Fernando Velasco Loaeza

Expediente 604/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
604/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
29/03/2016

Partes del expediente

  • Fernando Velasco Loaeza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de marzo del dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha veintitrés de febrero del año en curso (fojas 51 a 55), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, se subraya que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Finalmente, tomando en consideración que en este juicio de garantías el Juez responsable remitió copia certificada del expediente penal número 15/2013, mediante oficio devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo. Notifíquese; a la parte quejosa por lista de acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis. IIA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de marzo del dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, en la que el fedatario adscrito expone los motivos por los que no le fue posible realizar de manera personal la notificación del acuerdo de fecha veintitrés de febrero próximo pasado, al quejoso o sus autorizados; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicho acuerdo, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este tribunal. Cúmplase. (INSERCIÓN) Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en el libro de gobierno relativo al registro de juicios de amparo que se tramitan ante este Juzgado de Distrito, correspondiente al año dos mil quince, se encuentra registrado el juicio número 114/2015, promovido por el ahora quejoso FERNANDO VELASCO LOAEZA, contra actos del 1) Juez Primero Mixto de Primera Instancia, 2) Comandante Regional de la Policía de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, que hizo consistir, en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución, la que resultó cierta, dado que fue librada contra el peticionario el diez de diciembre de dos mil trece, dentro de la causa penal 15/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito doloso consumado de peculado cometido en perjuicio de Mario Víctor García Barranco, juicio en el que por auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que el quejoso no compareció a recoger los edictos correspondientes al emplazamiento del tercero interesado Mario Víctor García Barranco, el aludido acuerdo causó estado el dieciocho de diciembre de dos mil quince. Cabe precisar que en dicho juicio de amparo (114/2015) el quejoso señaló los estrados para oír y recibir notificaciones, pero como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se ordenaron que se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalara domicilio para tal efecto; así como atento a la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. A efecto de acordar lo que en derecho proceda, se ordena deducir copia certificada de la demanda de garantía, del auto admisorio, del informe justificado del Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, de los autos de fechas dieciocho de noviembre y dieciocho de diciembre de dos mil quince, respectivamente, así como de sus respectivas notificaciones; constancias relativas al juicio de amparo 114/2015, dado que las mismas constituyen un hecho notorio, por derivar de los diversos juicios seguidos ante este mismo Juzgado; atento a lo establecido en la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que aparece publicada en la página dos mil seiscientos setenta y nueve, del tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE". Ahora bien, en el caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe es como sigue: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Este órgano jurisdiccional, estima que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que de la demanda de amparo así del informe justificado rendido por Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, se desprende que el peticionario del amparo reclama la orden de aprehensión de fecha diez de diciembre de dos mil trece, librada en su contra dentro de la causa penal 15/2013, del índice de ese Juzgado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito doloso consumado de peculado, cometido en perjuicio de Mario Víctor García Barranco; lo que se corroboró con las constancias que anexó a dicho informe, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De las constancias que se ordenaron glosar en los párrafos precedentes, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de