Fernando Sandoval González

Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
637/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Fernando Sandoval González

Actuaciones

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, acusando recibo del oficio mediante el cual se remitió el expediente original del expediente 637/2023-III; asimismo, hace del conocimiento que en proveído del dos de junio del año en curso, acepta la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********, la cual registró con el número 637/2023. De lo anterior este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que este juzgado se declaró incompetente del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese, el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se concedió la protección constitucional. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 637/2023-III. Ahora, del estudio integral de la demanda de cuenta, se tiene como acto reclamado destacado la omisión de pago de pensión por jubilación. Al respecto se considera que este Órgano Jurisdiccional carece de competencia por territorio para conocer de este asunto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Del citado precepto legal se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, de las constancias que adjuntó a su escrito de demanda, específicamente del formato de aceptación de pensión, se aprecia que el domicilio particular señalado del quejoso **********, se enunció el ubicado en "Avenida Francisco Sarabia 24, Pblo San Mateo Teopancala, 55980, Temascalapa, Mex". Luego, del precepto antes transcrito se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario; la naturaleza del acto reclamado, por lo cual en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Por lo que, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer a la parte quejosa el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone a la quejosa una carga a la que no se está obligada, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. En el caso a estudio, este Órgano de Control Constitucional estima que el acto que se reclama en esta vía si bien es un acto omisivo, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo, derivado de la falta de pago de pensión por jubilación; por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de la materia, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la parte peticionaria del amparo. A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, cuyo criterio se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, con registro 2024553, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO". No obstante lo anterior, si el acto reclamado en el juicio en que se actúa implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión por omisión de la autoridad, este acto trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese sentido, el otorgamiento y pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que cobre vigencia el pago de la prestación que se le reconozca. Bajo este tenor, dado que el acto aquí reclamado tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de la persona pensionada, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, se considera que corresponde conocer del presente juicio, al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el domicilio de la quejosa, porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado, atendiendo a la facilidad con que cuente la agraviada para ocurrir al Juzgado del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, cuyo criterio se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 95, Materia Administrativa, con registro 166109, de rubro siguiente: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO". Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el Conflicto Competencial 2/2020, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en razón de determinar que la competencia surte en favor del Juez que tiene jurisdicción en el lugar donde se encuentra el domicilio particular de la parte quejosa. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, declara legalmente carecer de competencia legal, para conocer del presente asunto, y declina su competencia a favor de un Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que acuerde lo que en derecho corresponda, sin que haya lugar a proveer sobre su admisión, por no encontrarse dentro de las hipótesis que contempla el artículo 15 de la legislación de la materia; a quien en su momento deberá remitirse este expediente, para que decida si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; solicitando que una vez que obren en su poder las constancias correspondientes, acuse el recibo correspondiente. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese mediante oficio, así como copia simple de la papeleta de turno y demanda de amparo a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, para que para que por su conducto remita al órgano jurisdiccional en turno el presente juicio de amparo para su substanciación. Con las constancias correspondientes y firmas electrónicas de este proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y realícense las anotaciones correspondientes. En otro contexto, se tiene por autorizado el usuario que refiere para la consulta del expediente electrónico y las notificaciones personales que se ordenen de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que indica en su escrito de demanda, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y a la actuaria judicial adscrita para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Por lo que respecta al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se toma conocimiento, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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