Fernando Sánchez Velázquez

Expediente 309/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
309/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Fernando Sánchez Velázquez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 7: En la Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos del cuaderno de antecedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por medio del cual, en lo que interesa, acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas por auto de cuatro de mayo de la presente anualidad. En ese sentido, al no existir diligencia pendiente por dictar, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "7" En la Ciudad de México, a once de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a este expediente el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en lo que interesa, acusa recibo del oficio por el que se envió el juicio de amparo 309/2017-7, del índice de este juzgado e informa que se avocó al conocimiento de dicho asunto. Ahora bien, en atención a lo ordenado en autos de cinco y diez de abril de la presente anualidad, previa copia simple que de los mismos se deje en autos para constancia, remítanse a la autoridad oficiante los informes respecto del cumplimiento a la suspensión de plano concedida al quejoso y el oficio con el cual la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, devolvió diligenciado el exhorto 1084/2017 (número de orden 1342/2017) de su índice así como el cuadernillo de dicho expediente, así como los informes de cumplimiento a la suspensión de plano que en esta fecha se reciben, mismos que quedaron registrados con el número de folio 7337 y 7338, a efecto de que se acuerde lo que en derecho corresponda. Finalmente, se le solicita que, una vez que cuente con dichas documentales, acuse de recibo de las mismas a efecto de acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA "7" En la Ciudad de México, a diez de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por medio del devuelve diligenciado el exhorto 1084/2017, (número de orden 1342/2017) de su índice, formado con motivo del diverso 82/2017, por tanto acúsese recibo de estilo correspondiente. Ahora, de las constancias recibidas, se advierte que el cuatro de abril de la anualidad en curso, se notificó personalmente al quejoso Fernando Sánchez Velázquez, el proveído de tres de abril pasado. Asimismo, en cumplimiento lo solicitado por este juzgado federal, el fedatario judicial al momento de llevar a cabo la notificación personal del quejoso, asentó lo siguiente: "En cumplimiento a lo ordenado por el juez exhortante, se da fe de que el estado físico del quejoso, es aparentemente normal, pues a simple vista no se advierte que tenga alguna enfermedad; sin embargo, al estar hablando con el suscrito, se advierte que el quejoso tiene mucha tos con flemas; siendo todo lo que con mis sentidos puedo advertir. Asimismo, le cuestiono sobre sus síntomas que presenta, que son: tos con flemas, temperatura, dolor de huesos y articulaciones, sobre todo las rodillas." De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA "7" En la Ciudad de México, a tres de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por FERNANDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 309/2017-7 y fórmese el expediente correspondiente. Suspensión de plano De la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto), de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, de su Ley reglamentaria, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto la protección de los derechos humanos reconocidos en la Ley Suprema de toda la Unión, salvo los que se refieren a cuestiones político electoral, y resolver en su caso toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, los artículos 1°, párrafo quinto, y 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que en la república Mexicana, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece; que queda prohibida toda discriminación motivada entre otras cosas por las condiciones de salud; y que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, conforme a las bases y modalidades que defina la ley para el acceso a los servicios de salud, servicio en el que concurrirá la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE AL DIRECTO QUEJOSO FERNANDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ; LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto del acto consistente en: ? LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA QUE LE HA SOLICITADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Para el efecto de que las autoridades responsables de inmediato brinden los medicamentos, la atención médica necesaria y para que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la vida del directo quejoso; ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de la enfermedad e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituir al quejoso en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria respecto de la enfermedad que presenta el impetrante durante el tiempo que permanezca a su disposición, con la finalidad de que garantice su salud y no ponga en riesgo su vida. Por tanto, se apercibe a la referidas responsables para que dentro del plazo de doce horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este juzgado federal, el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión otorgada, apercibidas que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se tramitará el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV del numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Igualmente, en virtud de que el quejoso manifiesta un estado de malestar, se les previene a las autoridades responsables, para que le proporcionen los servicios médicos necesarios así como medicamentos, para garantizar su salud, con el apercibimiento que de no hacerlo, se harán efectivas las medidas antes señaladas, independientemente de la comisión del delito que pudiera actualizarse por la omisión en que incurran. En relación a la falta de atención médica y proporcionar medicamentos, es aplicable por contenido jurídico sustancial la Tesis: XXIV.2o. J/1 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 1982, de