Fernando Sanchez Sanchez

Expediente 555/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
555/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Fernando Sanchez Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por - contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial; anótese su ingreso en el libro que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-555/2018-L. El promovente señala como actos reclamados: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A). El ilegal acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se decide no decretar la caducidad de la instancia del expediente 401/2016 la cual se solicitó mediante capítulo especial así como mediante excepción al dar contestación a la demanda, y dentro del cual se decide tenerme por dando contestación a la demanda incoada en mi contra y se ordena dar vista a la actora para que en el término de 3 días manifestara lo que a sus intereses convenga. b). La ilegal resolución de fecha primero de junio del 2018 donde se resuelve el recurso de revocación presentado en contra del auto del 15 quince de enero de del año 2018, resolución en la que se decide que todas las promociones de la actora son de las que interrumpen la caducidad de la instancia". En el caso, el análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS"...

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por - contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial; anótese su ingreso en el libro que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-555/2018-L. El promovente señala como actos reclamados: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A). El ilegal acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se decide no decretar la caducidad de la instancia del expediente 401/2016 la cual se solicitó mediante capítulo especial así como mediante excepción al dar contestación a la demanda, y dentro del cual se decide tenerme por dando contestación a la demanda incoada en mi contra y se ordena dar vista a la actora para que en el término de 3 días manifestara lo que a sus intereses convenga. b). La ilegal resolución de fecha primero de junio del 2018 donde se resuelve el recurso de revocación presentado en contra del auto del 15 quince de enero de del año 2018, resolución en la que se decide que todas las promociones de la actora son de las que interrumpen la caducidad de la instancia". En el caso, el análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS". De la lectura del capítulo de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, lo siguiente: - La resolución de primero de junio de dos mil dieciocho, en la cual se resolvió el recurso de revocación presentado en contra del auto de quince de enero del año en curso, determinación en la que decide que todas las promociones de la parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil 401/2016 son de las que interrumpen la caducidad de la instancia. Ahora, de la demanda de amparo de amparo, se advierte lo siguiente: 1. Ma. Refugio Soto Solórzano, demandó al aquí quejoso Fernando Sánchez Sánchez por la vía ejecutiva mercantil, por lo que el juez responsable por auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, radicó el juicio ejecutivo mercantil bajo el número- 2. Mediante escrito de nueve de enero de dos mil dieciocho, el demandado dio contestación a la demanda, solicitó la caducidad de la instancia, ocurso al que le recayó el auto de quince enero del año en curso, donde el a quo determinó que no había lugar a decretarla. 3. Inconforme con tal determinación, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, la demandada, interpuso recurso de revocación contra el auto de quince del mismo mes y año, el cual fue resuelto mediante resolución de uno de los actuales. (Acto reclamado). Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De una interpretación integral y en sentido contrario de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; no así los adjetivos, como en el caso lo es la negativa de decretar la caducidad de la instancia. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, que pueda ser sometido a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; pues es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los tratados internacionales, en los que México sea parte, en favor de la promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones, la propiedad, etcétera. Máxime que ambas partes tienen reconocida personalidad para continuar el procedimiento ejecutivo mercantil. Aplica a lo anterior la tesis 1V.1º.t.1k (10ª.), la cual aparece publicada en la página 2162, del Tomo III, febrero de 2014, de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia". Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Página: 15, con número de registro 2011428, que dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". En efecto, no procede el juicio de amparo indirecto cuando el acto materia de reclamo, como en la especie es la determinación judicial de uno de junio del año en curso, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, en el que se determinó que no había lugar a declarar la caducidad de la instancia dentro del juicio ejecutivo mercantil 401/2016 de su índice, pues se trata de la eventual afectación de derechos adjetivos, reparables en su caso en la sentencia definitiva que se emita en el juicio natural del que deriva, momento en el que en tal caso sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, como se indicó, el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la quejosa para ser considerado como de imposible reparación; por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la impetrante de amparo interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a la promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de 2012 tomo 2, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se decide no decretar la caducidad de la instancia del expediente 401/2016 la cual se solicitó mediante capítulo especial así como mediante excepción al dar contestación a la demanda, y dentro del cual se le tiene contestando la demanda incoada en su contra y se ordena dar vista a la actora para que en el término de 3 días manifestara lo que a sus intereses convenga, Haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencia que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con ellos. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró de los actos reclamados consistentes en: el acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se decide no decretar la caducidad de la instancia del expediente 401/2016 la cual se solicitó mediante capítulo especial así como mediante excepción al dar contestación a la demanda, y dentro del cual se le tuvo contestando la demanda incoada en su contra y se ordena dar vista a la actora para que en el término de 3 días manifestara lo que a sus intereses convenga, y el dieciséis de enero del año en curso transcurrió en exceso el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veintisiete del mes y año que transcurre, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Por tanto, debe entenderse que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, pues el quejoso, respecto a dicho acto reclamado, no promovió en tiempo su demanda de amparo, esto es, no satisfizo los requerimientos y presupuestos de orden formal que el sistema constitucional de amparo prevé para la procedencia de la acción de amparo en vía indirecta, de modo que, al haber exhibido el escrito de demanda por cuanto se refiere a dicho acto reclamado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de junio de la presente anualidad (foja 1), es extemporánea en exceso. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo por tanto procedente desechar la presente demanda. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA de plano la demanda de garantías que nos ocupa. Por otra parte, con base en los preceptos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que la presente determinación y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente, podrán ser consultados por el público en general, y se harán del conocimiento de terceros en términos de lo dispuesto en el ordinal 9 del reglamento modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de diciembre de dos mil siete, que a la letra dice: "Artículo 9. Las Comisiones de Transparencia adoptarán en conjunto las medidas adecuadas para difundir en Internet las sentencias ejecutorias y las resoluciones que pongan fin a cualquier procedimiento administrativo, emitidas por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y los Órganos Jurisdiccionales; debiendo tomarse en cuenta que al generar la versión pública respectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 8° de este Reglamento. En las resoluciones publicadas que se difundan por medios electrónicos en todos los casos se suprimirán los nombres de las partes. En las listas de notificación que se publiquen por la misma vía, sólo se suprimirán cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la Ley." Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para recibir notificaciones personales en calle - y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a -, virtud a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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