Fernando Sánchez Del Rosario

Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2022
Año
2022
Actuaciones
33
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Fernando Sánchez Del Rosario
  • Lazaro Vicente Sánchez Del Rosario
  • Fernando Sánchez Del Rosario y Otros.
  • Josefina Evangelista Muñoz
  • Congreso del Estado de Puebla
  • Fausta Aurelia Sánchez Del Rosario
  • Josefina Evangelista Muñoz y Otros.
  • Dolores Anastacio Evangelista Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remite el oficio signado por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, por el cual informa las gestiones realizadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Fundamentación. Artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo, toda vez que en proveído de veintiuno de junio del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo a su destino. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Atento a lo anterior, se precisa que en el presente asunto se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; por tanto: Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo.. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro electrónico. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla. El Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dicta la siguiente:****************************************S E N T E N C I A****************************************Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 242/2022, promovido por********************, contra actos del Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades.****************************************ANTECEDENTES****************************************Demanda. Por escrito de demanda recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintidós en este Juzgado, a quien por turno le tocó conocer del ocurso constitucional ******************** y otros, demandaron el amparo y protección de la justicia federal.****************************************El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el número 242/2022 y, previo requerimiento de prevención, en auto de veintidós de marzo siguiente, se desechó la demanda de amparo por las consideraciones esgrimidas en esa determinación.****************************************Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, medio de impugnación que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual declaró y ordenó la admisión de la demanda inicial, lo cual se proveyó en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós.****************************************Posteriormente, en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos, interponiendo recurso de queja en contra del auto de tres de octubre de esa anualidad, en el que se admitió la demanda de amparo respecto de las autoridades que señaló el quejoso pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad.****************************************Medio de defensa que se resolvió en ejecutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que el referido órgano colegiado calificó de fundado dicho medio de impugnación y, como consecuencia de ello, se dejó de tener como autoridades responsables a [1] CFE Suministrador de Servicios Básicos, [2] Subgerencia Comercial División Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad y [3] Jefatura de Departamento Comercial División Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, por tanto, se les dejó de tener con el carácter de responsables en el presente juicio y se suspendió la comunicación con ellas. Por ende, en la presente sentencia no se realizará ningún pronunciamiento respecto a esas autoridades.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 111/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:****************************************"AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente.****************************************Audiencia constitucional. Previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede.****************************************CONSIDERACIONES****************************************COMPETENCIA.****************************************Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, en lo conducente, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla.****************************************B. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS.****************************************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consiste en:****************************************La iniciativa de ley, discusión, aprobación, promulgación y publicación de los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, y artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán.****************************************Su ejecución consistente en el establecimiento de una tarifa mensual de $90.07 (noventa pesos siete centavos MXN) por concepto de "Derecho de Alumbrado Público", en el artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós.****************************************La omisión de consultar y obtener el consentimiento del pueblo indígena náhuatl de Tehuacán al redefinir la política de ingresos y egresos del municipio respecto del ejercicio fiscal dos mil veintidós.****************************************TÉCNICA DEL JUICIO DE AMPARO.****************************************Por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. ****************************************Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de derechos sea procedente. ****************************************Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Núm. 76, abril de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 212775, que al rubro y texto dice lo siguiente: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." ****************************************Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. ****************************************INEXISTENCIA DE ACTOS****************************************No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, consistente el proceso de promulgación y publicación de las normas reclamadas, toda vez que así lo indicó al momento de rendir su informe justificado; lo anterior sin que la parte quejosa hubiera aportado pruebas para desvirtuar tal negativa ni de autos se desprende su existencia. ****************************************En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables y actos mencionados en este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismo que establece:****************************************"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:****************************************[.]****************************************IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que dice: ****************************************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."****************************************EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS.****************************************Las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Puebla, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la discusión, aprobación y expedición y promulgación de las normas reclamadas, respectivamente, por lo que se tienen plenamente probada su existencia.****************************************En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis V.2o.214 K del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, página 205, cuyo rubro es: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA."****************************************Por su parte, el Ayuntamiento y el Presidente municipal, ambos del Ayuntamiento de Tehuacán Estado de Puebla, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, no obstante, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que realizaron manifestaciones que evidencian la existencia de los actos que se les atribuyen, por lo que deben tenerse por ciertos. ****************************************Lo anterior, en términos de la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, que dice: ****************************************"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."****************************************F. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.****************************************Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO."****************************************F.1. Causa de improcedencia fundada respecto del acto reclamado consistente en la omisión de consultar al pueblo indígena náhuatl de Tehuacán, al redefinir la política de ingresos y egresos del municipio respecto del ejercicio fiscal dos mil veintidós.