Fernando Villalobos Aguirre

Expediente 666/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 26 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
666/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Fernando Villalobos Aguirre
  • Blanca Delia Martinez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el cumplimiento dado al fallo protector, y se ordenó el archivo, en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general de que se trata. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en copia certificada u originales hubiere exhibido; lo anterior previa cita que deberá hacer a fin de que pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19" ; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de junio de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que, inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 160/2020. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó por una parte y modificó por otra la sentencia en revisión, concediendo a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: [.] De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1º constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a las quejosas, en cuanto a los pagos retrasados de octubre y noviembre de dos mil dieciocho, que ya se efectuaron en diciembre de ese año, lo propio ocurre respecto de, el pago retrasado de julio de dos mil diecinueve, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron las agraviadas, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a las agraviadas, se realicen en tiempo, en virtud de que de ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1º constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de las pensiones de las quejosas. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de las agraviadas, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto mencionado, particularmente el Jefe del Departamento de Nómina de Pensiones y Jubilaciones, realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de las pensiones, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. [.] Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría al Juez de Distrito para que pudiera tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, se estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que el Juez de Distrito vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia de que, de declararse cumplido el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de pensiones, las agraviadas tendrán expeditos sus derechos para agotar los recursos previstos en la ley de amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de que instar uno nuevo. [.] Se aclara, que aun cuando la autoridad Jefe del Departamento de Nómina de Pensiones y Jubilaciones del Instituto en cuestión, no fue señalada como autoridad responsable en el juicio de amparo, queda vinculada a su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que establece que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención al cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables. Finalmente se hace hincapié en el sentido de que, este órgano colegiado adoptó idéntico criterio al resolver el juicio de amparo en revisión 5/2020, en sesión de trece de febrero de dos mil veinte." Se requiere cumplimiento. Por lo que una vez que fue recibida la ejecutoria de la superioridad, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Debían dejar sin efecto cualquier acto que implicara suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la parte quejosa; y, Debían realizar los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece la Ley de la materia, por el plazo de cuatro meses, cunado menos. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Mediante acuerdo de diecinueve de abril del presente año, se acordó el oficio signado por la Delegada del Instituto responsable, al cual anexó copias certificadas de las nóminas y constancias de transferencia relativas a los meses de enero, febrero y marzo del presente año, correspondiente al pago de pensión de los quejosos. Luego, que mediante oficio recibido el trece de mayo del año en curso, la Delegada del Instituto responsable remitió copias certificadas de las nóminas y constancias de transferencia correspondiente al mes de abril del presente año, relativas al pago de pensión de los quejosos. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que las autoridades responsables dejaron de retener o retrasar el pago de la pensión de los quejosos; asimismo, realizaron los relativos pagos de pensión de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece la Ley de la materia, por el plazo de cuatro meses; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual remite copia cotejada de las nóminas de pensión correspondientes al mes de abril de dos mil veintiuno a nombre de los quejosos. Asimismo, dado que mediante autos de veintiséis de enero, veintiséis de febrero y diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitió los pagos de pensión a la parte quejosa correspondiente a los siguientes meses, en cumplimiento al fallo protector: AUTO MESES 26/01/2021 Octubre, Noviembre y Diciembre. 26/02/2021 Enero. 19/04/2021 Febrero y Marzo. Vista. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las mencionadas constancias remitidas por la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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