Fernando Villagomez Clausen

Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
736/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Fernando Villagomez Clausen
  • Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de legajos de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas recibidos mediante proveído de doce de junio de esta anualidad e identificados como tomos I, II, III, IV y V, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia en el juicio de amparo ********************, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con el escrito registrado con el folio 14462, firmado por la tercero interesada ********************, mediante el cual se apersona a juicio, designa autorizados, pide el acceso al expediente electrónico y hace diversas manifestaciones. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio, con el carácter que se ostenta, dado que así se desprende de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su escrito la referida tercera interesada, se autoriza a las personas que menciona en su ocurso, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Acceso al expediente electrónico. De igual forma, como lo solicita, con fundamento en los artículo 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "********************", para recibir notificaciones vía electrónica y el acceso al expediente electrónico para su consulta. No se soslaya que la promovente haya señalado domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, las subsecuentes se realizarán mediante el usuario de referencia, dado que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y substanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podrías derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Ilustra lo anterior el criterio 2a./J. 8/2023 (11a.), de rubro:"NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Alegatos. Por último, se tienen por formulados los alegatos que vierte en los términos que indica, los cuales habrán de tomarse en consideración en su momento procesal oportuno en esta audiencia constitucional. Acto seguido, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe justificado rendido por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que la tercera interesada los expresó en el escrito de cuenta. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer la promovente, las cuales habrán de tomarse en consideración en la resolución que se emite en esta actuación, de resultar conducente; de igual modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. En determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete -quien no formuló pedimento- y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, se le reconoció el carácter de tercera interesada a ********************. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo lugar en los términos del acta que antecede. II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto dictado por una autoridad que reside donde este juzgado ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de Distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hace consistir en: La determinación de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el toca ********************, en la cual desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sociedad legal, derivado del juicio ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. Es aplicable al caso concreto, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que además se corrobora con las copias certificadas del toca ********************, que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado; constancias a las que se les concede valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su precepto 2º. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 226 sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Causales de improcedencia Previamente al fondo del asunto, debe analizarse si en el caso se materializa alguna hipótesis que haga improcedente el juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. En esta directriz, las partes no expusieron causa de improcedencia y, al no advertir de oficio este juzgado alguna que haga improcedente el juicio, lo procedente es continuar con la emisión de la presente resolución. Antecedentes del acto reclamado Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia debe precisarse que de las constancias aportadas por la responsable, mismas que fueron valoradas con antelación en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se aprecia en forma sintetizada y en lo que interesa destacar, lo siguiente: Que en autos del juicio de divorcio incausado 121/2021, incoado ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Guaymas, Sonora, mediante sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, entre otras cosas, se declaró disuelto el vínculo matrimonial de ******************** -quejoso- y ******************** -tercera interesada-. En determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en juicio de origen, la juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, resolvió como improcedente un incidente de liquidación de sociedad legal, promovido por la ahora parte quejosa. Inconforme con esa resolución el incidentista presentó recurso de queja, el cual mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en el toca ********************, se radicó ante el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, cuyo presidente desechó el aludido medio de impugnación en contra de la resolución interlocutoria referida en el párrafo que antecede. Derivado de lo anterior, el agraviado acudió ante esta sede constitucional solicitando el amparo y protección de la justicia federal. VII. Consideraciones previas respecto de los conceptos de violación Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Lo anterior, conforme a la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País de texto y rubro siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VIII. Estudio de fondo Este juzgador estima que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes, en la inteligencia que en el caso no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, al no actualizarse ninguna de las hipótesis a que alude el numeral 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, e ilustrativamente conforme la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, en sus argumentos la parte quejosa esencialmente refiere que la