****************************************En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ****************************************[.] ****************************************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". ****************************************Para clarificarlo, es pertinente señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, determinó, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo". ****************************************Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. ****************************************Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. ****************************************En ese sentido, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. ****************************************Por ello, mediante el interés legítimo, el demandante "se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. ****************************************Tomando en consideración los anteriores elementos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas distintivas del interés legítimo, previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: ****************************************a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. ****************************************b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. ****************************************c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo. ****************************************d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. ****************************************e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. ****************************************f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. ****************************************g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. ****************************************Así, resulta posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. ****************************************Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Tribunal Pleno, registro digital: 2007921, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". ****************************************De ahí que para poder impugnar acciones u omisiones estatales que puedan considerarse como violatorias a la falta de consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas con la emisión de las normas reclamadas, el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental, esto es, para el acceso al referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa -interés jurídico- o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-, pero siempre real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública, o de cualquier otra. ****************************************Esto es, una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que se presenta cuando resienta una afectación en su esfera jurídica que no sea hipotética, lo anterior con el fin de que pueda obtener un beneficio jurídico al concederle el amparo derivado de esa afectación. ****************************************En efecto, cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación provocada por un acto u omisión de una autoridad que es resentida por toda la población en general, este hecho, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo por la imposibilidad de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. ****************************************En estos casos el juzgador deberá determinar si las acciones u omisiones imputadas al Estado impactan al quejoso o grupo colectivo -sea o no destinatario de las mismas- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; lo cual implica un escrutinio de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad, es decir, que conforme a las particularidades del caso considere si resulta razonable la existencia de tal afectación, de tal suerte que la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado. ****************************************De acuerdo con las consideraciones anteriores, este juzgado federal estima que los peticionarios del amparo no acreditaron su interés legítimo en este asunto. ****************************************Lo anterior es así, ya que el interés que la parte quejosa estima vulnerado no resulta cualificado, pues si bien afirmó que son vecinos originarios de la comunidad indígena náhuatl de Santa María Coapan, municipio de Tehuacán, Puebla, con domicilio particular en la ciudad de Tehuacán, y que las autoridades responsables de dicho municipio, no consultaron de manera previa a la comunidad indígena que se encuentra en ese municipio, esa no es razón suficiente para demostrar que se encuentran en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alega acredita su interés legítimo para comprobar la afectación. ****************************************Efectivamente, la pretensión que se plantea en el presente juicio no se refiere a una defensa específica que se encuentre estrechamente relacionada con la esfera jurídica de los quejosos, sino a la protección abstracta del derecho a la consulta de manera previa a la comunidad indígena que se encuentra en el municipio de Tehuacán, tal y como lo pudiera hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que los faculte para acudir al amparo. ****************************************Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 134/2021, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, respecto al derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, determinó medularmente lo siguiente: ****************************************"174. De lo expuesto con anterioridad, se ha destacado que el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, originarios, afromexicanos o similares deriva del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, de modo que es un derecho humano reconocido tanto a nivel nacional como internacional. ****************************************175. Dicha prerrogativa implica que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a consultar a dichos pueblos antes de adoptar cualquier acción o medida relacionada directamente con sus derechos e intereses, a fin de entablar un diálogo entre ambas partes para, de ser posible, arribar a un consenso. ****************************************176. Lo anterior, se insiste, no sólo respecto de las autoridades legislativas y sus actos, sino también respecto de los actos y actividades de las autoridades administrativas, tales como los procedimientos relativos a concesiones mineras en que, evidentemente, durante su desarrollo debe respetarse el derecho en comento. ****************************************177. Los precedentes del Tribunal Pleno y aquellos a través de los que se ha construido el parámetro de regularidad constitucional aplicable a la materia de consulta previa de pueblos indígenas deriva, en su mayoría, de acciones de inconstitucionalidad en que se ha planteado la omisión de las autoridades legislativas de efectuar dicha consulta con anterioridad a la emisión de los ordenamientos eventualmente impugnados. ****************************************178. Conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto determinar la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, pudiendo promoverlas los sujetos que el propio precepto establece en las materias ahí identificadas. ****************************************179. En términos generales, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de constitucionalidad al que acuden los sujetos legitimados a fin de evidenciar la contradicción de normas generales y la Constitución Federal. Se dice que es abstracto porque para su procedencia resulta irrelevante el efecto que una ley o norma general pueda causar o haya causado en los gobernados. ****************************************180. Esto es, para que una acción de inconstitucionalidad proceda no es necesaria la existencia de un agravio personal o afectación directa y tampoco de un interés específico, pues basta que el sujeto legitimado acuda al órgano judicial, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar la invalidez de cierta ley o norma de carácter general por considerarla contraria al Texto Constitucional, para que dicho órgano la admita y resuelva. ****************************************181. La naturaleza abstracta de dicho medio de control permite que el Tribunal Pleno analice los instrumentos normativos, y llegue a declarar la invalidez total de un ordenamiento por el hecho de que las autoridades legislativas competentes omitieron respetar el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas. ****************************************182. Es decir, el hecho de que a través de la acción de inconstitucionalidad se ejerza un control abstracto permite que, eventualmente, se declare la invalidez total de un ordenamiento jurídico por no respetar la prerrogativa en comento, precisamente porque al no exigirse la existencia de un agravio particular y concreto ni un interés específico, puede analizarse íntegramente y expulsarse del sistema jurídico independientemente de si sus efectos se concretaron o no en perjuicio del accionante. ****************************************183. Y es que para un medio de control abstracto como es la acción de inconstitucionalidad poco importa el efecto que una ley pueda causar o haya causado como requisito para impugnarla, pues su finalidad es proteger la Constitución, la garantía de constitucionalidad y la certeza del orden jurídico, pero su ejercicio no implica ni conlleva la existencia de un agravio ni de un interés específicos. ****************************************184. Dentro de los medios de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad encontramos también al juicio de amparo. ****************************************185. A diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo exige para su procedencia y viabilidad la existencia de un agravio personal que legitima al interesado a instar al órgano judicial a que analice la constitucionalidad del acto de autoridad que, dice, le afecta. ****************************************186. Esa circunstancia origina que, por ejemplo, tratándose de amparo contra leyes, los gobernados reclamen normas o disposiciones que afectan su esfera jurídica ya sea por su sola vigencia o con motivo de un acto concreto de aplicación. Es decir, el juicio de amparo requiere forzosamente la existencia de un agravio particular, esto es, la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. ****************************************187. La exigencia de ese agravio condiciona muchos aspectos del juicio de amparo, como son los efectos que pueden otorgarse a una eventual protección