la orden de aprehensión reclamada, desde el diez de abril de dos mil quince, fecha en el que se le notificó la vista del informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, dentro del diverso juicio de amparo 114/2015. En tales condiciones, tomando en cuenta que el quejoso FERNANDO VELASCO LOAEZA, tuvo pleno conocimiento de la existencia de la orden de aprehensión que reclama, desde el diez de abril de dos mil quince, fecha en que se le notificó la vista que se le dio con el informe justificado del diverso juicio de amparo 114/2015; en tanto que la demanda de garantías se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cuatro de diciembre de dos mil quince, esto es, fuera del plazo legal de quince días para la presentación oportuna de la demanda. Por tal razón, es inconcuso que el juicio de amparo resulta extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término legal de quince días hábiles que prevé el artículo en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece como motivo de improcedencia del juicio de amparo, cuando se endereza "contra actos consentidos tácitamente", entendiéndose por tales, precisamente, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que se señalan, entre otros, en el numeral 17, párrafo primero, invocado, como aconteció en el presente caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de la literalidad siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 12/2015 (10ª), registrada con el número 2009174, consultable en la página treinta y ocho, del Libro XVIII, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Máxime que la resolución reclamada, no encuadra en alguno de los casos de excepción previstos por alguna de las fracciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de acuerdo con la cual tratándose del reclamo: de normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, el plazo será de treinta días; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión, el plazo será de ocho años; de actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal, el plazo será de siete años; o del acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, al ser evidente que la resolución reclamada en razón a su naturaleza, finalidad y particular contenido, en modo alguno encuadra en la hipótesis de excepción del plazo general para la promoción del juicio de amparo, y menos en específico a la contenida en la fracción IV, del numeral 17 invocado, pues se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y por ende no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y por ello que, en el caso particular, la presentación de la demanda de amparo se rija por la regla genérica de quince días prevista por el artículo 17 de la ley en comento, como se examinó en párrafos anteriores. Por lo que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la ley en comento, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Por último, no se desatiende que no se haya realizado ordenado el emplazamiento o, en su caso, la búsqueda del tercero interesado Mario Víctor García Barranco, dado que el sentido de este acuerdo no le perjudica, además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. No es óbice a lo anterior, que la notificación del acuerdo en el que rindió su informe justificado del Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, dentro del juicio de amparo 114/2015, se haya efectuado al ahora quejoso Fernando Velasco Loaeza, por medio de listas, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque, como ya se dijo, en dicho juicio se ordenaron que las notificaciones se practicaran por medio de lista, al no prever la ley de amparo "los estrados" como domicilio y, en segundo lugar, dicha notificación se cumple con el cometido de hacer del conocimiento a las partes las resoluciones judiciales, la cual surte sus efectos de conformidad con la Ley como si se hubiere efectuado la misma de manera personal, considerar lo contrario sería contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, razón por la cual la notificación por lista efectuada el día diez de abril de dos mil quince, por el Actuario adscrito a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, surtió sus efectos legales y cumplió con su cometido de notificar a la parte quejosa respecto de la vista con el informe justificado rendido por el juez responsable, por lo que desde esa fecha como ya se dijo tuvo conocimiento del acto que ahora se reclama. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIA

