Fernando Trinidad Gonzalez

Expediente 50/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
50/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Fernando Trinidad Gonzalez
  • Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, Sede Putla, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, los discos DVD que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que no consta en el expediente físico y electrónico relativo a este asunto, la notificación a las partes procesales de la sentencia dictada en el presente expediente el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, se instruye al Actuario encargado de las notificaciones relativas a este asunto, para que efectúen las mismas o levante la razón actuarial respectiva y de inmediato dé cuenta a la Secretaria encargada del trámite, con el resultado correspondiente. Para evitar mayores dilaciones procesales, reexpídase el oficio 124/2021, que se dirigió a la autoridad responsable "JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA MIXTECA, SEDE PUTLA, OAXACA", mediante el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en este asunto; lo anterior, vía correo electrónico a la dirección: admon.oral.putla@gmail.com a efecto de integrar debidamente este expediente. Se instruye al actuario realice lo correspondiente. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE LA SENTENCIA ORDENADA. ASIMISMO, CUMPLASE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que no consta en el expediente físico y electrónico relativo a este asunto, la notificación a las partes procesales de la sentencia dictada en el presente expediente el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, se instruye al Actuario encargado de las notificaciones relativas a este asunto, para que efectúen las mismas o levante la razón actuarial respectiva y de inmediato dé cuenta a la Secretaria encargada del trámite, con el resultado correspondiente. Para evitar mayores dilaciones procesales, reexpídase el oficio 124/2021, que se dirigió a la autoridad responsable "JUZGADO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA MIXTECA, SEDE PUTLA, OAXACA", mediante el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en este asunto; lo anterior, vía correo electrónico a la dirección: admon.oral.putla@gmail.com a efecto de integrar debidamente este expediente. Se instruye al actuario realice lo correspondiente. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE LA SENTENCIA ORDENADA. ASIMISMO, CUMPLASE. INSERCIÓN: VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 50/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado el mismo día, Fernando Trinidad González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, de quien reclamó el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estima que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 20 apartado b), de la Constitución Federal. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se radicó bajo el número 50/2020; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veinte de febrero de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Concepción Martínez Vega, lo que aconteció en diligencia de tres de noviembre de dos mil veinte. Seguido el trámite del juicio, la audiencia se celebró en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis de la demanda se deduce que el acto reclamado para efecto de estudio es: ? El acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, dentro de la causa penal TERCERO.Existencia del acto reclamado. La Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, para sustentar su dicho remitió dos discos opticos, a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento. QUINTO. Estudio de los motivos de inconformidad. En principio, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado, según lo expone la parte quejosa en su escrito de demanda. Señala que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez de Control en Materia Penal con residencia en el Distrito Judicial de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, dentro de la causa penal , por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley denomina como el delito de fraude. El veintinueve siguiente, se le dictó auto de vinculación a proceso por el citado hecho y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Contra esa determinación, promovió juicio de amparo que se radicó en este Juzgado Octavo de Distrito con el número 161/2019, donde se le concedió la protección federal, el doce de junio de dos mil diecinueve. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el quince de julio del mismo año, la responsable le dictó auto de no vinculación a proceso. El once de diciembre siguiente, solicitó al juez de la causa la supresión de las notas periodísticas por atentar contra la presunción de inocencia. El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó el acuerdo reclamado, en el que ordenó dar vista al Fiscal para la investigación por el posible trato cruel, inhumano y degradante; concluyendo que solo la nota del Portal atentaba parcialmente contra la presunción de inocencia y ordenó la modificación de la nota, no la supresión, como se le solicitó; y, respecto del resto de las notas determinó que no atentaban en su contra porque en la foto no posee una vestimenta infamante, se cubre parte de su rostro con una franja negra, se suprimieron sus apellidos y con ello, se protegió su derecho a no ser expuesto en medios de comunicación. Ahora, la parte quejosa señala esencialmente que la autoridad transgredió su derecho a la presunción de inocencia con la publicación de las fotografías en diversos medios de comunicación, incluso establece una serie de condiciones no previstas en ninguna norma al mencionar que en las publicaciones no se aprecia que el quejoso tenga una vestimenta infamante, que se cubre parte de su rostro con una franja negra y se suprimieron sus apellidos; por lo que, a consideración de la responsable se protegió su derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación. Lo anterior, a decir del quejoso es incorrecto porque la norma protege el derecho a la presunción de inocencia y no establece ninguna excepción o modalidad para considerar que en determinada publicación se protegió el aludido derecho. Asimismo, menciona que el artículo 113, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que es derecho del imputado no ser expuesto a los medios de comunicación, y no señala ninguna excepción, es decir, no menciona que se podrá exhibir al imputado en los medios de comunicación siempre que se supriman sus apellidos, se coloque una franja negra en su rostro y no porte vestimenta infamante. Tales conceptos son infundados. El reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comporta un cambio esencial en la naturaleza de esta regla básica de la ordenación de un proceso penal. Una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata. Así las cosas, la presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental. En esta lógica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la presunción de inocencia en su artículo 8.2, el cual