Fernando Venegas Medina
Expediente 1509/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Venegas Medina
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente. MESA IV
- Principal
AVISO: NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR LISTA AL PROMOVENTE. México, Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Fernando Venegas Medina, por su propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1509/2023-IV y NEUN 34159222. FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Jueza de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO El promovente señala como acto reclamado en síntesis: La sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca 1542/2023, del índice de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual modificó el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés dictado por el Juez Trigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, expediente 248/2010. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De las manifestaciones expuestas por el peticionario de amparo bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1.- El acto reclamado deriva del Incidente de Liquidación de Sociedad Conyugal, promovido por el aquí impetrante en contra de Verónica Pérez Romero, expediente 248/2010. 2.- Emplazada que fue la demandada incidentista, dio contestación, exhibiendo su inventario correspondiente. 3.- Por auto de dieciséis de mayo de la presente anualidad, el juzgador de origen requirió al aquí promovente para acreditar los bienes precisados por la demandada incidentista en el inventario adjunto a su escrito de contestación. 4.- Mediante auto de veinticinco de mayo del año en curso, el juzgador familiar tuvo por desahogado el requerimiento formulado al aquí impetrante y lo hizo del conocimiento a la demandada incidentista. 5.- Por auto de primero de junio de la presente anualidad, la demandada incidentista solicitó al juzgador de origen que hiciera efectivo el apercibimiento decretado a su contrario en auto de dieciséis de mayo del año en curso y que acreditara sus manifestaciones con documentos y constancias. 6.- Mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la demandada incidentista interpuso recurso de apelación en contra del auto de dieciséis de mayo de la presente anualidad, el cual quedó radicado en el toca 1542/2023, del índice de la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 7.- Mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el toca 1542/2023, la Sala responsable resolvió modificar el auto de dieciséis de mayo de la presente anualidad, a efecto de exigir el cumplimiento del requerimiento formulado en dicho auto al actor incidentista, aquí promovente, apercibido de multa en caso de no hacerlo. Resolución que constituye el acto reclamado CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En relación con el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada por la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Relacionado con lo anterior, el numeral 18 de la Ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, a saber: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede verse, dicho numeral prevé las diversas reglas para computar el término de quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda para tenerla como recibida en tiempo, según el promovente haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado, tales como: a) la notificación, b) el conocimiento o c) la confesión. En primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de la demanda de amparo y si durante el mismo no lo hace resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quien se hubiese visto beneficiado con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Al respecto, cabe precisar que si bien del escrito de demanda no se desprende que el promovente manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, sin embargo, si refiere que la sentencia reclamada fue emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por tanto, al ser parte en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, tuvo pleno conocimiento del recurso de apelación interpuesto por su contraparte, tal como se advierte de los antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, de la certificación de cuenta, que se tuvo a la vista el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, tomo CCII, número 145, la resolución reclamada, fue publicada en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por tanto, dicha notificación surtió efectos el veintiocho de agosto siguiente. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciocho de diciembre del año en curso, mediante depósito en el buzón judicial, su promoción resulta notoriamente extemporánea en relación con la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca 1542/2023. Sirve de apoyo lo establecido en la Contradicción de tesis 57/2008-PL de la Novena Época, con número de registro 163172, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, página 5, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así también, tiene aplicación la Tesis I. 3o. A. 135 K, de la Octava Época, con número de registro 210856, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, materia Común, a página: 619, la cual establece: IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc.". Sin que se soslaye que de lo expuesto en la demanda de amparo se advierta que la sala familiar al dictar el acto reclamado resolvió que el juez natural debía requerir personalmente al quejoso la exhibición de los documentos relativos a los bienes que integran la sociedad conyugal, ya que en el caso concreto el impetrante reclama la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, notificada mediante boletín judicial de veinticinco de agosto siguiente, lo que denota que su demanda es notoriamente extemporánea, ya que al haber promovido el incidente de liquidación de sociedad conyugal, tiene pleno conocimiento de la forma en que se notifican las resoluciones emitidas por las autoridades familiares. Máxime que de lo narrado en la demanda de amparo, se constata que el acto reclamado fue dictado durante la tramitación del incidente de liquidación de sociedad conyugal, por tanto, el requerimiento de los documentos relacionados con los bienes que pertenecen al haber conyugal no constituye una resolución contra la cual proceda el amparo indirecto, en razón de que dicho requerimiento se realizó con motivo de poder resolver lo relativo a la liquidación promovida por el aquí quejoso, por lo que, incluso el acto reclamado es considerado como una actuación intraprocesal que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo del solicitante del amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo presentada por Fernando Venegas Medina, por su propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite a la demanda a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la impetrante de amparo o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIO DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del promovente el ubicado en Julio Ruelas, número 45, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, en esta ciudad. Se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karla Nuria Romo Pineda y Miguel Ángel Flores Correa, por tener debidamente registradas sus cédulas profesionales. En cambio, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Mónica Victoria Barrera López en virtud de que no cuenta con el registro de cédula correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INTEGRACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE De conformidad con lo previsto en el artículo 263 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", que a la letra dice: Artículo 263. Con Independencia del esquema tradicional, hibrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial, que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Solo se digitalizarán los documentos remitidos por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en la fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como la digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y V. Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización". Hágase del conocimiento de las partes que la integración del presente expediente se realizará conforme a lo que establecen las fracciones del citado numeral; es decir las que sean presentadas de manera física se seguirán integrando en el expediente que previamente se hubiere formado y las que sean presentadas por medios electrónicos solo constarán en dicha forma y no se integrarán de manera física al expediente. En caso de que la demanda inicial se presente de manera electrónica, el expediente sólo se integrará de forma electrónica, por lo cual, su consulta podrá realizarse por dicho medio y en caso de existir una promoción presentada de manera física, se ordenará integrar al expediente como constancia. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahorita existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente. MESA IV
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