Fernando Velázquez Farías

Expediente 803/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
803/2021
Año
2021
Actuaciones
41
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Fernando Velázquez Farías
  • Obed Silva Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte, que el término de tres días concedido al quejoso, en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que compareciera ante el personal de este juzgado para que manifestara si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito presentado el veintiséis del mes en cita, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído, y se tiene por no presentado el ocurso de referencia, y se ordena continuar el procedimiento por sus cauces legales. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Fernando Velázquez Farías; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negaron las medidas cautelares solicitadas. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 803/2021-X, promovido por Fernando Velázquez Farías, contra actos de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, Fernando Velázquez Farías compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en los términos siguientes: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, mismo que consiste en lo siguiente: a. Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras, le reclamo lo siguiente: i. La invitación al Evento Público de Asignación de Plazas (Horas-Semana-Mes); y, ii. Omisión de asignar al quejoso las 12 doce Horas-Semana-Mes, del plantel del Colegio de Bachilleres de Quiroga, de la asignatura de Historia/Antropología en el Evento Público de Asignación de Plazas. b. Del Director General del Colegio de Bachilleres, le reclamo lo siguiente: i. Omisión de dirigir las actividades de las Unidades Administrativas de conformidad con apego a las disposiciones normativas aplicables, tales como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los términos del artículo 6° del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en perjuicio del quejoso. ii. Omisión de garantizar los principios de publicidad, transparencia, equidad e imparcial, en el Proceso de Selección para la Admisión para el ejercicio de la función docente, en los términos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como en lo dispuesto en el artículo 10 de las Disposiciones Generales del Proceso de Selección para la Administración del Personal Docente y Técnico Docente en Educación Media Superior, en perjuicio del quejoso. iii. Omisión de invitar al Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, en los términos del artículo 46 de las Disposiciones Generales del Proceso de Selección para la Administración del Personal Docente y Técnico Docente en Educación Media Superior; iv. La invitación al Evento Público de Asignación de Plazas (Hora-Semana-Mes), mediante el oficio D. G. 2789/2020 de fecha nueve de agosto del 2020 dos mil veinte; y, v. Omisión de asignar al quejoso las 12 doce Horas-Semana-Mes), del plantel del Colegio de Bachilleres de Quiroga, en el Evento Público de Asignación de Plazas. c. Del Director de Planeación Educativa, le reclamo lo siguiente: i. La invitación al Evento Público de Asignación de Plazas (Hora-Semana-Mes); ii. Omisión de asignar al quejoso las 12 doce Horas-Semana-Mes, del plantel del Colegio de Bachilleres de Quiroga, en el Evento Público de Asignación de Plazas. Omisión de coordinar la planeación institucional con las políticas y los lineamientos establecidos en las disposiciones aplicables, tales como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los términos del artículo 10, fracción I, del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en perjuicio del quejoso. iii. Omisión de coordinar la planeación institucional con las políticas y los lineamientos establecidos, en las disposiciones aplicables, tales como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los términos del artículo 10, fracción I, del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en perjuicio del quejoso. iv. Omisión de coordinar los procedimientos que regulan la vida interna del Colegio, en términos del artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en perjuicio del quejoso; v. Omisión de aplicar en el ámbito de su competencia, los requisitos establecidos en las disposiciones legales y administrativas de orden federal y estatal vigentes para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente, técnico docente y directivo del COBAEM, en términos del artículo 9, fracción XVI, del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en perjuicio del quejoso; vi. Emisión de la circular D. P. E. 016/2021, mediante la cual solicita a los Coordinadores Sectoriales, Directores del Plantel, Coordinadores de los CEM y CEV del COBAEM, le informen sobre las horas en alta 12 doce vacantes que deberán ser cubiertas por el personal de base alta 14; d. De la Coordinación Sectorial Número 4 cuatro, con sede en Pátzcuaro, le reclamo lo siguiente: i. La incorrecta supervisión de las políticas, planes, programas, reglamentos, normas y disposiciones internas y externas, tales como el proceso de asignación de Horas-Semanas-Mes en alta 12 a aspirantes, así como la observancia de disposiciones de orden federal para la admisión y promoción de personal del plantel del Colegio de Bachilleres de Michoacán de Quiroga, en términos del artículo 15, fracciones II y XV del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en perjuicio del quejoso; ii. El Oficio P-103/203/2021, mediante el cual se informa al Director de Planeación Educativa, que las 12 doce Horas-Semana-Mes vacantes de Historia de México I, en el plantel de Quiroga fueron asignadas al C. Obed Silva Núñez; iii. Omisión de