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en el libro de gobierno relativo al registro de juicios de amparo que se tramitan ante este Juzgado de Distrito, correspondiente al año dos mil quince, se encuentra registrado el juicio número 114/2015, promovido por el ahora quejoso FERNANDO VELASCO LOAEZA, contra actos del 1) Juez Primero Mixto de Primera Instancia, 2) Comandante Regional de la Policía de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, que hizo consistir, en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución, la que resultó cierta, dado que fue librada contra el peticionario el diez de diciembre de dos mil trece, dentro de la causa penal 15/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito doloso consumado de peculado cometido en perjuicio de Mario Víctor García Barranco, juicio en el que por auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que el quejoso no compareció a recoger los edictos correspondientes al emplazamiento del tercero interesado Mario Víctor García Barranco, el aludido acuerdo causó estado el dieciocho de diciembre de dos mil quince. Cabe precisar que en dicho juicio de amparo (114/2015) el quejoso señaló los estrados para oír y recibir notificaciones, pero como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se ordenaron que se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalara domicilio para tal efecto; así como atento a la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." A efecto de acordar lo que en derecho proceda, se ordena deducir copia certificada de la demanda de garantía, del auto admisorio, del informe justificado del Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, de los autos de fechas dieciocho de noviembre y dieciocho de diciembre de dos mil quince, respectivamente, así como de sus respectivas notificaciones; constancias relativas al juicio de amparo 114/2015, dado que las mismas constituyen un hecho notorio, por derivar de los diversos juicios seguidos ante este mismo Juzgado; atento a lo establecido en la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que aparece publicada en la página dos mil seiscientos setenta y nueve, del tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE". Ahora bien, en el caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe es como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Este órgano jurisdiccional, estima que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que de la demanda de amparo así del informe justificado rendido por Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, se desprende que el peticionario del amparo reclama la orden de aprehensión de fecha diez de diciembre de dos mil trece, librada en su contra dentro de la causa penal 15/2013, del índice de ese Juzgado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito doloso consumado de peculado, cometido en perjuicio de Mario Víctor García Barranco; lo que se corroboró con las constancias que anexó a dicho informe, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De las constancias que se ordenaron glosar en los párrafos precedentes, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de la orden de aprehensión reclamada, desde el diez de abril de dos mil quince, fecha en el que se le notificó la vista del informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, dentro del diverso juicio de amparo 114/2015. En tales condiciones, tomando en cuenta que el quejoso FERNANDO VELASCO LOAEZA, tuvo pleno conocimiento de la existencia de la orden de aprehensión que reclama, desde el diez de abril de dos mil quince, fecha en que se le notificó la vista que se le dio con el informe justificado del diverso juicio de amparo 114/2015; en tanto que la demanda de garantías se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cuatro de diciembre de dos mil quince, esto es, fuera del plazo legal de quince días para la presentación oportuna de la demanda. Por tal razón, es inconcuso que el juicio de amparo resulta extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término legal de quince días hábiles que prevé el artículo en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece como motivo de improcedencia del juicio de amparo, cuando se endereza "contra actos consentidos tácitamente", entendiéndose por tales, precisamente, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que se señalan, entre otros, en el numeral 17, párrafo primero, invocado, como aconteció en el presente caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de la literalidad siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 12/2015 (10ª), registrada con el número 2009174, consultable en la página treinta y ocho, del Libro XVIII, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Máxime que la resolución reclamada, no encuadra en alguno de los casos de excepción previstos por alguna de las fracciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de acuerdo con la cual tratándose del reclamo: de normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, el plazo será de treinta días; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión, el plazo será de ocho años; de actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal, el plazo será de siete años; o del acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, al ser evidente que la resolución reclamada en razón a su naturaleza, finalidad y particular contenido, en modo alguno encuadra en la hipótesis de excepción del plazo general para la promoción del juicio de amparo, y menos en específico a la contenida en la fracción IV, del numeral 17 invocado, pues se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y por ende no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y por ello que, en el caso particular, la presentación de la demanda de amparo se rija por la regla genérica de quince días prevista por el artículo 17 de la ley en comento, como se examinó en párrafos anteriores. Por lo que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la ley en comento, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Por último, no se desatiende que no se haya realizado ordenado el emplazamiento o, en su caso, la búsqueda del tercero interesado Mario Víctor García Barranco, dado que el sentido de este acuerdo no le perjudica, además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. No es óbice a lo anterior, que la notificación del acuerdo en el que rindió su informe justificado del Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, dentro del juicio de amparo 114/2015, se haya efectuado al ahora quejoso Fernando Velasco Loaeza, por medio de listas, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque, como ya se dijo, en dicho juicio se ordenaron que las notificaciones se practicaran por medio de lista, al no prever la ley de amparo "los estrados" como domicilio y, en segundo lugar, dicha notificación se cumple con el cometido de hacer del conocimiento a las partes las resoluciones judiciales, la cual surte sus efectos de conformidad con la Ley como si se hubiere efectuado la misma de manera personal, considerar lo contrario sería contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, razón por la cual la notificación por lista efectuada el día diez de abril de dos mil quince, por el Actuario adscrito a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, surtió sus efectos legales y cumplió con su cometido de notificar a la parte quejosa respecto de la vista con el informe justificado rendido por el juez responsable, por lo que desde esa fecha como ya se dijo tuvo conocimiento del acto que ahora se reclama. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, residente de Puerto Escondido, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Ahora bien, dado el volumen de las constancias que remitió la responsable como justificación a su informe, fórmense por separado el anexo uno, conservando su folio, sello y rúbricas, tal como fue remitido por la autoridad oficiante. Notifíquese. IIA

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