constitucional, los argumentos que pueden o no ser materia de estudio, entre otros. ****************************************188. Para efectos de este estudio importan los argumentos que pueden ser materia de amparo. Una disposición jurídica puede controvertirse por su aspecto formal o material. La constitucionalidad formal implica la exposición de vicios en el proceso legislativo que le dio origen, mientras que la constitucionalidad material significa la atribución de vicios propios a los preceptos que contiene. ****************************************(.) ****************************************195. De esta manera, para determinar si en el juicio de amparo son analizables o no determinados conceptos de violación contra las normas reclamadas es importante tener en cuenta uno de los principios que rige dicho medio de control constitucional que es el agravio en perjuicio del quejoso, de modo que si el vicio formal se relaciona directamente con las normas reclamadas y que perjudican al promovente, entonces, el argumento es analizable; en cambio, si el vicio legislativo se vincula y repercute en otras disposiciones que no afectan al gobernado, entonces el alegato no es analizable vía amparo. ****************************************(.) ****************************************201. En consecuencia, no asiste razón a la parte quejosa al afirmar que la autoridad legislativa debió realizar una consulta previa a la emisión de la Ley Minera, simplemente porque ese tipo de planteamientos no pueden ser materia del medio de control constitucional que nos ocupa. ****************************************202. Y es que aun cuando se aceptara que los quejosos proponen ese argumento so pretexto del agravio personal que dicen resentir con la emisión de la Ley Minera, lo cierto es que tampoco tienen razón por lo siguiente: ****************************************- En los precedentes el Pleno de este Alto Tribunal se ha establecido que, conforme a las normas constitucional y convencional mencionadas, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida relacionada directamente con sus derechos e intereses, a fin de entablar un diálogo entre ambas partes para, de ser posible, arribar a un consenso. ****************************************- Tal conclusión también fue asumida por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019, en sesión de cinco de diciembre del dos mil diecinueve, en que se afirmó que tanto nuestra legislación, como los estándares universales e interamericanos en materia de protección a los derechos indígenas son uniformes al considerar que el parámetro objetivo para determinar los casos en que las autoridades legislativas deben llevar a cabo procedimientos de consulta indígena, atiende a si la actividad del Estado tiene o no relación con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados. ****************************************- En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, los Casos de Pueblo Indígena Kichwa de Sarayuka Vs. Ecuador, Pueblo Saramaka Vs. Surinam y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. ****************************************203. Ese parámetro objetivo del que habló el Tribunal Pleno en el precedente comentado se traduce en que, a partir precisamente de aspectos meramente objetivos y que atienden al contenido y finalidad de la ley o instrumento normativo analizados, se determine si tiene relación directa o no con los intereses y derechos de los pueblos indígenas involucrados. ****************************************204. Dicho parámetro se ha ido construyendo a través de los asuntos resueltos por este Alto Tribunal, en su mayoría, acciones de inconstitucionalidad en que, como ya se dijo, a diferencia del amparo contra leyes, la norma se analiza desprovista de cualquier aspecto de aplicación, o bien, de los hechos narrados por la parte interesada. ****************************************205. En dichos asuntos se ha establecido que una ley o instrumento normativo se relaciona directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas, se insiste, de manera abstracta, cuando su objeto principal es regular alguno de los aspectos que implican o conllevan la vida social, económica o política de los pueblos indígenas u originarios. ****************************************206. De esa manera, en la acción de inconstitucionalidad antes identificada en la que el Pleno analizó la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y la Ley del Sistema de Justicia Maya, ambas del Estado de Yucatán, quedó claro que antes de su emisión, el Congreso Local debió consultar a los pueblos indígenas involucrados, precisamente por el objeto de regulación de dichos ordenamientos en que, no queda duda, que se relacionan directamente con sus intereses y derechos. ****************************************207. En cambio, en muchos otros precedentes, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad en que se impugnaron leyes de transparencia y acceso a la información pública, o bien, de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de distintas entidades federativas, que contenían alguna regulación en materia de pueblos indígenas, el criterio mayoritario del Tribunal Pleno es que, en esos asuntos, no se requería la consulta previa a los pueblos indígenas involucrados. ****************************************208. Lo anterior, porque siguiendo el criterio objetivo comentado, el Máximo Tribunal entendió que, si bien dichos ordenamientos podían contener preceptos que pudieran vincularse con los pueblos indígenas, lo cierto es que el objeto de regulación de esos instrumentos normativos no se relaciona directamente con sus intereses y derechos. ****************************************209. Los asuntos en que se discutieron aspectos vinculados con los pueblos indígenas y en que el Pleno consideró innecesaria la consulta previa por no estar relacionada directamente la ley que contenía dichos preceptos con sus intereses y derechos son, entre otros, las acciones de inconstitucionalidad 101/2017 y su acumulada 116/2017; 100/2017 y 47/2018 y su acumulada 48/2018, resueltas en sesiones de siete de mayo y once de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, y en que, como se dijo, se controvirtieron diversas leyes de transparencia y acceso a la información pública y de datos personales en posesión de sujetos obligados, de Tlaxcala, Yucatán y Ciudad de México. ****************************************210. El criterio del Pleno que se comenta atiende, efectivamente, a aspectos meramente objetivos como es el núcleo u objeto de regulación del ordenamiento controvertido, no a aspectos subjetivos como son los actos o eventuales escenarios de aplicación. Ello se entiende, precisamente, partiendo del medio de defensa que entonces se resolvía, es decir, acciones de inconstitucionalidad en que se ejerce un control abstracto de la constitucionalidad de las normas combatidas. ****************************************211. Asimismo, el criterio del Tribunal Pleno atiende a un aspecto práctico, pues de considerar los posibles escenarios o actos de aplicación de cada ley, sería totalmente subjetiva la apreciación y, por ende, totalmente opinable, pues para determinados juzgadores ciertos actos o escenarios de aplicación pueden relacionarse directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas y, para otros, no. ****************************************(.) ****************************************228. Como la constitucionalidad de las leyes no puede estar sujeta a aspectos subjetivos o de aplicación al caso concreto, es claro por qué el Tribunal Pleno estableció el criterio objetivo antes comentado consistente en que cuando el objeto o finalidad de la ley o instrumento normativo controvertido se relacione directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, entonces debe exigirse la consulta previa a su emisión. En caso contrario, cuando su objeto no sea ese, aun cuando incluya normas que pudieran vincularse con los pueblos indígenas, no se requerirá que las autoridades legislativas realicen dicha consulta previa. ****************************************229. Si como se dijo en la explicación, tanto nuestra legislación, como los estándares universales e interamericanos en materia de protección a los derechos indígenas, así como los precedentes aplicables, son consistentes al considerar que el parámetro objetivo para determinar los casos en que, entre otras, las autoridades legislativas deben llevar a cabo procedimientos de consulta indígena, debe atender a que la actividad del Estado tenga relación directa con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados, es claro que en el caso no se cumple ese requisito, precisamente porque la Ley Minera no se relaciona directa y estrechamente con sus derechos y prerrogativas, ni siquiera con el aspecto de autodeterminación, sino con aspectos propios de esa materia. ****************************************230. Es cierto que el propio artículo 10, así como otros previstos en la Ley Minera se refieren directamente a tales grupos vulnerables; sin embargo, el hecho de que tales disposiciones prevean esos supuestos y consecuencias jurídicas no implica que, como tal, el contenido de la Ley Minera se vincule directamente con los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas y, por ende, que las autoridades legislativas responsables estaban obligadas a otorgar consulta previa a su emisión. ****************************************231. Se hace tal afirmación, porque basta acudir al contenido de los artículos 1o. y 2o. de la ley analizada para advertir que