Fernando Sanchez Espinoza
Expediente 1187/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fernando Sanchez Espinoza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno., que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Christopher Adair Torres Toledo, por derecho propio y ostentándose como asesor jurídico particular de FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOZA, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1187/2021-I, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia--- pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. "IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión en que han incurrido la autoridad responsable en dar contestación a mi escrito de petición, recepcionado en la FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, mismo que tiene sello de recibo de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno La inactividad de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación --------Causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia...;" Conforme a lo trascrito, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los de la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. Además, en el artículo citado se contemplan como casos de excepción a la obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. De la lectura íntegra de la demanda, se desprende que el trece de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó denuncia en la Unidad de Atención temprana de la Fiscalía Zona Sur Poniente, por el delito de abuso de confianza y daños en agravio del aquí quejoso FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOZA. Asimismo, en el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos en: Dar contestación al escrito presentado ante ella el dos de junio del año dos mil veintiuno, en el que solicitó a la citada responsable girara oficio al Coordinador General de Servicios Periciales de la Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, a fin de que designara perito en mecánica automotriz para que realice una revisión detallada al vehículo automotor afecto a la carpeta de investigación ------------, y determine los daños y problemas existentes en dicho vehículo. Así como la inactividad de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la referida carpeta de investigación ----------. En ese sentido, se arriba a la conclusión que los actos aquí combatidos son relativos a la omisión de la responsable en realizar los actos tendientes a integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ---------- de su índice, pues incluso el ocurso del que se duele de su falta de respuesta, es ateniente a actos de investigación dirigidos a determinar los daños y problemas mecánicos existentes sobre el automotor afecto a dicho asunto, materia de la denuncia, y por el que se sigue el delito de daños. Por consiguiente, la causa de improcedencia se surte en razón de que procede el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, los actos que se reclaman tienen reparación a través de un medio de defensa ordinario, ya que las omisiones o negativas combatidas pueden ser subsanadas través del citado recurso, que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Lo resaltado es propio. Es verdad que de la lectura del artículo transcrito, se desprende que dicho medio de impugnación sólo procederá en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Sin embargo, por ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que diera origen a la jurisprudencia de número de registro 2017641, del siguiente rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." se determinó lo siguiente: "Ahora bien, de la interpretación sistemática (30) de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional (31) y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las negativas u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. No se soslaya que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, al respecto, esta Primera Sala entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. En otra línea argumentativa, debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. Como ha sido señalado en esta resolución, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. Al respecto, esta Primera Sala aprecia que la promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución (32) pueden encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria. Lo anterior implica, prima facie, las siguientes problemáticas: 1. Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, 2. Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el Juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución." Del texto anterior se desprende que el Alto Tribunal ha resuelto, que las omisiones o abstenciones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, por lo que la intención del Constituyente al crear la figura del Juez de Control, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, pero también todas aquellas omisiones o determinaciones del Ministerio Público para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados como de las víctimas u ofendidos. Se destacó que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables, por lo que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, de tal manera que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. La finalidad de dicho medio de defensa es recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata. De tal manera que las omisiones o bien el rechazo a recibir una solicitud por parte del Ministerio Público deben ser impugnadas ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia----sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017641, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Además, cobra aplicación la Tesis:------visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, página 4632, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, número de registro 2020422, del rubro siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." Lo subrayado es propio. Lo anterior es así, en virtud de que el promovente señala como acto reclamado la omisión por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos en dar contestación al escrito de dos de junio del año dos mil veintiuno, por virtud del cual solicitó a la autoridad responsable se girara oficio al Coordinador General de Servicios Periciales de la Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, a fin de que designara perito en mecánica automotriz en la carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020; además se duele de la inactividad por parte del agente responsable de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la referida carpeta de investigación. Es por ello que se colige que al no recibir respuesta respecto del ocurso en comento, trae como consecuencia una abstención en las funciones del agente del Ministerio Público en su ejercicio de órgano facultado de investigar hechos posiblemente