Fernando Trujillo Llaven

Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1297/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Fernando Trujillo Llaven

Actuaciones

  1. Principal

    ...Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." Con lo anterior, dese vista a las partes, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del expediente, como asunto concluido.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Trujillo Llaven, contra actos reclamados al Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1297/2023-VII, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, de acuerdo al artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis 2a. LXXI/2002 1, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: La omisión del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Yajalón, de publicar las lista de acuerdos dentro del portal de internet https://consultalistas.poderjudicialchiapas.gob.mx/inicial.php, y al consejo en su vertiente de máximo órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, al no supervisar y ver que en el portal respectivo se publiquen las listas de acuerdos relativas al referido órgano judicial de Yajalón." Asimismo, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa señala lo siguiente: I.- Que promovió juicio sucesorio intestamentario, mismo que fue radicado bajo el número de expediente 182/2023, del índice el Juzgado de Primera Instancia el Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas. II.- Que hasta la fecha de presentación de la demanda, ha intentado consultar los avisos de emisión de acuerdos en el portal oficial https://consultalistas.poderjudicialchiapas.gob.mx/inicial.php, mismos que no se encuentran disponibles para consulta en relación al Juzgado de Yajalón señalado como responsable. En ese orden de ideas, este Órgano de Control Constitucional, considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes a saber. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Al respecto, es pertinente establecer que los actos de imposible reparación son aquellos que generan efectos materiales sobre los derechos sustantivos de los gobernados, sean de carácter real, personal o del estado civil, tales como la vida, la libertad personal, la propiedad, papeles, posesiones, etcétera. El concepto de "actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación" tiene su contrapartida en la acepción "actos intraprocesales", es decir, aquellos que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra que queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. En cambio, las violaciones procesales están catalogadas en las fracciones I a XI, del artículo 172, de la Ley de Amparo, y la fracción XII, establece que también tendrán ese carácter los casos análogos a las fracciones precedentes, en la inteligencia de que en modo alguno las violaciones procesales engloban el amplio concepto de "actos intraprocesales" que no se agota en aquéllas; en otras palabras, no todo acto intraprocesal contrario a los intereses de las partes constituye una violación procesal conforme al precepto citado, pues la mayoría de los efectos de aquellos actos desaparece sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado, como ocurre por ejemplo: cuando el juez admite una apelación en determinado efecto, la parte afectada no puede hacer valer ningún recurso contra esa determinación e incluso el juicio de amparo es improcedente bajo cualquier circunstancia (directo o indirecto) habida cuenta que por un lado, esa actuación tendrá que ser revisada oficiosamente por el superior del juez, quien confirmará la admisión del recurso o la desechará si estima que es improcedente, y por otro, decidirá si fue correctamente admitido en el efecto que previamente escogió el juez. Por otra parte, las violaciones al procedimiento sólo dan lugar a la promoción del amparo directo, cuando por su naturaleza trascendental y grave afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo y sólo de manera excepcional procede el amparo indirecto contra éstas cuando tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así las cosas, no todos los actos intraprocesales que resulten adversos a las expectativas de los litigantes pueden ser catalogados como violaciones al procedimiento materia de amparo directo, y menos aún como actos de imposible reparación materia del amparo indirecto, debiéndose en todo caso apreciar las particularidades del acto reclamado. Ahora, de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, trascrito en párrafos precedentes, podemos advertir con meridiana claridad, que el juicio constitucional, en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento, solo procederá el amparo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; en ese orden de ideas, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre la base de lo antes expuesto, si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la omisión de publicar las listas de acuerdos dentro del portal de internet https://consultalistas.poderjudicialchiapas.gob.mx/inicial.php, por parte del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Yajalón, con residencia en dicho municipio, es inconcuso que no se trata de un acto de imposible reparación. De ahí, que el acto reclamado no sea de aquéllos de los que por su naturaleza, afecten directamente derechos fundamentales o sustantivos de las justiciables, tutelados por la Constitución General de la República, a través de los Derechos Humanos o las Garantías Individuales, toda vez que la naturaleza del acto que combate es única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la omisión del juzgado responsable de omitir la publicación de la lista de acuerdos dentro del portal de internet https://consultalistas.poderjudicialchiapas.gob.mx/inicial.php, lo cual no causa en la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación; es decir, no es de aquéllos que cause gravamen a la parte quejosa, que no pueda repararse al momento de emitir la sentencia en el juicio de origen. Lo anterior es cuenta habida, que el promovente de amparo, al ser parte actora dentro del juicio de origen, se encuentra en todo momento en la facultad de solicitar y tener acceso a las constancias que integran el expediente respectivo, así como de consultar la lista numerada de los asuntos acordados o resueltos del juzgado señalado como responsable, mismo que se publica en la puerta de sus oficinas o en la tabla de avisos respectivo, y al acontecer lo anterior, la omisión de que se queja no le causa perjuicio de imposible reparación. Máxime, que en términos del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles el Estado de Chiapas, los secretarios y demás empleados encomendados a hacer notificaciones, no se encuentran obligados de publicar la lista de acuerdos dentro del portal de internet https://consultalistas.poderjudicialchiapas.gob.mx/inicial.php que refiere promovente de amparo. En ese sentido, es evidente que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, en atención a lo dispuesto en los artículos 112 y 113, del ordenamiento jurídico citado. Cobra aplicación, por identidad jurídica la Jurisprudencia, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodolfo Andrés Domínguez Constantino, por tener registrada su cédula profesional que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho, así como en términos del numeral 24 de la citada Ley, a las diversas personas que indican en su escrito inicial de demanda por así haberlo solicitado. Al efecto, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "rodolfoandres"; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, para que realicen las notificaciones del presente expediente por vía electrónica al usuario "rodolfoandres". Se faculta al quejoso y autorizados el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos."..

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