Fernando Tezcucano Rincón
Expediente 1487/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1487/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/11/2021
Partes del expediente
- Fernando Tezcucano Rincón
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este juzgado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; y por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. La concesión del amparo fue otorgada a la parte quejosa para el efecto siguiente: "... el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -en su correcta denominación-, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, acrediten a la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el cumplimiento total a la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, emitida en los autos del juicio de nulidad ******************, así como a la resolución de queja de cuatro de junio de dos mil dieciocho, que obra en el juicio de nulidad en cita, conforme a los lineamientos establecidos en la misma, que se traduce en: ". emita una resolución expresa en la que tomando en cuenta el monto de la cuota diaria establecida a partir del 05 de noviembre de 1999, actualice e incremente la pensión otorgada al accionante, conforme lo establece el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente del 1º de enero del 2002 al 31 de marzo del 2007, esto es conforme al incremento de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, o de acuerdo al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, el que resulte más benéfico, fundando y motivando debidamente su resolución. Dicho incremento deberá efectuarse acorde a la Constancia de Evolución Salarial del puesto y plaza desempeñado por el accionante antes de causar baja en el servicio, realizando un comparativo de los incrementos aplicados y los aplicables a la cuota diaria pensionaria del demandante, a partir de que se le otorgó la pensión y hasta el cumplimiento de este fallo, debiendo establecer de forma pormenorizada qué incrementos corresponden, conforme a lo previsto en la Ley de la materia y lo determinado en la presente sentencia. De igual forma, se ordena el pago de las cantidades que resulten como diferencias a favor del actor únicamente por el periodo de cinco años anteriores a la fecha en que el accionante solicitó en sede administrativa el incremento de su cuota diaria de pensión, esto es, el 17 de noviembre de 2015, tal como se advierte del escrito respectivo visible a fojas 29 y 30 de autos, hasta la fecha en que la ahora demandada dé cumplimiento al presente fallo, retrotrayéndose los beneficios y cubriéndose las diferencias que se hayan generado en el pago de su pensión, mismo efecto que debe recaer en el concepto de aguinaldo a que tiene derecho a percibir la accionante, ello atendiendo el tope máximo consistente hasta por la cantidad que no rebase de diez veces el salario mínimo general atinente. Y sin que los incrementos que en su caso le hayan sido aplicados a la cuota de la actora, incluso en mayor proporción a los que le corresponden conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente del 1º de enero de 2002, hasta el 31 de marzo de 2007, puedan ser motivo de revocación y cobro de diferencias a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (.)"." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Dicha autoridad tendrá un plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que remita las constancias que acredite el cumplimiento de la ejecutoria con base en las atribuciones conferidas a la misma. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad demandada en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de mérito, se requiere también al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad directamente responsable, para que en el plazo de tres días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad directamente obligada, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también, se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 192 tercer párrafo, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Apercibidas las autoridades que de no acatar lo ya ordenado: Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, esto es, se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad obligada y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese, por vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.
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