establece lo siguiente: 8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. La Corte Interamericana ha destacado la importancia del derecho a la presunción de inocencia al señalarlo como un fundamento de las garantías judiciales, según el cual las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se acredite plenamente su culpabilidad. En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. La naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia determinan una configuración compleja en su contenido, pues influyen con notoria eficacia tanto en el tratamiento que debe darse al imputado antes y durante el desarrollo del procedimiento, como en la actividad probatoria que se practique con el objeto de demostrar su culpabilidad, sin dejar de lado su singular trascendencia en el contexto general de todo el proceso penal. Así, de la presunción de inocencia es posible predicar que tiene, básicamente, un triple significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso. Las vertientes más estudiadas de la presunción de inocencia son las que se refieren a su cualidad de regla probatoria y de estándar probatorio o regla de juicio que debe ser aplicada en el momento de dictar sentencia. La presunción de inocencia como regla probatoria es un derecho que establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de prueba para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. En consecuencia, no cualquier prueba puede enervar la presunción de inocencia, sino que ésta debe practicarse de acuerdo con ciertas garantías y de una determinada forma para cumplir con esa finalidad. En esta línea, deben existir pruebas que puedan entenderse de cargo, es decir, pruebas sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, y que hayan sido suministradas por el Ministerio Público con respeto a los principios y garantías constitucionales que rigen su práctica. Así, puede decirse que este derecho entra en juego en un momento anterior a la valoración de las pruebas, cuando el juez examina si las pruebas presentadas por la acusación pueden considerarse válidamente como pruebas de cargo. Por otro lado, la presunción de inocencia como regla de juicio o estándar probatorio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración de la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). Al resolver el amparo directo en revisión 715/2010, la Primera Sala estableció que para poder considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas, cerciorarse al valorar el material probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Pues bien, existe otra vertiente de la presunción de inocencia que ha sido menos estudiada y aquella como regla de trato en su vertiente extraprocesal. Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza; en pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas. Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. En el caso, el quejoso en el capítulo de antecedentes, punto 3, de su demanda, señala que las fotografías le fueron tomadas por los Agentes Estatales de Investigación que lo detuvieron; y después, aparecieron publicadas en los medios de comunicación que indica, como presunto defraudador. En efecto, de las notas periodísticas recabadas, concretamente de los medios informativos e y , se advierte que se publicó una nota señalando al quejoso como probable defraudador, sin que mediara un juicio que esclareciera su plena culpabilidad. Sin embargo, no hay dato de que tal publicación en los referidos medios, hubiere sido ordenada por el Fiscal en la averiguación y que el juez responsable lo hubiere tomado en consideración dentro del procedimiento. Máxime que, atendiendo a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 161/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, se le dictó auto de no vinculación a proceso. De ahí que, el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, dentro de la causa penal 469/2018, no contraviene el principio presunción de inocencia; ya que dichas notas no formaron parte del juicio o estándar de prueba del proceso penal, mucho menos el aludido acuerdo. Además, esos documentos no fueron el soporte probatorio para la acusación, ni tampoco para el dictado del auto de termino constitucional; no obstante, la responsable ordenó la modificación de una de ellas (ADN SURESTE) al considerar que vulneraba el principio de presunción de inocencia del quejoso, lo que no se prejuzga. En relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a , contra el acto reclamado indicado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando QUINTO de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese la esta resolución, en los términos precisados en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO Y RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 50/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado el mismo día, Fernando Trinidad González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, de quien reclamó el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estima que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 20 apartado b), de la Constitución Federal. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se radicó bajo el número 50/2020; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veinte de febrero de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Concepción Martínez Vega, lo que aconteció en diligencia de tres de noviembre de dos mil veinte. Seguido el trámite del juicio, la audiencia se celebró en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis de la demanda se deduce que el acto reclamado para efecto de estudio es: ? El acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, dentro de la causa penal TERCERO.Existencia del acto reclamado. La Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, para sustentar su dicho remitió dos discos opticos, a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento. QUINTO. Estudio de los motivos de inconformidad. En principio, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado, según lo expone la parte quejosa en su escrito de demanda. Señala que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez de Control en Materia Penal con residencia en el Distrito Judicial de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, dentro de la causa penal , por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley denomina como el delito de fraude. El veintinueve siguiente, se le dictó auto de vinculación a proceso por el citado hecho y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Contra esa determinación, promovió juicio de amparo que se radicó en este Juzgado Octavo de Distrito con el número 161/2019, donde se le concedió la protección federal, el doce de junio de dos mil diecinueve. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el quince de julio del mismo año, la responsable le dictó auto de no vinculación a proceso. El once de diciembre siguiente, solicitó al juez de la causa la supresión de las notas periodísticas por atentar contra la presunción de inocencia. El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó el acuerdo reclamado, en el que ordenó dar vista al Fiscal para la investigación por el posible trato cruel, inhumano y degradante; concluyendo que solo la nota del Portal atentaba parcialmente contra la presunción de inocencia y ordenó la modificación de la nota, no la supresión, como se le solicitó; y, respecto del resto de las notas determinó que no atentaban en su contra porque en la foto no posee una vestimenta infamante, se cubre parte de su rostro con una franja negra, se suprimieron sus apellidos y con ello, se protegió su derecho a no ser expuesto en medios de comunicación. Ahora, la parte quejosa señala esencialmente que la autoridad transgredió su derecho a la presunción de inocencia con la publicación de las fotografías en diversos medios de comunicación, incluso establece una serie de condiciones no previstas en ninguna norma al mencionar que en las publicaciones no se aprecia que el quejoso tenga una vestimenta infamante, que se cubre parte de su rostro con una franja negra y se suprimieron sus apellidos; por lo que, a consideración de la responsable se protegió su derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación. Lo anterior, a decir del quejoso es incorrecto porque la norma protege el derecho a la presunción de inocencia y no establece ninguna excepción o modalidad para considerar que en determinada publicación se protegió el aludido derecho. Asimismo, menciona que el artículo 113, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que es derecho del imputado no ser expuesto a los medios de comunicación, y no señala ninguna excepción, es decir, no menciona que se podrá exhibir al imputado en los medios de comunicación siempre que se supriman sus apellidos, se coloque una franja negra en su rostro y no porte vestimenta infamante. Tales conceptos son infundados. El reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comporta un cambio esencial en la naturaleza de esta regla básica de la ordenación de un proceso penal. Una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata. Así las cosas, la presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental. En esta lógica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la presunción de inocencia en su artículo 8.2, el cual establece lo siguiente: 8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. La Corte Interamericana ha destacado la importancia del derecho a la presunción de inocencia al señalarlo como un fundamento de las garantías judiciales, según el cual las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se acredite plenamente su culpabilidad. En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. La naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia determinan una configuración compleja en su contenido, pues influyen con notoria eficacia tanto en el tratamiento que debe darse al imputado antes y durante el desarrollo del procedimiento, como en la actividad probatoria que se practique con el objeto de demostrar su culpabilidad, sin dejar de lado su singular trascendencia en el contexto general de todo el proceso penal. Así, de la presunción de inocencia es posible predicar que tiene, básicamente, un triple significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso. Las vertientes más estudiadas de la presunción de inocencia son las que se refieren a su cualidad de regla probatoria y de estándar probatorio o regla de juicio que debe ser aplicada en el momento de dictar sentencia. La presunción de inocencia como regla probatoria es un derecho que establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de prueba para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. En consecuencia, no cualquier prueba puede enervar la presunción de inocencia, sino que ésta debe practicarse de acuerdo con ciertas garantías y de una determinada forma para cumplir con esa finalidad. En esta línea, deben existir pruebas que puedan entenderse de cargo, es decir, pruebas sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, y que hayan sido suministradas por el Ministerio Público con respeto a los principios y garantías constitucionales que rigen su práctica. Así, puede decirse que este derecho entra en juego en un momento anterior a la valoración de las pruebas, cuando el juez examina si las pruebas presentadas por la acusación pueden considerarse válidamente como pruebas de cargo. Por otro lado, la presunción de inocencia como regla de juicio o estándar probatorio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración de la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). Al resolver el amparo directo en revisión 715/2010, la Primera Sala estableció que para poder considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas, cerciorarse al valorar el material probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Pues bien, existe otra vertiente de la presunción de inocencia que ha sido menos estudiada y aquella como regla de trato en su vertiente extraprocesal. Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza; en pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas. Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. En el caso, el quejoso en el capítulo de antecedentes, punto 3, de su demanda, señala que las fotografías le fueron tomadas por los Agentes Estatales de Investigación que lo detuvieron; y después, aparecieron publicadas en los medios de comunicación que indica, como presunto defraudador. En efecto, de las notas periodísticas recabadas, concretamente de los medios informativos e y , se advierte que se publicó una nota señalando al quejoso como probable defraudador, sin que mediara un juicio que esclareciera su plena culpabilidad. Sin embargo, no hay dato de que tal publicación en los referidos medios, hubiere sido ordenada por el Fiscal en la averiguación y que el juez responsable lo hubiere tomado en consideración dentro del procedimiento. Máxime que, atendiendo a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 161/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, se le dictó auto de no vinculación a proceso. De ahí que, el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Mixteca, con residencia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, dentro de la causa penal 469/2018, no contraviene el principio presunción de inocencia; ya que dichas notas no formaron parte del juicio o estándar de prueba del proceso penal, mucho menos el aludido acuerdo. Además, esos documentos no fueron el soporte probatorio para la acusación, ni tampoco para el dictado del auto de termino constitucional; no obstante, la responsable ordenó la modificación de una de ellas (ADN SURESTE) al considerar que vulneraba el principio de presunción de inocencia del quejoso, lo que no se prejuzga. En relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a , contra el acto reclamado indicado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando QUINTO de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese la esta resolución, en los términos precisados en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO)

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