su objeto es la minería y los actos que conlleva dicha actividad, tales como la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias mencionados, así como de las salinas, sales y sus subproductos, no así los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas ni siquiera aquellos que conlleva el diverso de autodeterminación. ****************************************232. Lo único que hacen las normas mencionadas, es reconocerles una prerrogativa consistente en la posibilidad de ser sujetos de esa ley y tener preferencia para otorgarles el título de concesión, siempre y cuando sean partícipes en el concurso respectivo y cumplan los requisitos y aspectos contenidos en la Ley Minera y en su reglamento. ****************************************233. El reconocimiento de tal posibilidad y más aún de la preferencia no es más que la declaración del legislador de que tal grupo vulnerable puede ser sujeto de dicha ley y que, atendiendo a esa vulnerabilidad y a los aspectos que los vinculan con los terrenos y tierras objeto de explotación, tienen una preferencia en el otorgamiento de títulos de concesión. ****************************************234. Es decir, el contenido de dichos preceptos no es otra cosa que el reconocimiento por parte del legislador de que a los pueblos indígenas se les debe dar la oportunidad y preferencia de ser titulares de concesiones mineras, atendiendo al propio contexto que originó la reforma constitucional antes comentada y, hasta antes de ella, el menoscabo de sus derechos humanos y garantías constitucionales. ****************************************235. De ahí que, contrario a lo afirmado por la quejosa, previo a la emisión de la Ley Minera las autoridades legislativas responsables no estaban obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, porque esa legislación no se vincula directamente con sus derechos y prerrogativas, a diferencia de lo que sucedía en los precedentes antes comentados resueltos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación". ****************************************Dicho asunto dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 59/2022 (11a.), registro digital: 2024738, de rubro y texto: ****************************************"CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. EL ANÁLISIS QUE SE REALICE EN EL JUICIO DE AMPARO SOBRE SU OMISIÓN DEBE RELACIONARSE CON LA AFECTACIÓN A LA ESFERA JURÍDICA DE LA PARTE QUEJOSA. ****************************************Hechos: En un juicio de amparo indirecto una comunidad indígena reclamó la falta de consulta previa a la expedición de la norma general combatida (Ley Minera), así como la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos. El Juzgado de Distrito otorgó el amparo a la parte quejosa, sin embargo, omitió realizar el análisis de constitucionalidad de las normas reclamadas, por lo que se interpuso recurso de revisión. ****************************************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el análisis de la falta de consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas en la expedición de normas generales, debe relacionarse con la afectación a su esfera jurídica, pues cuando en el juicio de amparo se reclamen diversas disposiciones legales, sólo se pueden combatir los aspectos materiales y formales que se relacionan directamente con las normas reclamadas y que perjudican al promovente. ****************************************Justificación: A diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, en donde basta que el sujeto legitimado acuda a demandar la invalidez de cierta ley o norma de carácter general por considerarla contraria al Texto Constitucional, para que dicho órgano la admita y resuelva, el juicio de amparo exige para su procedencia y viabilidad la existencia de un agravio personal que legitima al interesado a instar al órgano judicial a que analice la constitucionalidad del acto de autoridad que, dice, le afecta. Así, cuando la parte quejosa impugna diversas disposiciones legales puede combatir la constitucionalidad formal en los aspectos que involucran a los artículos controvertidos, pero no está en aptitud legal de combatir otros tópicos específicos del mismo proceso que atañen a diferentes preceptos, porque resulta innegable que no forman parte de la impugnación ni se han individualizado en perjuicio de la persona. De esta manera, para determinar si en el juicio de amparo son analizables o no determinados conceptos de violación contra las normas reclamadas, es importante tener en cuenta el agravio en perjuicio de la parte quejosa, de modo que si el vicio formal se relaciona directamente con las normas reclamadas y que perjudican al promovente, entonces, el argumento es analizable; en cambio, si el vicio legislativo se vincula y repercute en otras disposiciones que no afectan a la persona, entonces el alegato no es analizable vía amparo. Cabe destacar que no debe confundirse la impugnación total de una ley en amparo, con su constitucionalidad formal en aspectos generales que incluyen a los preceptos que contiene, porque tratándose del primer supuesto, el quejoso sólo puede controvertir las porciones normativas aplicadas en su perjuicio o en las cuales se ubica, pero no todo el ordenamiento legal; mientras que en la segunda hipótesis, un solo precepto de aquél o varios da lugar a cuestionar el proceso legislativo en sus generalidades o particularidades relacionadas con estos preceptos, insistiéndose en que no pueden impugnarse aspectos específicos de ese proceso vinculados a otras disposiciones, ni emitir a partir de estas premisas una declaratoria de inconstitucionalidad generalizada sobre toda la ley, pues ello equivaldría a ejercer un control abstracto de constitucionalidad en un medio de control que se rige por el principio de perjuicio o afectación personal". ****************************************De dicha ejecutoria es posible concluir lo siguiente: ****************************************1. El derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, originarios, afromexicanos o similares deriva del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, de modo que es un derecho humano reconocido tanto a nivel nacional como internacional. ****************************************2. Dicha prerrogativa implica que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a consultar a dichos pueblos antes de adoptar cualquier acción o medida relacionada directamente con sus derechos e intereses, a fin de entablar un diálogo entre ambas partes para, de ser posible, arribar a un consenso. ****************************************3. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019, adoptó un criterio objetivo para exigir la consulta previa, el cual consiste en atender al objeto de la ley o instrumento normativo controvertido a fin de determinar si se relaciona o no, directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, independientemente de lo actos de aplicación y de los posibles escenarios que pudieran ocurrir en la realidad; en caso contrario, no será necesario. ****************************************4. La consulta previa además de los actos de las autoridades legislativas, debe efectuarse en relación a los actos y actividades de las autoridades administrativas. ****************************************5. Las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto determinar la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, pudiendo promoverlas los sujetos que el propio precepto establece en las materias ahí identificadas. ****************************************6. En términos generales, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de constitucionalidad, para cuya procedencia resulta irrelevante la existencia de un agravio personal o afectación directa y tampoco de un interés específico. ****************************************7. A diferencia de las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo exige para su procedencia y viabilidad la existencia de un agravio personal que legitima al interesado a instar al órgano judicial a que analice la constitucionalidad del acto de autoridad que, dice, le afecta. ****************************************8. Tratándose de amparo contra leyes, se requiere forzosamente la existencia de un agravio particular, esto es, la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. ****************************************9. Por tanto, en caso de que se impugnen actos de autoridades administrativas en el juicio de amparo (como en el presente asunto), se requiere la existencia de un agravio personal que demuestre que la ley o instrumento jurídico reclamado se haya aplicado en perjuicio del quejoso. ****************************************En el caso, de las normas tildadas de inconstitucional, se aprecia que no cumplen con el criterio objetivo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir la consulta previa, dado que su objeto no se relaciona directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, sino que su contenido está dirigido esencialmente al pago del derecho de alumbrado público.****************************************Para entender lo anterior, conviene hacer mención que los derechos se generan, entre otros supuestos, por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, de modo que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pueden aplicarse de manera igual que en los impuestos, pues ambas contribuciones tienen naturaleza distinta. ****************************************Véase la jurisprudencia P./J. 2/98, de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 41, que dice: ****************************************"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: ´las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten´, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."