reportar a la Dirección Planeación Educativa por escrito y mediante el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas las Horas-Semana-Mes vacantes del Plantel del Colegio de Bachilleres de Michoacán ubicado en Quiroga, en los términos del artículo 32 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. e. De la Subcomisión Mixta de Escalafón, le reclamo lo siguiente: i. Omisión de dar respuesta fundada y motivada a la solicitud de información de fecha 17 diecisiete de septiembre del año 2020 dos mil veinte; ii. Omisión de reportar a la Dirección Planeación Educativa por escrito y mediante el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas las Horas-Semana-Mes vacantes del Plantel del Colegio de Bachilleres de Michoacán del Municipio de Quiroga, en los términos del artículo 32 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y, iii. El oficio P-103/203/2021, mediante el cual se informa al Director de Planeación Educativa, que las 12 doce Horas-Semana-Mes vacantes de Historia de México I, en el Plantel Quiroga fueron asignadas al C. Obed Silva Núñez. f. Del Director del Colegio de Bachilleres de Quiroga, le reclamo lo siguiente: i. Omisión de reportar en tiempo y forma las 12 doce Horas-Semana-Mes vacantes por escrito y en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas en el presente proceso de asignación del plantel Quiroga, de la asignatura de Historia de México I, a la Dirección de Planeación Educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en términos del artículo 32 treinta y dos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; ii. El oficio P-103/203/2021, mediante el cual se informa al Director de Planeación Educativa, que las 12 doce Horas-Semana-Mes vacantes de Historia de México I, en el plantel de Quiroga fueron asignadas al C. Obed Silva Núñez; iii. Omisión de aplicar en el ámbito de su competencia, los requisitos establecidos en las disposiciones legales y administrativas de orden federal vigentes para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente, del COBAEM, en términos del artículo 16, fracción XII del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en perjuicio del quejoso.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 5° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de treinta del mes y año mencionados, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el expediente número 803/2021-X, y determinó prevenir al promovente para que bajo protesta de decir verdad aclarara algunas inconsistencia de su libelo. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de su escrito de diez de septiembre del actual. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. En proveído de diecisiete siguiente, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación y otorgó la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Asimismo por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, reconoció el carácter de tercero interesado a Obed Silva Núñez, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectuó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. El veinte de julio de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede. CUARTO. Escrito de desistimiento. Se presentó el veintiséis de septiembre del año en curso, y en auto dictado en esta fecha se ordenó requerir al promovente para que lo ratificara. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.AEGUNDO.TERCERO.CUARTO.QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado federal estima que por los actos reclamados precisados como incisos A), B), C), E) e I) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues el peticionario de amparo no tiene interés jurídico para impugnar en este juicio constitucional a tales actos. El numeral señalado textualmente dispone: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De las porciones normativas transcritas se obtiene que el juicio constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico), o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias.". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Esto quiere decir que para solicitar el amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos). En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". Como se observa, en el decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las condicionantes para demostrar el interés jurídico son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En la especie, el quejoso acciona este juicio de amparo para reclamar diversas omisiones de las autoridades educativas en el proceso de admisión docente del que es aspirante y, particularmente, en la asignación de plazas Horas-Semana-Mes del Plantel Quiroga del Colegio de Bachilleres, en la asignatura de Historia de México I. Esto bajo el argumento toral de que en la evaluación correspondiente obtuvo el mayor puntaje que le otorga prelación en la elección de las vacantes temporales y definitivas del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Circunstancia que, en su opinión, lo legitima para acudir a esta instancia constitucional para evidenciar vicios en proceso de asignación de plazas, pues considera que indebidamente no se le ofertó la que corresponde a la materia indicada en el Plantel Quiroga, lo que le irroga un perjuicio. Ahora bien, se recuerda que en el evento público de asignación de plazas, verificado el once de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso optó por no elegir alguna de las plazas vacantes enlistadas y reservó su derecho al no estar disponible la que corresponde al Plantel Quiroga. Pues bien, se estima que los actos reclamados en este juicio de constitucional no ocasionan un perjuicio directo en la esfera jurídica del peticionario de amparo, porque