rubro y texto siguientes: "FALTA DE ATENCIÓN MEDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. "Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado." En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, las medidas que adopten a fin de que el quejoso reciba medicamentos y atención médica adecuada; así también se salvaguarde en todo momento su vida en el sitio de internamiento, sólo en el caso de que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por el promovente en su escrito de demanda. Es decir, si las autoridades responsables contaran con información distinta a la proporcionada por el promovente que revelara algún grado de peligrosidad del directo quejoso, en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad de éste como el orden público y seguridad del sitio en el que deba de ser resguardado. Por tal motivo, gírense de inmediato los oficios a las citadas autoridades responsables para el conocimiento de la suspensión decretada y procedan a su observancia de manera inmediata, debiendo comunicar a la brevedad sin exceder el término de veinticuatro horas, el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada de oficio. Con independencia de lo anterior, también se estima necesario requerir al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Doce "CPS-Guanajuato" y al Titular del Área Médica de dicho centro penitenciario, para el efecto de que en el término de doce horas, se sirvan enviar copia certificada del expediente técnico administrativo y también clínico que exista del quejoso. La anterior determinación se adopta porque de la demanda se aprecia manifestación en el sentido que el directo quejoso manifestó al personal de ese Centro Federal de Readaptación Social, la situación que guardaba respecto de su estado de salud, sin que fuera atendido. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física y salud del quejoso, a fin de que no sufra ningún atentado contra su salud, tortura psicológica o de cualquier tipo, así como actos que pongan en peligro su vida. Lo anterior, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Esto, deberá considerarlo la autoridad responsable, en relación directa a los efectos respecto de los que se provee la suspensión de plano decretada de oficio en el presente asunto. Exhorto Por otra parte, toda vez que el quejoso FERNANDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, se encuentra privado de su libertad en el interior del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE, "CPS-GUANAJUATO", es decir, fuera de la jurisdicción de este órgano de control de la constitucionalidad, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los diversos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al:  JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON SEDE EN LEÓN, EN TURNO. Para que en auxilio de las labores de este juzgado, con copia de la demanda y del presente proveído, comisione indistintamente a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a dicho juzgado, a fin de que realice lo siguiente: 1. El actuario proceda a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos de cuál es el estado físico del quejoso. 2. También proceda a interrogar al directo quejoso FERNANDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ respecto de cuáles son los síntomas que presenta y proceda a asentar en la diligencia lo expresado por el quejoso; o en su caso asiente lo que corresponda. 3. Asimismo, notifique los oficios que se desprendan del presente proveído a las autoridades señaladas como responsables; sin limitar a que este órgano de control constitucional proceda de la misma forma. Se faculta al juez federal exhortado, para realizar o autorizar cualquier tipo de diligencia a fin de cumplimentar el exhorto de mérito, entre ellas acordar promociones, girar oficios y habilitar días y horas inhábiles. Autorización vía fax y correo electrónico A fin de dar celeridad en la tramitación del presente asunto, hágase del conocimiento de las autoridades que correspondan, que se les autoriza para que remitan su informe de suspensión de plano vía fax, al número 01 (55) 53 22 17 15, o bien, a la dirección de correo electrónico marco.rodea.beltran@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico, debiendo confirmar su recepción en el número telefónico 01 (55) 53 22 17 00, ext. 4306. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Incompetencia Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Asimismo, el artículo 37, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por tanto, del análisis del precepto invocado en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así también, el artículo 48 antes transcrito, estatuye que cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de garantías que sea competencia de uno diverso, declarará que carece de competencia legal de plano y lo comunicará al que estime competente. En la especie, el quejoso FERNANDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ reclama la omisión de que se le proporcione atención médica; por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, de acuerdo con lo manifestado en la demanda que se atiende, el acto reclamado consistente en falta de atención médica se está ejecutando en Guanajuato, toda vez que el quejoso de mérito actualmente se encuentra privado de su libertad en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE, "CPS-GUANAJUATO". En consecuencia, este juzgado se declara incompetente en razón de territorio para resolver de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con Sede en León, en Turno; por tanto, remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con Sede en León, en Turno, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Domicilio del quejoso. En apego a lo estatuido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, realícense al agraviado, todas las notificaciones de éste juicio, aún las de carácter personal en el lugar donde se encuentra recluido, que es en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE, "CPS-GUANAJUATO". Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y vía exhorto al quejoso.

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