Fernando Sanchez Arellano

Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
696/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Fernando Sanchez Arellano

Actuaciones

  1. Principal

    0.... La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de julio pasado, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). 2. En el entendido que no existen documentos originales. 3. Carece de relevancia documental (pues no encuadra en los supuestos del artículo 15 del señalado acuerdo). De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ....

  2. Principal

    ..Por recibida la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro ******************** Improcedencia respecto de los actos atribuidos a las autoridades administrativas. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.Precisión del acto reclamado. Del escrito de demanda se obtiene que el acto reclamado por el promovente, se hace consistir en: * La orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México a otro diverso, atribuido a las autoridades administrativas (descritas en los números 1,2 y 3 de la demanda como ordenadoras y, 1 y 2 ejecutoras). En ese sentido, se advierte que resulta procedente el desechamiento de plano de la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En tal virtud, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte que la autoridad judicial competente haya realizado pronunciamiento al respecto y que el quejoso manifiesta que se transgredieron sus derechos fundamentales con la orden del traslado combatida, previo acudir al amparo, debe agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con los artículos 52, 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Así, es claro que si el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México a otro diverso, atribuida a autoridad administrativa, es inconcuso que existe el medio ordinario de defensa -controversia judicial ante el Juez de Ejecución prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal-, el cual debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Luego, si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede analizar la legalidad del traslado en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Además, debe precisarse que la suspensión del acto, prevista en los artículos 122 y 124 de la citada ley, no exige mayores requisitos para decretarla, ya que únicamente contemplan que el acto sea considerado urgente, y que la misma sea solicitada por el interno o se advierta de oficio por el juzgador, para que éste se pronuncie y mantenga su vigencia hasta el momento en que resuelva. No obstante lo anterior, del análisis de la demanda de amparo se desprende que el quejoso acudió directamente a promover la presente instancia constitucional sin que previamente haya interpuesto algún medio de impugnación de los previstos en la Ley Nacional de Ejecución en contra del traslado reclamado. De lo que se sigue que si el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro Preventivo y su ejecución, atribuido a autoridad administrativa, pero no agotó la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal, que de conformidad con el artículo 52 en relación con los numerales 116, fracción IV, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye el medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del traslado reclamado a autoridad administrativa, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el citado acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Aunado a que el traslado del quejoso a diverso centro de reclusión, no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -dado que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en el capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.No pasa inadvertido que en los antecedentes reseñados por el quejoso este manifestó fue aislado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, no obstante de la lectura integra de su demanda, no se advierte que tal circunstancia se continúa ejecutando, ni que la reclame como acto destacado. Por otra parte, respecto a la orden de traslado o su convalidación reclamada a las autoridades jurisdiccionales (autoridades descritas en la demanda con los números 4,5,6 y 7), este órgano juzgado de distrito estima proveer lo siguiente: Respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia no agotar el principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicha causal se configura cuando contra las resoluciones de tribunales judiciales, la ley concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, si no se agota éste. Prevención que puntualiza la naturaleza del juicio de amparo, como un medio de control constitucional de carácter extraordinario, y que se identifica como principio de definitividad, que consiste en que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esta manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan revocarlos o modificarlos. Luego, en términos de lo dispuesto por los artículos 52, penúltimo párrafo y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en contra de la resolución judicial que califica de legal o convalida la determinación administrativa de traslado en los supuestos de excepción previstos en el primero de dichos preceptos legales, procede el recurso de apelación, el cual tiene por objeto revisar la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Ahora bien, no existe constancia de que el quejoso ********************, hubiera agotado el recurso de apelación en contra del acto que reclama, mediante la cual se calificó de legal o convalidó la determinación administrativa de traslado, emitida por las autoridades penitenciarias, sino que acudió directamente al juicio de amparo. De ahí que, si el quejoso no interpuso dicho medio de impugnación, por virtud del cual la resolución judicial de convalidación del traslado puede ser modificada o revocada, el juicio de amparo es improcedente por lo que hace a dicho acto judicial reclamado. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional el hecho de que no se advierta la notificación realizada al quejoso de dicha resolución judicial. Por tanto, si a la fecha ya le fue notificada dicha resolución judicial, el impetrante del amparo está en la aptitud de impugnarla en la vía ordinaria. Asimismo, en el supuesto de que aún no le haya sido notificada esa determinación, podrá interponer el recurso de apelación en el propio acto de notificación, o dentro del plazo legal correspondiente. Asimismo, cabe señalar que no se actualiza la hipótesis de excepción a agotar el principio de definitividad, prevista en el citado artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, relativa a que se trate de un acto judicial que afecte la libertad personal del quejoso. Pues, la resolución judicial que calificó de legal o convalidó el traslado, ordenado y ejecutado por las autoridades administrativas, no constituye un acto genuino que en estricto sentido implique una afectación a la libertad personal del quejoso, ya que solamente se limita o tiene el alcance de convalidar dicho traslado. Así, el acto que en realidad incidió, de manera indirecta, en su libertad personal, fue esa orden de traslado, la cual ya se había ejecutado, por ende, al momento del pronunciamiento judicial que lo calificó de legal o convalidó, ya habían sido modificadas las condiciones de la restricción al derecho a la libertad personal de la justiciable con motivo de la pena de prisión que compurga, específicamente en cuanto al lugar en que ello debe materializarse. Similar criterio sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión principal 173/2020. En tales condiciones, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, promovida por el quejoso ********************, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 28, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista que se realiza mediante publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y que se coloca en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido, hasta en tanto se señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios. Consulta del expediente electrónico. Ahora bien, toda vez que el promovente proporciona el usuario ********************, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizan los usuarios que refiere para la consulta electrónica del presente expediente Ahora, por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona no obstante que la Ley de Amparo no contempla las notificaciones por dichas vías, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, articulo 23, fracción III, ténganse por señalados, ello a fin de poder hacerle del conocimiento las actuaciones trascendentes y/o establecer el contacto respectivo en los casos en que por su trascendencia se estime necesario. Copias. Finalmente, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, las copias certificadas que solicita. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger las copias de mérito, en el local que ocupa el Juzgado de la adscripción, deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de que quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace del conocimiento a la promovente que a este Juzgado de Distrito, le corresponde laborar en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos de lunes a viernes, ello de conformidad con el anexo uno del acuerdo de referencia, lo cual se le hace del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.Notifíquese; al quejoso por lista al ser el domicilio señalado para tal efecto.

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