autoridad responsable vulnera las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que el juicio del que emanan el acto reclamado no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento y que carece de fundamentación y motivación. Como se adelantó, dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes. En primer término, resulta oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de Distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Precisado lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa es omisa en combatir directamente las consideraciones producidas por el tribunal responsable en la determinación de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, a través de la cual se desechó el recurso de queja interpuesto por dicha parte en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sociedad legal, derivado del juicio ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. Es así, porque el impetrante omite exponer razonamiento en torno a las consideraciones y fundamentos que tomó en cuenta la autoridad responsable para concluir en el sentido en que lo hizo, en razón de que carece de una exposición razonada del porqué la resolución reclamada le causa una afectación, ya que prescinde de señalar los motivos por los que considera incorrecta la determinación de la autoridad responsable al emitir el fallo reclamado. En efecto, de la parte conducente de la determinación reclamada, se advierten las consideraciones que a continuación se transcriben: ".Si bien es cierto, en la sentencia definitiva que resolvió el juicio ordinario civil (divorcio incausado), promovido por el aquí quejoso, en contra de ********************, el juzgador, en el resolutivo Octavo, decretó: "Se declara disuelto el régimen patrimonial bajo el cual se celebró el matrimonio." (sic). No menos cierto es que, en el mismo fallo, el Juez de origen otorgó valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 323 (fracción IV) del Código Procesal Civil Sonorense al contenido del acta del registro civil No.390, relativa al matrimonio celebrado entre ******************** y ********************, de la cual se advierte que el régimen patrimonial adoptado por ambos es el de separación de bienes. En tales condiciones, la vía incidental que se tomó y que generó la resolución interlocutoria venida en queja, no puede considerarse consecuencia de la ejecución de la sentencia emitida dentro del Expediente No. ********************, al no existir liquidación de bienes adquiridos por las partes en sociedad legal. A lo que se suma, que en la resolución interlocutoria en contra de la cual se interpuso el presente recurso de queja, la a quo, en el resolutivo cuarto, refiere, que el término para interponer el recurso de apelación (medio de impugnación idóneo), es de tres días, a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 376 (fracción III) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; esto, se entiende, al no haberse emitido la citada resolución incidental en ejecución de sentencia. En ese contexto, la resolución incidental de que se trata no está prevista dentro de los supuestos que, para la operancia de un recurso de queja -como el de la especie- se establecen en el artículo 392 del Código Procesal Civil Sonorense, de ahí que sea IMPROCEDENTE el medio de impugnación hecho valer." De lo anterior se evidencia la inoperancia de los motivos de violación en análisis, pues el peticionario de amparo no controvierte frontalmente las consideraciones reseñadas en párrafos precedentes; máxime que algunos argumentos son una reiteración sustancial de los que hizo valer en su escrito de agravios -del recurso de queja que interpuso-. Así, es evidente que el tribunal responsable no incurrió en las inconsistencias destacadas por la parte quejosa, sino que expuso medularmente las razones aquí plasmadas para justificar su conclusión; consideraciones que, cabe repetir, no son atacadas por la parte quejosa. En efecto, resultaba indispensable que la parte quejosa combatiera esas consideraciones, es decir, la circunstancia toral relativa, en la que el tribunal responsable sustentó que la resolución interlocutoria impugnada en queja, no podía considerarse como consecuencia de la ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio de origen ********************, al no existir liquidación de bienes adquiridos por las partes en sociedad legal. De ahí que la parte quejosa se encontraba obligada a destruir los razonamientos del tribunal responsable, esto es, expresar argumentos eficaces para demostrar la ilegalidad de las consideraciones aludidas y, al omitir hacerlo, devienen inoperantes sus planteamientos. Resultan aplicables las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." IX. Decisión En esa virtud, al resultar inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto y fundamento en los artículos 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado al presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Se agrega telegrama. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta que remite el juez de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, para que obre como corresponda sin necesidad de mayor proveído al respecto, toda vez que el juez de mérito, en contestación al oficio 19885/2023, nos informa en relación con el despacho 19/2023 (orden 116/2023); sin embargo, en proveído de dieciocho de agosto pasado, la referida autoridad remitió debidamente diligenciado el despacho antes citado. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe despacho. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitido por el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 22/2023 (número de orden 191/2023), del índice de este juzgado, en el que se emplazó a la tercera interesada ********************. Anotación en S.I.S.E. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Efectivo apercibimiento a tercera interesada. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo decretado en auto ********************, sin que la parte tercera interesada ********************, señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notificación por medio de lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia, por lo que, las notificaciones que en lo subsecuente deban hacérsele a dicha parte, incluidas las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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