su sola calidad de aspirante incluido en la lista ordenada de resultados del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior, no es suficiente para controvertir en esta instancia las supuestas infracciones a la Ley de Carrera de las Maestras y los Maestros, Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y Disposiciones Generales del Proceso de Selección para la Administración del Personal Docente y Técnico Docente en Educación Media Superior, en el Proceso para la Admisión Docente. Es así porque no tiene un derecho adquirido derivado de dicho proceso respecto de la asignación de una plaza en especial del Colegio de Bachilleres, sino que guarda un estatus de aspirante -incluido en la lista ordenada y con derecho de prelación-, que se encuentra sujeto a la oferta de plazas vacantes de dicha institución educativa. De este modo, hasta en tanto cambie su situación jurídica mediante el nombramiento respectivo -en cualquiera de las plazas ofertadas-, el quejoso estará en condiciones de hacer valer lo que en su derecho convenga respecto del incumplimiento a la normativa aplicable en el proceso de admisión docente. A más se considera que los actos tampoco irrogan mayor perjuicio al peticionario de amparo tomando en cuenta que no reclama la convocatoria abierta en la que se específicamente se hubiere ofertado alguna plaza del Plantel Quiroga como vacante. Único supuesto en el cual pudiera hablarse de un derecho adquirido como aspirante en el proceso de admisión docente, al variarse las circunstancias de la convocatoria y la asignación de plazas. Máxime que por lo que hace a los oficios D.P.E. 085/2021, P-103/203/2021 y D.G. 2789/2020, así como la circular D.P.E. 016/2021 [precisados como incisos B), C), E) e I)], el quejoso no vierte concepto de violación en su demanda de amparo, pues como se menciona, su inconformidad la basa en no ofertarle las Horas-Semana-Mes en el Plantel Quiroga, por haber reunido obtenido el primer lugar en la evaluación correspondiente, lo que a su vez redunda en la omisiones que señala como reclamadas. Y si bien mediante correo electrónico dirigido por la Dirección de Planeación Educativa, se le dieron a conocer las Horas-Semana-Mes vacantes y definitivas que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, puestas a su disposición en el "GRUPO 3" como aspirante de la Lista Ordenada publicada por la USICAMM, entre las que no se observa el Plantel Quiroga, en la asignatura de Historia de México I; cierto es que dicho acto tampoco fue reclamado en este juicio de amparo. En las relatadas condiciones, se concluye como actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dado que la sola condición de aspirante del quejoso no es suficiente para accionar y, en consecuencia, carece de interés jurídico respecto de los actos precisados en los incisos A), B), C), E) e I), del considerando segundo de esta ejecutoria -incluidas las omisiones derivadas de ellos como violaciones al procedimiento de asignación de plazas-. Por otra parte, respecto del acto precisado en el inciso N) consistente en la omisión de dar respuesta al pliego petitorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se actualiza la diversa causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Subcomisión Mixta de Escalafón no tiene el carácter de autoridad de responsable para efecto de este juicio de amparo. Dichos dispositivos señalan lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general,". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De los preceptos legales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo se desprende que en el juicio de derechos fundamentales, es parte, entre otras, la autoridad responsable, y tiene ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas; además, para los efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esos términos, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, entendiéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, como lo prevé la fracción II, del artículo 5 de la ley de la materia. Es pertinente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera jurídica de los gobernados. También, que el juez de amparo deberá estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, registro digital 199459, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto estima que las notas distintivas de los actos de autoridad son los siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Se cita en apoyo la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, registro digital 161133, que establece lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. Por tanto, si en la especie el quejoso reclama de la Subcomisión Mixta de Escalafón, la omisión de dar respuesta al pliego petitorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual solicita se le informe por qué no fueron reportadas en tiempo y forma las 18 HSM vacantes (alta 12) en el plantel Quiroga, de la asignatura de Historia de México, a la Dirección de Planeación Educativa, se trata de un acto que no reúne las características de uno de autoridad para efectos de este juicio de amparo. Es así porque de acuerdo en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, -que regula las relaciones laborales entre dicha institución y sus trabajadores-, las Comisiones Mixtas son órganos establecidos en forma bipartita por representantes del Colegio y del Sindicato. Entre dichas comisiones se encuentra la Comisión Mixta de Escalafón que se rige por su respectivo reglamento, y que en conjunto con la de Capacitación y Adiestramiento, tiene entre otros fines programar cursos con objetivos escalafonarios. Es decir, la Comisión Mixta de Escalafón tiene como fin promover entre los trabajadores agremiados es ascenso