valor de conformidad con el artículo 343 del código adjetivo de la materia. Asimismo, acreditan el vínculo que une al menor con el quejoso (hijo y padre) y su obligación de proporcionarle alimentos para cubrir sus necesidades de subsistencia tanto a dicho infante como a su cónyuge; sobre todo si están concatenadas con las entrevistas de los testigos Verónica García Silva, Alma Jazmín Romero y María Elena de la Cruz Vera, de las que se advierte que dichas personas robustecen el dicho de la querellante, en el sentido que el quejoso no ha cubierto sus obligaciones alimentarias y que con motivo de ello, la querellante se ha visto obligada a obtener recursos a efecto de sufragar los gastos de ella y del menor, incluso, que en algunos momentos la han apoyado económicamente. Datos de prueba que se consideran idóneas para estimar constitucional el acto reclamado, al haber sido expuestos por personas que por su edad, capacidad e instrucción, tuvieron el criterio necesario para juzgar el acto que narraron; amén si lo percibieron a través de sus sentidos y no por referencias de otros, los que con acierto fueron estimados para evidenciar que con motivo del incumplimiento de sus obligaciones, los pasivos quedaron sin recursos por lo que se vieron obligados a obtener recursos a efecto de sufragar sus gastos, como fue la ayuda de los referidos entrevistados. Sin que en el caso, se advierta que el activo haya probado que exista una causa justificada que lo hubiera imposibilitado a cumplir con su obligación de ministrar alimentos ni de autos se advierte que estuviera impedido para obtener recursos económicos a efecto de cumplir con ella, lo que evidencia que se encuentra acreditado el hecho delictuoso que nos ocupa; sin soslayar que el quejoso ofreció copias certificadas del expediente 1345/2008, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, sumario del que se advierte que Fernando Villanueva ha realizado diversas consignaciones en favor de Ericka Romero Jiménez por un monto de $86,800 (ochenta y seis mil ochocientos pesos 00/100, moneda nacional), cantidad inferior a la que fue condenado en la sentencia interlocutoria de fecha dos de junio de dos mil dieciséis. Así, los anteriores datos de prueba entrelazados entre sí, relacionados unos con otros, apreciados en su conjunto y conforme al principio de la sana crítica y libre árbitro, ligados lógica y jurídicamente en términos del artículo 343 del código adjetivo de la materia, resultan suficientes para evidenciar el hecho delictuoso que nos ocupa, consistente en que el activo, entre el periodo del veintiuno de julio de dos mil siete y el nueve de mayo de dos mil diecisiete (tiempo), sin causa justificada, fue omiso en hacer llegar los medios necesarios a sus acreedores alimentarios, derivado del vínculo que los une (padre e hijo y cónyuge) y de la obligación determinada en el juicio 562/2007 del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, para atender sus necesidades de subsistencia, por lo cual se vieron obligados a allegarse por cualquier medio de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades indispensables (circunstancias de ejecución), con lo cual puso en peligro el bien jurídicamente tutelado por la norma que lo es la seguridad, vida y salud de su descendiente. Existencia de la probabilidad que el indiciado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión. En otro orden, se estima correcta la conclusión de la responsable, que en la resolución reclamada se tuvo legalmente por demostrada la probabilidad que el quejoso intervino en la comisión del hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Intervención que adecuadamente consideró se adecuó a lo establecido en el artículo 11, fracción I, inciso c) del Código Penal del Estado de México; esto es, como autor material del ilícito que nos interesa. Así, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, la probable intervención del quejoso en la comisión del hecho delictivo de que se trata, hasta este momento procesal quedó acreditada con las imputaciones firmes y directas de la denunciante Ericka Romero Jiménez, quien refirió que promovió un juicio sobre controversia en materia familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, el cual fue radicado bajo el expediente 562/2007, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, y el treinta de agosto de dos mil siete, se dictó sentencia en la que se condenó a Fernando Villanueva Garduño a otorgar a su favor y de su menor hijo, la cantidad consistente en el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtuviera en su fuente laboral el enjuiciado, por lo que el pago era semanal los días viernes, pero que el imputado renunció a su trabajo en julio de dos mil ocho, y desde esa fecha ya no le dio dinero para solventar los gastos alimentarios de ella y del menor hijo de ambos. Dato de prueba que como se precisó en la determinación impugnada, genera convicción para establecer