constitutivos de delitos dentro de la carpeta de referencia. Por ende, resulta inconcuso que dichos actos sean recurribles a través del medio de impugnación citado con antelación; puesto que la finalidad del Juez de Control es revisar las decisiones, negativas u omisiones del Ministerio Público (como en el caso en particular). En consecuencia, dado que el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un medio de defensa respecto del cual la impetrante tiene obligación de agotar, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia ------- sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017640, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Lo subrayado es propio. De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia -----, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia. Por tanto, al existir jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. Sustenta lo anterior, por las consideraciones expuestas la jurisprudencia -------sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017808, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 971, de rubro: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. No se soslaya la tesis con número de registro digital 2022847, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro "OMISIÓN DE LAS FISCALÍAS DE DAR RESPUESTA O INFORMACIÓN SOBRE UNA DENUNCIA DE HECHOS. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON AQUÉLLA, COMO VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, HACE PROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA ------toda vez que, por un lado, como se precisó en el cuerpo de la presente determinación, el acto que aquí se combate consistente en la inactividad de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la referida carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020, tal y como lo establece el propio quejoso en su apartado del acto reclamado, ello con motivo a la omisión de acordar el escrito en el que solicitó se girara oficio a la autoridad respectiva para que designara perito en materia de mecánica automotriz, a fin de continuar con la investigación dentro de la carpeta de referencia por el delito de daños; lo que atendiendo a los criterios jurisprudenciales --------- sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, se tratan de omisiones por parte del Ministerio Público en la etapa de investigación, contra las cuales procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que debe agotarse previo a la tramitación del juicio de amparo. Y por otro, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, el criterio apuntado no es vinculante ni obligatorio a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que se trata de una tesis aislada de un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. DOMICILIO y AUTORIZADOS. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el indicado, asimismo, se tiene por autorizados para tales efectos a las personas y profesionistas propuestos en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. MEDIOS NO PROCESALES. Respecto a la solicitud en el sentido que se autorice el correo electrónico y número telefónico; en su atención, se toma del conocimiento los medios que proporciona a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como solicita la parte quejosa se autoriza la consulta vía internet del expediente en que se actúa, para cuyo efecto proporciona el nombre de usuario "CHRISTOTORRES"; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que autorice al promovente la consulta del Expediente Electrónico aludida dentro del juicio de garantías en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis -----, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Christopher Adair Torres Toledo, por derecho propio y ostentándose como asesor jurídico particular de FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOZA, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1187/2021-I, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. "IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión en que han incurrido la autoridad responsable en dar contestación a mi escrito de petición, recepcionado en la FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, mismo que tiene sello de recibo de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno La inactividad de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020." Causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia...;" Conforme a lo trascrito, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los de la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. Además, en el artículo citado se contemplan como casos de excepción a la obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. De la lectura íntegra de la demanda, se desprende que el trece de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó denuncia en la Unidad de Atención temprana de la Fiscalía Zona Sur Poniente, por el delito de abuso de confianza y daños en agravio del aquí quejoso FERNANDO SÁNCHEZ ESPINOZA. Asimismo, en el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos en: Dar contestación al escrito presentado ante ella el dos de junio del año dos mil veintiuno, en el que solicitó a la citada responsable girara oficio al Coordinador General de Servicios Periciales de la Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, a fin de que designara perito en mecánica automotriz para que realice una revisión detallada al vehículo automotor afecto a la carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020, y determine los daños y problemas existentes en dicho vehículo. Así como la inactividad de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la referida carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020. En ese sentido, se arriba a la conclusión que los actos aquí combatidos son relativos a la omisión de la responsable en realizar los actos tendientes a integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020 de su índice, pues incluso el ocurso del que se duele de su falta de respuesta, es ateniente a actos de investigación dirigidos a determinar los daños y problemas mecánicos existentes sobre el automotor afecto a dicho asunto, materia de la denuncia, y por el que se sigue el delito de daños. Por consiguiente, la causa de improcedencia se surte en razón de que procede el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, los actos que se reclaman tienen reparación a través de un medio de defensa ordinario, ya que las omisiones o negativas combatidas pueden ser subsanadas través del citado recurso, que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Lo resaltado es propio. Es verdad que de la lectura del artículo transcrito, se desprende que dicho medio de impugnación sólo procederá en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Sin embargo, por ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que diera origen a la jurisprudencia de número de registro 2017641, del siguiente rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." se determinó lo siguiente: "Ahora bien, de la interpretación sistemática (30) de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional (31) y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las negativas u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. No se soslaya que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, al respecto, esta Primera Sala entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. En otra línea argumentativa, debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. Como ha sido señalado en esta resolución, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. Al respecto, esta Primera Sala aprecia que la promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución (32) pueden encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria. Lo anterior implica, prima facie, las siguientes problemáticas: 1. Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, 2. Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el Juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución." Del texto anterior se desprende que el Alto Tribunal ha resuelto, que las omisiones o abstenciones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, por lo que la intención del Constituyente al crear la figura del Juez de Control, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, pero también todas aquellas omisiones o determinaciones del Ministerio Público para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados como de las víctimas u ofendidos. Se destacó que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables, por lo que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, de tal manera que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. La finalidad de dicho medio de defensa es recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata. De tal manera que las omisiones o bien el rechazo a recibir una solicitud por parte del Ministerio Público deben ser impugnadas ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017641, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Además, cobra aplicación la Tesis: I.7o.P.119 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, página 4632, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, número de registro 2020422, del rubro siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." Lo subrayado es propio. Lo anterior es así, en virtud de que el promovente señala como acto reclamado la omisión por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos en dar contestación al escrito de dos de junio del año dos mil veintiuno, por virtud del cual solicitó a la autoridad responsable se girara oficio al Coordinador General de Servicios Periciales de la Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado, a fin de que designara perito en mecánica automotriz en la carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020; además se duele de la inactividad por parte del agente responsable de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la referida carpeta de investigación. Es por ello que se colige que al no recibir respuesta respecto del ocurso en comento, trae como consecuencia una abstención en las funciones del agente del Ministerio Público en su ejercicio de órgano facultado de investigar hechos posiblemente constitutivos de delitos dentro de la carpeta de referencia. Por ende, resulta inconcuso que dichos actos sean recurribles a través del medio de impugnación citado con antelación; puesto que la finalidad del Juez de Control es revisar las decisiones, negativas u omisiones del Ministerio Público (como en el caso en particular). En consecuencia, dado que el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un medio de defensa respecto del cual la impetrante tiene obligación de agotar, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017640, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Lo subrayado es propio. De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia. Por tanto, al existir jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. Sustenta lo anterior, por las consideraciones expuestas la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017808, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 971, de rubro: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. No se soslaya la tesis con número de registro digital 2022847, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro "OMISIÓN DE LAS FISCALÍAS DE DAR RESPUESTA O INFORMACIÓN SOBRE UNA DENUNCIA DE HECHOS. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON AQUÉLLA, COMO VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, HACE PROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 27/2018 (10a.) Y 1a./J. 28/2018 (10a.)].", toda vez que, por un lado, como se precisó en el cuerpo de la presente determinación, el acto que aquí se combate consistente en la inactividad de investigar, integrar y realizar el ejercicio de la acción penal dentro de la referida carpeta de investigación JO-UEDP/2886/2020, tal y como lo establece el propio quejoso en su apartado del acto reclamado, ello con motivo a la omisión de acordar el escrito en el que solicitó se girara oficio a la autoridad respectiva para que designara perito en materia de mecánica automotriz, a fin de continuar con la investigación dentro de la carpeta de referencia por el delito de daños; lo que atendiendo a los criterios jurisprudenciales 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, se tratan de omisiones por parte del Ministerio Público en la etapa de investigación, contra las cuales procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que debe agotarse previo a la tramitación del juicio de amparo. Y por otro, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, el criterio apuntado no es vinculante ni obligatorio a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que se trata de una tesis aislada de un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. DOMICILIO y AUTORIZADOS. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el indicado, asimismo, se tiene por autorizados para tales efectos a las personas y profesionistas propuestos en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. MEDIOS NO PROCESALES. Respecto a la solicitud en el sentido que se autorice el correo electrónico y número telefónico; en su atención, se toma del conocimiento los medios que proporciona a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como solicita la parte quejosa se autoriza la consulta vía internet del expediente en que se actúa, para cuyo efecto proporciona el nombre de usuario "CHRISTOTORRES"; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que autorice al promovente la consulta del Expediente Electrónico aludida dentro del juicio de garantías en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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