****************************************Para que los derechos por servicios respeten los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra la Constitución, es necesario que la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de dicho tributo tenga en cuenta el costo que para el Estado representa prestar el servicio de que se trate y, por la otra, que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciben servicios análogos. ****************************************De esta forma, para estar en posibilidad de analizar la proporcionalidad y equidad de las disposiciones que establezcan un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, ya que sólo así se podrá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad prestar ese servicio.****************************************Véase la jurisprudencia P./J. 3/98, de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 54, que dice: ****************************************"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como ´las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio´, lo que implicó la supresión del vocablo ´contraprestación´ ; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."****************************************En el entendido que la palabra "contraprestación" no debe considerarse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. ****************************************Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares.****************************************Véase la tesis: P. /J. 1/98, Novena Época, registro 196935, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Enero de 1998, página 40, que dice: ****************************************"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de derechos."****************************************Esto significa que los criterios para examinar la proporcionalidad y equidad de las disposiciones que establezcan un derecho (valor del servicio prestado e igualdad para todos los que reciben servicios análogos) deben analizarse en función de criterios de razonabilidad y no de cuantía, conforme a los cuales, desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio.****************************************Sirve de apoyo la tesis P. V/2012 (10a.), Décima Época, registro 2002290, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, p. 227, que dice: ****************************************"DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso."****************************************Se estima que los criterios de razonabilidad deben aplicarse con mayor razón si se trata de servicios que por su naturaleza son difíciles de cuantificar por no ser individuales; es decir, que se encuentran dirigidos a la colectividad y son universales. ****************************************Los servicios públicos pueden clasificarse en dos categorías: ****************************************a) Divisibles (uti singuli): Son aquellos en los que sí es posible determinar bajo determinados parámetros, qué porción del servicio es utilizada por cada uno de los destinatarios y, por tanto, cuantificar de manera individualizada el costo que representa para el Municipio prestarlo, por lo que se puede establecer con exactitud cuál es la correspondencia costo-beneficio en cada caso particular. ****************************************b) Indivisibles (uti universalis): Son aquellos en los que es altamente complejo determinar qué porción del servicio es utilizada por cada uno de los destinatarios y, por tanto, también resulta complicado cuantificar de manera individualizada el costo que representa para el Municipio prestarlo, por lo que no se puede establecer con exactitud cuál es la correspondencia costo-beneficio en cada caso particular. ****************************************Los servicios públicos ubicados en la segunda categoría mencionada (indivisibles o universales), benefician a la colectividad, por lo que es complejo determinar en qué grado se beneficia una persona, por ejemplo, con el despliegue de los cuerpos de seguridad pública o de tránsito, o por la utilización de las calles y parques. ****************************************La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido matices a los principios de equidad y proporcionalidad respecto a ciertos tipos de derechos, por ejemplo en servicios de agua potable, en los cuales precisó que para determinar la proporcionalidad y equidad de las cuotas no debe tomarse en consideración únicamente la mencionada correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas y sociales de los diferentes grupos de causantes y también razones de orden extra-fiscal. ****************************************Para estar en aptitud de determinar las personas a las que beneficia el derecho de alumbrado público y si el derecho reclamado les proporciona a éstas un trato equitativo y proporcional, debe definirse el servicio de alumbrado público y precisarse su finalidad. ****************************************De lo anterior, no se advierte de qué manera afecta la esfera jurídica de los quejosos el pago del derecho de alumbrado público, al contrario, es un servicio público (pues está destinado a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua) no domiciliario (porque no se agota en el domicilio de cada individuo), que tiene por objeto proporcionar iluminación en los bienes públicos y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular y peatonal, que se constituye en un indicador de bienestar, seguridad, inclusión social, crecimiento y desarrollo para la ciudad. ****************************************El servicio de alumbrado público busca otorgar condiciones mínimas para la seguridad y el bienestar de la población en la medida en que la mala iluminación limita el desarrollo de la vida en sociedad y estimula la comisión de actos delictivos. ****************************************Lo narrado permite advertir que el alumbrado público, además de beneficiar a las personas que transitan por las calles y otros lugares públicos de un municipio, tiene la capacidad de redituar un beneficio económico en la población, pues connota seguridad a los habitantes de un municipio y genera mayor lucro a los comerciantes en la medida en que permite que los compradores circulen por la calle una vez que no existe iluminación solar. ****************************************Por lo cual, el uso de un tercero implica, en la mayoría de los casos, un beneficio a la población.****************************************De lo antes expuesto se concluye que, en principio, los habitantes del municipio son las personas que obtienen mayores beneficios con la prestación del servicio de alumbrado en los lugares públicos de éste, aunque podrían utilizarlo otras personas pero esto, a la postre, redundaría en un beneficio económico para la población. ****************************************Por lo anterior, es evidente que no se colman los extremos establecidos por el Alto Tribunal del País para exigir una consulta previa a la emisión de la norma que se combate en este asunto (el objeto de la ley o instrumento normativo debe relacionarse directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, independientemente de los actos de aplicación y de los posibles escenarios que pudieran ocurrir en la realidad).****************************************Sin que pase inadvertido que en este juicio de amparo los quejosos ofrecieron las pruebas siguientes: ****************************************I) Copias fotostáticas simples de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. ****************************************II) Copias fotostáticas simples del aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad; y,****************************************III) Constancia de la Clave Única de Registro de Población.****************************************Dichas pruebas, a las que se les otorga valor probatorio indiciario de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solamente demuestran que [1] tienen su domicilio en la ciudad de Tehuacán, Puebla; [2] que tienen contratado el servicio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad y [3] que están dados de alta en el Registro Nacional de Población, pero no demuestran de qué manera les causa afectación la emisión de las normas que se controvierten en este juicio de derechos.****************************************Tampoco demuestran que los justiciables cuenten con un interés cualificado que los distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar a las autoridades responsables a consultar a las comunidades indígenas previo a la emisión de un acto que pudiera afectarles. ****************************************Sin soslayar, además, que se tratan de copias fotostáticas simples las cuales carecen de pleno valor probatorio.****************************************Por otra parte, cabe señalar que este juzgado federal, como ya quedó desarrollado, no soslaya los diversos criterios del Alto Tribunal de la Nación que en materia de protección a los derechos y las libertades de las comunidades y pueblos indígenas que habitan dentro del territorio nacional, la Constitución General y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocen el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como la correlativa obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano de hacer efectivo dicho derecho cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ****************************************Sin embargo, en este caso específico, los peticionarios del amparo no demostraron de qué manera las normas reclamadas afectan su interés legítimo, por lo que el derecho alegado no resulta cualificado ni real ni jurídicamente relevante, sino que se arguye una defensa al derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de manera abstracta. ****************************************Por consiguiente, ante la actualización del motivo de inejercitabilidad examinado, lo que procede es sobreseer en el juicio, de conformidad con los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en estudio.