Fernando Torres González y Otros.

Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1173/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Fernando Torres González
  • Fernando Torres González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido, el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que los quejosos ********************, recurrieran el proveído de cuatro de enero actual, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace al quejoso citado en primer término y por desechada la demanda de amparo en relación al segundo de los citados; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    TIENE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS Y LISTA ELECTRONICA LA PARTE QUEJOSA...

  3. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓ Y EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término otorgado al quejoso Gerardo Torres González, en acuerdo de diecinueve de diciembre del año próximo anterior, sin que haya desahogado la prevención formulada, en razón de que no precisó la fecha en que tuvo conocimiento pleno y cierto del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Gerardo Torres Mejía número 782-1/2018, radicado ante el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello aconteció. Lo que constituye una obligación que debe cumplir la parte quejosa, al ser la base para considerar procedente la acción constitucional, además de que constituye un presupuesto que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda, de acuerdo con el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y en términos del citado numeral 114, párrafo segundo, se tiene por no presentada la demanda, por cuanto hace al citado quejoso. IMPROCEDENCIA Establecido lo anterior, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda promovida por el quejoso Fernando Torres González, para lo cual, resulta necesario tener a la vista el diverso juicio de amparo 994/2018, del índice de este juzgado, el cual constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º; y del que se desprenden los siguientes datos: El referido juicio constitucional lo promovió el ahora quejoso [Fernando Torres González], contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, del que reclamó la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de número 782-1/2018. De sus antecedentes se destaca haber declarado, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de noviembre del año dos mil dieciocho. Ahora, del escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que: Fernando Torres González reclama nuevamente la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Gerardo Torres Mejía número 782-1/2018, radicado ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares; y señaló bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós "al acudir investigar sobre esta situación, en los juzgados que mencionamos como responsables" Como anexo a su demanda allegó copia certificada de la junta de herederos llevada a cabo en el indicado expediente 782-1/2018; cuya certificación data del cinco de noviembre de dos mil dieciocho [la cual también exhibió en el juicio de amparo 944/2018]. Confrontados los datos anotados, se estima que la fecha ahora señalada por el quejoso, como aquélla en la tuvo conocimiento del acto reclamado, es inverosímil; por lo que, debe prevalecer aquélla que manifestó al promover el diverso juicio de amparo 994/2018. En razón de ello, el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18, de la Ley de Amparo, en virtud de que la promoción de la demanda de amparo debió efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Los citados numerales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente; entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, y si no obstante tenga conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora bien, tenemos que el juicio de amparo que ahora se intenta, como ya se adelantó deviene improcedente al haberse presentado la demanda de manera extemporánea; pues el cómputo de quince días para su promoción empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el que tuvo conocimiento del acto que reclama, es decir, desde el veintidós de noviembre al doce de diciembre del año dos mil dieciocho, lo anterior es así, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad en autos del juicio de amparo 994/2018 del índice de este juzgado, que tuvo conocimiento el veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, lo que constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del citado Código Adjetivo, para tener por acreditado que a partir de esa fecha, tuvo pleno conocimiento del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Junio de 1996, página 57, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De ahí que, el término para instar el juicio de amparo le transcurrió del veintidós de noviembre al doce de diciembre del año dos mil dieciocho, descontándose los días veinticuatro y veinticinco de noviembre, uno, dos, ocho y nueve del dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles; por lo que, es indudable que a la fecha en la que presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, tal como consta del sello de recepción (quince de diciembre del año dos mil veintidós) ya había fenecido el plazo que otorgan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; y por ende, fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa; de ahí que para realizar el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, deba tomarse en consideración la fecha en que la parte quejosa señaló haber tenido conocimiento del acto reclamado. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda; e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTLO VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta signada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de diecinueve de diciembre actual; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, practíquese dicha notificación por lista, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio para tal efecto. Notifíquese.

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