que la dinámica del hecho narrado por el denunciante resulta creíble como lo consideró la autoridad de instancia; máxime, si esa imputación se engarzó debidamente con las entrevistas de los testigos Verónica García Silva, Alma Jazmín Romero Jiménez y María Elena de la Cruz Vera, de las que se advierte que el quejoso no había cubierto sus obligaciones alimentarias y que por ello la querellante se había visto obligada a obtener recursos a efecto de sufragar los gastos correspondientes a los menores, incluso, que ellos la han apoyado económicamente. En consecuencia, con los datos de prueba relacionados, se acredita al menos de manera probable y hasta este momento procesal, que el quejoso llevó a cabo el hecho típico en estudio de forma dolosa, pues sabiendo que su actuación resultaba contraria a la norma penal, quiso y aceptó su realización; además, este elemento cognoscitivo no requiere de un conocimiento técnico, por lo cual, basta que supiera que era ilegal abandonar sin causa justificada a sus descendientes sin los recursos necesarios para cubrir sus requerimientos de subsistencia, para que se adecue su conducta al tipo penal respectivo. Sin que se apreciara que su conducta hubiese estado supeditada a la actualización de alguna excluyente del delito, prevista en el numeral 15 del Código Penal del Estado de México vigente al momento de la comisión de los hechos. Por tanto, la suma de los datos aportados de las entrevistas de mérito, condujeron a establecer de manera acertada en la sentencia recurrida, que la autoridad responsable cumplió con los requisitos constitucionales y legales requeridos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. No es óbice, que el quejoso incorporó copias certificadas del juicio 1345/2008 del índice de Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, de las que se advierten diversas consignaciones de dinero a favor de la querellante, pues si bien con ellos pretende demostrar que va al corriente en el pago de la pensión, lo cierto es que son por un monto inferior al que fue condenado en la resolución interlocutoria de dos de junio de dos mil dieciséis. Por otro lado, como se dijo, su conducta no está amparada en alguna causa de licitud que excluya su antijuridicidad, conforme a la hipótesis contenida en el artículo 15 del Código Penal del Estado de México, puesto que contravino la norma que lo obliga a proporcionar los recursos necesarios a su hijo y su cónyuge para atender sus necesidades de subsistencia, de ahí que deba considerarse contraria a la ley. También fue correcto que se estimara que está demostrada su culpabilidad, pues tenía plena capacidad de decidir libremente sus actos y actuar conforme a esa comprensión, de tal manera que no puede argumentarse que haya actuado bajo algún error de tipo o de prohibición invencible. Ahora bien, la parte quejosa expone en sus conceptos de violación substancialmente que la sentencia dictada en el juicio de pensión alimenticia 562/2007, se encuentra cumplida a partir del mes de junio de dos mil ocho, en que dejó de laborar para le empresa OSG ROYCO, sociedad anónima de capital variable, además de que con posterioridad a ello consignó diversas cantidades para los alimentos de su menor hijo, consignaciones que constan en el expediente 1345/2008, mismas que recibió la querellante. Dice que, la propia querellante en su denuncia reconoce que estuvo laborando desde dos mil ocho, y dejó de laborar en dos mil quince, de ahí que estima que al trabajar y obtener ingresos estuvo obligada a proporcionar alimentos a su hijo en términos del numeral 4.130 del Código Civil del Estado de México, por lo que con ello demuestra que no ha incumplido con sus obligaciones alimentarias. Insiste en que, al haber consignado diversas cantidades para alimentos de su hijo, esa consignación se hizo de acuerdo a sus posibilidades económicas, de ahí que si la querellante obtenía ingresos estaba obligada a proporcionar alimentos, por lo que ella no tenía derecho a recibir alimentos, aunado a que al existir un acta de divorcio, no tenía obligación de proporcionar alimentos a dicha persona. Enfatiza que, no existe disposición legal que establezca que después de que dejó de laborar para la empresa, tuviera obligación de seguir pagando el mismo porcentaje del 35% de los ingresos que percibía en dicha empresa, por lo que además cambiaron las circunstancias en las que se decretó la pensión alimenticia, de ahí que no se toma en cuenta las posibilidades económicas que tiene, sin que exista disposición legal que establezca que después de que cumplió con la sentencia deba seguir pagando. No asiste razón al quejoso. En efecto, en principio debe precisarse que el tipo penal de incumplimiento de obligaciones alimentarias, no prevé al menos de manera gramatical la hipótesis de un incumplimiento parcial de dicha obligación, como pudiera acontecer en la especie. Estimar lo contrario, implicaría impunidad en la comisión