****************************************F.2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA FUNDADA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS RECLAMADAS.****************************************NATURALEZA DE LAS NORMAS RECLAMADAS.****************************************Por cuestión de técnica jurídica es necesario destacar que previo al análisis de la procedencia del juicio de amparo, se debe determinar la naturaleza jurídica de la norma reclamada, ya que ello constituye una premisa que permite analizar con claridad, la afectación que pudieran causar a la esfera jurídica de la parte quejosa.****************************************Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:****************************************"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:****************************************I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."****************************************Atento a lo anterior, la afectación a la esfera jurídica del gobernado puede vincularse tanto a su interés jurídico como legítimo; pero invariablemente se requerirá esa afectación, cuyo momento en que se genera, determina que la norma deba considerarse autoaplicativa o heteroaplicativa.****************************************Los artículos 17, fracción I, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, previenen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas de carácter general; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecidas las normas impugnadas, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que ocasiona al gobernado un perjuicio cierto en su esfera jurídica, "ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico", en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que conlleva también a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional.****************************************Los citados preceptos de la Ley de Amparo, aducen:****************************************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:****************************************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días."****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****************************************[.]****************************************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."****************************************[.]****************************************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.****************************************No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.****************************************Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.****************************************Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento."****************************************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:****************************************I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.****************************************Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:****************************************a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;****************************************b) Las leyes federales;****************************************c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;****************************************d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;****************************************e) Los reglamentos federales;****************************************f) Los reglamentos locales; y****************************************g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general."****************************************De dichos numerales, se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión.****************************************El primer caso, concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto de aplicación. En efecto, respecto de tales leyes, al iniciarse su vigencia vinculan a los gobernados a los deberes jurídicos en ellas contenidas. ****************************************Luego, si los extremos de hecho contenidos en la hipótesis normativa se actualizan automáticamente sin que sea menester el acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo.****************************************Así, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo, que por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo.****************************************Pero si transcurre ese término y no se promueve el juicio de amparo, el gobernado debe esperar un primer acto de aplicación en su perjuicio, que no necesariamente debe venir de una autoridad, sino de cualquier persona, un tercero o el propio quejoso, que introduce esa aplicación; entonces, a partir de ese primer acto de aplicación el afectado puede promover el juicio de amparo en el plazo de quince días, como se vio anteriormente (artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo).****************************************Por el contrario, tratándose de leyes heteroaplicativas, que son aquellas que por sí solas no afectan la esfera de los gobernados, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto de subsunción posterior al inicio de su vigencia; el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según la regla general prevista en el primer párrafo, del artículo 17, de la Ley de Amparo.****************************************Existe una secuencia o desarrollo específico respecto de esta diferencia entre leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, lo que es así porque tratándose de las segundas, no se puede promover el amparo sino hasta que se genera el primer acto de aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, de un tercero o del propio solicitante de amparo, porque así lo exige o establece la ley.****************************************Siendo que para distinguir entre ambos tipos de normas, se reitera que debe atenderse a la forma o momento en que se individualizan en la esfera jurídica de los destinatarios, pues, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada.****************************************Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 55/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, página 5, de contenido:****************************************"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." ****************************************En el caso concreto, los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós y los artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán, establecen lo siguiente:****************************************"LEY DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.********************CAPÍTULO V********************DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO."****************************************"Artículo 57 Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales que tengan celebrado contrato con el organismo público federal encargado del suministro de energía."****************************************"Artículo 58 Son objeto de estos derechos la prestación del servicio de alumbrado público."****************************************"Artículo 59 Es base de estos derechos, el gasto total que implique al Municipio la prestación del servicio de alumbrado público, el cual se obtiene de la suma de los siguientes conceptos: ****************************************I = Gasto que representa para el Municipio la instalación de infraestructura del alumbrado público. ****************************************M = Gasto que representa para el Municipio el mantenimiento y conservación del alumbrado público. ****************************************S = Sueldos del personal encargado de realizar las tareas inherentes a la prestación del mismo. ****************************************R = Constitución de una reserva razonable para la reposición, mejoramiento y en su caso, expansión del servicio. ****************************************C = Gasto que representa para el Municipio el suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio público a que se refiere este Capítulo. ****************************************El Municipio cuando así lo determine la Autoridad Municipal que corresponda, subsidiará totalmente el costo de los conceptos I, M, S y R antes definidos. Para el cálculo de estos derechos, el Municipio trasladará a los usuarios del servicio, parte del concepto C, recuperando únicamente la cantidad que resulte de aplicar las tasas a que se refiere la Ley de Ingresos del Municipio, al importe facturado a los usuarios registrados ante el organismo público descentralizado federal que presta el servicio de energía eléctrica. ****************************************El Municipio podrá celebrar convenio con el organismo público descentralizado federal citado, a fin de que realice el cobro de los derechos a que se refiere este Capítulo."