Fernando Vazquez Rincon
Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Vazquez Rincon
- Jefe de Celula de Tramitacion Comun, Sede Irapuato (Denominacion Correcta Auto 09/11/2021)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la resolución emitida el diez de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó y negó el amparo solicitado, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo respecto de la totalidad de las partes, pues se determinó sobreseer el amparo solicitado, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. -Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido 18, fracción I, incisos a) y b); y, artículo 20, primer párrafo, fracción II, inciso a), todos del Acuerdo en cita; así como el oficio CAP/DGAD/392/2021. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Incidental
SE DICTÓ INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: [...] C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del normativo 49, en relación con el diverso 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Autoridad inexistente. No se hará pronunciamiento alguno en la presente resolución respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada como Agentes del Ministerio Publico y/o Fiscales adscritos a las Agencias del Ministerio Publico Numero VII siete de la Unidad de Investigación de Tramite Común, adscrito a la Fiscalía del Estado de Guanajuato Región "B" con sede en Irapuato, Guanajuato, toda vez que en la audiencia incidental se dejó de tener como autoridad responsable. TERCERO. Estudio de la medida cautelar. De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. CUARTO. Solicitud de la medida cautelar -fijación de los actos a paralizar- El numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues el quejoso solicitó la medida cautelar contra los actos que pretende paralizar, que hace consistir en: - La orden de captura, detención, aprehensión y/o comparecencia dictada en contra en su contra, así como su ejecución. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades que señaló como responsables. Lo anterior, en razón de que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo. Sin que se inadvierta la manifestación que realiza la responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, en el sentido de que, existe la carpeta de investigación *****, que se sigue en contra del quejoso, sin embargo, también refiere que la misma se encuentra en investigación y no se ha emitido mandamiento de captura alguno; de ahí que no exista el acto que ahora se les reprocha a las autoridades responsables. En esas condiciones, se precisa que la parte quejosa no aportó medios de convicción tendentes a desvirtuar la negativa de las responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negarle la suspensión definitiva por lo que hace a los actos y autoridades señaladas. Sirve de apoyo al particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "INFORME PREVIO, LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si la autoridad responsable niega los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ***** la suspensión definitiva de los actos reclamados señalados en el considerando tercero, por las razones aludidas en el diverso quinto de la presente interlocutoria. Notifíquese, vía electrónica a la fiscal adscrita.
- Principal
SE DICTÓ SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: [...] CUARTO. Inexistencia de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esa tesitura, se tiene que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Jueza de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato. Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos. Agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora No. 1 Irapuato. Agente del Ministerio Público de la Agencia no. 2 Irapuato, Guanajuato. Agente del Ministerio Público de la Agencia III de la Unidad de Tramitación común Irapuato, Guanajuato. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público número 4 de la Unidad de Tramitación Común. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común V, de esta ciudad Agente del Ministerio Público VI de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de la Agencia con Detenido, Irapuato, Guanajuato. Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, Irapuato, Guanajuato. Agente del Ministerio Público, Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Fiscalía Regional "B". Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Litigación de Juicio Oral, Fiscalía Regional "B", de Irapuato, Guanajuato. Jefe de Célula de Tramitación Común, Irapuato, Guanajuato. Lo anterior, en virtud de que todas esas autoridades los negaron al momento de rendir sus informes justificados. Sin que se inadvierta la manifestación que realiza la responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, en el sentido de que, existe la carpeta de investigación ****, que se sigue en contra del quejoso, sin embargo, también refiere que la misma se encuentra en investigación y no se ha emitido mandamiento de captura alguno; de ahí que no exista el acto que ahora se les reprocha a las autoridades responsables, a más de que tampoco se advierte así de alguna constancia del expediente de amparo. Motivo por el cual, no asiste razón al quejoso al intentar afirmar lo contrario pues, como se dijo, lo relevante es que pese a la anterior manifestación de la autoridad, ella misma negó la existencia del acto que en concreto es el que se reclama en este juicio, de manera que el solo hecho de que exista una carpeta de investigación no es sinónimo de que también exista el mandamiento del cual se duele el quejoso. En el entendido de que ante la negativa de los actos reclamados, las autoridades no tienen la obligación de exponer razonamientos al respecto, ni menos aún, se hace necesaria la remisión de las constancias que demuestren tal inexistencia. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa de los actos reclamados, correspondía a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los mismos, lo que en la especie no acontece, dado que no exhibió medio de convicción alguno para ese efecto. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o.J/308 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página setenta y siete, del rubro "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, respecto a las autoridades indicadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". QUINTO. Certeza de acto. Por otra parte, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado al Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado y al Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; certeza que deriva de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en razón de haber sido omisos en rendir su informe justificado a pesar de estar debidamente emplazados a juicio, como se desprende de las constancia de notificación respectivas. SEXTO. Estudio fondo. Ahora bien, toda vez que las órdenes reclamadas no son un acto violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirla; en esas condiciones, queda a cargo de la parte quejosa demostrar su inconstitucionalidad por medio de las pruebas pertinentes, y en razón de que en autos no obran medios de convicción al respeto; de ahí que, no se está en condiciones de resolver sobre su legalidad; en tal condición, procede negar el amparo solicitado, respecto del acto reclamado a las autoridades que nos ocupan en este apartado considerativo. Máxime que de la intelección de la demanda de amparo se advierte aun cuando las señaló de manera genérica como ordenadoras y ejecutoras, se advierte que en realidad atribuyó actos de ejecución que, en sí mismos, no resultan violatorios de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la tesis aislada XXI.1o.30 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia(s): Común, página: 270, que dice: "ORDEN DE APREHENSION, CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA. En atención a que la orden de aprehensión no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirla, cuando ésta no envía con su informe copia certificada de dicha resolución, corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo exhibirla, así como de las demás constancias en que aquélla se hubiese apoyado; por lo que si no lo hizo, sino que únicamente se aportó copia simple de la orden de captura, misma que carece de valor probatorio por no estar certificada por funcionario facultado legalmente para hacer su cotejo y autorizar su autenticidad, es claro que el juez de Distrito no está en condiciones de resolver sobre su legalidad y la sentencia que pronuncie negando el amparo, está apegada a derecho". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se Niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal a *****, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese y vía electrónica a la fiscal adscrita.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, a través del cual realiza manifestaciones a manera de alegatos. ALEGATOS En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, téngasele formulando alegatos, con ellos dese nueva cuenta en la audiencia respectiva. Notifíquese.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Fernando Sanchez Luna1128/2019
- Fernando Sandoval Mendiola703/2013
- Fernando Santos Robles Venegas928/2014
- Fernando Soto Diaz1146/2023
- Fernando Soto Granados256/2018
- Fernando Vargas Flores44/2023
- Fernando Vera Ramirez379/2017
- Fernando Vidal Castro482/2017
- Fernando Villalpando Garcia562/2017
- Fernando Viveros Infante235/2018
- Ferruccio Pagotto también conocido como Ferruccio Pagotto Zanbon349/2016
- Ferrucio Pagotto Zambon770/2015