del ilícito de incumplimiento de tales obligaciones, aún en el caso de que el activo, sólo cumpliera parcialmente, por ejemplo, solamente con un diez por ciento del monto fijado, determinado en sede civil; lo que no sería acorde al principio de interés superior del menor. Ello porque, el concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social. A ello, se suma que en diferentes compromisos que asumió el Estado Mexicano, surgen normas tanto obligatorias como instrumentos no vinculantes, pero que conforman el ius cogens e insertan principios generales que pueden ser orientadores al sistema de impartición de justicia, como las "Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos", provenientes de la Organización de las Naciones Unidas o los artículos 3 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bajo ese contexto, debe estimarse que el cumplimiento parcial o insuficiente de la obligación alimentaria, es contrario a la finalidad de prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos, porque los alimentos tienden a la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y éstas se actualizan día con día, de tal manera que no puede quedar al arbitrio del deudor proporcionarlos por las cantidades y en los tiempos que estime necesarios. En esa tesitura, en términos generales, y contra lo considerado, basta con que se constate que efectivamente no se ha cubierto su monto total, e, implícitamente, que no exista una causal justificada para ello, para configurarse el delito de incumplimiento a la obligación alimentaria. De tal manera que, el hecho de que de motu proprio, es decir, por decisión propia y sin que hasta el momento conste haya demostrado justificación, resolvió únicamente entregar una parte de la cantidad a la que fue condenado, por lo que deviene inconcuso que ello se constituye en un incumplimiento a la obligación alimentaria contraída, en tanto ésta quedó establecida en una cantidad cierta, sin que dicha obligación cesara por haber renunciado a la empresa para la cual prestaba sus servicios. De consiguiente, si el deudor alimentista fue condenado mediante resolución judicial a cubrir a sus acreedores alimentarios una pensión alimenticia mediante la entrega de una cantidad fija, se encuentra obligado a cumplir en los términos establecidos; por el contrario, si el deudor modifica motu proprio los términos de la obligación impuesta, y en lugar de entregar en la forma establecida el total de la cantidad pecuniaria a que está obligado y únicamente cubre una parte de ésta, variando así los términos en que se obligó, sin que ese modo de proceder se encuentre autorizado conforme a derecho, deviene inconcuso que se produce un incumplimiento a la obligación contraída judicialmente, como se prevé en el tipo penal contenido en el invocado numeral 217 fracción I, ambos del Código Penal para el Estado de México. No le es dable legalmente al deudor alimentista dicha determinación, ya que no puede quedar a su arbitrio proporcionar los alimentos a sus deudores por las cantidades y en los tiempos que él estime necesarios, ya que los alimentos tienden a la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y éstas se actualizan día con día, por lo que además, de acuerdo con el preámbulo y los artículos 3 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, México se ha obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger el interés superior del niño, en especial por lo que se refiere a la obligación de los padres de proporcionar, si bien dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo. Por ende, es evidente que para la actualización de la figura delictiva en análisis, basta el abandono u omisión injustificados del activo de proveer de recursos a quien debe hacerlo, poniéndolo en una situación de peligro de no seguir subsistiendo de acuerdo con su situación socioeconómica. En ese sentido, debe precisarse que el cumplimiento parcial o insuficiente en que ha incurrido, puede dar lugar al ejercicio de acciones civiles ya que se estaría en un incumplimiento de la sentencia, pues ello, de proceder, puede resultar accesorio o incluso paralelo a la cuestión penal y a decisión de la parte ofendida o pasiva del actuar disvalioso pero no de carácter penal. Ante tales circunstancias, y la desestimación de los conceptos de violación y no advertir deficiencia de la queja qué suplir, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fernando ***por propio derecho por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a F****, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. Toluca, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito, por medio de la cual señala la imposibilidad para notificar a las partes la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por lo que ahí menciona. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que realice las notificaciones correspondientes.

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