****************************************"Artículo 60 El Municipio podrá disminuir gradualmente el subsidio a que se refiere el artículo anterior. Asimismo, registrará de manera detallada, las erogaciones que realice por los conceptos mencionados en el artículo anterior."****************************************"Artículo 61 Los derechos por la prestación del servicio a que se refiere este capítulo, se causarán anualmente y se pagarán bimestralmente conforme a las tasas que señale la Ley de Ingresos del Municipio."****************************************"LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS.********************CAPÍTULO XVIII********************DE LOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO"****************************************"ARTÍCULO 39. Es objeto de este Derecho la prestación del servicio de alumbrado público en el territorio del Municipio, otorgado en vías primarias o secundarias, boulevares, avenidas, áreas de recreo o deportivas, iluminaciones artísticas, festivas o de temporada y, en general, en cualquier otro lugar de uso común.****************************************Por la prestación del servicio de alumbrado público, el Ayuntamiento del Municipio cobrará un derecho en los términos previstos en este capítulo."****************************************"ARTÍCULO 40. Son sujetos de este derecho y, consecuentemente, obligados a su pago, todas las personas físicas o morales que reciben la prestación del servicio de alumbrado público por el Ayuntamiento del Municipio.****************************************Para los efectos de este artículo, se considera que reciben el servicio de alumbrado público los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio."****************************************"ARTÍCULO 41. Es base de este Derecho el gasto total anual que le genere al Ayuntamiento del Municipio en el ejercicio fiscal inmediato anterior la prestación del servicio de alumbrado público en el territorio municipal, traído a valor presente con la aplicación de un factor de actualización.****************************************El factor de actualización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice de Precios del Genérico Electricidad del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año anterior, al mes de noviembre más reciente.****************************************Para los efectos del presente Artículo, se entiende como gasto total del servicio de alumbrado público, la suma de las siguientes erogaciones anuales que haya realizado el Ayuntamiento del Municipio en el ejercicio fiscal inmediato anterior para la prestación de este servicio:****************************************I. El pago a la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica de las redes de alumbrado público del Municipio;****************************************II. Los gastos de ampliación, instalación, reparación, limpieza y mantenimiento del alumbrado público y luminarias que se requieren para prestar el servicio público;****************************************III. Los gastos de depreciación de las luminarias calculado como el costo promedio de las luminarias entre su vida útil multiplicado por el total de luminarias; y****************************************IV. Los gastos de administración y operación del servicio de alumbrado público, incluyendo la nómina del personal del Municipio encargado de dichas funciones."****************************************"ARTÍCULO 42. La cuota mensual para el pago de este Derecho por cada propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio en el ejercicio fiscal de 2022 será $90.07."****************************************"ARTÍCULO 43. El Derecho por el Servicio de Alumbrado Público se causará anualmente y se pagara conforme a lo siguiente:****************************************I. Mensual o bimestralmente si la recaudación se realiza a través de la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica, o****************************************II. Mensual, semestral o anualmente, si se realiza directamente a la tesorería del Municipio, mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal.****************************************El Municipio estará facultado para celebrar el convenio o convenios necesarios a fin de establecer el mecanismo para la recaudación del Derecho para los Servicios de Alumbrado Público con la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica."****************************************"LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN********************CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO"****************************************"Artículo 58 Son objeto de estos derechos la prestación del servicio de alumbrado público."****************************************"Artículo 59 Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales que tengan celebrado contrato con el organismo público federal encargado del suministro de energía."****************************************"Artículo 60 Es base de estos derechos, el gasto total que implique al Municipio la prestación del servicio de alumbrado público, el cual se obtiene de la suma de los siguientes conceptos: ****************************************I = Gasto que representa para el Municipio la instalación de infraestructura del alumbrado público. ****************************************M = Gasto que representa para el Municipio el mantenimiento y conservación del alumbrado público. ****************************************S = Sueldos del personal encargado de realizar las tareas inherentes a la prestación del mismo. ****************************************R = Constitución de una reserva razonable para la reposición, mejoramiento y en su caso, expansión del servicio. ****************************************C = Gasto que representa para el Municipio el suministro de energía eléctrica para la prestación del servicio público a que se refiere este Capítulo. ****************************************El Municipio cuando así lo determine la Autoridad Municipal que corresponda, subsidiará totalmente el costo de los conceptos I, M, S y R antes definidos. Para el cálculo de estos derechos, el Municipio trasladará a los usuarios del servicio, parte del concepto C, recuperando únicamente la cantidad que resulte de aplicar las tasas a que se refiere la Ley de Ingresos del Municipio, al importe facturado a los usuarios registrados ante el organismo público descentralizado federal que presta el servicio de energía eléctrica. El Municipio podrá celebrar convenio con el organismo público descentralizado federal citado, a fin de que realice el cobro de los derechos a que se refiere este Capítulo."****************************************"Artículo 61 El Municipio podrá disminuir gradualmente el subsidio a que se refiere el artículo anterior. Asimismo, registrará de manera detallada, las erogaciones que realice por los conceptos mencionados en el artículo anterior." ****************************************"Artículo 62 Los derechos por la prestación del servicio a que se refiere este Capítulo, se causarán anualmente y se pagarán bimestralmente conforme a las tasas que señale la Ley de Ingresos del Municipio."****************************************Como se advierte de la lectura a los dispositivos combatidos, el derecho de alumbrado público para el Municipio de Tehuacán, Puebla, se genera por la prestación de ese servicio en las vías primarias, secundarias, boulevares, avenidas, áreas de recreo o deportivas, iluminaciones artísticas, festivas o de temporada, y en general en cualquier lugar de uso común. ****************************************Son sujetos de ese derecho las personas físicas o morales que reciben ese servicio, considerándose como tales a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en ese municipio. ****************************************Asimismo, en lo que interesa, se establece que la cuota mensual de pago del derecho de alumbrado público por cada propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de Tehuacán, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, será de $90.07 (noventa pesos 07/100 moneda nacional), y se pagará mensual o bimestralmente si la recaudación se realiza a través de la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica, o mensual, semestral o anualmente si el pago se realiza directamente a la tesorería del municipio. ****************************************Como se advierte, las normas combatidas, entendidas como un sistema que prevén la causación y cobro del derecho de alumbrado público en el Municipio de Tehuacán, Puebla, son de naturaleza heteroaplicativa, ya que se advierte que requiere un acto concreto de aplicación a fin de que irrogue agravio al particular.****************************************Lo anterior, en virtud de que el sustento del Derecho de alumbrado público no causa por sí sola una afectación al particular, pues las figuras y supuestos normativos que contiene tales ordenamientos se materializan al efectuarse el cargo al aviso recibo del servicio de energía eléctrica y no así solo por la entrada en vigor de las porciones normativos transcritas. ****************************************Ello se traduce en que, para que el supuesto jurídico de las normas combatidas incida sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, necesario es que se encuentre en el supuesto de cargo y/o cobro de la tarifa establecida por concepto de Derecho de Alumbrado Público; lo anterior, como acto concreto de aplicación. ****************************************En tal virtud, la norma referida requiere un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.****************************************F.3. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA.****************************************En este orden, de oficio, el suscrito juzgador advierte que respecto de las normas tildadas de inconstitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al señalar, substancialmente, que las normas reclamadas tienen el carácter de heteroaplicativas, pues por sí solas no producen agravio alguno a la parte quejosa, al no contener un principio de ejecución que se actualice en el momento en que entra en vigor, sino que requieren la realización de un acto para que adquiera individualización y sitúe al particular dentro de la hipótesis legal, por lo que al no acreditarse dicho acto de aplicación, el juicio resulta improcedente.****************************************Para el análisis de la causa de improcedencia invocada debe destacarse que del análisis de los artículos 17, 61, fracciones XIII y XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que las normas jurídicas pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas).****************************************En el caso de una norma autoaplicativa, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo.****************************************En el caso de una ley heteroaplicativa, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término para promover el juicio de amparo es el de quince días, según las reglas establecidas en el aludido artículo.****************************************En efecto, para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la Protección Federal, ya sea porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato, o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o inclusive, que tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma.****************************************Lo anterior implica que para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley, es necesario que se individualice el efecto de la misma, en aquel que lo promueve.****************************************Al respecto, es aplicable la tesis número P. LI/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, abril de 1996, Tomo III, página 123, cuyo texto dice:****************************************"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."****************************************Sentado lo anterior, debe precisarse que del contenido de los artículos señalados como acto reclamado, se aprecia que el derecho de alumbrado público para el Municipio de Tehuacán, Puebla, se genera por la prestación de ese servicio en las vías primarias, secundarias, boulevares, avenidas, áreas de recreo o deportivas, iluminaciones artísticas, festivas o de temporada, y en general en cualquier lugar de uso común. ****************************************Son sujetos de ese derecho las personas físicas o morales que reciben ese servicio, considerándose como tales a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en ese municipio. ****************************************Asimismo, en lo que interesa, se establece que la cuota mensual de pago del derecho de alumbrado público por cada propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de Tehuacán, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, será de $90.07 (noventa pesos 07/100 moneda nacional), y se pagará mensual o bimestralmente si la recaudación se realiza a través de la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica, o mensual, semestral o anualmente si el pago se realiza directamente a la tesorería del municipio.****************************************Por lo tanto, como los artículos tildados de inconstitucionales establecen derechos, no puede considerarse como autoaplicativa, en atención a que dada la naturaleza de la norma se requiere de un acto de aplicación para que se justifique la procedencia del juicio de amparo, ya que la actualización de la obligación de pago de un derecho, requiere de la existencia de una contraprestación por parte del Estado, a quienes soliciten un servicio.****************************************Lo anterior es así, en virtud de que los derechos se distinguen de los impuestos debido fundamentalmente a que los primeros se causan por el beneficio particular que reciben los obligados por los servicios públicos que les presta el Estado, en cuanto se traducen en una prestación concreta y singular que los coloca en una situación de ventaja sobre el resto de la población, y los segundos se generan por la realización de las situaciones de hecho o jurídicas previstas en las leyes. que pongan de manifiesto un grado de capacidad económica (riqueza disponible), tales como la obtención de la renta, la posesión de un patrimonio o el consumo de un bien, y que no coincidan con las previstas como causas típicas de otras especies de contribuciones.****************************************Cabe citar en el caso, la jurisprudencia número P./J. 41/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 17, que dice:****************************************"DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ("COOPERACION, NATURALEZA DE LA.", jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ("DERECHOS POR EXPEDICION, TRASPASO, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES", Vol. CXIV, 6a. Epoca, Primera Parte; "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS", Vol. 169 a 174, 7a. Epoca, Primera Parte; "AGUA POTABLE, SERVICIO MARITIMO DE. EL ARTICULO 201, FRACCION I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTO LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CUBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARITIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO", Informe de 1971, Primera Parte, pág. 71). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público" (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo."****************************************En estas condiciones, si para que se cause un derecho, es necesaria la existencia de una contraprestación por parte del Estado, se concluye que para la procedencia del juicio de amparo en el que se reclame una norma que establece derechos, es necesario acreditar que, por lo menos, se ha solicitado la actuación del Estado para la prestación del servicio de que se trate lo que en la hipótesis se entendería actualizado con la aplicación de las normas reclamadas; circunstancia que no está acreditada en autos, pues la parte quejosa no ofreció ninguna prueba idónea para acreditar tales extremos; de ahí que es evidente, que no causan perjuicio a los quejosos, al no modificar situación jurídica alguna por su sola entrada en vigor.****************************************En este orden de ideas, es evidente que los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós y los artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán, que establecen los derechos de alumbrado público, son de carácter heteroaplicativo, porque lo que realmente se reclama es la imposición de un derecho, para que pueda la quejosa obtener el servicio de energía eléctrica.****************************************En tal virtud, es evidente que los artículos tildados de inconstitucional, no tienen la naturaleza de una norma autoaplicativa, pues desde su entrada en vigor no obliga a todas las personas que se ubiquen en el supuesto que la misma prevé, sino que es preciso un acto del particular para que éste se ubique en la hipótesis normativa.****************************************Expuesto lo anterior, es claro que los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós y los artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán, no obligan a los quejosos, desde su entrada en vigor, al no ser una norma autoaplicativa, ya que el pago de los derechos que prevé se genera al contar con el servicio de energía eléctrica, lo que implica que el particular tenga dicho servicio como acto condicionante que genera el pago de derechos.****************************************En consecuencia, como los artículos referidos son normas de carácter heteroaplicativo y la parte quejosa, no demostró un acto de aplicación en su perjuicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, de esa legislación, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo.****************************************En las relatadas circunstancias, cabe precisar que el motivo de sobreseimiento aquí analizado, no significa que se haya desatendido lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona no deriva necesariamente de que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. ****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible en la página 906, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, materia constitucional, del rubro y textos siguientes: ****************************************"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". ****************************************Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, ni las pruebas ofrecidas, sin que lo anterior, represente un desacato por este juzgador, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Núm. 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ****************************************"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". ****************************************Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, y 217, de la Ley de Amparo; se, ****************************************R E S U E L V E :**************************************** ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, en virtud de las consideraciones apuntadas en la presente sentencia.**************************************** Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.*************

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