Fernando Tinoco Hernández

Expediente 411/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
411/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Fernando Tinoco Hernández
  • C. Tercero Familiar de Toluca con residencia en Metepec, Mexico del Poder Judicial del estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que sentencia de catorce de enero de dos mil veintiuno, en la que, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 18, fracción I, inciso a); 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso A), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de catorce de enero de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo tanto, una vez que se haya cumplido el plazo de conservación, y que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar el proveído y la resolución relativas a su otorgamiento, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su depuración, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible. Por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. Atento a lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. Asimismo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, las copias certificadas del expediente *** que remitió como complemento a su informe justificado y respecto de las cuales se formó el anexo correspondiente. De igual manera, atento a lo ordenado en el artículo 18, párrafo segundo, del referido Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa la copia certificada que adjuntó a su escrito inicial de demanda, apercibido que de no recogerla en el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, dicho documento será destruido. En el entendido de que deberá sujetarse a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid- 19, del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por lo que para el caso de comparecer ante este juzgado se le sugiere hacer uso del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se informa a las partes, que el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos las razones de cuenta, por medio del cuales se desprende que el fedatario judicial adscrito dio cumplimiento al proveído de siete de abril de dos mil veintiuno y notificó a los terceros interesados *** y ***, la sentencia de catorce de enero del presente año. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como lo dispuesto en el punto 16 del numeral II de la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se señala que a partir del dieciocho de febrero del año en curso se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la reanudación del presente juicio de amparo. Lo anterior, sin que sea el caso notificar personalmente a las partes dicha reanudación, ya que los acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Circulares en las que se decretó la suspensión de actividades, las prórrogas de la misma, así como la reanudación de labores constituyen hechos notorios. Por otra parte, vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que de un examen al expediente físico, así como al expediente electrónico (en sus rubros integrar y consultar) y en determinaciones judiciales, se desprende que la sentencia emitida el catorce de enero de dos mil veintiuno, no ha sido notificada a los terceros interesados *** y ***, al Agente del Ministerio Público de la adscripción ni a las autoridades responsables; lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se ha generado una serie de acontecimientos que han impedido el funcionamiento normal del juzgado en lo general y de las secretarias en particular, tales como las que ahora se procede a subsanar; en tales condiciones con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena hacer del conocimiento del agente del Ministerio Público de la adscripción y de las autoridades responsables, para los debidos efectos legales. Asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que notifique a los terceros interesados Rosa Patricia Herrera Lara y Tereso Álvaro Tapia Lara, la referida sentencia en sus términos. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese en sus términos el presente proveído y personalmente a los terceros interesados *** y *** la sentencia emitida el catorce de enero de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, únicamente agréguese la razón actuarial de uno del mes y año en curso, suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso ****, la resolución de catorce de enero de dos mil veintiuno, por los motivos expuestos en ella; en tales condiciones, notifíquese por lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional dicha resolución, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno se notifica a la parte quejosa la sentencia de catorce de enero de dos mil veintiuno, que a la letra dice: VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 411/2020-VII, promovido por *****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado al día siguiente hábil a este Juzgado, *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ".III.- Las autoridades responsables: a) Como responsable ordenadora, el C. Tercero Familiar de Toluca con residencia en Metepec, México; del Poder Judicial del Estado de México. b) Como responsable ejecutora, el C. Notificador adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Toluca con residencia en Metepec, México; del Poder Judicial del estado de México. c) También como responsable ejecutora, el C. Ejecutor adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Toluca con residencia en Metepec, México; del Poder Judicial del estado de México. d) Por último y como autoridad ejecutora también señalo al Director de seguridad Pública del Ayuntamiento de Metepec, estado de México.". ACTOS RECLAMADOS ".IV.- El acto reclamado: la ilegal, inconstitucional e inconvencional orden de lanzamiento y/o desalojo y/o desposesión que respecto del bien inmueble en el que habitó, dictó la autoridad señalada como responsable ordenadora, así como la ejecución que las responsables ejecutoras pretenden dar." SEGUNDO. Radicación de la demanda. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, registrándose con el número 411/2020-VII; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos de autoridades que radican dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados consisten en: La orden de lanzamiento, desalojo o desocupación del inmueble que posee el quejoso, en su calidad de arrendatario, ubicado en calle Primero de Mayo número 302, barrio de San Mateo, en Metepec, Estado de México. TERCERO. Actos existentes. El Juez y el Notificador, ambos adscritos al Juzgado Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Ejecutor adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a encontrarse debidamente notificado para que así lo hiciera; por tanto, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que de él se reclama. Finalmente, el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, negativa que no es de tomarse en consideración, pues dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado, en cualquier momento puede recibir la orden y ejecutar el acto, por lo que debe tenerse por cierto. Además, la certeza del acto se corrobora con las constancias remitidas como complemento del informe justificado que remitió el Juez señalado como responsable, consistentes en copia certificada del expediente 895/2014 documentales a la cual se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, se tiene plenamente probada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, se advierte actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] De la fracción invocada se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos expresamente; esto es, cuando el promovente despliegue una conducta que refleje la aceptación de los efectos del acto reclamado, sin que sea obstáculo que el consentimiento no se manifieste de manera expresa, si ello es constatable a partir de actos que así lo reflejen. El análisis de la fracción precitada, relacionada con lo previsto en el artículo 1º, fracción I de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, es dable concluir que fue voluntad del legislador proteger al gobernado, a través del juicio de amparo, de conductas positivas, negativas o incluso omisivas cometidas por las autoridades que resulten en violaciones a las prerrogativas contenidas en la Constitución General de la República. Sin embargo, el legislador delimitó su procedencia sólo por actos en los que el quejoso evidentemente resulte inconforme con las vulneraciones que se surtan en su esfera de derechos a partir del acto de autoridad que se reclame, entendiendo ello como la ausencia de conducta o manifestación que entrañe su aceptación, aún de manera parcial. Cuestión anterior que fue analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página trece del Volumen 139-144, Primera Parte, con registro electrónico 232527, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De los preceptos legales trascritos, así como del criterio invocado, se colige que debe tenerse por consentido el acto de autoridad cuando se surtan los siguientes requisitos: 1. Que el acto reclamado exista. En efecto, como parte de los presupuestos procesales de la acción constitucional, la existencia del acto resulta de toral importancia pues ello permite dilucidar, en primer lugar, si la autoridad procedió en detrimento de la esfera de derechos del quejoso o si ese último conoce el acto o los efectos del mismo. 2. Que el acto cause un agravio al quejoso. De la intelección conjunta de los artículos 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I de la Ley de Amparo, es menester que se verifique el presupuesto procesal relativo al interés para acudir a la instancia constitucional; ahora bien, ese elemento de la acción se actualiza a partir de la afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues de no ser así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo si no hay afectación alguna. 3. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Finalmente, para efecto de la causal en análisis, es menester que se constate la aceptación de los efectos en la esfera de derechos del solicitante de la protección constitucional. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional considera que una norma general o un acto se consiente expresamente cuando el particular no se opone a su vigencia, sino que lleva a cabo conductas espontáneas que se fundan en dicho acto o ley; en otras palabras, deberá considerarse aceptado el acto que se combate en la instancia constitucional cuando se advierta la ejecución de conductas que resulten en el cumplimiento de la orden de autoridad, o en su caso, se someta a los supuestos normativos de un ordenamiento. Elementos anteriores que en el caso se verifican, como enseguida se verá. En el caso, el quejoso acude como tercero extraño a solicitar la protección constitucional, en contra de la orden de lanzamiento, desalojo o desocupación del inmueble que posee el quejoso, ubicado en calle Primero de Mayo número 302, barrio de San Mateo, en Metepec, Estado de México, pues aduce que tiene la posesión en virtud del contrato de arrendamiento que celebró con Valeria Esperanza Tapia Herrera, quien adujo ser la propietaria del mismo. Ahora, de las constancias que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, relativas al cuaderno de ejecución del juicio de controversia familiar, radicado con el número 895/2014, las cuales han sido valoradas con antelación, se advierte que dentro del citado juicio Valeria Esperanza Tapia Herrera (arrendadora), fue condenada entre otras prestaciones a la desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle ****, en favor de ****, por lo que debido a que no acató la sentencia y no entregó el inmueble de forma voluntaria, en autos de once y diecisiete de marzo de dos mil veinte, comisionó al Notificador adscrito, para que se constituyera en el citado inmueble y procediera a la desocupación y entrega del mismo a la parre vencedora en el juicio, autorizando incluso el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Fue así, que mediante diligencia de siete de agosto de dos mil veinte, el Notificador del Juzgado responsable se constituyó en el inmueble ubicado en ***** e hizo constar que estaba totalmente desocupado, por lo que procedió a poner en posesión del mismo a ****. De lo anteriormente expuesto se advierte, por un lado, satisfecho el primero de los requisitos antes planteados, -que el acto reclamado existe-, pues de lo antes narrado se advierte que se ordenó la desocupación y entrega del inmueble que el quejoso dijo tener en posesión a virtud del contrato de arrendamiento que exhibió. En el mismo sentido, también se surte el segundo de los supuestos en estudio, pues se videncia que dicho acto (la orden de desocupación y entrega), le causa un agravio al quejoso, pues al tener en posesión el inmueble, con motivo del contrato de arrendamiento que exhibió, es evidente que esa orden le causa agravio, pues sin ser oído y vencido se le pretende afectar su derecho de posesión. Y finalmente, de la relatoría realizada queda evidenciado el último de los requisitos, esto es que el quejoso realizó expresiones de voluntad que entrañan el consentimiento del acto que reclama, pues desocupó el inmueble motivo del arrendamiento, ya que así se advierte de la diligencia respectiva, llevada a cabo el siete de agosto de dos mil veinte, con lo que se constata la aceptación de los efectos en la esfera de derechos del solicitante de la protección constitucional. En esas condiciones, resulta evidente que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia sujeta a estudio, pues al haber desocupado el inmueble cuya posesión defiende en esta instancia, lo cual realizó de manera voluntaria, es evidente que consintió el acto reclamado, lo que conduce a sobreseer en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 411/2020-VII, promovido por *****. Notifíquese personalmente. .

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