Fernando Sansores Moo
Expediente 118/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Fernando Sansores Moo
Actuaciones
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el veintidós de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de febrero del año en curso (fojas 12 a 17), en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, por haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, no pasa inadvertido que en el presente asunto obran documentos originales consistentes en las actas de requerimiento de pago de catorce de febrero de dos mil diecisiete, mismas que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, en tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, serán destruidos igual que el presente asunto.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el dos de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo de cuenta, Fernando Sansores Moo por su propio derecho solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a Nínive Alejandra Muñoz Gamero, en su calidad de Verificador, Notificador, Ejecutor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Administración Tributaria General Desconcentrada de Recaudación de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 118/2017. Atento del contenido de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: La ilegal acta de requerimiento de pago levantada en fecha catorce de febrero del año dos mil diecisiete derivada del número de documento determinante 0043/2015 con fecha de expedición siete de febrero del año dos mil diecisiete puesto que en la misma no existe constancia o acreditación alguna que demuestre que la ciudadana NINIVE ALEJANDRA MUÑOZ GAMERO tenga calidad con la que se ostenta como verificador notificador ejecutor y mucho menos que haya sido habilitada como dice como de igual forma entendió la diligencia de requerimiento con persona distinta al suscrito dejándome en estado indefenso." Ahora, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, el anterior precepto legal impone al órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, Tomo XX, Materia Común, Novena Época, visible en la página 1631, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 60. C. J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En virtud, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con el artículo 107, fracción III, inciso a), y ésta vinculada con la fracción IV, tercer párrafo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] IV.- [.] Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". El primer precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo cuando esta resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o, bien, de la propia Ley de Amparo. En torno a esto último, el artículo 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del amparo indirecto tratándose de los actos acaecidos en un procedimiento seguido en forma de juicio (fracción III), así como los generados después de concluido el juicio, específicamente los derivados de la ejecución de sentencia y procedimiento de remate. Si bien los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contenidos en la fracción IV, nominalmente se contraen a los procedimientos jurisdiccionales, en tanto los supuestos de procedencia consignados en la diversa fracción III se refieren a los verificados en los procedimientos seguidos en forma de juicio, también lo es que las reglas concernientes a los procedimientos de ejecución de sentencia y remate (párrafos segundo y tercero, de la fracción IV) aplican por igual para los procedimientos seguidos en forma de juicio (fracción III), toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la intención del legislador ha sido -desde la anterior Ley de Amparo- que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, por lo que -concluyó- operan las mismas razones para sostener que, tratándose del procedimiento seguido en forma de juicio, sólo procede el amparo hasta que se dicte la última resolución que se pronuncie en el procedimiento de ejecución. Las consideraciones precedentes tienen sustento en la jurisprudencia 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual si bien interpretó la anterior Ley de Amparo (artículo 114, fracciones II y III), también lo es que las razones que orientaron tal criterio se encuentran vigentes por la identidad jurídica de lo previsto en el actual artículo 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo vigente; la jurisprudencia aludida establece: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." De igual manera sirve de apoyo, en lo conducente, la Tesis Aislada III.2º.A.8 A (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se ubica en el libro IV, Tomo 5, Enero de dos mil doce, pagina 4600, Decima Época, que al rubro y texto indica: "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA DICHO ACTO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO SE GARANTIZÓ ÉSTE NI SE LLEVÓ A CABO EL EMBARGO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Conforme a los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra el requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento administrativo de ejecución iniciado con motivo de la resolución determinante de un crédito fiscal, si no se garantizó éste ni se llevó a cabo el embargo, pues el mero requerimiento no constituye un acto de imposible reparación, máxime si la indicada resolución se impugnó mediante el juicio contencioso administrativo pues, en tal caso, está a expensas de lo que se resuelva en la vía jurisdiccional, por lo que el acto reclamado no es definitivo para efectos del amparo." Derivado de lo anterior, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de la fase de ejecución y/o remate en los procedimientos seguidos en forma de juicio, es necesario que el acto reclamado consista en la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución o remate, esto es, que se trate de aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, o, en su defecto, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, en el caso en concreto, el acto materia de reclamo transcrito en párrafos precedentes deriva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, específicamente de su fase de ejecución, tal como se advierte del acto reclamado, así como de los antecedentes relatados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, corroborado con las constancias que acompañó a su escrito inicial de demanda, mismas que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, como el acto que se combate en esta vía emerge dentro de la fase de ejecución, es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que el acto reclamado no constituye la última resolución a la que alude el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, pues se trata sólo del acta de requerimiento de pago levantada por la notificadora, verificadora y ejecutora adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Quintana Roo; mas dicha acta no guarda las características de ser la última resolución dictada en ese procedimiento administrativo de ejecución o remate, ya que no se trata de la resolución que declara totalmente cumplida ni dé la que ordena el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes rematados. Máxime que el procedimiento de ejecución no debe obstaculizarse, por ser una cuestión de orden público. Es aplicable al caso, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1738, de la Décima Época, Materia Común, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Todo lo anterior, al margen de que aun tratándose de aquellos actos que revisten las características propias para impugnarse en el juicio de amparo indirecto, la procedencia de éste dependerá, entre otras condicionantes, a que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que emerja una vez agotados los recursos que en su caso procedan, según lo estableció el Constituyente en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción III correlativa a la fracción IV, párrafo segundo y tercero, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Fernando Sansores Moo, en contra de los actos que reclama a Nínive Alejandra Muñoz Gamero, en su calidad de Verificador, Notificador, Ejecutor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Administración Tributaria General Desconcentrada de Recaudación de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, visible en la página 1186, del Tomo XVII, de Mayo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". Las consideraciones anteriores fueron sustentadas, en asuntos similares, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el recurso de Queja 105/2014, en sesión de dieciséis de abril de dos mil quince, así como el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en recurso de queja 225/2015 de sesión de catorce de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por señalado como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 a Enrique Alejandro Álvarez León, quién no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.
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