en la labor educativa, en los términos de su reglamento y demás disposiciones aplicables. Por ello se considera que dicha entidad forma parte del sindicato cuyo objetivo es la defensa de los intereses de sus agremiados, lo cual per se la coloca en el ámbito laboral. Ahora bien, se dice que la omisión de dar respuesta al pliego petitorio presentado por el aquí quejoso no es un acto de autoridad, por una parte, en atención a la naturaleza laboral de la aludida comisión y, por otra, debido al contenido de lo solicitado, pues éste se refiere a una cuestión laboral en la que eventualmente tuvo injerencia la comisión; por ende, no se trata de una relación de supra a subordinación sino de coordinación entre particulares. Máxime que el Sindicato actúa en su carácter de representante legal de la clase trabajadora, en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3o. de la Constitución Federal, y no constituye un autoridad educativa vinculada al proceso de admisión docente. De ahí que el juicio de amparo resulte improcedente contra el acto que se atribuye a la autoridad indicada, en términos de lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Corolario a lo anterior, se destaca que al aquí quejoso también elevó su solicitud al Plantel Quiroga del Colegio de Bachilleres -según se observa de su sello de recepción-, autoridad educativa que sí pudiera ser autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, ésta no fue señalada como autoridad responsable respecto de ese acto. En las relatadas condiciones, al quedar actualizadas dos causales de improcedencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por el quejoso, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". No resta más que indicar que no se hace especial referencia a los alegatos formulados por el pedimento del Ministerio Público adscrito y el quejoso en su escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dado que aun cuando este último vierte diversas manifestaciones con las que pretende evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados e insiste en que le asiste un derecho adquirido para impugnarlos, tales aseveraciones no forman parte de la demanda de amparo, por lo que existe un impedimento técnico para abordar su análisis a título de conceptos de violación. Apoya lo anterior la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Finalmente, se tiene presente que en esta data se requirió al quejoso para que ratificara su escrito de desistimiento presentado ante este juzgado; sin embargo, en aras de privilegiar el principio de impartición de justicia pronta y expedita, se estima innecesario esperar la ratificación respectiva, cuenta habida de que en nada cambiaría el sentido del presente fallo. Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Velázquez Farías, contra los actos y autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en los considerandos tercer y quinto de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. DESISTE DE DEMANDA DE AMPARO. Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Fernando Velázquez Farías, mediante el cual manifiesta que es su deseo desistir de la tramitación del presente juicio de amparo; por tanto se acuerda lo siguiente: Requiérase a la referida quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con identificación oficial, a manifestar si ratifica o no, el contenido de dicho escrito, así como si reconoce como suya la firma que lo calza. Se invoca en vía de orientación la tesis de jurisprudencia por contradicción, aprobada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "Tesis: 2a./J. 119/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 174481 Segunda Sala Tomo XXIV, Agosto de 2006 Página 295 Jurisprudencia (Común) DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." El criterio que antecede se invoca aun cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de la misma; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. INFORMACIÓN. Se reitera a la parte quejosa que podrá ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, así como para el desahogo del presente requerimiento, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se le indica que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Finalmente, se ordena notificar en el domicilio procesal que señaló en su escrito inicial de demanda, para que en caso de encontrarlo, en presencia del actuario judicial de la adscripción, manifieste si ratifica o no la firma y contenido de su escrito. O bien, de no hacerlo al momento de la diligencia, se presente en las instalaciones de este juzgado a manifestar en presencia del personal si ratifica su contenido y firma en los términos precisados en párrafos anteriores. Apercibido que de no hacer manifestación al respecto, se tendrá no presentado el referido escrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintidós. SEÑALA AUTORIZADA. Visto el escrito de cuenta signado por José Martín Ramos Ruíz, en cuanto autorizado en términos amplios de la parte quejosa; atento a las manifestaciones, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a Amarayni Lizeth de León Muñoz, sin la plenitud de facultades que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, primero, por no haberlo solicitado expresamente, pero también porque el citado numeral precisa la imposibilidad para que el autorizado en términos amplios delegue o substituya tales facultades, previamente otorgadas por la parte quejosa, en un tercero. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se encuentra integrado a fin de dictar la resolución correspondiente, se ordena formar un cuadernillo por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.

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