Fernando Sandoval Cortés

Expediente 617/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
617/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Fernando Sandoval Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que ha causado estado el auto de referencia. ...archívese este asunto como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Fernando Sandoval Cortés, contra actos del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 617/2020. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que Fernando Sandoval Cortés reclama el lanzamiento del bien inmueble ubicado en la parcela número 44 Z1 P1/1 del Ejido Arroyo Blanco, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, ordenado en los autos del juicio agrario 274/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad, en favor de Efraín Olmos Vázquez, sin que haya sido llamado a dicho juicio agrario. Respecto de tal acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento, debido a que el acto reclamado no causa un agravio personal y directo al aquí quejoso. El origen de la citada figura, es decir, el interés jurídico, se encuentra establecido por el artículo 107, fracción I Constitucional, y constituye un principio básico del juicio de amparo, puesto que como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. De esta forma, como presupuesto básico del juicio de amparo se tiene que una persona podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. Con esta afirmación se pueden desprender los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En tales supuestos, el interés necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto autoritario, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, cuando un acto de autoridad no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva, será improcedente, según lo previene la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, como se dijo, si el quejoso combate en sede constitucional la orden de lanzamiento del bien inmueble ubicado en la parcela número 44 Z1 P1/1 del Ejido Arroyo Blanco, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, en los autos del juicio agrario 274/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad, en favor de Efraín Olmos Vázquez, sin que haya sido llamado a dicho juicio agrario. Lo anterior, porque a firma que en autos del juicio ejecutivo mercantil 952/2020/IV del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, en el que demandó el pago de pesos y otras prestaciones a Plutarco Olmos Vázquez, en diligencia practicada el trece de noviembre pasado, embargó la producción de limón y naranja de dicho predio. Establecido lo anterior, es evidente que tal acto por sí mismo, no le causa a la parte quejosa un agravio personal y directo en forma real y actual, que la legitime para solicitar la protección constitucional. Lo anterior es así, ya que el derecho que dice tener derivado del embargo a que se ha hecho referencia en modo alguno es oponible al que tiene por objeto la orden de lanzamiento librada en los autos del juicio agrario de origen. Lo anterior es así atendiendo a las características más importantes del derecho real derivado de la sentencia que se ejecuta en autos del juicio agrario 274/2017 y las que corresponden al embargo como derecho personal. El citado derecho real, confiere a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa (bien materia del lanzamiento); lo faculta a exigir de o en relación con él; también otorga un derecho de persecución del citado titular sobre el inmueble correspondiente, así como un derecho de preferencia, cuando se trata, naturalmente de los derechos reales que constituyen una garantía. Por el contrario, el embargo no confiere al embargante el poder directo e inmediato sobre la cosa, ya que ésta se coloca bajo la guarda y custodia de un depositario, que puede ser incluso el propio embargante, pero con limitaciones claras y específicas sobre la citada cosa, derivadas de la figura del depósito. De esta forma, al considerar que en el embargo, la cosa objeto de él, no está a disposición del embargante, ni tampoco el depositario tiene un poder directo e inmediato sobre la cosa embargada, sólo tiene las facultades y limitaciones que derivan del depósito y que tampoco concede al embargante el derecho pleno de persecución, ya que ese derecho consiste en la facultad de obtener todas o parte de las ventajas de que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, por lo que si bien el embargante puede tener el derecho de reclamar, éste se limita a su carácter de depositario. En conclusión, el embargo constituye una forma de aseguramiento del cumplimiento de la obligación reclamada en una controversia; es el resultado del mandato del Juez que conoce de aquélla y por su propia naturaleza es de carácter provisional; forma de aseguramiento de carácter procesal que deriva de la acción ejercitada por el actor en el juicio y tiene su origen y regulación en la norma adjetiva correspondiente, por tanto es evidente que se trata de derechos de naturaleza jurídica diversa, cuya titularidad, por ende, producen consecuencias jurídicas también diversas. Así, no obstante que el impetrante del amparo afirme y acredite que embargó a su favor la producción de limón y naranja de la parcela número 44 Z1 P1/1 del Ejido Arroyo Blanco, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, tal expectativa de derecho, no tiene el alcance de suspender o cuestionar la ejecución de una sentencia en la que se ordenó la entrega del inmueble donde se encuentra la producción de cítricos de que se trata, por lo que, la orden de lanzamiento que combate, no le causa un agravio personal y directo, dado que como se ha evidenciado Fernando Sandoval Cortés no tiene derecho real sobre el predio, sino sólo un derecho personal derivado del embargo de la producción. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y, como su autorizado en los amplios términos que establece del artículo 12 de Ley de Amparo, a Jesús López Aranda toda vez que tiene cédula reconocida en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase a las partes para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcionen un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS POR ASI HABERLO SOLICITADO EXPRESAMENTE EL QUEJOSO EN SU ESCRITO DE DEMANDA

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