Fernando Santana Suárez
Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/03/2018
Partes del expediente
- Fernando Santana Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 12/2018, promovido por Fernando Santana Suárez, contra el acto reclamado del Juez Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el ocho de enero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se registró el asunto con el orden 12/2018 y se previno al quejoso. IV. Después de que desahogó el requerimiento relativo, por auto de quince de enero de año que transcurre, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado de origen; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado del Juez Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México es el siguiente: * El auto de dos de enero de dos mil dieciocho, dictado en la causa 384/2008, en que desechó de plano el recurso de revocación que tuvo por interpuesto con motivo de la inconformidad planteada por el quejoso, contra el diverso de veintisiete de diciembre del año pasado, en que negó la expedición gratuita de la copia certificada de dicho expediente. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo admitió la autoridad judicial responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó, entre cuyas constancias se aprecia auto controvertido; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación son inoperantes, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar algunos antecedentes del acto reclamado, como a continuación se expone: 1. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre pasado, en la oficialía de partes de la autoridad judicial responsable, el quejoso solicitó se expidiera, de manera gratuita, copia certificada de la causa de origen, "PARA SUBSTANCIAR JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y/O SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS". 2. En auto de veintisiete de diciembre del año pasado, el juez responsable determinó que no era procedente expedir dicha copia de manera gratuita, en esencia, porque tal petición fue realizada por el quejoso en dos ocasiones anteriormente, a las que les recayó el acuerdo relativo, que no fueron recurridos, sin que las "condiciones hubieran variado", aunado a que consideró que no estaba acreditada la insolvencia del justiciable, al haber designado a un defensor particular, que aceptó y protestó el cargo conferido, por lo que no podría considerarse que estaba en estado de indefensión, pues este último podía acudir al juzgado de origen y revisar la causa; además, en auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis se autorizó, por única ocasión, la expedición gratuita de copia de las sentencias de primer grado y definitiva para tramitar juicio de amparo, razones por las que concluyó que la expedición de la copia solicitada sería a costa peticionario de amparo; y 3. Al momento en que se notificó al quejoso el proveído de veintisiete de diciembre pasado escribió la leyenda "me inconformo". Derivado de lo anterior, el juez responsable, de conformidad con el numeral 409 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, tuvo por interpuesto el recurso de revocación; sin embargo, al no exponer algún agravio, acorde con los artículos 412 y 413 de la legislación procesal citada desechó de plano tal medio de impugnación, por lo que reiteró su determinación, en el sentido de que el justiciable tenía que cubrir el costo de la copia que solicitó. En ese contexto, se estima que el acto reclamado está adecuadamente fundado y motivado, pues el juez responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió en el sentido en que lo hizo; además, indicó la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Así se considera, porque del contenido de los preceptos que sirvieron de fundamento para la emisión del acto reclamado se obtiene que el recurso de revocación procede, por exclusión, contra aquellas determinaciones dictadas por el tribunal o juez que expresamente no se conceda el de apelación, como en el caso sucedió, pues el auto recurrido no está previsto en alguno de los supuestos que establece el numeral 418 del código procesal penal local. Asimismo, se advierte que el recurso de revocación se prevé como un medio ordinario de los denominados "horizontales", porque su resolución corresponde al propio órgano jurisdiccional que emitió la actuación cuestionada, con la finalidad de que en su caso pueda rectificar o reconsiderar sus providencias o determinaciones, respecto de cuestiones accesorias del planteamiento sometido a su consideración por alguna de las partes procesales, con base en los agravios que expongan, pues no debe perderse de vista que las autoridades judiciales no pueden, por sí, modificar las determinaciones que emitan, particularidad por la que el legislador estimó que no era menester mayor dilación ni la apertura de una nueva instancia para su resolución. Por otro lado, se prevé la posibilidad de admitir o desechar de plano dicho recurso, en esta última situación, sólo para el caso de que la autoridad judicial estimara que no es necesario oír a las partes, ello derivado a que se trata de cuestiones que no requieren mayor trámite y por su grado mínimo de dificultad pueden resolverse de inmediato, cuyo análisis sólo debe circunscribirse al análisis de aspectos de procedencia, como la oportunidad procesal o la legitimación e idoneidad del recurso y no a cuestiones de fondo, como en el caso se actualizó, porque si el quejoso no expuso agravios, es inconcuso que el juez responsable no tenía materia que cuestionara la legalidad del auto impugnado, por lo que fue correcto que prevaleciera el sentido de este último, así como sus consecuencias jurídicas. En ese sentido, son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en que expuso consideraciones a partir de las cuales estimó procedente que se expidiera, de manera gratuita, la copia simple que solicitó al juez responsable. Lo anterior es así, pues tales afirmaciones no controvierten la razón esencial (ausencia de agravios) por la que la autoridad judicial responsable desechó de plano el recurso de revocación que tuvo por interpuesto con motivo de la inconformidad planteada por el quejoso. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia P./J.37/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, que dispone: "COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN. El derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional y de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Ahora bien, los indicados principios cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a cargo de las autoridades, necesarias para la sustanciación del juicio de garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de las costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, de que efectivamente sean trascendentes en el amparo respectivo; por tanto, la expedición de las indicadas copias certificadas por parte de las autoridades debe ser completamente gratuita". Sin embargo, como se estableció, en el caso ante la ausencia de agravios en que incurrió el quejoso, fue correcto que el juez responsable reiterara el sentido del auto impugnado; máxime que con esa forma de proceder no transgredió el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, que invocó el justiciable en sus conceptos de violación, dado que de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que anteriormente fue autorizada, por única ocasión, la expedición de copia simple de las sentencias de primera instancia y definitiva, a fin de que estuviera en posibilidad de promover amparo directo, razón por la que tampoco se le privó acceso a la tutela jurisdiccional como se establece en la jurisprudencia transcrita. En ese contexto, toda vez que acto reclamado no es violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Santana Suárez, contra el acto reclamado del Juez Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, consistente en: * El auto de dos de enero de dos mil dieciocho, dictado en la causa 384/2008, en que desechó de plano el recurso de revocación que tuvo por interpuesto con motivo de la inconformidad planteada por el quejoso, contra el diverso de veintisiete de diciembre del año pasado, en que negó la expedición gratuita de la copia certificada de dicho expediente.
- Principal
Ciudad de México, a trece de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, a las trece horas con veinte minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Por otro lado, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad remitente, la documental que adjuntó a su informe de ley, la cual se desahoga en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional.
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