Fernando Sandoval Terán y Otros.
Expediente 613/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Fernando Sandoval Terán y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por Fernando Sandoval Terán, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de cuatro de abril de dos mil veintidós; se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realice lo siguiente: "(i). En complemento al proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral ********************, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos en los términos que considere pertinentes; empero, ello no implica que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje no deba de apercibir." Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria emitida en el recurso de revisión ********************, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad en la que declaró firme el sobreseimiento decretado y confirmó la sentencia recurrida, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. II. Trámites de la responsable. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por oficio 2966/2023 de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, remitió copia autorizada del proveído de la misma fecha, emitido en el juicio laboral ********************, en el que, determinó en complemento al proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, vincular al cumplimiento del laudo ejecutoriado emitido en autos de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce a la Gobernadora del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; al Congreso del Estado de Guerrero, así como el Presidente Municipal del ayuntamiento demandado y Tesorero o Secretario de Finanzas de ese mismo ayuntamiento; señalando las obligaciones de cada una, así como las acciones que dentro del ámbito de sus facultades legales deben efectuar, apercibiéndolas con multa de doscientos días de salario mínimo vigente, conforme al artículo 91 y 95 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para cada una de ellas, en caso de no hacerlo dentro del término otorgado para ello (diez días hábiles). III. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató de manera total los puntos marcados en la sentencia amparadora dictada en autos en la forma siguiente: En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, vinculó al cumplimiento del laudo a la Gobernadora el Estado de Guerrero, al Congreso del Estado de Guerrero, así como el Presidente Municipal y Tesorero o Secretario de Finanzas del ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero, a fin de que en las esferas de su competencia realicen todos y cada uno de los actos necesarios, encaminados a cumplir con el laudo emitido por la autoridad responsable. Asimismo, estableció las obligaciones de cada una de ellas y las acciones que deberán efectuar dentro del ámbito de sus facultades legales: Gobernadora: Acorde a lo que establecen los artículos 71,87,91 y 181, de la Constitución Local del Estado de Guerrero, deberá girar instrucciones a la Secretaria de Finanzas y Administración del estado, para que realice las acciones pertinentes a fin de que pueda ser cumplido el laudo. Congreso del Estado de Guerrero: Deberá establecer las bases para la aprobación del presupuesto de egresos, ampliación presupuestal y autorizar al ayuntamiento demandado la contratación del endeudamiento y ampliación presupuestal. Al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero, acorde a lo que establecen los artículos 62 fracción V, 65, 72 fracción XIV, 104 y 106 fracción II, 138, 146, 147, fracciones IV, 152, 153, 154 y 155 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, realice las gestiones necesarias a fin de generar recursos o pedir la ampliación de su presupuesto o solicitar préstamos e ingresar a su presupuesto de egresos conforme lo establece el artículo 146 de la ley invocada para el pago del laudo, para lo cual deberán solicitar a la Gobernadora, Secretaria de Finanzas y Administración del Estado el apoyo financiero apegado a los artículos antes citados. Finalmente, apercibió a cada una de las autoridades vinculadas, que en caso no cumplir con tal determinación les aplicaría una multa de doscientos días de salario mínimo vigente, conforme al artículo 91 y 95 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para cada una de ellas, en caso de no hacerlo dentro del término otorgado para ello (diez días hábiles). Dirigió el apercibimiento de manera directa a la persona física que ostenta el cargo de cada una de las autoridades que vinculó al cumplimiento del laudo en el juicio laboral de origen IV. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, este órgano federal DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE REFERENCIA; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO del presente asunto. No pasa desapercibido que no obra en autos la constancia de notificación del oficio 9622/2023 de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal de ********************, Guerrero, mediante el cual se dio vista con el cumplimiento dado por la responsable; sin embargo, no le causa perjuicio la presente determinación. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio y anexo remitidos por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, por el cual remite por incompetencia el juicio de amparo indirecto promovido por Fernando Sandoval Terán, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto y se ordena registrar con el número 613/2023-F y acúsese de recibo. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Se desecha la demanda de amparo indirecto. Analizada la demanda en su integridad, la suscrita juzgadora advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado, puesto que es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, los cuales son los que marcan los artículos, 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 113, 171 y 172, fracciones III, V y XII de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;". Ahora, de la lectura de los dispositivos legales transcritos se desprende la notoria improcedencia de la demanda, en virtud de que el acto que reclama el quejoso consiste en la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, dentro del juicio ejecutivo mercantil 20/2020, mediante el cual confirmó el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que se hizo del conocimiento a los peritos que contaban con cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que fueran notificados del citado auto para emitir su dictamen, en relación al auto admisorio de pruebas. En ese sentido, el acto antes destacado no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dicen: "Artículo. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la interpretación sistemática y armónica de los numerales transcritos, se llega a la reflexión de que el juicio de amparo procede ante un juez de distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. En el caso propuesto, el acto reclamado por la quejosa constituye un acto procesal relacionado con el otorgamiento de un término a los peritos a efecto de que rindan su dictamen solicitado dentro del juicio de origen, el cual no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, como se dijo, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al resultado del fallo; por lo que en caso de existir la violación procesal que refiere y esta trascienda al fallo definitivo, podrá reclamarla finalmente por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto por el numeral 171 y 172 fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia: P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 205484, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 76, Abril de 1994, visible en página: 13, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En ese contexto, es inconcuso que el acto reclamado por el quejoso no contiene una violación que sea de imposible reparación, pues de obtener la parte quejosa sentencia favorable desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario -como ya se dijo- tiene expedito su derecho para alegarlo como una violación procesal en términos del artículo 172 fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva en contra de la sentencia definitiva en la que se considere que tal violación ahora reclamada trascienda al resultado del fallo. En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados únicamente para tales efectos a las personas que señala expresamente. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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